El general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército colombiano, irá a juicio adversarial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por no reconocer ante esa instancia su responsabilidad en al menos 118 casos de personas que fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como bajas en combate, en lo que se conoce como “falsos positivos”.

La JEP anunció este miércoles que remitirá el caso de Montoya a la sala de acusaciones donde se celebrará el juicio adversarial y en caso de ser condenado podrá enfrentarse a 20 años de prisión, reseñó EFE.

“La evidencia del proceso indica que Montoya es penalmente responsable de los crímenes pues, como autor, puso en marcha en la jurisdicción de la IV Brigada una política de facto de conteo de cuerpos que privilegiaba las ‘muertes en combate’ como único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimaba las capturas como un resultado indeseado y problemático”, señaló la JEP.

Montoya es uno de los nueve comparecientes de la fuerza pública imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el subcaso Antioquia, del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento del noroeste del país.

El general, que fue comandante de la IV Brigada del Ejército entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de diciembre de 2003, es “penalmente responsable como autor de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, así como por desaparición forzada”, según la JEP.

Después de dirigir la IV Brigada, Montoya fue comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.

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La JEP ha documentado que durante el tiempo que Montoya fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, capital de Antioquia, se produjo “un patrón criminal” de actuación entre las filas del Ejército.

Así, las víctimas eran sustraídas de sus casas o interceptadas en transportes o en la vía pública por miembros del Ejército y luego eran asesinadas y acusadas, sin pruebas, de ser guerrilleros o milicianos.

También hubo engaños a personas en condición de vulnerabilidad que eran trasladadas a otros lugares y asesinadas para ser presentadas como bajas de combate.

A la vez, el Ejército también participó en el “asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario que estaban puestas fuera de combate”, agregó la JEP.

La JEP ha identificado a 118 víctimas de estas prácticas en 16 municipios antioqueños.

Por el rol que Montoya tenía entonces, la JEP considera que “no solo tenía el deber jurídico de evitar que sus subordinados cometieran estos crímenes internacionales, sino también de no realizar acciones que propiciaran su perpetración”.

Durante las audiencias en la JEP, en el proceso ordinario en que los culpables pueden librarse de la prisión si aceptan su responsabilidad en los hechos y aportan pruebas y verdad a las víctimas, Montoya no quiso reconocer su autoría.

Por ello, la JEP ha decidido enviar a Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (la Fiscalía de la JEP) para que sea acusado en un juicio dentro de la misma jurisdicción que le podría llevar a la cárcel, así como ya hizo con el coronel retirado Iván Darío Pineda Recuero, también imputado en este caso.

Con información de EFE

El hoy en retiro, coronel Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del batallón La Popa con sede en Valledupar, donde tuvieron lugar varios casos de falsos positivos, ejecutados por hombres bajo su mando y algunos de ellos señalaron que Mejía habría tenido conocimiento de estas ejecuciones extrajudiciales e, incluso, aseguraron que dio la orden para que dichos delitos se cometieran.

El alto tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) lo imputó como máximo responsable por estos casos y le otorgaron el beneficio de la libertad condicional; sin embargo, ahora deberá enfrentar un juicio en la jurisdicción por no aceptar su responsabilidad y, si es vencido, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Mateo Piñeros, al dar a conocer la noticia en Blu Radio, dijo que un grupo de víctimas le solicitó a la JEP que evaluara la posibilidad de expulsar a Mejía de la jurisdicción, pues consideraban que había faltado a sus compromisos en la jurisdicción, pues en medio del paro nacional en Colombia habría utilizado redes sociales y otros medios de comunicación para emitir mensajes que las víctimas consideran incitaciones al terrorismo, por lo que no estaba cumpliendo con garantizar la no repetición de los hechos. 

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Por su parte, la sección de Ausencia de Reconocimiento estudió si debía o no sancionar a Mejía por estas razones.

Lo que ha considerado la jurisdicción es que estos mensajes públicos podrían estar relacionados con el discurso de odio, pues si bien no se comprobó que la cuenta de Twitter la utilizara él, sí se corroboró que Mejía realizó unos videos en los cuales emitía este tipo de mensajes. 

Ante esto, la sección de Ausencia de Reconocimiento reconoce que Mejía incumplió sus compromisos, le revocan el beneficio de libertad condicional y le ordenan al director de la Policía Nacional hacer efectiva la orden de captura, que deberá cumplirse en una unidad militar.

Autoridades judiciales colombianas afirman que quien fue el comandante operativo de la Policía en Sucre, coronel Benjamín Núñez, huyó hacia Panamá.

Su fuga se dio luego de que se comenzaran a difundir nuevas versiones sobre la muerte de tres jóvenes que, presuntamente, fueron asesinados de forma injustificada por la Policía el 25 de julio y luego presentados como integrantes del Clan del Golfo.

Según el diario El Tiempo, Núñez, que sería el perpetrador de los homicidios de acuerdo a los más recientes testimonios de dos patrulleros, tomó un vuelo de la aerolínea Copa el pasado 4 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

Por lo tanto Núñez consiguió salir del país justo dos días después de que la Policía Nacional anunciara su suspensión del cargo por este suceso, así como la de otros siete uniformados implicados en estos homicidios.

La posible responsabilidad de Núñez en la muerte de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras fue ratificada ante la Inspección de Policía por dos integrantes de esta institución, quienes fueron testigos del hecho y habían guardado silencio por miedo, según revelaron Noticias Caracol y el medio Vorágine.

Los jóvenes fueron detenidos en medio de un operativo policial, tras el asesinato del patrullero Diego Felipe Ruiz, de 25 años, en Sampués, quien habría sido asesinado por el Clan del Golfo en el marco del plan pistola contra la fuerza pública colombiana.

Uno de los jóvenes estaba herido y otro tenía un arma de fuego, por lo que se levantaron sospechas en la Policía sobre su presunta participación en el homicidio del patrullero.

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“Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Él (Núñez) cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros dos que estaban ahí”, dijo uno de los testigos en la Inspección de Policía, quien señaló que se escucharon más o menos siete disparos contra las víctimas.

Los familiares de las víctimas denunciaron la irregularidad de estos asesinatos desde el día en que ocurrieron. Según relataron a distintos medios nacionales, los jóvenes, de quienes aseguraron que no pertenecían a ningún grupo armado, “fueron capturados” y posteriormente “aparecieron sin vida”.

este hecho criminal dio lugar a que se ordenara el relevo del comandante del Departamento de Policía Sucre, coronel Carlos Andrés Correa, quien el día de los hechos aseguró que los jóvenes habían sido los supuestos responsables del homicidio del patrullero Ruiz y habían muerto en medio de un enfrentamiento con las fuerzas militares.

Entre 2002 y 2005 en el batallón La Popa algunos miembros del Ejército fueron responsables de 127 casos de falsos positivos. 

Según la JEP, hubo una organización criminal creada al interior del batallón que por mantener las cifras de resultados operacionales señalaron falsamente a algunos civiles de ser colabores de la guerrilla o miembros de estos grupos ilegales.

El primer militar en aceptar su culpabilidad frente a las víctimas fue el soldado profesional Yeris Andrés Gómez, quien estuvo en el batallón entre 2002 y 2005.

Empezó a relatar reconociendo su responsabilidad material en falsos positivos y que, según él, su primer falso positivo lo cometió después de que capturaran a un integrante del ELN que quedó herido y el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha le habría ordenado asesinarlo para presentarlo como una baja en combate.

“Fue la primera persona que asesiné, no merezco su perdón. Me dieron 100.000 pesos y a todo el grupo nos dieron un arroz chino”, narró ante las víctimas.

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También contó que fue testigo de reuniones entre altos mandos del batallón y paramilitares al mando de «Jorge 40», según él, en dichos encuentros se había pactado que el paramilitarismo le entregara personas al batallón con el fin de que los militares los presentaran como bajas en combate.

A estos encuentros dijo que había ido por orden del coronel (r) Hernán Mejía, a quien señaló de sembrar la semilla para que empezaran en La Popa los falsos positivos y que supuestamente Mejía le contó que el presidente de ese entonces (Álvaro Uribe Vélez) sabía de las reuniones.

“Llevamos a cabo una persecución en contra de la población civil e indígena. Siempre obedecí órdenes de mis superiores sin cuestionarlas y sin pensar el gran daño y el dolor que iba a causar”, puntualizó.

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Los generales sí sabían de esos terribles crímenes; afirmó el soldado profesional Yeris Andrés Gómez.

“Los soles de Mario Montoya, Justo Eliseo Peña, González Peña, Rodríguez Barragán y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, así como mis manos, están untadas de sangre porque nos daban viajes a Cartagena, fiestas y pistolas como premio. Reuniones con trabajadoras sexuales. Es un crimen de Estado porque hasta el presidente pedía resultados, tropa que no daba resultado no le daban permiso, eso era la seguridad democrática, solo matar a personas inocentes que no tenían que ver con el conflicto”

Así cuestionó el actuar de altos mandos del Ejército y los responsabilizó de tener conocimiento e incentivar los falsos positivos.

Doce exmiembros del Batallón La Popa del Ejército Nacional se encontraron frente a las víctimas de falsos positivos en Valledupar, Cesar, en un acto de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la diligencia, la crueldad de los asesinatos que se cometieron hicieron llorar a los asistentes.

María Faustina Martínez, hermana de Noemí Pacheco, niña wiwa de tan solo 13 años que murió junto con el joven kankuamo Hermes Carrillo, la recordó y dijo que jamás va a dejar de luchar por su memoria.

“Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo y eso es lo que más duele a nosotros. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la asesinaron para que no la mataran y ellos no entendieron eso”, contó Martínez.

Dentro de su relato, la hermana de la víctima dijo que para encubrir el asesinato de su hermana “vinieron a comprar armamento a Valledupar”. “A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme que ni le quedaba”, avanzó.

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Además, la mujer explicó que los efectos de la muerte de su hermana han traído graves consecuencias a su familia. “Nos causaron un daño grandísimo, mi mamá debajo de tierra, mi padrastro invalido, enfermo, no habla».

«Si a ellos los mandaron a cuidarnos por qué no nos cuidaron, por qué acabaron con un futuro que nosotros teníamos, por qué acabaron con una menor de edad”.

Arroz chino y un premio de 100.000 pesos: eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer «falso positivo» que ejecutó, según dijo este lunes en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en Colombia.

«Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa», comenzó este soldado raso retirado, al que este tribunal especial acusa de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas.

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En su relato, durante el primer día de audiencia de reconocimiento de este caso, celebrado en la ciudad de Valledupar (Cesar), Gómez relató cómo actuó como autor material de asesinatos, el primero de ellos de un supuesto desmovilizado de la guerrilla del ELN.  

«Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército», dijo este exmilitar, quien subrayó:

«Siempre obedecí ordenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que iban a causar» indicó.

El magistrado Javier Parra, de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dio detalles sobre la macabra práctica de asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

Todos aceptaron los cargos y comparecerán en la audiencia, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación por parte de la Fiscalía de la JEP para un «proceso adversarial», en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

Juan Manuel Santos habló ante la Comisión de la Verdad sobre los ‘falsos positivos’ en Colombia, dijo que “Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina”.

Contó lo que sabe del doloroso episodio que involucró la muerte de civiles, principalmente jóvenes, a quienes hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.

En el marco de una política gubernamental que pagaba a militares por cada subversivo «dado de baja».

Santos declaró sobre esos ‘falsos positivos’ ante la Comisión de la Verdad, una práctica que ocurrió cuando él era el ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe.

Juan Manuel Santos, fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009 y habló este viernes ante la Comisión de la Verdad sobre las dimensiones de esta practic.

Esto con el fin de aportar en el esclarecimiento de la verdad para las víctimas y explicar al país el contexto y las causas, los impactos que ayuden a comprender este fenómeno.

Un fenómeno que afectó a miles de familias en Colombia con la muerte de uno o varios de sus integrantes, quienes eran desaparecidos y aparecieron muertos como guerrilleros.

En su relato, el expresidente claramente explicó que su jefe en todo momento fue Álvaro Uribe Vélez, con quien no compartió la visión de cómo acabar con la guerrilla de las Farc. 

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“Uribe era el presidente y yo su subalterno”, sentenció. Para Santos, que Uribe no reconociera el conflicto armado, dificultaba su estrategia.

Eso significaba que no se podían aplicar las leyes de la guerra sobre bombardeos que permite el derecho humanitario en caso de conflictos armados.

“Uribe nunca quiso reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, aseguró Juan Manuel Santos.

El nobel de paz agregó que el doble mensaje creaba cierta confusión en las FF.AA.

Porque aplicaban las DD.HH., pero su comandante supremo y jefe del Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado.

«Para mí, esa duda no existía. Y así se lo hacíamos saber a las tropas: hay que aplicar los derechos humanos y punto”, indicó.

Santos aseguró que ni pretendía minimizar la gravedad de lo que pasó en Colombia entre 2002 y 2008.

«Cuando miembros de nuestro Ejército violaron su juramento de proteger las vidas de los colombianos e hicieron todo lo contrario: se convirtieron en sus asesinos», dijo.

Aceptó además que, “el pecado original”, lo que en el fondo dio pie a que ocurrieran esos casos, «fue la presión para producir bajas» y todo lo que se tejió alrededor de ‘la doctrina Vietnam’.

«En honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado», aseguró.

Santos también habló sobre el caso de las madres de Soacha, uno de los detonantes del macabro episodio.

“A mediados de septiembre de 2008, Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, asistió a una reunión de la comisión en la Defensoría del Pueblo, en la que el Instituto de Medicina Legal dijo que había encontrado muertas en Ocaña a unas personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en Soacha desde febrero”, relató el expresidente.

Dijo además que, Franco llamó a la Fiscalía en Ocaña y preguntó de qué habían muerto esas personas. 

“Se pusieron a averiguar y al cabo de un par de horas le dijeron que todas aparecían muertas en combate con el Ejército. Luego llamó a Cimitarra y pasó lo mismo: aparecían como muertos en combate”.

“Se rebasó la copa, me dije a mí mismo, y hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público. Se produjo un comunicado diciendo que tenemos una información muy preocupante de unos desaparecidos de Soacha que aparecieron como “NN” caídos en combate en Ocaña, reportados por el Ejército, y que estamos investigando. Mi experiencia de periodista me había enseñado que si hacíamos eso público podía surgir más información que nos ayudara a resolver semejante situación”, declaró Santos.

Santos finalizó su intervención ante la Commisión de la Verdad diciendo: “Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror”.

‘Falsos positivos’ es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles.

Haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno de Colombia.

Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones delictivas, con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos

Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988​, el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2009. de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército que demostrarán resultados contra la subversión.

Coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.

A estos casos se les conoce en el DIH como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.

Por su parte el fenómeno se encuentra actualmente listado como el macro caso de investigación 003 de la JEP,​ sistema de justicia transicional vigente en Colombia luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Asimismo las cifras de víctimas varían entre las 1.200 y 2.200. ​Sin embargo, la JEP en un informe de febrero de 2021 estableció la cifra total de víctimas eran de 6.402 entre 2002 y 2008.​

Por su parte la asociación de madres de los mal llamados ‘falsos positivos’ de Colombia (Mafapo) se pronunció este viernes ante las declaraciones entregadas por el expresidente Santos

Las madres de los jóvenes que fueron asesinados por miembros del Ejército y presentados como bajas en combate, le solicitaron una reunión al exmandatario, para que las mire a los ojos.

Y le dijeron: “más de 13 años gritando que nuestros hijos no eran guerrilleros y por fin lo escuchamos de su boca”