Familiares de más de 80 detenidos por un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se sumaron este miércoles a la protesta que un grupo de allegados de presos políticos mantiene cerca de la embajada de EE. UU. en Caracas para pedir la mediación de la Casa Blanca en los procesos contra sus parientes.

“No pretendemos que Estados Unidos vaya a resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender (…) que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano”, dijo a EFE la abogada Zimaru Fuentes.

La jurista, que es pariente del militar retirado Larry José Moya, llegó junto a otra decena de familiares de los detenidos por el llamado caso “PDVSA-Obrero” a las cercanías de la legación estadounidense, donde otro grupo de manifestantes se instaló desde el pasado domingo.

“John Barrett, escúchanos”, es el mensaje que los familiares enviaron al encargado de negocios estadounidense, portando, cada uno, una letra en láminas de cartón.

La causa “Pdvsa-Obrero” involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera y a obreros de bajo rango de la empresa. Fue denunciada ante la prensa por familiares en febrero de este año, sin que las autoridades hayan ofrecido detalles al respecto.

Los familiares han reportado distintas cifras de detenidos relacionados a este caso: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160, pero de estos un total de 77 ha salido en libertad después de las distintas medidas anunciadas por “mediación” del Parlamento chavista o la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año.

Fuentes explicó, en declaraciones concedidas hoy a EFE, que la diferencia en las cifras se debe a que algunos familiares se fueron incorporando “a última hora” a este movimiento para exigir la liberación de los vinculados a ese proceso.

La gran mayoría de estos detenidos permanece en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.

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En febrero pasado, Fuentes refirió que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, tras una investigación que se inició en junio de ese mismo año, y se extendieron por otras instalaciones petroleras en Carabobo, Falcón y Zulia, así como en Caracas y La Guaira.

La abogada detalló que los detenidos están involucrados en “procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países” durante el “bloqueo internacional” que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de EE. UU.

 “Se presume que pusieron a pagar a la plana obrera las acciones de personas de cuello blanco”, denunció la letrada al indicar que los delitos que se les imputan son asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de materiales estratégicos, contrabando agravado y otros.

Con información de EFE

«En medio de la arremetida de gobierno de Nicolás Maduro contra la población venezolana, al menos 890 personas siguen privadas de libertad en Venezuela por razones políticas».

La denuncia la hizo la Plataforma Unitaria, que denuncia que «cientos de ellos pertenecen a partidos políticos de las fuerzas democráticas, por lo que hoy alza la voz una vez más para exigir el respeto a sus derechos fundamentales», agrega, en nota de prensa.

Según datos de la ONG Foro Penal, pese a recientes excarcelaciones, hay 890 hombres y mujeres tras las rejas, quienes han visto conculcados sus derechos.

» La PUD exige que se respeten sus derechos humanos, las leyes venezolanas y aboga por la excarcelación de disidentes, opositores, representantes de la sociedad civil, gremialistas y ciudadanos», insiste la coalición en nota de prensa.

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A través de una campaña en redes sociales, el bloque de partidos denuncia que al menos doce dirigentes de las diferentes toldas permanecen tras las rejas, siendo inocentes.

Recuerda que los dirigentes políticos, presos, hasta la fecha, son: A la fecha, Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Roland Carreño, Williams Dávila, Américo De Grazia, Perkins Rocha, Rafael Tudares, Gregorio Graterol, Jesús Armas, Enrique Márquez, Rafael Ramírez y Alfredo Díaz, entre otros.

Denuncia que, «desde su detención, nunca han recibido la visita que, por derecho les corresponde, no mantienen comunicación directa con sus familiares y no se les ha permitido designar defensa privada».

Finaliza la nota, diciendo que «desde la PUD, seguiremos luchando, exigiendo su excarcelación y el respeto a sus derechos. Querer un mejor país y un mejor futuro para las venideras generaciones no es un delito».

En Venezuela hay más de 890 presos políticos inocentes, quienes están sometidos a violaciones sistemáticas de DDHH, como son los casos de los compañeros @freddysuperlano y @rolandcarreno, quienes tienen 233 y 229 días presos injustamente y nunca han recibido visita de sus… pic.twitter.com/GGBGjFdDOm

Varios familiares de presos políticos acudieron  a la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, para consignar un documento en el solicitan apoyo del organismo para verificar condiciones de los privados de libertad por razones políticas.

Denuncian que desde que comenzó la pandemia del coronavirus, no hay acceso y no saben en qué condiciones se encuentran sus familiares actualmente.

Según Foro Penal, la cifra de personas recluidas por motivos políticos se ubica al día de hoy en 367, de los cuales 127 son militares.

Kerling de Sánchez, esposa del Teniente Coronel, Ruperto Sánchez, recluido en la cárcel de La Pica, alertó sobre el temor que sienten los familiares ante la falta de justicia y comunicación.

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“Tenemos miedo de que estén enfermos, que los estén torturando, pero también sabemos qué hay hacinamiento en las cárceles y ellos no reciben atención médica”, expresó.

“Venimos al Comité Internacional de Cruz Roja a pedir una mano amiga, que vayan a constatar cómo están nuestros presos políticos”, agregó.

Por su parte, Jesús Alarcón, padre del capitán de la Guardia Nacional, Jesús Alarcón Hernández, acusado de presunta instigación a la rebelión, aseguró que su hijo no ha tenido derecho al debido proceso.

“Los tribunales militares están cerrados y por ende, no han sido traslados. Además, sus derechos humanos han sido violados desde abril de 2015 cuando fue detenido y torturado en varias oportunidades”.

“Solo nosotros los familiares somos lo que sufrimos esta terrible tragedia. Su madre presenta ataques hipertensos; Esperamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja nos ayude a conseguir justicia y libertad”, manifestó.

Mónica Jiménez, esposa del Coronel de la Guardia Nacional, José Rommel Acevedo, detenido el 27 de enero de 2019 en la presunta operación Constitución y recluido en la cárcel de Ramo Verde, manifestó preocupación por su estado de salud.

“Recibimos información de que mi esposo estuvo muy enfermo. Yo tuve que llevarle todo el tratamiento. Estuvo aislado durante 17 días, porque sospechaban que tenía coronavirus”, dijo.

Relató que el coronel estaba en una celda donde “no hay baños, pocetas, ni jabón y donde deben bañarse con una tubería rota. Es infrahumano el trato que les dan”.

El documento firmado por un grupo importante de familiares de presos políticos, fue recibido este jueves por funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes se comprometieron a revisar los casos de violaciones a los derechos humanos presentados.

Cómo parte del texto introducido, se expresa que las severas restricciones del COVID-19 afecta sensiblemente a los estratos más vulnerables de la población, entre los que se encuentran no solo los presos de todo el país, sino muy especialmente los presos por motivos políticos, de los cuales la ONG Foro Penal lleva un registro detallado que alcanza, al día de hoy, a las 367 personas, de los cuales 127 son militares.