El Estado Mayor Central de los guerrilleros de la FARC amenazó a los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones que acontecerán en Colombia.

Esta retaliación de las Farc se da luego que el gobierno colombiano levantara el cese al fuego, tras la masacre de cuatro niños indígenas en el Putumayo.

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Caracol dio a conocer esta noticia, refiriéndose a un comunicado de las disidencias Farc donde advirtieron a los partidos políticos tradicionales colombianos.

«De cara a la próximas elecciones de octubre, los políticos deberán desistir de hacer su trabajo y evitar la compra de votos donde estos grupos criminales hacen presencia»; así afirmó el Estado Mayor Central de las Farc, comandado por «Iván Mordisco».

Expertos consultados por Caracol no descartan que las disidencias Farc ataquen y hagan atentados ya que estos guerrilleros tienen muchos antecedentes criminales.

El Comando Central de las FARC se pronunció, a través de un comunicado, donde le anuncian la guerra al gobierno de Gustavo Petro.

Por medio de un comunicado, la guerrilla aseguró que, pese a que el Gobierno Petro dio un plazo de 72 horas para que se haga efectiva la decisión acabar con el cese al fuego, realmente las operaciones en contra de las FARC nunca cesaron.

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“El supuesto Gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad, como lo mostró la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el consejo de seguridad del día de ayer, 21 de mayo del cual se concluye romper oficialmente y de manera unilateral el cese al fuego”, se lee en el comunicado guerrillero.

“Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del mecanismo de veeduría monitoreo y verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno”, afirman los de las FARC.

“El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, aseguró la guerrilla.

Desde el partido Comunes, integrado por exguerrilleros de las Farc, han denunciado que se está presentando un desplazamiento de al menos 200 familias de excombatientes que se encontraban en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Mariana Páez, en Mesetas, Meta.

Estos hechos de deben a los atentados y amenazas que han recibido de las llamadas Disidencias Farc.

Sumándose a que dicen que el sitio en el que se encuentran no cuenta con las garantías necesarias para una vida digna.

«Somos más de 200 familias; 86 mujeres, la gran mayoría madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad. Los cuales enfrentaremos la pérdida total de los proyectos productivos: transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del acuerdo final de paz», manifestaron en un comunicado.

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También le han hecho un llamado al Gobierno nacional para que se brinden las condiciones necesarias en los territorios y se garanticen los derechos fundamentales de los firmantes del acuerdo de paz, asegurando, además, que las autoridades deben tomar medidas de seguridad pues se está presentando un aumento de violencia en el departamento del Meta, que afecta no solo a los excombatientes, sino a las comunidades en esa zona del país.

Señor presidente @petrogustavo no permita que los cimientos del Acuerdo de Paz sean destruídos. Que no se turbe la esperanza de la paz de Colombia por los cálculos de la política. pic.twitter.com/srjPVHUhzR

«La paz total no existirá si los y las firmantes de paz somos violentados. Ese debe ser uno de los puntos innegociables con los grupos que están buscando hacer parte del proceso, nosotros y nosotras no tenemos armas, que no nos traten de igual a igual. Los tiempos cambiaron. ¡No más firmantes de paz asesinados! ¡No más firmantes de paz desplazados! ¡No más firmantes de paz desterrados! Que paren ya debería ser el mandato», afirmaron.

A pedido de la Fiscalía General colombiana, un juez penal de conocimiento de Bogotá revocó una decisión de primera instancia que había dejado en libertad a cinco posibles integrantes de una red de apoyo de las disidencias de las Farc, que sería la responsable de reclutar jóvenes para realizar actos vandálicos, entre otras actividades ilícitas ocurridas entre 2018 y 2019. 

Los procesados deberán volver al centro carcelario para cumplir la medida de aseguramiento que sigue vigente en su contra.  

El Nuevo Siglo, que tuvo acceso directo a esta información judicial, dice que elementos de prueba dan cuenta de que estas personas habrían tenido relación con estructuras disidentes de los frentes primero, séptimo y décimo de las desmovilizadas Farc.

Por instrucción de los cabecillas de estas organizaciones, al parecer, se relacionaban con universitarios y distintas agrupaciones para infiltrar movilizaciones y promover cierre de vías, obstrucción del transporte público, enfrentamientos con la fuerza pública y ataques a los bienes públicos. 

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Se estableció que también estarían involucrados en el trasladado de jóvenes a los campamentos de alias Jerónimo en Arauca y de Gentil Duarte en Guaviare para darles instrucción en armas, explosivos y otros aspectos, o convertirlos en emisarios o «correos humanos» para llevar los mensajes a diferentes estructuras o a las cárceles. 

En la investigación se conoció que esta red de apoyo, al aparecer, obtenía parte de los recursos para su sostenimiento de la comercialización de estupefacientes en entornos universitarios. 

Estados Unidos y Rusia intercambiaron a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Víctor But, conocido como el «Señor de la Guerra». 

Así Viktor Bout se salvó de pagar una pena de cadena perpetua por vender armas a la extinta guerrilla de las FARC.

Un jurado de Nueva York lo había condenado a una larga pena de 25 años y ya estaba por cargarle otra condena que sería de por vida.

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Mientras que la deportista olímpica norteamericana Brittney Griner había sido condenada a 9 años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas.

La deportista, estrella del WNBA, de 32 años fue condenada por lo estipulado en los artículos 228 y 229.1 del código penal ruso (tenencia y tráfico de drogas).

Volviendo a Viktor Bout su vida tan impresionante fue recreada por Hollywood a través de la famosa película «Señor de la Guerra» que magistralmente protagonizó el renombrado actor Nicolas Cage.

Fuentes confiables le dijeron al diario colombiano El Tiempo que Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», jefe de la guerrilla «Segunda Marquetalia» ya no está en el hospital donde lo tenían en Caracas y que ahora estaría en un lugar secreto cerca de la frontera con Colombia.

Tras el atentado que le hicieron, el pasado 29 de junio, cuando atacaron su campamento en territorio venezolano, este guerrillero de 67 años fue hospitalizado en la capital de Venezuela.

Los informantes de El Tiempo, cercanos al gobierno colombiano, dijeron que «Márquez» evolucionó neurológicamente recuperando la movilidad.

Varias fuentes consultadas por el diario colombiano, confirmaron que «Iván Márquez» sigue en Venezuela, pero que militares venezolanos lo llevaron a un lugar secreto aledaño a la frontera que comparten Colombia y Venezuela.

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Cercanos al equipo que impulsa la «Paz Total», a la que «Iván Márquez» quiere acogerse, no descartan que el jefe guerrillero aparezca en la palestra pública colombiana, ejerciendo mediación para frenar los embates de las disidencias Farc que tanto están golpeando en varias regiones colombianas -en el Putumayo ya han dejado 23 muertos- y «Marquez» sería clave para apaciguar a esos violentos.

Así las cosas, y viendo como actúa el Gobierno Petro, no se descarta que pongan a «Iván Márquez» de «gestor de paz».

La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tribunal especial con sede en Bogotá, emitió la primera resolución de consideraciones y conclusiones sobre la responsabilidad de los máximos jefes de la extinta guerrilla de las Farc por los secuestros que cometieron durante el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento concluyó que los miembros del último secretariado de las Farc “han reconocido verdad completa, detallada y exhaustiva y su responsabilidad en los hechos de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP, en consecuencia, son elegibles para la imposición de una sanción propia”; así afirman en un comunicado.

Los miembros del secretariado que deberán pagar condena son Rodrigo Londoño Echeverry, alias «Timochenko»; Jaime Alberto Parra, alias «Mauricio Jaramillo» o «el Médico»; Milton de Jesús Tonces, alias «Joaquín Gómez»; Pablo Catatumbo; Pastor Álape, y Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Losada.

La JEP estableció una sanción de ocho años para todos integrantes del antiguo secretariado de la guerrilla, que reconocieron los crímenes relacionados con el delito de secuestro.

Hay una excepción, y es con respecto Rodrigo Granda, quien tendría una sanción de cinco años por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción.

Granda, sin embargo, fue imputado por la Sala como coautor mediato de los secuestros con fines de financiar la organización armada, dada su posición de liderazgo en la toma de estas decisiones en el grupo criminal.

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La Sala recomendó que los sancionados “trabajen en los proyectos señalados como Acción Integral contra Minas y Búsqueda de Personas Desaparecidas en los territorios donde fueron comandantes de Bloque, con roles, tareas, horarios y resultados que puedan ser medidos y tasados por la Sección, en las condiciones que indica la ley”.

Además, sobre los que aceptaron la imputación por responsabilidad de mando en casos de violencia sexual relacionadas con este macrocaso, la Sala recomendó que realicen actividades del proyecto transversal de Memoria.

“Iván Márquez” firmó la paz en 2016 con la promesa de acogerse a la vida civil, entrar en la política y pasar la página de sus tiempos en armas; pero que en agosto de 2019 el guerrillero reapareció vestido de camuflado en compañía de los ya fallecidos Jesús Santrich, El Paisa y Romaña anunciando la “Segunda Marquetalia”: el único de los principales comandantes que traicionaron el pacto firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos que sigue vivo, pero está convaleciente en una clínica en Venezuela, desde donde hizo contactos con el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Sin embargo, el Iván Márquez también está buscando aterrizar en ese perdón social petrista, a través de sus amigos de las Farc que hoy son congresistas.

El senador Julián Gallo, quien ocupa una de las 5 curules que por cuenta del Acuerdo de Paz tiene Comunes (el partido de las Farc) en la cámara alta, confirmó que lo que plantean es un camino para reversar el daño que, a su juicio, hizo el supuesto entrampamiento que se tejió sobre “Iván Márquez”.

Gallo dice que el perdón social le permitiría sumarse a los diálogos que quiere hacer el gobierno con el ELN y otras narcobandas, como el Clan del Golfo y las disidencias.

“La figura de sometimiento o acogimiento sobre la que se plantea esta fórmula se debe definir en el marco de la paz total, ya que, como lo dijo el presidente Petro, es un perdón como sociedad y no del Estado”, enfatizó Gallo a El Colombiano.

Y a claró que este camino le permite a “Iván Márquez” tener una vía para dejar las armas y reinsertarse a la vida civil, pues al haber traicionado el acuerdo de La Habana ya no tiene cupo legal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El también senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz, advirtió que no apoya “acuerdos con desertores, porque se necesita cuidado y contundencia con quienes incumplieron lo pactado en La Habana. El camino con ellos es la justicia ordinaria. Si hay lugar para alivios deben ser aquellos que se tramiten a juicio de la Fiscalía”.

Empero, el canciller Álvaro Leyva dijo la semana pasada en Nueva York –ante el Consejo de Seguridad de la ONU– que el Ejecutivo alista una cirugía a la JEP para que todo actor –legal o ilegal– que tenga algún tipo de relación con el conflicto y la guerra pueda acudir a esta jurisdicción transicional.

Esto coincide con lo dicho por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, sobre que “Iván Márquez” está abierto a aceptar los acercamientos a la paz total y que tiene la disposición de explotar fórmulas jurídicas para su dejación de armas.

La propuesta de los exfarc congresistas de Gallo podría tener eco en la Casa de Nariño.

En julio de este año, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la muerte de alias Iván Mordisco, durante un operativo militar.

Sin embargo, un video de Néstor Gregorio Vera Hernández, reconocido por el remoquete antes mencionado y actual líder de las Disidencias de las FARC, apareció este viernes #23Sep, para anunciar un cese al fuego y la intención de este grupo irregular a plegarse a las negociaciones de paz, lideradas por el actual presidente neogranadino, Gustavo Patro.

En la prueba audiovisual, se puede apreciar a alias Iván Mordisco y parte de su comando, ordenando que no se abra fuego contra ningún cuerpo de seguridad de Estado, siempre y cuando no sean atacados.

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El líder de las disidencias de las FARC indica que están a la espera de la respuesta del gobierno dePetro para comenzar con el proceso de diálogo, el cual consideran será beneficioso para Colombia.

Alias Iván Mordisco reapareció a través de un video en el que anunció cese al fuego bilateral como respuesta a la propuesta del presidente Petro. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/snfCYN1kH6

«Nos reafirmamos en nuestro compromiso de entablar diálogos francos en búsqueda de salidas al conflicto social y armado de décadas… se ha ordenado a todas las unidades evitar al máximo los enfrentamientos con la Fuerza Pública, siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el Gobierno los acuerdos de mecanismos para un cese del fuego bilateral … esperamos reciprocidad de parte del Gobierno», dijo Iván Mordisco.

Vera Hernández habría indicado además, que presentarán ante el proceso de diálogo la posibilidad de un estudio ante los cultivadores de la hoja de coca, así como los cultivadores de Marihuana.

La semana pasada, el comisionado por la paz de Gustavo Petro, Danilo Rueda, había adelantado que las Disidencias de las FARC estaban en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Indicó en su momento que los delegados de las FARC le habían comentado que Iván Mordisco estaba vivo y presto para sentarse a dialogar.

El 4 de noviembre de 2000, en un operativo que parecía la grabación de una película, Camila Úsuga Vásquez fue capturada en su propia casa en Dabeiba, Antioquia.

Esa mañana, agentes del CTI y miembros de la Policía y el Ejército entraron por el techo y la puerta principal de la vivienda y la esposaron frente a su mamá.

Escoltada, y ante la mirada de sus amigos y vecinos, fue llevada a la cancha del pueblo donde la esperaba un helicóptero que veinte minutos después aterrizó en Medellín.

Así fue el comienzo de los días más oscuros de Camila en sus 41 años.

La capturaron porque, supuestamente, era Elda Neyis Mosquera, alias «Karina», la sanguinaria excomandante del los frentes 9 y 47 de las Farc, una de las caras más violentas de la extinta guerrilla: solo a ella se le atribuyen, por lo menos, 1.932 víctimas directas en toda Colombia.

Elda Neyis Mosquera, alias Karina, es una de las exguerrilleras de las Farc más conocidas de Colombia porque logró comandar los frentes 9 y 47 en Antioquia, cuando esos cargos fueron ocupados por hombres en otros frentes, y por su fama de combatiente sanguinaria y sin piedad sobre la población civil.

Permaneció 11 años presa en la sede de la Brigada XVII del Ejército en el Urabá antioqueño como postulada a la Ley de Justicia y Paz: allí estuvo desde su desmovilización (8 de mayo de 2008), hasta el 31 de octubre de 2017 cuando quedó libre, luego de que se solucionaran requerimientos con la justicia ordinaria.

En su prontuario está que participó en las masacres de La Chinita, Churidó y Carepa; comandó un grupo que se tomó el Batallón de Fusileros de Juradó (Chocó) y comandó el ataque a la Base Militar Cerro Montezuma en Pueblo Rico (Risaralda).

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Fue acusada de los delitos de secuestro extorsivo agravado, desplazamiento forzado, homicidio, hurto, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, entre otros.

En 2013 confesó su participación en 218 crímenes de género: dijo que en “las políticas de las Farc” estaba el aborto y planificación forzada cometidos principalmente contra menores de edad.

Actualmente hace parte del grupo de gestores de paz, que son los exguerrilleros de las Farc a los que el Gobierno les dio beneficios penitenciarios a cambio de ayudar a construir la paz.

A Camila la detuvieron porque creían que era Karina y debía rendir cuentas por, supuestamente, haber asesinado con un arma AK-47 a dos policías y 17 soldados en el parque principal de Dabeiba, un mes antes de la captura. También le atribuyeron ser la responsable del derribamiento de un helicóptero en el que iban 15 soldados a bordo. La primera semana en esta ciudad que nunca había pisado transcurrió en audiencias y encerrada en un calabozo.

A la semana siguiente durmió en la cárcel Bellavista. “No hicieron un enfoque de género y me llevaron para Bellavista. Karina y yo somos muy distintas, ella es mujer, afro y con una de sus vistas mala; yo soy mujer trans, blanca y en ese entonces con el cabello muy largo. Somos muy diferentes la una de la otra, ellos simplemente por falso positivo dijeron cojamos a esta y ya”, dice Camila.

Las esperanzas de salir de prisión eran prácticamente nulas, por su mente solo pasaba que su futuro era estar tras la rejas.

Según la Justicia, debía pagar 60 años de condena por ser una terrorista.

Pensar en eso la atormentaba, lloraba mucho, casi todas las noches.

Intentó seguir estudiando porque cuando la capturaron cursaba grado séptimo, pero no pudo, no tenía cabeza ni ánimos para hacerlo.

Más tarde y para distraerse en algo decidió meterse a clases de peluquería donde aprendió a coger las tijeras y la máquina.

Se convirtió en la encargada de motilar a los internos del patio 1 conocido como la “Guyana”, a quienes les cobraba 2.000 pesos para poder comprar sus implementos de aseo, esos que al principio fueron escasos en su celda.

“Una de las mayores secuelas que me quedó fue en mi dentadura, que se me descuidó mucho. Como no tenía útiles de aseo ni nada, mis dientes fueron los que más sufrieron, no tenía a nadie que me visitara y me llevara un cepillo de dientes, una crema dental o un jabón para bañarme”.

Pero ese infierno llegó a su fin el 25 de enero de 2002. Tras 15 meses en la cárcel, Camila quedó libre luego de tener tres abogados de oficio y de ser citada a varias diligencias judiciales en las que nadie le creía que no era la sanguinaria guerrillera, pese a que no se parecen en nada.

Solo hasta que un abogado cercano a su familia tomó el caso, se conocieron pruebas y testimonios que ratificaron que el día de la matanza en el parque principal de Dabeiba ella no estaba allí y que por obvias razones no era alias Karina, la exguerrillera que en ese momento seguía delinquiendo en las montañas de Antioquia.

“Esta es la hora que no sé por qué me confundieron. Por falta de conocimiento no demandé al Estado colombiano y en el 2004, cuando quise hacerlo, me dijeron que los términos se habían vencido porque el tiempo máximo para hacerlo eran dos años y se habían acabado de cumplir. A mí el Estado nunca me ha pedido perdón y quiero que lo hagan en público los policías, los del CTI de la Fiscalía y el Ejército, porque los tres fueron los que entraron a mi casa y me sacaron esposada”, contó Camila a Juan Alcaraz, periodista de El Colombiano.

El horror de la guerra ha irrumpido varias veces a Camila. Su hermano mayor fue asesinado por las milicias de las Farc siete meses antes de ella ser capturada; su hermana Karen, a los 12 años, quedó en medio de una balacera del Ejército y las Farc, cuando viajaba en un bus de Mutatá a Dabeiba: recibió dos impactos de bala en la clavícula; y su hermano menor, Juan, fue reclutado por las Farc, en 2001 y hoy continúa reportado como persona desaparecida.

“Aunque tenía mucho temor, por los días del Acuerdo de Paz fui a la zona veredal de Llano Grande en Dabeiba con la foto de mi hermano Juan para abordar al comandante alias Moisés, quien aceptó que lo había asesinado alias Águila Negra, me mostró que lo habían enterrado en la montaña del frente, en la raíz de un árbol, en una finca que se llama Las Claritas. Me dijo que podía estar solo o con otras personas, que lo habían matado después de un consejo de guerra porque se iba a volar del campamento”, cuenta Camila.

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Desde hace 16 años Camila vive en la vereda Granizal del municipio de Bello.

Un asentamiento donde las calles están en mal estado, no hay agua potable (se debe comprar en bolsas a 3.000 pesos) y tampoco hay un centro de salud cercano.

Su casa queda en la punta de la montaña, está junto a un pino que parece un árbol de navidad.

“Yo misma construí mi casa cargando los palos de los árboles del Parque Arví, la vereda El Tambo de Santa Elena y la represa Piedras Blancas. Con la indemnización de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas compré adobes y material, y la reformé”.

Sus mamá, Edelmira Vásquez, y su papá, Ramón Eduardo Úsuga, todavía están vivos, ambos tienen alrededor de 80 años y siguen en el pueblo.

La última vez que los visitó fue hace dos años.

En el 2016, Camila validó el bachillerato: estudió todos los domingos en el Colegio San Nicolás del barrio Zamora.

Ahora quiere postularse a una beca para estudiar Derecho y ser una excelente abogada.

“Hoy me siento una mujer fuerte y empoderada debido a las capacitaciones y los espacios de las organizaciones en las que he participado, siento que tengo más formación y herramientas para poderme expresar y dialogar para pedir mis derechos y los de las demás personas, porque yo trabajo es por la población Lgbti, las víctimas del conflicto armado, los adultos mayores, las personas discapacitadas, los indígenas y los afros”.

En la Defensoría del Pueblo de Granizal es voluntaria: le colabora a sus vecinos en temas jurídicos, les ayuda a elaborar los derechos de petición y tutelas, a encontrar las rutas para reclamar las ayudas por parte del Gobierno.

En el sector también fundó un colectivo llamado Las Mariposas del que hacen parte más de 20 integrantes de la población LGBTIQ+. “Por mi confianza muchos han salido del clóset, les di esa fuerza para que se reconozcan”.

Su oficio de estilista no lo ha dejado. En su casa montó su propia peluquería. Sus vecinos son sus clientes. “Mi arte es ser estilista y me da risa porque la gente me dice que sí estudié en La Mariela y cuando les digo que no, que fue en Bellavista, se quedan sorprendidos porque suena como un chiste, pero es la verdad”

En 2018, las autoridades colombianas conocieron de los vínculos entre el cabecilla Farc Jesús Santrich y el narco mexicano Rafael Caro Quintero, confirmándose la estrecha amistad que existió siempre entre las Farc y la mafia mexicana.

Esa alianza, que les permite negociar toneladas de coca, la tiene muy clara Estados Unidos.

Según Inteligencia colombiana, “la nueva marquetalia” se convirtió en uno de los mayores proveedores de droga de los carteles de México. A pesar de la muerte de Santrich, Romaña y el Paisa, el negocio se sigue moviendo en manos de Iván Márquez.

En México los carteles están preocupados. El millonario negocio de la droga quedó colgando de un hilo, tras el ataque contra su ficha clave, confirmado por el propio ministro de Defensa, Diego Molano, hace varios días. Pocos saben dónde está y por eso es que los narcos mexicanos lo buscan, según confirmaron autoridades de inteligencia al noticiero RCN.

Audios dados a conocer por Noticias RCN exponen cómo uno de los emisarios en Colombia del cartel de Sinaloa, rinde cuentas sobre el negocio a quien sería su jefe. 

Las conversaciones dejan en evidencia la preocupación frente a la posibilidad de que le cambien la gente con la que hasta ahora trabajaban.

«Me está comentando que ese jefe nuevo que llegó le está cambiando un chavalo de los que tiene él y me dijo, pero has de cuenta que sin avisar, no más, ideas de él, entonces, el señor se ve bien. Ya esta es la segunda vez que lo veo y apto para trabajar, pero si no sabe más, que él le diga que no nos cambie la gente que nos ayude aquí, porque él se va y queda el mismo grupo que hemos tenido desde que empezamos”. Así quedó registrado en una de esas conversaciones.

Según el coronel retirado, John Moreno, los carteles mexicanos quieren ajustar números. Probablemente lo están buscando para que le rinda cuentas sobre el negocio.

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Entre las cuentas pendientes por las que buscan a Iván Márquez figuraría el intercambio de dos toneladas de coca que el cartel habría pagado en efectivo y con armas de largo alcance.

Fuentes en la frontera señalaron que la presencia de mexicanos en entre Arauca y el Estado de Apure, puntualmente, en el sector del Amparo cada vez es más frecuente. Del lado venezolano, guerrilleros colombianos habrían sido contratados por la mafia mexicana, con el objetivo de recuperar la inversión que hicieron.

En los audios es evidente la amenaza. «Vamos a ir por ti y por toda tu familia hijo de tu %$#» madre, solamente tienes poco tiempo y se te está acabando, sino pagas vamos a ir por ti y por toda tu familia hijo de tu %$#» madre y no estamos bromeando la neta, puro cuatro letras a la ve%$%”.

Todo indicaría que, más allá de los negocios pendientes con Iván Márquez, a los narcotraficantes mexicanos les incomoda la intención de que el cabecilla disidente se entregue a las autoridades colombianas y dé información de las rutas por las que mueven, libremente, sus cargamentos de droga. 

A través de una carta, más de 200 militantes del partido «Comunes», integrado por excombatientes de las Farc, presentaron su renuncia a la colectividad por diferencias y desacuerdos con las decisiones de sus directivas, dicen no sentirse “representados ni recogidos en las decisiones e instancias de dicha colectividad”.

La comunicación fue firmada por Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), la exsenadora Victoria Sandino, el exsenador Israel Zúñiga y el exrepresentante a la Cámara por Atlántico, Benedicto de Jesús González, junto a decenas de militantes de distintas regiones del país, muchos de ellos vinculados a los procesos de reincorporación.

“No nos sentimos representador ni recogidos en las decisiones e instancias de dicha colectividad, debido a que las mismas en nada coinciden con nuestra historia de lucha y las banderas revolucionarias que dieron origen al proyecto bolivariano fundado por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, cuya esencia es la defensa de los derechos e intereses de los más humildes y excluidos y no el beneficio individual”, señala la comunicación.

De acuerdo con la carta de los desmovilizados, la dirección del partido ha usado los programas de reincorporación y de seguridad para convertirla en una “a bolsa de empleo de algunos dirigentes de este partido, violando las garantías de quienes hoy asumimos posturas críticas” y advierte que cuando han levantado su voz han sido objeto de “exclusión, el señalamiento calumnioso y la estigmatización de manera perversa, que han generado como consecuencia inmediata el incremento de la inseguridad física y jurídica, lo cual es de suma gravedad, si se tiene en cuenta que a la fecha han sido asesinados 337 firmantes del acuerdo de paz”.

“Es por ello que hoy rechazamos el clientelismo campeante y el nepotismo al interior de la dirección del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz firmado con el Estado colombiano y que se abrió paso ante la sociedad como el mecanismo para que todas y todos los excombatientes hiciéramos tránsito al debate de las ideas y aclimatar la construcción de la paz desde los territorios”, señalan los firmantes.

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La exsenadora Victoria Sandino, explicó las razones de la molestia y división en la colectividad. «Queremos una militancia política que nos respete nuestros derechos, que haga una apuesta decidida por los cambios, por las transformaciones en el territorio», dijo Sandino en el programa radiofónico Mañanas Blu

De acuerdo con la dirigente política, quienes abandonan el partido Comunes buscarán consolidar una nueva colectividad en la que esperan seguir con sus luchas sociales y esperan que desde la institucionalidad se les brinden garantías de la participación electoral, entre otros aspectos que tienen los partidos políticos».

Aún así las cosas, los firmantes señalaron que continuarán respetando y construyendo el proceso de paz de la Habana, “al tiempo que seguiremos promoviendo un acuerdo de paz completa y garantista que incluya a todas las insurgencias y grupos alzados en armas en la actualidad”.

Agrupaciones criminales en Venezuela están adoptado estructuras, mecanismos logísticos, y hasta las estrategias de comunicación en cuanto a imagen corporativa similares a la usanza de la guerrilla colombiana, denunció la ONG Fundaredes.

En un boletín, Fundaredes dice que la interacción entre grupos de delincuencia común y organizaciones paramilitares con presencia en zonas fronterizas ha incidido en lo que denominan la «mutación de la criminalidad y de sus agentes en Venezuela».

Un monitoreo de Fundaredes, permitió conocer que en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, se registró un incremento en la actividad delictiva y se identificaron que al menos unas 22 mil 500 personas forman parte de organizaciones armadas, destacándose la existencia de 18 megabandas que ya han sido identificadas.

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Fundaredes identificó la presencia de 28 grupos armados irregulares, entre los que se incluyen frentes de las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), siendo notable también la presencia de narcos vinculados al Cartel de Sinaloa.

La ONG Fundaredes sostiene que las organizaciones delincuenciales el tren de Aragua, tren del Llano, tren de Guayana, tren de la Muerte, los Meleán, Yeico Masacre, los sindicatos, extienden sus controles territoriales más allá de sus Estados originarios hasta llegar a la frontera, para así incrementar el narcotráfico que les nutre.

Fundaredes aboga porque se implemente una política integral para proteger los derechos humanos de los venezolanos, mientras se hacen esfuerzos para desarticularse las organizaciones criminales que tanto azotan a las comunidades.

Quien fuera el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, y uno de los más cercanos colaboradores del presidente electo en Colmbia,  Alfonso Prada, aseguró que una vez el nuevo mandatario se posesione, se evaluará la posibilidad de retomar los diálogos con el ELN, tal como lo indicó durante la contienda electoral.

“Hay un grupo de negociadores que están en la Habana, que han estado bajo el auspicio de un protocolo con acompañamientos internacionales y la idea que ha planteado el presidente Gustavo Petro desde su campaña, es su voluntad de reiniciar ese proceso, para ello anunció desde antes de su elección precisamente el respeto y la aplicación de los protocolos internacionales y ese fue un mensaje a la comunidad internacional. Ahora, una vez se posesione como presidente, habrá que mirar cuál es el estado de las cosas, cómo están, y en la medida en que ya se tenga la información pues asumir la posibilidad de comenzar ese proceso de diálogo. Gustavo Petro en un hombre de paz y es un hombre comprometido a hacer la paz integral en Colombia y ese proceso es parte de esa paz integral, que él se ha comprometido a sacar adelante”, indicó Prada a Caracol Radio.

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Sobre la posibilidad de un diálogo con las disidencias de las Farc, Prada aseguró que es un tema de debe ser analizado en su momento y aunque no cerró la puerta, dijo que jurídicamente habría dificultades.

“Habrá que ver la voluntad de ellos, habrá que ver cuál es su estado, cómo podría ser el proceso porque allí no cabe nada, en mi opinión, nada diferente a someterse al proceso ya negociado, ya definido, y que está en marcha. Pero jurídicamente hay dificultades que habrá que revisar incluso con la JEP, en fin, en torno al incumplimiento de sus condiciones entorno a la traición que hicieron del mismo proceso de paz, pero no vamos seguramente a cerrar el diálogo con ninguna fuente que tenga voluntad de dejación de armas, de desmovilización, habrá que mirar entonces en su momento, pero voluntad hay toda”, agregó.

Parada aseguró que el presidente electo, Gustavo Petro, está comprometido con buscar una paz integral.

Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, nació en 1955 en Florencia, Caquetá.

A muy temprana edad, cumplidos los 22 años, entró a formar parte de las Juventudes Comunistas (JUCO) e incluso realizó estudios de Derecho en la Unión Soviética. 

Entre 1977 y 1979 Márquez fue profesor de Biología en el colegio Corazón Inmaculado de María del municipio El Doncello, ubicado en el departamento de Caquetá. Allí era quien dictaba la cátedra Biología.

Tiempo después, debido a su pensamiento de izquierda y el auge de las guerrillas en Colombia, se unió a las Farc-EP.

Luego, cuando Belisario Betancur fue presidente de Colombia, se unió al partido político Unión Patriótica (UP), tras los acuerdos de cese al fuego que se llevaron en ese gobierno. Unirse a ese partido poliítico le permitió ser concejal en Caquetá y luego en 1996 ocupó una curul en el Congreso de la República, siendo representante a la Cámara de ese departamento colombiano.

Pero el exterminio de la UP, tras los asesinatos sistemáticos que cobraron la vida de varios políticos de izquierda, llevaron a Márquez nuevamente a ser un guerrillero de las Farc. 

Tras la muerte de Jacobo Arenas, en 1990, terminó siendo parte del Secretariado, llegando incluso a asumir la vocería política de la organización guerrillera.

Como miembro del secretariado de las Farc, en marzo de 2006, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos contra 50 dirigentes de la guerrilla al señalarlos como responsables de “suministrar la mitad de la cocaína mundial”. 

Además, para quienes dieran información en su momento sobre el paradero de los miembros del secretariado de esa guerrilla, Iván Márquez incluido, Estados Unidos ofrecía 2,5 millones de dólares de recompensa.

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Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión constituyen la lista de delitos por los que Iván Márquez es solicitado por la justicia colombiana.

La toma a la base militar Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en la que 28 militares murieron y 60 fueron secuestrados en agosto del 96.

La toma al cerro de Patascoy (Nariño), con saldo de 22 militares muertos, en diciembre del 97; la incursión contra la base militar de El Billar (Caquetá), en la que murieron 65 militares y 43 fueron secuestrados, en marzo del 98.

La toma a la estación de Policía de Mitú (Vaupés) en la que murieron 38 policías, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados, en noviembre del 98.

La incursión al municipio de Miraflores (Guaviare) en agosto del 98, que provocó la muerte de 16 miembros de la fuerza pública, la de tres civiles, y el secuestro de 75 militares y 54 policías.

El ataque al municipio Puerto LLeras (en el Meta) donde murieron 10 civiles, 11 policías y el secuestro de 28 uniformados.

El secuestro de los 11 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002, y su posterior fusilamiento en cautiverio; el secuestro y el posterior homicidio de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry.

La muerte de 119 personas, incluidos menores de edad, en Bojayá (Chocó) el 2 de mayo del 2002.

El atentado al Club El Nogal en Bogotá que causó la muerte de 36 personas.

Los secuestros de los tres contratistas estadounidenses, de los dirigentes políticos Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Alan Jara, Orlando Beltrán, Guillermo «La Chiva» Cortés es la lista de causas por las que Iván Márquez, por ser miembro del secretariado de las Farc, ha sido condenado o acusado.

Incluso, el mismo día en que su nombre fue mencionado como negociador en La Habana, en el juzgado tercero penal de Valledupar se le inició un juicio, junto a los demás miembros del Secretariado, como coautores del asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, el 24 de septiembre de 2001.

El 20 de julio de 2018, Iván Márquez (jefe de la denominada Nueva Marquetalia) no se presentó a la posesión del nuevo Congreso de la República, en donde tenía una curul por cuenta del Acuerdo de Paz.

Tras no presentar ningún tipo de justificación por su inasistencia a la poseción, dejo de atender las llamadas y mensajes; incluso los integrantes del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no sabían nada del paradero del otrora excomandante guerrillero.

Luego de que no se acogiera al Acuerdo de Paz que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos, la Justicia Especial para la Paz revocó la suspensión de las órdenes de captura que recaían sobre Márquez tras anunciar que volvería a las armas. 

Hoy, tres años después de volver a la insurgencia armada, cayó en territorio venezolano, teniendo la oportunidad de haberse reinsertado en la sociedad civil, como algunos de sus compañeros en el monte que hoy ocupan curules en el Congreso.

En su informe final y dentro de su capítulo «Hallazgos y Recomendaciones» la Comisión de la Verdad concluyó que la guerrilla Farc asesinó a cerca de 100.000 personas durante su existencia en el conflicto armado y más de 20.000 fueron víctimas de secuestro a manos del grupo armado.

También revelaron que la extinta guerrilla reclutó un total de 12.038 niños, niñas y adolescentes entre 1990 y 2017 en una política para acrecentar sus filas, generando una grave afectación a sus proyectos de vida.

Por otra parte, en el documento señalaron que la extinta guerrilla sí practicó abortos forzados (algo que ha sido negado por algunos excomandantes ante la JEP) revelando información de casos en los que las víctimas fueron agredidas por sus propios excompañeros en las filas de ese extinto grupo armado.

“Se dieron especialmente violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado. Aunque las Farc penalizaron en sus filas la violación sexual, incluso con ajusticiamientos».

La Comisión también «recogió testimonios de violencias sexuales intrafilas y testimonios de mujeres víctimas civiles que sufrieron violaciones sexuales por miembros de este grupo” señala el informe de la Comisión.

Se señaló la responsabilidad de las Farc en miles de desapariciones forzadas, uso de minas antipersonal, así como en un gran número de víctimas en ataques indiscriminados que terminaron afectando a muchísimos civiles ajenos a la confrontación armada.

“La responsabilidad mayoritaria en estos actos se atribuye a las Farc. El uso de artefactos explosivos contra objetivos militares fue un medio de guerra empleado por las guerrillas, con responsabilidad del 93 % de las víctimas civiles registradas por el CNMH” concluyó la Comisión.

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Además, se señaló la responsabilidad de las Farc en decenas de tomas guerrilleras que afectaron indiscriminadamente a la población civil.

“Las Farc realizaron numerosas tomas de cascos urbanos para atacar puestos de policía, bases militares o sedes de entidades públicas, en las que el uso de armas indiscriminadas como bombas, cilindros u otras llevaron a destrucción de casas, instalaciones o incluso cuadras enteras” concluyó la Comisión de la Verdad colombiana.

La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las Farc en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y el Estado a lo largo de seis décadas de conflicto interno.

El padre Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento de 896 páginas, resultado «del diálogo social y la investigación» sobre el prolongado enfrentamiento.

Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas, los paramilitares y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión de carácter extrajudicial, y cuyas recomendaciones no son vinculantes.

“De cada diez personas que murieron en el conflicto armado, ocho eran no combatientes civiles, entre 1985 y 2018. Perfilamos la cifra de un poco más de 470.000 personas muertas en el conflicto”, dijo el padre De Roux en diálogo con el programa de radio Mañanas Blu.

También añadió que, según los testimonios recogidos por la Comisión, la mayor parte son victimizaciones producidas por la guerrilla de las Farc. “Si se va al secuestro, que en las cifras son más de 50.000, casi la mitad son de las Farc y luego de los paramilitares y el ELN”, señaló.

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El padre De Roux habló sobre la ausencia del presidente Iván Duque en la presentación del informe y destacó que sí se invitó, pero dijo que no podía asistir: “Se lo vamos a entregar personalmente. Es cierto que antes de irse me dejó la razón de que recibía el seis de julio el informe, pero nosotros ya teníamos todo organizado”.

El presidente de la Comisión insistió en que este informe «no pretende llevar a nadie a la cárcel y ni siquiera es vinculante», sino que busca una reflexión por parte de los colombianos.

César Augusto Lasso, hoy sargento en retiro, quien estuvo secuestrado por las Farc durante más de 14 años, habló sobre la experiencia que vivió en el cara a cara de las víctimas con exmiembros del secretariado de las Farc ante la JEP.

«He tenido un proceso de perdón. Entiendo el perdón como una actitud personal de asumir la vida de una manera; diferente cuando uno no perdona o cuando tiene odios en el corazón, de esa forma uno se vuelve amargado, lo que se transmite son malas energías. Todos de alguna manera, en el transcurrir de nuestras vidas cometemos errores, afectamos a algunas personas. Es necesario pedir perdón también. Eso nos anima a continuar por el camino de Dios, de la espiritualidad del amor y de la solidaridad», dijo Lasso.

«Yo ya había tenido una meditación, una reflexión al respecto. El tiempo pasado uno no lo recupera; lo que queda es poder disfrutar ahora, que estas acciones no se repitan en nuestro país. Es fundamental sanar las heridas, ese tiempo pasado quedó atrás. Me frustro de pensar que las máximas penas serán de 8 años, según los acuerdos, que las condenas podrán ser pagadas en casa por cárcel», confesó el sargento.

Ayer martes, el sargento Lasso protagonizó uno de los momentos de mayor impacto en la audiencia, al mostrar unas cadenas similares a las que padeció cuando estuvo secuestrado en la selva durante más de una década. 

En entrevista con el programa radial Mañanas Blu, Lasso aseguró que sintió alivio al ver el arrepentimiento de los exjefes de las Farc, pero lamentó que las penas por los graves delitos serán bajas.

«Fui secuestrado en la toma del Mitú, el 1 de noviembre de 1998 y me liberaron hasta el 2 de abril de 2012. Fuimos los últimos que estábamos en manos de las Farc. Luego se iniciaron los diálogos con el gobierno de Santos. Las cadenas que mostré ayer en la JEP no son las mismas, esas quedaron allá, no nos las dejaron traer, obviamente, pero quería que ellos sintieran un poco y recordaran lo que fueron todos esos años de cautiverio y lo que vivimos muchos policías, soldados y colombianos», indicó Lasso.

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«Quería que quedara en la memoria todos estos años de sufrimiento y de deshumanización de la guerra o del conflicto, a los niveles tan bajos que se llegó. Quería dejar ese mensaje, esos momentos no se pueden olvidar, hay que tenerlos ahí para que no se repitan en nuestra historia. Queremos un país, tenemos cómo hacerlo, tenemos muchas posibilidades. Tenemos que desarmar los corazones y el lenguaje. Ellos están en sus últimos años, la mayoría son mayores de 60 0 65 años, creo que están en esa etapa de concientización, de buscar sanación espiritual al darse cuenta de todas las atrocidades que se dieron», añadió el sargento.

Lasso aseguró que estando secuestrado le comunicaron que iniciarían canjes de secuestrados por presos y manifestó su desacuerdo, porque esto significaría dificultades a futuro.

«Las Farc buscaban la ley del canje para continuar secuestrando policías y militares, para seguir liberando prisioneros de las Farc de las cárceles. Afortunadamente no se dio esa esa ley de canje porque hubiera sido perpetuar el dolor en otras familias», contó Lasso.

«Lo que discutíamos los compañeros que estábamos allá, pues era era eso porque era prolongar el martirio en otras familias, podríamos haber salido libres, pero el conflicto y la deshumanización continuaría por más tiempo y pues desde allá, en nuestro cautiverio, no queríamos que esa ley de canje se diera», complementó.

«Cuando uno tiene odio en el corazón se vuelve amargado y transmite malas energías. Todos de alguna manera en el transcurrir de nuestros días cometemos errores y debemos pedir perdón también. Eso nos anima a seguir por el camino de Dios, la solidaridad y el amor»,

Durante la audiencia de comparación del extinto secretariado de las Farc ante la JEP, en el caso 01, que contempla los secuestros que la exguerrilla cometió durante más de 50 años en el país, Rodrigo Londoño, conocido como «Timochenko», se dirigió a las víctimas y reconoció su responsabilidad en los casos de secuestro.

“Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembros de esa dirección máxima de las FARC, a reconocer la adopción y ejecución de esa política de secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y lesa humanidad de carácter no amnistiables, de acuerdo con los hechos y conductas determinados por la sala de reconocimiento”, dijo Londoño.

También aceptaron su responsabilidad en estos casos y durante audiencia Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo.

“Me presento en esta audiencia de reconocimiento aceptando mi responsabilidad pública y libremente por haber sido partícipe de la elaboración y en desarrollo de la política de privar de la libertad a civiles y militares puestos fuera de combate para forzar un intercambio o un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles. Reconozco pública y libremente que lo que ha dicho la magistratura es cierto. Acepto mi responsabilidad”, afirmó Catatumbo.

Uno de los últimos miembros del Secretariado de las FARC en reconocer su participación fue Julián Gallo, quien dijo que estaba comprometido con el Acuerdo de Paz y el Sistema Integral de Justicia, Reparación y no Repetición. Añadió: “Más allá de las sanciones que deben ser impuestas, queremos a través de acciones restaurativas con las víctimas intentar reparar el daño causado”.

Además, sobre las víctimas manifestó: “En medio del dolor, han permitido generar en la sociedad colombiana y en nosotros la idea de que sí es posible dejarles a las próximas generaciones una Colombia en paz”.

Es de recordar que el tribunal ha documentado no solo los secuestros cometidos por la extinta Guerrilla de las FARC, sino también homicidios y vejámenes vinculados, como tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

En total, la JEP ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula en el país, según el más reciente reporte

A Léider Johany Noscue, «Mayimbú, cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Las autoridades lo buscaban para que respondiera, entre otros crímenes, por la ejecución en 2019 de una masacre en Suárez, en la que murió la candidata a la alcaldía de esa población Karina García Sierra y su madre.

Justamente en una operación del Ejército en la vereda Santa Bárbara de ese mismo municipio, este terrorista fue abatido en las últimas horas.

La baja de alias «Mayimbú» la dio a conocer hoy el presidente Iván Duque, que los calificó como “uno de los criminales más buscados de Colombia”.

“Después de haber dado de baja, en el mes de enero, alias «Jonier», asumió todo el comando de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país por instrucciones directas de alias «Gentil Duarte”, dijo Duque al informar al país sobre la operación. “Desde hace dos años y medio le dije a ese bandido que caería, que lo buscaríamos esté donde esté. Y le cumplimos a Colombia y demostramos una vez más que el que la hace la paga”.

Mientras tanto el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que alias «Mayimbú» cayó en la madrugada de este lunes, en una operación en la que participaron diez militares pertenecientes a la Tercera División del Ejército. “Cae otro símbolo del mal en Colombia”, dijo en Noticias Caracol.

“Uno de los peores terroristas de las disidencias de las Farc que azotaba con su actuar criminal el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del cauca y Nariño”, agregó en ese medio. “Esto es muy importante porque se libera esta zona del país de ese yugo del narcotráfico, de los atentados terroristas y, por supuesto, del asesinato de líderes sociales, inclusive de reincorporados de las Farc, que cometía este criminal en esa zona del país”.

El ministro detalló que el Ejército y la Policía venían haciendo “una inteligencia especial” en la zona rural del municipio de Suárez. “Allí él había hecho una construcción donde pretendía vivir y estaba siendo custodiado por otros cinco individuos. A partir de esa información se desarrolla un operativo”.

Molano denunció que después del abatimiento del delincuente se armó una asonada por parte de algunas personas que viven en caseríos o fincas cercanas para llevarse el cadáver. Sin embargo, destacó que quedó la evidencia de la muerte en una foto.

“Desafortunadamente, hay una práctica muy compleja allí en Cauca, donde los grupos y las redes de apoyo de las disidencias siempre buscan interrumpir los actos urgentes y desarrollan asonadas con el fin de llevarse el cadáver. Eso ha pasado en varias de nuestras actuaciones. Eso es un crimen, también es judicializable, y así actuará la fuerza pública contra todos ellos que cometen asonadas”, concluyó el funcionario.

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Desde muy joven, alias «Mayimbú» había ingresado a la guerrilla de las Farc en la que militó durante 14 años y fue entrenado como explosivista.

El insurgente no se acogió al proceso de paz y conformó un grupo de disidentes denominado columna móvil «Alfonso Martínez», que terminó dedicado, como ocurrió con las demás disidencias, al narcotráfico.

Hace tres años, alias «Mayimbú» se había enzarzado en una cruenta guerra con alias ‘Fernando’, cabecilla de un resido de «Los Pelusos», por el control territorial para el transporte de marihuana y cocaína en esta zona del país.