Al menos 20 personas murieron en medio de enfrentamientos entre dos facciones enemigas de las disidencias de las FARC en el departamento amazónico de Guaviare, en el sur de Colombia, informó este lunes un responsable del Ministerio de Defensa a la AFP.

Los combates en el municipio de Calamar se desataron entre hombres al mando de «Calarcá», jefe de un grupo disidente que negocia la paz con el gobierno, y de «Iván Mordisco», un cabecilla rebelde que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

«Hay 20 muertos y los cadáveres fueron llevados a la morgue de Villavicencio», una ciudad cercana, según un mensaje del responsable oficial. 

Lea También: Grupos violentos del CATATUMBO están “de cacería”: ministro de Defensa de COLOMBIA admite crisis humanitaria en la zona

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había adelantado a una emisora local que lo más probable es que los fallecidos sean miembros de las facciones disidentes enfrentadas. 

Medios locales aseguran que varios de ellos eran menores de edad. 

Con esta matanza, Colombia suma más de 100 muertes por acciones de guerrillas y bandas narco en cinco días y en diferentes puntos del país.

En la región del Catatumbo (noreste), en la frontera con Venezuela, al menos 80 personas han fallecido desde el jueves tras una arremetida de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Allí el ELN se ha enfrentado contra disidentes de las FARC que obedecen órdenes de «Calarcá». 

Inicialmente «Iván Mordisco» estaba al frente de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero su organización se partió en dos.

«Mordisco» cerró toda posibilidad de negociación mientras que «Calarcá», quien era uno de sus hombres de confianza, creó un grupo independiente que sigue en conversaciones con el mandatario izquierdista. 

Tras esa fractura, se hicieron enemigos y se disputan varios territorios en la Amazonía, donde hay sembradas miles de hectáreas de coca, y otras regiones de Colombia. 

Estos hechos de violencia ponen en jaque a la política de paz del presidente Gustavo Petro, que tomó el poder en agosto de 2022 con el compromiso de buscar una salida negociada al conflicto con todos los grupos armados del país.

Pastor Alape, excomandante Farc y hoy uno de los máximos dirigentes del partido Comunes, miembro del Consejo Nacional de Reincorporación, denunció que Elenos desarmaron a sus escolatas.

Se trató de dos de sus escoltas puestos por la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Estos escoltas hacían parte de la avanzada de seguridad fueron interceptados en la tarde del pasado miércoles por miembros del ELN cuando se desplazaban en una camioneta entre Tame y Arauca.

Lea también: JEP ‘imputa’ por secuestro a cabecillas ex FARC

Según la denuncia, los hombres armados frenaron la camioneta, hicieron bajar a los dos escoltas, les quitaron sus armas de dotación y no los dejaron ir hasta pasadas cuatro horas.

Pastor Alape tenía planeado asistir a la sesión 142 de ese Consejo que se iba a adelantar en la capital de Arauca para revisar el avance en la implementación de medidas de seguridad de los reincorporados en la región, pero tras lo ocurrido decidió no ir.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público un informe sobre el combate del narcotráfico a nivel mundial, dedicando un capítulo a la situación que se presenta en la frontera que comparten Venezuela y Colombia. 

Este documento revela que “A lo largo de la región fronteriza con Colombia, el régimen permitió refugios seguros para los grupos terroristas designados por Estados Unidos, incluidos el Ejército de liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) y Segunda Marquetalia, que dominan las rutas de tráfico de drogas en la región fronteriza y mantienen estrechos vínculos con el régimen venezolano”

Lea también: ¡Para EE.UU. NO MEJORA EL ENFERMO! Biden indica al Congreso que sigue considerando a Venezuela como una amenaza nacional

“La corrupción, incluso entre los altos funcionarios del régimen, los servicios judiciales, militares y de seguridad, es endémica en Venezuela, lo que facilita las operaciones de las organizaciones de narcotráfico. Los «colectivos» armados aliados del régimen (grupos armados pro-régimen), las pandillas armadas de origen venezolano y las facciones guerrilleras colombianas dominan las rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela. Si bien estas organizaciones criminales mueven la mayor parte de la cocaína, son los actores dentro del estado los que dan forma y controlan el mundo en el que operan”, resalta un aparte del reporte presentado por el Departamento de Estado.

Al dar a conocer la información, Blu Radio, recordó, que según el Gobierno Biden y su Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe reducir la producción de cocaína y desmantelar a los grupos delictivos organizados como paso “fundamental para lograr una paz duradera en Colombia”; y le exigen más compromiso al gobierno colombiano.

Unas 255 personas han sido asesinadas en lo que va del año en la frontera de Colombia con Venezuela, escenario de un sangriento conflicto entre disidentes de la exguerrilla FARC y rebeldes del ELN, informó la policía de ese país.

Sólo en agosto se han registrado 11 homicidios, la mayoría «en el marco de esa confrontación» entre ambas organizaciones que se disputan el control del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, dijo a W Radio el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la policía en el limítrofe departamento de Arauca.

El número ya supera el balance global de 2021, cuando se reportaron 187 muertes, de acuerdo a un consolidado de la entidad compartido con la AFP.

La frontera continúa en llamas en los primeros días de gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro, que asumió el 7 de agosto con la promesa de restablecer las relaciones con Venezuela rotas desde 2019.

Lea también: ¿LOGRAR LA PAZ CON LA GUERRILLA? Francia Márquez se comprometió con los alcaldes del Pacífico «para cuidar la vida»

A las masacres se suman los desplazamientos y confinamientos que se imponen a sangre y fuego en medio de los combates entre grupos que se apartaron del pacto de paz firmado con las FARC en 2016 y tropas del ELN, la última guerrilla reconocida en el país.

El fin de semana mataron del lado colombiano a «cuatro ciudadanos venezolanos» que vivían en en el estado de Apure, y sus cuerpos aparecieron junto a «unos carteles» que decían «por violadores y por ladrones», detalló el coronel Atuesta.

Bogotá y Caracas anunciaron el martes que avanzan hacia la normalización de las relaciones bilaterales, congeladas por el expresidente conservador colombiano Iván Duque (2018-2022), quien terminó su gobierno como uno de los principales opositores en la región su par venezolano Nicolás Maduro.

Ambos países aspiran a reabrir la porosa frontera de unos 2.200 kilómetros y restablecer las relaciones diplomáticas, entre otras medidas.

Además, Petro se comprometió en su discurso de investidura a trabajar por una «paz verdadera y definitiva» que contempla respetar lo acordado en La Habana con las FARC, negociar con los rebeldes del ELN y ofrecer beneficios penales a los demás grupos si renuncian a la violencia.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostuvo diálogos con el gobierno del Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018), pero fueron sepultados por Duque tras un atentado contra una escuela de la Policía que dejó 22 muertos, además del agresor.

Los grupos armados en Colombia, mayor productor de cocaína del mundo, suman más de 10.000 combatientes, según el centro de estudios independiente Indepaz.