La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI) le pidió a Karim Khan seguir revisando a Colombia y recomendó tres puntos sobre los cual debe enfocar la gestión.

Bensouda, instó a su sustituto, Karim Khan, a continuar con el examen preliminar de Colombia y recomendó en ese sentido centrarse en las acciones clave:

De igual forma le confirmó a Khan que el conflicto armado entre el Ejército, la antigua guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares es el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI.

Asimismo Bensouda en el documento de consulta que dejó, definió puntos de referencia del caso y explicó por qué Colombia permanece en estudio.

Además puntualizó los pendientes, es decir, lo qué queda por hacer antes de que se alcance una decisión final.

Esto con el fin de que se abra una investigación oficial, o cerrar el examen preliminar.

«Hay, todavía en la actualidad, casos potenciales respecto de los cuales el análisis de la Fiscalía en materia de admisibilidad está pendiente», aseguró.

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Caso que podrían en principio constituir el núcleo de investigaciones de la CPI si se procurase obtener autorización judicial.

«El mejor recurso para la rendición de cuentas en cualquier situación es priorizar los procesos nacionales tanto como sea posible», subrayó.

La lista de pendientes con Colombia que Bensouda le dejó a Khan contrasta con investigaciones graves que consternan al mundo.

Como el caso de Israel, Afganistán, Filipinas y Venezuela

El británico Karim Khan de 51 años, asumió este mipercoles como nuevo fiscal general de la CPI con la mira en Colombia y Venezuela.

Sucede a la gambiana Fatou Bensouda, que terminó su mandato de nueve años.

Este martes, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó que la decisión final sobre la posible apertura de una investigación formal en el caso de Venezuela quedará en manos de su sucesor, Karim Asad Ahmad Khan.

A pocas horas de abandonar su cargo, aclaró que se había comprometido a llegar a una determinación final, sobre Venezuela antes de abandonar su cargo.

Sin embargo, aclaró que la Sala de Cuestiones Preliminares fue confiscada con una presentación del Gobierno de Venezuela solicitando a la Sala que ejerza control sobre la realización de nuestro examen preliminar.

En un comunicado, destacó que enviaron las presentaciones confidencialmente, sin embargo destacó que si presentación se aludió públicamente.

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“Todo lo que puedo decir en esta etapa es que, de hecho, había llegado a una determinación final sobre la examen, y nos habíamos estado preparando para anunciar nuestras conclusiones en respuesta a la remisión de los Estados Partes del grupo”, dijo.

No obstante, insistió que como la Sala de Cuestiones Preliminares, se había apoderado de la competencia decidió esperar por la decisión de la Sala.

“Esos procedimientos y su resultado actualmente permanece clasificado como confidencial, aunque anticipamos que lo harán se hará público en breve”.

Bensouda aseguró que tiene su determinación sobre el caso que se completará con la decisión final del fiscal entrante.

El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Solicitaron que se investiguen los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

De hecho, fueron enfáticos con lo sucedido en las protestas a partir de abril del 2017.

Ahora, la instancia se encuentra evaluando la complementariedad de la Corte para investigar y juzgar estos crímenes.

En los próximos días anunciará si abre una investigación formal.

En esta fase se imputarían cargos en contra de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

Principalmente a los responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.

Varias organizaciones de Derechos Humanos en Colombia entregaron a la Corte Penal Internacional (CPI) evidencias sobre ataques armados hechos por ciudadanos contra manifestantes.

Denuncian presunta irrupción de paramilitarismo (organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento y función similar a un ejército, pero no forman parte de las fuerzas militares de un Estado).

Al respecto la denuncia hace parte de los casos de civiles que estarían disparando en medio de las jornadas de protesta con el aval y protección de la policía y el ejército.

De ahí que hayan recopilado para la CPI los ataques armados por parte de la ciudadanía en presencia de uniformados de la Policía en Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga.

«El silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque ha generado un clima de favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen».

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Por tanto el informe a la CPI recoge 229 nuevos hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, los cuales hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, 554 de ellas identificadas.

Detalla además cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos.

Así como «encarcelación u otra privación grave de la libertad física; hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, entre otros», describe el documento.

También detalla al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio.

El cual es complemento de un primer informe entregado el 12 de mayo y donde reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones.

Se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos, presuntamente, por integrantes de la Policía, el Ejército Nacional y grupos de civiles armados.

El documento es firmado por el senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores y la Campaña Defender la Libertad.

Dicha campaña la integran las ONG´s: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otras.

Finalmente piden a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que estudie la inactividad del Estado.

Así como la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos.

Específicamente de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Agrega que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, durante el paro nacional, han sido órganos “ineficaces”.

Y que la CPI analice la militarización de las ciudades ordenada por el presidente Iván Duque.

Informo que hoy con siete organizaciones de DDHH enviamos segunda comunicación a la Corte Penal Internacional. Entre otros graves hechos, denunciamos que el presidente Duque y su ministro de Defensa son responsables de tolerancia ante la consolidación del paramilitarismo urbano.

El gobierno de Joe Biden levantó las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. El argumento es que desea llevar «una relación más colaborativa».

El exsecretario de Estado Mike Pompeo impuso sanciones y rechazó visados para la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda. Esto, después de que iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán. 

El tribunal irritó aún más a Estados Unidos al abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos cometidos por Israel. Este país es un aliado estadounidense que rechaza la autoridad de la CPI, destacó AFP.

El sucesor de Pompeo, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos sigue «en total desacuerdo» con las acciones tomadas por la CPI.

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«Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones», dijo Blinken en un comunicado. 

Señaló que revocaron tanto las sanciones contra Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, impuestas en septiembre de 2020, así como varias restricciones de visado decididas en 2019 contra miembros del personal de la CPI.

La fiscal nacida en Gambia dejará su puesto en junio y será reemplazada por el abogado británico de derechos humanos Karim Khan.

Estados Unidos firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma de 1998 que dio lugar a la CPI.