Para Nancy Hernández, miembro de la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres), el proyecto de Ley de Convivencia Escolar, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional chavista tiene varios errores: es ambigua y se está redactando de manera apresurada.

expresó que al revisarla identificaron que se confunden los conceptos de violencia escolar y acoso escolar.

«Este proyecto de ley sale de una manera apresurada tras declaraciones del Fiscal Tarek William Saab, sobre un suceso que todavía no está claro si fue violencia o acoso escolar”, explicó en entrevista con Radio Fe y Alegría.

Detalló que «la violencia escolar y el acoso escolar son conceptos totalmente diferentes. La violencia escolar por su parte tiene varias aristas, entre ellos la violencia intraescolar que puede suceder entre los alumnos, entre los docentes o con terceros que estén dentro de la comunidad escolar», expresó.

“Pero hay otra violencia escolar que es la institucional, es la que ejerce el Estado contra la escuela venezolana. Esto se traduce en la falta de servicios públicos, la infraestructura deteriorada, la falta de dotación escolar, falta de docentes y la falta de condiciones para que sea una educación de calidad, son características de una violencia escolar”, describió.

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La experta considera que la conceptualización del proyecto es ambigua. «No cuenta con ninguna cualidad pedagógica con la que se pueda acompañar a los menores de edad que involucran en estos casos», alerta.

Actualmente, «la sociedad venezolana se encuentra inversa en muchas características violentas que por supuesto terminan visibilizándose en la escuela, porque el “entorno se encuentra enfermo”, dijo.

Indicó que tal como está presentada la ley, «no aporta nada nuevo, además de que en ninguna de sus partes citan la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA» que rige lo concerniente a la legislación y los menores en Venezuela.

“Hay que recordarles a los padres y representantes que como esta ley es especial, no puede estar por encima de una ley orgánica”, puntualizó.

La comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó el proyecto en la plenaria y ahora a rumbo a su segunda discusión.

El texto, que contiene tres capítulos y 24 artículos, resalta en su artículo 19 la creación del Consejo de Convivencia Pacífica Escolar como organismo rector para el diseño del plan integral pacífico escolar. El consejo estará adscrito al ministerio con competencia en la materia de educación.

La propuesta de ley fue presentada por el presidente de la Subcomisión de Educación, Enrique Ramos quien resaltó que esta normativa «representa una respuesta concreta a una problemática real que debe ser acompañada con el desarrollo de otras medidas de tipo administrativa, políticas, institucionales y económicas para prevenir y abordar el acoso escolar».

El abogado y miembro de la organización Cecodap, Carlos Trapani, explicó, cuando Tarek William, habló de la ley, es que el énfasis de la misma «parece ser la penalización.

«Si el proyecto solo se inclina hacia esa tendencia no se está entendiendo la complejidad y la magnitud del acoso escolar. Se requiere de una estrategia a distintos niveles, como los educativos, jurídicos y psicosociales que permitan recuperar a una víctima de acoso, pero también acciones de prevención”, expresó Trapani.

Más de 80 % de los planteles educativos públicos carecen de condiciones para retomar las actividades académicas este 2021. No hay condiciones ni siquiera para las clases a distancia. La denuncia la hizo la integrante de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández.

«El Estado venezolano no ha garantizado ni garantiza las condiciones, que es su responsabilidad. Para que pueda establecerse un retorno progresivo a la actividad presencial se necesitan condiciones mínimas», dijo Hernández en entrevista con Unión Radio.

Recordó que ir al colegio es «esencial en el hecho educativo. Hasta la fecha, ni el Ejecutivo ni el Ministerio de Educación han dado a conocer las fechas para dar continuidad al año escolar 2020-2021. Debido a la pandemia se ha llevado a cabo a distancia o a través de la modalidad semipresencial en algunos planteles».

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Fenasopadres exige a las autoridades un pronunciamiento efectivo sobre la situación de las escuelas. Señalan que se debe garantizar el derecho a la educación y no el proselitismo político. «Ha pasado más de un mes y el silencio del Ministerio es abismal».

La dirigente aseguró que ante los altos costos de las mascarillas y el equipo de bioseguridad los planteles no pueden garantizar el retorno seguro a las aulas. «Al no existir la dotación de insumos por parte del Estado, un simple frasco de alcohol está por encima de la capacidad adquisitiva de nuestros docentes y por supuesto de las familias», dijo.

Señaló además que se ha agudizado la crisis de los servicios públicos. Citó como ejemplo el estado Carabobo. Allí se reporta un alto déficit en la distribución de gas doméstico desde hace al menos cuatro meses. Por eso está paralizado el programa de alimentación escolar.

«La única escuela monitoreada que vimos que tenía el programa de alimentación escolar tuvieron que cocinar con leña», acotó Hernández.

A esta situación se suma la poca oferta de combustible y el inexistente control en los precios del pasaje. «Se hace imposible a padres y representantes movilizarse a los planteles, para recibir o hacer entrega de las actividades escolares».