Con el sonido de dos helicópteros sobrevolando la zona, amanecieron los presos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, y de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.

El ruido también despertó a los habitantes de la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, en el estado Lara.

Simultáneamente, el lugar se llenó de vehículos militares y policiales: tanquetas, camiones y autobuses repletos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El despliegue masivo marcó el inicio de una operación de gran envergadura en ambos centros penitenciarios, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Ambos penales fueron tomados por completo, a lo largo de kilómetro y medio se dispusieron al menos cuatro alcabalas, se restringió en su totalidad el paso vehicular y parcialmente el peatonal.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo confirmar que la toma empezó en el penal de Uribana, a las 6:15 de la mañana, donde al menos 1.744 privados de libertad fueron sacados de sus módulos y llevados al área conocida como “El Campito” para ejecutar una exhaustiva requisa. La misma operación fue efectuada en la cárcel de Fénix, donde la población penal es de al menos 2.400 presos.

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La movilización masiva de efectivos y vehículos generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información.

Sin embargo, los funcionarios apostados en las alcabalas les ordenaron retirarse y se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo. La falta de información oficial aumentó la preocupación y el desconcierto entre los allegados.

Mientras se realizaban las requisas, comenzó a llegar un lote de autobuses Encava, que se estacionaron en las afueras del penal Fénix Lara.

Se contabilizaron al menos once vehículos, lo que incrementó la angustia de los familiares, temerosos de que se estuvieran organizando traslados.

“Tuve a mi hijo más de cinco años en El Dorado, y cuando al fin lo regresan a Lara, ahora lo quieren trasladar de nuevo. No aguanto otro traslado. Es mucho sufrimiento cuando están en otro estado, porque muchas veces no conseguimos pasajes para viajar, y ellos quedan a la deriva, sin recibir visitas”, expresó una madre angustiada.

Entre los familiares también se encontraban mujeres de la tercera edad, sentadas en las inmediaciones, esperando noticias y rezando para que los traslados no se llevaran a cabo. “A los guaros no los quieren en ningún penal. Esperamos que no se los lleven”, comentaban con preocupación, mientras intentaban mantener la esperanza.

Al final de la tarde de este viernes 29 de noviembre, familiares reportaron que al menos siete autobuses salieron con personas a bordo, y algunos detenidos se asomaron para sacar sus manos. Sin embargo, se desconoce el destino al que están siendo trasladados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera inhumano que, durante operativos de esta magnitud, no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares de los privados de libertad. La falta de comunicación los mantiene en un estado constante de angustia, sin saber nada sobre las condiciones físicas de sus seres queridos, especialmente en penales, con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

Denuncia que «la opacidad informativa por parte del Estado sigue siendo alarmante. Horas después de la toma de dos penales importantes en Lara y a una semana de un operativo similar en El Rodeo, estado Miranda, no se ha ofrecido ninguna información transparente sobre lo sucedido».

La ONG denuncia que también ha recibido reportes de que desde el interior de ambos centros penitenciarios continúan registrándose un número significativo de llamadas extorsivas, así como la ejecución de otros delitos.

«Desde el OVP no nos oponemos a las requisas y revisiones minuciosas, necesarias para garantizar el control dentro de los penales. Sin embargo, exigimos que estos procedimientos se lleven a cabo respetando la integridad y los derechos humanos de cada recluso. Además, una vez finalizados, es imperativo que se informe a los familiares sobre lo sucedido».

Por último, «consideramos fundamental que el Ministerio para el Servicio Penitenciario presente ante la Asamblea Nacional un protocolo o reglamento específico para regular las inspecciones, revisiones y requisas en los establecimientos carcelarios. Este instrumento debe abordar cinco puntos clave: el establecimiento en sí, la población reclusa, los funcionarios penitenciarios, los familiares de los reclusos y la Guardia Nacional».

Actualmente, el Código Orgánico Penitenciario (COPE) establece de manera muy general la normativa sobre las requisas personales, pero en la práctica, lo dispuesto en el artículo 96 no se cumple de forma efectiva. Por ello, es necesario contar con un instrumento normativo claro y detallado que garantice la correcta aplicación de estos procedimientos y promueva la dignidad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

Alegando lo que sería una flagrante violación de los derechos fundamentales, presos del centro penitenciario Fénix, ubicado en el estado Lara, habrían iniciado una huelga de hambre este #21Mar.

Los privados de libertad han manifestado a través de medios regionales y las redes sociales, que su protesta es pacífica, pero que busca la remoción de la actual directiva de dicho centro penitenciario.

#21Mar ? HUELGA DE HAMBRE EN PENAL DE BARQUISIMETOA través de un comunicado, los internos del Centro Penitenciario Fénix informan que comenzaron este jueves una huelga de hambre en rechazo a las violaciones de sus derechos humanos y enumeran una serie de peticiones, entre… pic.twitter.com/43Q6DvP75w

Al parecer, los actuales funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, encargados de regentar dicha cárcel, habrían cometido diversas violaciones de los derechos humanos en contra de los reos.

Los presos indican que hay hacinamientos, retardo procesal, desnutrición y falta de atención médica, así como ausencia de asistencia jurídica.

#21Mar ? "NO QUEREMOS A ENDER ÁVILA"Los reclusos del Centro Penitenciario Fénix, situado en Barquisimeto, han iniciado una huelga de hambre en protesta por los supuestos maltratos e irregularidades que sufren a manos de los guardias. Como respuesta a esta situación, están… pic.twitter.com/Ysvi5jZEfk

En un comunicado emitido por redes sociales, dicen que los familiares son sometidos a vejámenes al momento de la visita y no tienen acceso a las actividades deportivas ni educativas del centro penitenciario.

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Supuestamente, hay racionamiento de agua y diversas enfermedades se han propagado en el penal, ya que la asistencia médica, según los denunciantes, no existe. Contaron con una ayuda de la Cruz Roja, pero la misma fue retirada.

Los presos dicen que sí están de acuerdo con el régimen penitenciario, pero no con las acciones de la actual directiva, por lo que han solicitado al propio ministerio la remoción de los funcionarios.

En la tarde del jueves, los privados de libertad difundieron un «comunicado», escrito a mano, en el cual destaca que no quieren violencia.

#21Mar ¡COMUNICADO! ?Comunicado de los privados de libertad del Centro Penitenciario Fénix, sobre la huelga pacífica en rechazo a las violaciones de sus derechos humanos.“No queremos violencia, queremos paz y amor, y mucho cariño”.?Vía: @milmanrique pic.twitter.com/VtZsLRQJCH

Según tratados internacionales citados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el consumo de alimentos para cada uno de los presos no debe ser menos a 2.500 calorías. Una norma hecha letra muerta en cárceles venezolanas.

«Son unos 2 mil internos en la cárcel de Fénix que están comiendo una sola vez al día, anoche (14 de octubre 2020) les dieron de cena agua de caraotas».

El menú según cuenta la fuente llega a las 8 o a las 11 de la noche, comen una sola vez al día «como los perros».

Comenta que la paquetería como alimentos secos y otros artículos deben pasar por una «alcabala» cuyo mandamás es presuntamente el mismo Director de Establecimientos Penitenciarios de la región Centroccidental, inspector Ender Ávila.

Reclamar no es opción. La queja se castiga duramente dentro de este centro penitenciario ubicado justo al lado de la antigua cárcel de Uribana al norte de Barquisimeto.

Parte del castigo es el aislamiento o la suspensión de la paquetería del mes.

Otra denuncia es que fue aprobado por Iris Varela el ingreso de cajas Clap para la alimentación de los internos y llegan incompletas.

«Se la quitan al pueblo en la calle y mandan a los penales. Los custodios le sacan el aceite, azúcar, leche y otros productos cuando traen».

«¡A Ávila no lo queremos! Mandan a decir con su familia los privados de libertad.

Se trata de un funcionario que, según denuncian, negocia con la comida de los internos en complicidad con custodios para venderla en la calle.

«Si los internos se molestan o denuncian los amenaza».

El familiar describe una imagen que seguido deben ver los presos.

«Ávila camina con un arma en la mano diciéndole a los privados de libertad que se alcen para matarlos, están amenazados y enfermos. Nadie los atiende».

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones en los últimos 6 meses, once privados de libertad de Fénix han fallecido por hambre y enfermedades.

Tuberculosis y obstrucción intestinal sería la principal causa que se agravó por cuadros críticos de desnutrición en la población penal.

En algunos casos los internos han perdido hasta 30 kilos de peso.

Se conoció que la situación es crítica a tal punto, que uno de los internos fue asesinado como castigo.

Compañeros de celda lo agredieron con un arma blanca luego que  robara agua y alimentos intentando saciar el hambre.

En Fénix no hay médicos. Y una enfermera conocida como «Ludy» no los atiende según denuncia el informante, no les da medicamentos.

Los casos más graves son trasladados a centros médicos. Como familiar piden asistencia «cometieron un delito, pero son seres humanos».

Según datos recabados por el OVP la cárcel construida en 2013 con capacidad para albergar a 1.500 personas tiene hoy 2.300 hombres y 171 mujeres acumulando 65 % de hacinamiento.