El abogado y exfiscal Zair Mundaray denunció que los dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) involucrados en la muerte del concejal Fernando Albán quedaron en libertad por órdenes de un tribunal.

Dijo que Keiberth Cirelli y Miguel Dos Santos siempre estuvieron dentro de las oficinas del Sebin en El Helicoide y que nunca pisaron un calabozo.

#Dato Keiberth Cirelli y Miguel Dos Santos, los dos funcionarios del SEBIN condenados por el asesinato del Concejal Fernando Albán, están en libertad por órdenes de un tribunal de ejecución. Siempre estuvieron en las oficinas del SEBIN en El Helicoide, no pisaron un calabozo.1/2

Señaló que las autoridades bajo control del chavismo informaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ambos agentes habían sido condenados a 5 y 10 meses de cárcel.

«Ocultaron que en febrero de 2022 la Corte de Apelaciones redujo la condena a 2 años y 8 meses, por eso la libertad. El fiscal no atribuyó las torturas, ni la detención ilegal para favorecerlos», expresó Mundaray.

«Esa es la falsa justicia revolucionaria, quienes asesinan, desaparecen y torturan son premiados por su lealtad al proceso de autoritarismo y crímenes de lesa humanidad que padecemos», agregó.

El régimen mintió a la ONU al informar que habían sido condenados a 5 años y 10 meses. Ocultaron que en febrero de 2022, la Corte de Apelaciones redujo la condena a 2 años y 8 meses, por eso la libertad. El fiscal no atribuyó las torturas, ni la detención ilegal para favorecerlos

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El concejal opositor Fernando Albá fue detenido acusado de participar en un plan para acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro, haciendo explotar unos drones durante un desfile militar el 4 de agosto de 2016.

Estando en la sede del Sebin en Boleíta Norte, al este de Caracas, perdió la vida en extrañas circunstancias.

Mientras el Gobierno asegura que Albán se suicidó cuando permanecía bajo custodia en la dependencia policial, la oposición no cree la versión oficial y sostiene que Albán fue asesinado.

La muerte del expresidente de Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje, por supuesto suicidio, como dice la versión oficial emitida por el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, recuerda un hecho similar registrado hace casi 5 años.

Se trata del caso del concejal Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre del 2018. En aquella ocasión, la primera versión de Saab fue que se lanzó desde un baño del piso 10 de la sede del Sebin, mientras que el entonces ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que Albán se había lanzado desde una ventana en la sala de espera del organismo de inteligencia.

Pero, igual que en el caso de Azuaje, informes emitidos por la oposición y ONG defensoras de DD.HH., las evidencias en el cuerpo de Albán arrojaban otras cosas.

El año pasado, al cumplirse 4 años de la muerte del concejal, la exdiputada y exmiembro de la PM, Yajaira Forero manifestó que «Fernando Albán fue torturado hasta morir, y luego, lanzado desde el piso 8 de la sede del Sebin» en Plaza Venezuela.

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En el caso de Azuaje, Tarek William Saab dijo: “Experticias hechas por la unidad criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos: determinó que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido”.

Pero, el portal Crimen sin Castigo, publicó: “Fuentes internas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), mencionaron que Azuaje Urrea presentó hematomas en la parte media y baja del abdomen, escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos; además, signos de tortura en la planta de los pies”.

A través de las redes sociales de Provea, el integrante de la ONG, Marino Alvarado recordó:

«Ante la muerte de Leoner Azuaje es bueno recordar que en el caso del Concejal Fernando Albán. El Fiscal Tarek William Saab salió corriendo a decir que se había suicidado. Buscó impunidad y fue el TSJ quien tuvo que anular la sentencia y ordenar nueva investigación».

Ante la muerte de Leoner Azuaje es bueno recordar que en el caso del Concejal Fernando Albán. El Fiscal Tarek William Saab salió corriendo a decir que se había suicidado. Buscó impunidad y fue el TSJ quien tuvo que anular la sentencia y ordenar nueva investigación.

1) #AHORA… el @MinpublicoVEN anuncia resultas de #autopsia hecha a Jesús Azuaje: #AQUÍ #avances de la investigación: a) la conclusión de la #autopsia dió como resultado que el ciudadano muere por #Asfixia mecánica por constricción de #cuello por #Ahorcamiento

https://t.co/yoW209tMB4 Cadáver del presidente de Cartoven, Leoner Azuaje, tenía lesiones en los pies, abdomen, costados y antebrazos. Fiscal Saab calificó el caso de suicidio, antes de realizada la autopsia. Lea la nota del día en Crímenes sin Castigo.-

La oposición venezolana exigió justicia este sábado al cumplirse cuatro años de la muerte del concejal Fernando Albán, quien se encontraba detenido y por lo que fueron condenados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La exdiputada y miembro del partido Primero Justicia (PJ) Yajaira Forero indicó en un comunicado de prensa que es necesario presentar ante las autoridades y la justicia a la cadena de mando del Sebin y no solo a los funcionarios de “bajo rango”.

“Exigimos que la cadena de mando del Sebin también responda ante las autoridades y ante la justicia. Nadie merece morir como murió nuestro hermano Fernando Albán tal día como hoy”, apostilló.

Igualmente, el opositor venezolano Juan Guaidó recordó la muerte de Albán en su cuenta de Twitter, al tiempo que exigió justicia para las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, reseña EFE.

Por su parte, el antichavista Julio Borges sostuvo en la red social que seguirán acompañando a los familiares de Albán en “su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Sabemos su sufrimiento y lo difícil que ha sido recomponerse de esta irreparable pérdida”.

En diciembre pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al caer de un décimo piso.

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Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra el presidente Nicolás Maduro.

Saab detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán.

Entonces, aseguró que “fue un asesinato” y denunció la existencia de “contradicciones” en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.

El caso del concejal se encuentra detallado en un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

Con información EFE

Un juez federal en Miami ordenó a la administración de Nicolás Maduro $73 millones en daños a la familia del concejal Fernando Albán, quien murió mientras estaba bajo custodia del Estado, en lo que describió como un “asesinato a sueldo”.

A través de la agencia AP se supo de la decisión del juez Darrin P. Gayles, quien emitió el fallo por «rebeldía» o desacato contra lo que califica como «una organización criminal», por no responder a la demanda interpuesta por la familia del concejal.

En documento, el tribunal determinó que la “empresa criminal de Maduro” es responsable de los delitos federales de extorsión en la muerte de Albán, porque todo su propósito es “ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela” a través del «narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos».

La familia de Albán acusó a los funcionarios responsables de su muerte de «pertenecer al Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia».

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Fernando Albán fue detenido en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, procedente de Nueva York, donde formaba parte de una delegación que había denunciado a Maduro, en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Murió tres días después, en lo que las autoridades describieron inicialmente como un salto suicida desde el décimo piso de un edificio del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas.

La muerte de Albán provocó la indignación internacional y el repudio de EE. UU. El año pasado, su viuda y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios miembros de alto rango de su gobierno por llevar a cabo «el secuestro, tortura y asesinato del otrora concejal de Caracas».

El tribunal en Miami dijo que agentes de Maduro siguieron a Albán mientras aún estaba en Nueva York, «tomándole fotos y enviando información a Venezuela que facilitó su secuestro y asesinato cuando regresó a casa.

«El asesinato de Albán fue un asesinato a sueldo porque miembros de la Empresa Criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron pago (en forma de salarios) del régimen de Maduro”, dijo el tribunal.

También determinó que «el cártel debe pagar $73 millones al patrimonio de Albán por el dolor y sufrimiento causado por su muerte».

Sin embargo, no está claro cómo los familiares de Albán obtendrán la indemnización.

El único presunto cabecilla del cártel que está bajo la custodia de los EE. UU., es el general retirado del ejército Clíver Alcalá.

El caso de Albán también ha sido denunciado en la Corte Penal Internacional, que investiga denuncias de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.

A finales de 2021, el fiscal general Tarek William Saab anunció que dos miembros del Sebin fueron condenados a casi seis años de prisión por negligencia, en relación con la muerte de Albán mientras estaba bajo su custodia.

Importantes pronunciamientos hizo Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del gobierno interino, reclamando justicia para el concejal Fernando Albán.

Albán falleció en prisión en 2018 al caer de un décimo piso, por lo que condenaron a cinco años y diez meses de prisión dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El comisionado Pizarro afirma que «Fernando Albán lo asesinó el régimen de Nicolás Maduro hace tres años».

«Hasta el día de hoy los familiares de Fernando no han tenido acceso a la justicia, derecho a la reparación y tampoco han recibido respuesta sobre su petición de exhumación».

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Pizarro recordó que «tanto la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, como distintos organismos internacionales, han hecho hincapié en que existen motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en el asesinato del concejal».

«Exigimos justicia», en el caso Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin en Caracas.

Allí permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra Nicolás Maduro.

Tras el anuncio de la sentencia a más de 5 años de cárcel contra los responsables por la muerte del concejal Fernando Albán, las reacciones de sus familiares no se hicieron esperar.

En una carta, publicada en redes sociales, la esposa y los hijos de Albán, calificaron la sentencia como «una burla». «La respuesta del gobierno de Maduro y esta supuesta sanción, banaliza lo que le ocurrió a Fernando y se burla de sus familiares», señala el escrito.

Denuncia irregularidades en la investigación y alerta que no han tenido acceso a «un procedimiento independiente».

Además, señala que, pese a las múltiples solicitudes, no se han permitido la exhumación del cadáver, para la autopsia con base en protocolos internacionales.

Tampoco «se han investigado las circunstancias de su detención la persecución en su contra». Y, menos, «a quienes dieron las órdenes para que cometieran estos delitos», destaca la misiva.

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Por su parte, el abogado defensor de Albán, Joel García, cuestiona los delitos por los que sentenciaron a los responsables de la muerte del edil.

«Respecto al caso Fernando Albán tengo una pregunta. ¿Si él cae del piso 10, que acto negligente, imprudente, de impericia o de qué forma incumplieron las órdenes o reglamentos? ¿Será que la orden era sostenerlo por los pies, pero sin dejarlo caer de la ventana? ¿Jugaban a Superman?», preguntó.

Mientras que la abogada y activista por los DD.HH, Rocío San Miguel, también repudia que no se haya responsabilizado a quienes dieron la orden.

«Dos funcionarios del Sebin fueron condenados a 5 años de cárcel por la muerte de Fernando Albán en la sede del Sebin. Continúan juzgando funcionarios subalternos en graves crímenes de derechos humanos en Venezuela. Sin investigación a superiores no hay verdad ni justicia», expresó.

Respecto al caso Fernando Albán tengo una pregunta. Sí él cae del piso 10, que acto negligente, imprudente, de impericia o de qué forma incumplieron las órdenes o reglamentos.¿Será que la orden era sostenerlo por los pies pero sin dejarlo caer de la ventana? ¿jugaban a Superman?

Dos funcionarios del Sebin fueron condenados a 5 años de cárcel por la muerte de Fernando Albán en la sede del Sebin Continúan juzgando funcionarios subalternos en graves crímenes de derechos humanos en VenezuelaSin investigación a superiores no hay verdad ni justicia

A dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional los condenaron a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio del concejal Fernando Albán. Albán falleció en 2018 al caer del décimo piso de la sede del Sebin.

La información la dio a conocer el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

«Quiero destacar el caso del exconcejal Fernando Albán. Falleció el 8 de octubre de 2018. Por este caso fueron condenados este 3 de diciembre dos funcionarios pertenecientes al Sebin», indicó Saab.

Fernando Albán murió mientras permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra Nicolás Maduro.

Saab no mencionó los nombres de los condenados por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

No obstante, se trata del inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno.

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«Estos funcionarios, es bueno destacarlo, admitieron los hechos y recibieron en tal sentido una pena de 5 años y 10 meses de prisión», dijo.

Al momento del fallecimiento, la Fiscalía aseguró que Albán atentó contra su vida lanzándose desde un décimo piso. No obstante, la oposición y varias ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.

En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán.

Entonces, aseguró que «fue un asesinato». Denunció la existencia de «contradicciones» en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.

El caso del concejal se encuentra detallado en el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

A tres años del asesinato de Fernando Albán, su esposa Meudy de Albán alzó la voz para implorar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan que abra una investigación contra Nicolás Maduro.

Exigió que se inicie la investigación en el caso Venezuela I sobre la violación de derechos humanos perpetrado por la administración de Maduro .

En un video, la viuda del concejal denunció que su familia es víctima de persecución.

Así como también el allanamiento de sus propiedades, por parte de funcionarios de Maduro.

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«No hemos obtenido la justicia deseada así como cientos de víctimas en Venezuela”, alertó.

De esa manera, solicitó la apertura de la investigaciones “para que las víctimas de Maduro obtengamos la justicia que todos merecemos”, comentó.

Albán falleció mientras estaba bajo custodia del Estado el  8 de octubre del 2018.

Ese día, la administración de Maduro informó que el dirigente de Primero Justicia se había quitado la vida.

Luego de lanzarse del edificio del Sebin.

No obstante, la oposición denunció que el concejal fue víctima de torturas que le provocaron la muerte.

Hace unos meses, Tarek William Saab, fiscal general de Maduro, admitió que Albán murió a causa de torturas y posteriormente fue lanzado al vacío.

Tarek William Saab, fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, determinó responsabilidades de guardia nacionales y policías bolivarianos en la muerte del estudiante, Juan Pablo Pernalete y el concejal, Fernando Albán.

En cuanto a Pernalete, reconoció que murió a causa del impacto de una bomba lacrimógena.

Esta, disparada por un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado.

Sin embargo, es primera vez que un funcionario de la administración de Maduro, después de Luisa Ortega Díaz, reconoce que murió a causa de una bomba lacrimógena.

Al día siguiente de las declaraciones de Ortega Díaz desestimaron sus declaraciones.

Aseguraron que Pernalete había recibido un impacto de pistola de perno.

Incluso responsabilizaron a sus propios compañeros.

«En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva», dijo Saab

Informó acerca de la entrega de un nuevo informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (el tercero hasta el momento)

Por otra parte hizo referencia al caso del exconcejal Fernando Albán, indicando que hubo una decisión del TSJ en octubre de 2020.

En ella. se ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Al mismo tiempo afirmó que «en estos 3 años y 8 meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles”.

Por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos».

Saab aseguró que como parte del compromiso del Estado venezolano inició un proceso de reestructuración de la PNB.

La familia del concejal Fernando Albán, introdujo una demanda en Estados Unidos por daños y perjuicios contra Nicolás Maduro. La demanda también incluye «a los más cercanos colaboradores» de Maduro, con el alegato de que encabezan «una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos».

El recurso legal intenta hacer uso de la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO por sus siglas en inglés). El Nuevo Herald informó que esta ley se usa «con éxito para enjuiciar a las altas figuras del crimen organizado», en ese país.

El instrumento también puede ser usado en demandas civiles. «Pero uno de los mayores obstáculos en casos como el de Albán es demostrar que cae bajo la jurisdicción estadounidense», dijeron abogados consultados. 

La demanda la presentaron en febrero en la corte federal de Miami. La viuda de Albán, Meudy Albán Osio, y sus hijos exigen el pago de compensación no especificada contra los demandados.

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Entre los acusados figura el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el presidente del TSJ, Maikel Moreno. También contra el fiscal Tarek Saab y el antiguo ministro del Interior, Nestor Reverol.

El recurso incluye a las FARC y al denominado Cartel de Los Soles. Son agrupaciones que la familia de Albán acusa de conformar conjuntamente con Maduro y sus lugares tenientes una sociedad criminal.

A Albán, integrante de Primero Justicia, lo detuvieron el 5 de octubre del 2018 en el Aeropuerto de Maiquetía, proveniente de Nueva York.

Albán murió tres días después bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), evento descrito por Saab como un suicidio. “El concejal pidió ir al baño y, mientras estaba allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso”, declaró el fiscal general de Maduro ante los medios de comunicación.

No obstante, informes filtrados a la prensa señalan que el concejal estaba muerto antes de estrellarse contra el piso. También dicen que falleció víctima de torturas.

El canciller del gobierno Interino de Venezuela, Julio Borges, aseguró que el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ratificó incoherencias en la muerte de Fernando Albán.

“Sabemos que fue asesinado por el régimen criminal de Nicolás Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados”, dijo.

Borges aseveró que en el informe se revela que las huellas dactilares encontradas por el Cicpc en la ventana no pertenecían al concejal Albán.

“En el informe de la ONU se registra que las huellas dactilares de la ventana por donde según saltó Fernando pertenecían a un funcionario del SEBIN» dijo.

«Es parte de la mentira que ya el mundo entero ha venido desenmascarando”, agregó en nota de prensa.

Asimismo, enfatizó  que el informe de la Misión es un instrumento fundamental para el ejercicio de la justicia universal y la activación de la responsabilidad para proteger.

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“El informe de la ONU debe alimentar varios procesos de presión. Uno es la justicia universal, que debe ejercerse tanto en la CPI como en cada país, el otro es la responsabilidad para proteger”.

“Tiene que haber un antes y después de este informe, ya no se trata de indicios o presuntos hechos, es una realidad firme».

«Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado”, insistió.

Finalmente, ratificó que el trabajo de las organizaciones de DDHH es fundamental para seguir documentando los crímenes de la dictadura.

El Tribunal Supremo de Justicia de Maduro decretó nulidad absoluta de la acusación por el Ministerio Público a los presuntos asesinos del exconcejal, Fernando Albán.

Mediante una nota de prensa el TSJ destacó que se anula por violación del artículo 49.1 de la Constitución de Venezuela.

Así como la falta de cumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Adjetivo Penal, retrotrayendo la causa a la fase de investigación.

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La decisión del Poder Judicial de Maduro se da en la causa seguida a los ciudadanos, Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno.

Los investigan por presunta comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal.

La víctima de este procedimiento es Fernando Alberto Albán, quien falleció, bajo circunstancias extrañas.

El TSJ de Maduro aseguró que esta decisión está contemplada en el marco de los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.

Este jueves se cumplen dos años del vil asesinato del concejal y dirigente de Primero Justicia, bajo custodia de los esbirros del Sebin.

Sus familiares, abogados y amigos denunciaron en diferentes oportunidades que torturaron a Albán y lo lanzaron desde el piso 10 del Sebin de Plaza Venezuela.

De hecho su familia ha pedido aplicación del protocolo de Minnesota y Estambul donde se establece la exhumación del cuerpo en presencia de expertos internacionales independientes avalados.

Las autoridades venezolanas han insistido en que el concejal Albán se suicidó, pero su familia, compañeros de partido y abogados, han desmentido esta versión.

La denuncia de este caso se extendió hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Allí aseguraron que habían torturado al exconcejal y posteriormente lanzado desde la torre del Sebin.

Por su parte, la esposa de Albán asevero que mientras Nicolás Maduro esté al frente del poder ella no podrá tener acceso al cuerpo del exconcejal.