Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anuncia la reanudación de las investigaciones en el caso Venezuela I por delitos de Lesa Humanidad.

La autoridad internacional indica que a pesar de los esfuerzos de la administración de Nicolás Maduro en presentar argumentos, cambios y procedimientos en pro de los derechos humanos, los mismos han sido insuficientes.

Mi oficina ha tomado nota de los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos. Mi oficina también reconoce y se siente alentado por el hecho de que las autoridades venezolanas han emprendido una serie de reformas legales que apuntan a abordar una serie de problemas estructurales y sistémicos. Si tales esfuerzos se implementan adecuadamente, podrían ofrecer un margen para la esperanza y el cambio. No obstante, en la actualidad, la evaluación independiente y objetiva de mi oficina es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes», dice Khan en la carta entregada ante la Corte penal Internacional.

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El fiscal considera que esta solicitud no afecta a Venezuela. Explica que esta nueva evaluación podría revisarse en una etapa posterior. «Yo mismo estoy dispuesto y me comprometo a hacerlo ante un cambio en hechos o circunstancias relevantes».

El fiscal de la CPI manifiesta mantenerse comprometido con la cooperación hacia la administración de Nicolás Maduro.

«Espero, además, continuar buscando formas constructivas para dar una implementación práctica al Memorando de Entendimiento firmado el 3 de noviembre de 2021, que incluye el apoyo de mi Oficina a los esfuerzos de Venezuela para garantizar la administración efectiva de justicia, de conformidad con el artículo 17».

En septiembre del 2018 la Fiscalía recibe una solicitud de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes piden investigar la situación en Venezuela durante las protestas en contra de Nicolás Maduro.

«En 2020, la Fiscalía concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017», dice la CPI.

En noviembre del 2021 anuncian que el examen preliminar ha concluido y se establece que existen suficientes indicios para una investigación por delitos de Lesa Humanidad.

En esa misma fecha se firma un acuerdo de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro, donde se comprometen a un apoyo en las averiguaciones y si existen avances, podrían desistir de la averiguación.

En abril del 2022 Maduro y su administración solicitan un diferimiento de la investigación. En la misma notificación que hace la Fiscalía al respecto, indican a la CPI su intención de reanudar las averiguaciones, debido a los pocos aportes recibidos de Maduro

La Corte Penal Internacional (CPI) anuncia este viernes que Venezuela no tiene derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma por mora de varios años en el pago de sus cuotas anuales.

Así lo destaca la organización de Derechos Humanos PROVEA, quien transmitió a través de las redes sociales parte de la reunión de este viernes, en donde informan que además de Venezuela, Surinam, Zambia, Antigua y Barbuda, Comoras, Guinea, Congo y Liberia también están morosos.

La deuda de Venezuela, según Provea, asciende a 12.816.996 euros. El último pago lo realizaron en noviembre del 2018.

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«Las cuotas anuales de Venezuela son de aproximadamente 2.018.603 Euros, lo que significaría que debe el equivalente a más de 6 años. Según el Artículo 112 par. 8 el derecho al voto se pierde por deber el equivalente a dos o más contribuciones anuales», explica Provea.

Este viernes la CPI eligió dos fiscales auxiliares que apoyarán los trabajos de Karim Khan, el actual fiscal de la CPI. Dicho nombramiento viene dado de la solicitud que hiciera Khan para contar con más herramientas para las diversas tareas que tiene que llevar a cabo, entre ellas, la investigación hacia Venezuela por la supuesta violación de Delitos de Lesa Humanidad.

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Antes de la elección de los fiscales auxiliares, hicieron la salvedad de que los países morosos habían perdido el derecho la voto, por lo que tuvieron que sus representantes abandonar la sesión, entre ellos el representante de Nicolás Maduro.

Para que Venezuela y los demás países declarados como morosos puedan volver a tener voto, deberán primero cancelar la deuda.

Según PROVEA, la administración de Nicolás Maduro, «tiene el deber de cumplir con las obligaciones financieras con la CPI y debe cooperar de buena fe. Un primer paso para mostrar que tiene voluntad de cumplir con el Memorándum de Entendimiento es cubrir la deuda acumulada».

El mes pasado Karim Khan, fiscal de la CPI, firma un memorándum de entendimiento, tras ordenar la averiguación en contra de la administración de Nicolás Maduro, por la supuesta violación de Delitos de Lesa Humanidad.

En dicho documento firmado, Nicolás Maduro se compromete a prestar toda la colaboración con la CPI para cualquiera de las acciones que conlleven a una verificación durante la investigación.

Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), sostuvo una reunión con medios internacionales para explicar de nuevo que su labor no será realizar un cambio de régimen en Venezuela. Lo que busca es realizar una investigación objetiva sobre la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Khan explica que todas sus investigaciones se regirán por «criterios objetivos», ya que esto permitirá crear confianza y llegar a la verdad de los hechos.

Para el equipo que investiga el caso Venezuela I, según el fiscal de la CPI, no debe darle valor a «qué tipo de Gobierno debe establecer un Estado».

El fiscal no desestima la necesidad de que un pueblo gestione un cambio, pero asevera que su labor es concentrarse en las evidencias que puedan recolectar y que las mismas «sean sólidas y no estén contaminadas o construidas por agendas particulares».

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El seis de diciembre, durante una reunión en la Asamblea de Estados Parte del Tribunal Internacional, el fiscal indica que «no está en el negocio de un cambio de régimen». Asevera que sus acciones se relacionan netamente a la investigación por los supuestos delitos de Lesa Humanidad. No busca un cambio de Gobierno en Venezuela.

«La investigación en Venezuela no puede verse como una herramienta de otras agendas«, dice Khan.

A principios de noviembre de este año Karim Khan visita el país, donde anuncia formalmente el comienzo de la investigación del expediente Venezuela I. Firma un acta de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro, donde se comprometen a prestar toda la colaboración. La CPI realizará todas las investigaciones pertinentes relacionadas al expediente con el apoyo de los organismos en Venezuela.

Con información de Agencias

«El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela I. Ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma».

Para la ONG, Acceso a la Justicia, estas palabras dan las claves acerca de las razones de la CPI para «iniciar el arduo trabajo de determinar» quiénes son los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela,

Esto se traduce en llegar a quienes deben responder por «las detenciones arbitrarias y masivas, torturas y malos tratos. Además de violación y otras formas de violencia sexual y persecución», cometidos en el país al menos desde 2017.

Según la ONG, lo que resalta de esas frases es que no las dijo el fiscal Karim Khan, sino que están contenidas en uno de los considerandos del memorando de entendimiento que firmó Nicolás Maduro.

Desde Acceso a la Justicia saludamos consideran que la medida «es histórica y que tendrá repercusiones más allá de nuestras fronteras». ¿Por qué? A continuación, se enumeran las tres razones.

A juicio de la ONG, «lo más importante de la decisión del fiscal Khan es que da esperanzas a las víctimas y a sus familiares de que sus casos no quedarán impunes. El anuncio de una investigación por parte de un órgano independiente es un gran aliento. Indica que sus voces serán escuchadas en algún momento por un juez imparcial».

Resalta que esto ocurre, porque «el numeral 2 del artículo 15 del Estatuto de Roma permite a las víctimas participar en las indagaciones que conducirá la Fiscalía». Ellas pueden «suministrarle información y formular objeciones».

Enfatiza que «la posibilidad de participar en una investigación y en un eventual juicio ante una instancia internacional constituye parte de la reparación a la que las víctimas tienen derecho».

Asevera que «la víctima de violaciones de derechos humanos, así como sus familiares, encuentra reparación en el reconocimiento y puesta en práctica del derecho a la verdad. Ello conlleva una expectativa que debe ser satisfecha por el Estado».

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Además, «la decisión de Khan de investigar los hechos ocurridos en Venezuela es un hito en la historia de su despacho y de la Corte. Es la primera vez en 19 años desde su entrada en vigor que el organismo fijará su mirada en unos sucesos ocurridos en el continente americano».

Hasta ahora el grueso de las treinta investigaciones y la totalidad de los juicios que la CPI ha celebrado han estado relacionados con hechos ocurridos en África. Así, hasta el momento, el juzgado ha celebrado juicios relacionados con la República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Malí, la República Centroafricana y Costa de Marfil.

Sobre América Latina, la Fiscalía estuvo examinando preliminarmente desde 2004 las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridas en Colombia. Pero, antes de llegar a Venezuela, la CPI dio por cerrado el proceso contra el Estado colombiano

La decisión de Khan no solo confirma que los derechos humanos no están garantizados en Venezuela. Esto es algo que organizaciones nacionales e internacionales vienen denunciando desde hace tiempo, señala la ONG.

Pero, agrega que «las medidas que en los últimos meses han venido adoptando las autoridades para castigar los crímenes han sido claramente insuficientes».

Recuerda que «desde enero, Maduro ordenó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Mandó a que los presos bajo la responsabilidad del Sebin y DGCIM, sean enviados a cárceles ordinarias. Pero, hasta el presente no se ha cumplido a cabalidad.

Asimismo, el Ministerio Público ha dado un giro de 180 grados sobre lo ocurrido en casos como el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete en 2017. También lo hizo en el caso del concejal Fernando Albán en 2018.

El despacho dirigido por Tarek William Saab debió admitir que Pernalete sí murió producto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional. Así como que Albán no se suicidó, como había dicho en un primer momento.

En las últimas semanas, la justicia resolvió los casos de David Vallenilla y Daniel Alejandro Queliz, ambos víctimas de la represión, también de 2017.

No obstante, la ONG destaca que «hasta ahora todas las medidas adoptadas por las autoridades judiciales han estado dirigidas contra subalternos. No abarcan a los superiores, pese a lo extendido de los abusos.Y esto es algo que contradice lo dispuesto en el Estatuto de Roma».

Por otro lado, «el anuncio de la CPI no considera, hasta este momento, que la justicia venezolana sea capaz o esté interesada en identificar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Por muchas razones el nombre de Venezuela siempre ha estado entre los primeros escaños de listas de situaciones favorables en América Latina. Volvimos a alcanzar el primer lugar en otra gran clasificación, pero esta vez es la no tan favorable lista de países investigados por delitos de Lesa Humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El pasado 31 de octubre arribó al país Karim Khan, fiscal de la CPI, quien atendiendo una “invitación” del Gobierno de Venezuela (término técnico y protocolar dentro del proceso) acude a la nación en el marco de la fase preliminar sobre las acusaciones en contra del Estado por violaciones en materia de Derechos Humanos.

La visita del magistrado internacional consolida el inicio de una nueva fase ante la acusación. Después de tres días de jornadas de trabajo y entrevistas con los que representan el poder ejecutivo y judicial en el país, Khan lanza la noticia al mundo. Existen suficientes indicios que llevan a la CPI a cerrar la fase de verificación y comenzar la fase de investigación.

Por supuesto que esto no es del  agrado de Nicolás Maduro y sus personeros, pero obligados por el Estatuto de Roma, deben acceder  y comprometerse a colaborar con la CPI en todo lo que sea inherente a la investigación.

Gonzalo Himiob, miembro de la organización no gubernamental de Derechos Humanos, Foro Penal, expresa que en la CPI se manejan muchos  casos y situaciones.

Casos en África y Asia hay suficientes. En América Latina hay ahora solamente dos casos en fase de examen preliminar; el expediente Venezuela II y un caso expuesto por Bolivia recientemente. El otro que reposaba acaba de ser cerrado por Khan en su visita a Colombia. Todos estos eran o están en fase preliminar.

No había caso en fase de investigación en este lado del mundo, hasta que este miércoles #03Nov habló el fiscal de la CPI.  

“Hay muchos casos en este momento manejándose  ante esas instancias, pero lo verdaderamente novedoso es que en Venezuela se ha abierto la posibilidad por primera vez  que en un país de América Latina se investigue a un país  o apersonas de ese país, como responsables de crímenes de Lesa Humanidad”, dijo Himiob.

“Lo que es inédito es que se haya abierto una investigación sobre crímenes de Lesa humanidad cometidos en América Latina. Esto no había pasado nunca. Es la primera vez que pasa. Venezuela tiene lamentablemente el triste mérito de ser el primer país de América Latina sobre el cual se abre una investigación sobre delitos de Lesa Humanidad”, indica Himiob.

Otro que se ha expresado al respecto es el abogado Joel García, litigante venezolano que tiene un número considerable de presos políticos y casos presentados ante la CPI.

García considera que lo novedoso no solamente está en que es Venezuela el primer país investigado en Latinoamérica por la CPI, sino que dentro de la investigación, los funcionarios señalados se mantienen en ejercicio.

 “Debemos recordar que la CPI no solo va contra el autor material de los hechos, sino también va tras la responsabilidad de los superiores jerarcas. Y es precisamente en estos casos cuando el crimen se deriva de una política generalizada y sistemática hacia un sector de la población. Eso viene acompañado de órdenes superiores. Y esos superiores jerárquicos tienen que ser de alguna manera responsables de estos hechos”. Manifiesta García.

El abogado sostiene que no se puede obviar que en el mundo policial y militar sus miembros se fundamentan en tres pilares:  La obediencia, la subordinación y la disciplina. “Siempre ellos actúan cumpliendo órdenes. Ahora, si estos crímenes sistematizados no obedecieran a órdenes, también la omisión, es decir, el hacerse la vista gorda, no ver que se están cometiendo esos hechos, acarrea responsabilidad de esos superiores”.

Estas palabras de García remiten a casos como los del joven José Pernalete, el concejal Fernando Albán, el capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo y David Vallenilla, sobre los cuales hubo un veredicto y hay más de 20 funcionarios de bajo rango detenidos y procesados al respecto.

Himiob expone que dentro del venidero proceso, la administración de Nicolás Maduro deberá exponer sus alegatos relacionados a las sanciones que haya llevado a cabo y responder si hubo o no omisiones.

“Evidentemente el Gobierno de Venezuela, en uso de las facultades y las atribuciones que les da a los Estados partes el Estatuto de Roma, va a tratar de demostrar continuamente que no es necesaria esa investigación en la CPI y que en Venezuela si estarían dadas las condiciones para investigar violaciones graves a los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.  Eso es básicamente lo que va a pasar en esta primera etapa”, dice Himiob.

La administración de Maduro manejará su tesis de que en Venezuela si hay las garantías para que el Estado lleve a cabo una investigación seria en pro de los Derechos Humanos.

Ante esto el abogado Joel García responde que  “la CPI actúa bajo el principio de la complementariedad. Es decir, el Estado tiene la prioridad de investigar  y sancionar. La CPI interviene  solo si en el Estado no se quiso investigar, no se sancionó bajo los estándares de investigación internacional, no se sancionó a los responsables o simplemente no tiene capacidad para hacerlo”.

El profesional del derecho quiso ser enfático al decir que independientemente, la CPI llevará una investigación separada y paralela.

En su momento y según lo firmado en el memorándum de entendimiento, la CPI igualmente abrirá una averiguación y la administración de Nicolás Maduro  se comprometió a permitirle la investigación.

La fiscalía de la CPI deberá iniciar un proceso en donde debe determinar cuáles son los hechos a investigar específicamente a fondo en la primera etapa del proceso.

“Tiene que determinar en esos hechos quienes son las víctimas y quienes son los victimarios. De allí determinar entonces ¿cuáles son las diligencias de investigación,  cuáles son las evidencias, pruebas que va a necesitar para determinar la verdad de esos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar?”, dijo Himiob.

Por los momentos no hay hechos concretos, tal y como lo dice el memorándum firmado el martes. No se puede hablar todavía de víctimas ni victimarios.

Según Joel García, en esta fase de investigación que recién comienza el fiscal podrá, amparado en lo establecido por el estatuto de Roma,  “establecer la veracidad de los hechos. Ampliar toda la investigación; puede recabar las pruebas pertinentes para determinar si hay  o no responsabilidad penal con respecto a una persona y todas esas circunstancias incriminantes o las que lo exoneren. También el fiscal podrá adoptar medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los criminales que estén siendo señalados”.

Además de las investigaciones dentro del país, Karim Khan podrá solicitar a la sala de cuestiones preliminares  de la CPI,  cualquier pronunciamiento. “Por ejemplo, una medida de prisión contra alguien si es necesario. Hacer comparecer personas ante un juzgado”.

Las diferentes ONG y abogados involucrados en el expediente Venezuela I, deberán convertirse ahora en la voz de los denunciantes y acusados.

El Foro Penal manifiesta que su participación será muy importante. “Ya abierta como está la investigación hay que buscar la forma de que las víctimas estén debidamente  representadas en el proceso. Esto hay que hacerlo con base en las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma. Además, hay que hacerlo  sobre la base de la determinación de la precisión. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serán por lo menos a nivel inicial los hechos que va a abarcar la investigación? Al menos por este momento”. Indica Himiob.

Joel García esboza que “como abogados de presos políticos seguiremos denunciando y documentando cada detención arbitraria. Lo elevaremos ante la CIDH ante la ONU y ante la CPI. Seguiremos atentos y vigilantes ante los procedimientos que se vayan a iniciar en Venezuela, para denunciar cualquier arbitrariedad».

Vale destacar que actualmente en el país hay cuatro abogados  que están facultados ante la Corte Penal Internacional, dos de ellos son Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, ambos miembros del Foro Penal. Esto no quiere decir que los demás profesionales del Derecho no tengan la suficiente capacidad como para afrontar un caso ante la organización judicial internacional.

La Corte Penal Internacional  es un organismo internacional independiente, que a pesar de haber nacido por la premisa de la Organización de las Naciones Unidas, la misma no pertenece a la ONU.

Fue creada en julio de 1998 y entró en vigencia en julio del 2002, tras la aprobación y firma de más de 130 países, entre ellos Venezuela. Fue el desaparecido presidente Hugo Chávez, el encargado de firmar por Venezuela ante el Estatuto de Roma.

La nación no pasa a ser nombrada ante la CPI de manera consecutiva sino hasta el año 2014. Comienzan a recibir los primeros indicios de supuesta violación delos derechos fundamentales.

Durante las protestas de abril del 2017, diversas organizaciones se hacen eco de denuncias sobre torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y posibles ajusticiamientos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con el Grupo de Lima, y diversas ONG son los pilares de las denuncias.

El informe dela OEA del 2018 pide una averiguación por 131 muertes durante protestas, más de 15 mil detenciones arbitrarias.

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Además, habla de 192 casos de violencia sexual perpetrados supuestamente por policías y militares.

Aunado a esto, ante la CPI reposa un informe que indica que entre el 2014 y el 2020 hubo 18.093 asesinatos por parte de la fuerza pública.

Human Rights Watch reconoce que durante la gestión de Nicolás Maduro, con Tarek William Saab en la Fiscalía, han imputado 716 funcionarios de seguridad de Estado por violación de Derechos Humanos. A esta cifra le suman la detención de 40 civiles bajo el mismo delito.

El número de expedientes sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y demás violaciones de DD.HH. en el país es considerable. Sin embargo, hay nombres que en la opinión pública nacional no pueden pasar por alto.

Es así como los casos de José Pernalete, el concejal Fernando Albán, el capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo, David Vallenilla; el capitán de la GNB, Juan Carlos Caguaripano Scott, el piloto y comando Óscar Pérez; el exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, Rufo Chacón  y Geraldine Moreno, entre otros, esperan que se haga justicia.   

El Fiscal de la administración de Maduro, Tarek William Saab aseguró, a propósito de la visita del fiscal Karim Khan, aseguró que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación.

Saab hizo el pronunciamiento al referirse sobre el memorando de cooperación firmado entre la administración de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

«El Fiscal Khan nos informó que ha concluido el examen preliminar de la situación en «Venezuela I» y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad. Esto a pesar de que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se puedan formular cargos», indicó.

«Por ello el Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase preliminar a la fase de investigación», agregó.

Para Saab será a través de la investigación que iniciará la Corte Penal Internacional, que el organismo podrá «conocer la verdad de Venezuela».

Insistió en afirmar que la decisión es un paso adelante para la administración de Maduro.

«Como ya se sabe el día de ayer el Estado venezolano dio un paso adelante; para alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la CPI para que la verdad de Venezuela sea conocida por esa institución. Venezuela ha sido un país ha cooperado internacionalmente en la defensa de los derechos humanos. Esta firma se da tras la visita del fiscal a nuestro país y tras reunirse con las más altas autoridades del Estado».

Añadió que las partes acordaron establecer un mecanismo para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en territorio venezolano.

“La Fiscalía de la CPI está obligada a cooperar activamente acompañando al Estado venezolano en todo lo que requiera para investigar y sancionar. La investigación, y esto está establecido en el memorándum, se va a hacer en Venezuela por las instituciones venezolanas», dijo.

Por último, Saab afirmó que «desde noviembre de 2020 tuvimos una reunión con la antigua Fiscal de la CPI;sólo recibimos acuses de recibo sin el intercambio de información necesario para cumplir con el principio de complementariedad».

Para finalizar recordó que Venezuela ha entregado a la Fiscalía de la Corte 8 informes que compilan más de 3 mil páginas de información sobre las causas adelantadas por  fiscales venezolanos.

El objetivo es individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos.

La presidenta de la ONG, Control Ciudadano, Rocío San Miguel, evaluó la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, como positiva. Dijo que el mensaje principal de pasar a la fase de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, es que se debe procesar a los perpetradores de estos hechos.

«Es la mayor esperanza de justicia para las víctimas de atrocidades cometidas por agentes del Estado», señaló San Miguel.

«Es un mensaje claro y fuerte para perpetradores, especialmente para los mayores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Y tendrá sin duda, un efecto importante entre otras instituciones, en la Fuerza Armada Nacional», agregó.

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Explicó que «en esta fase se pueden documentar los hechos. También determinar responsabilidades por la comisión de graves crímenes contra los derechos humanos en Venezuela».

Aseveró que el meollo de la carta de Entendimiento firmada por Karim Khan y Nicolás Maduro, es que Venezuela se comprometió a «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes».

La idea es «facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela».

«El mejor gesto de cooperación que puede tener el Estado con la oficina del fiscal de  la CPI, a partir del acuerdo suscrito es el de procesar a los mayores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. También el de iniciar las reformas institucionales, legales y administrativas, que impidan la repetición de esos crímenes en Venezuela», consideró San Miguel.

Y finalmente, expresó que «los venezolanos debemos ser  vigilantes del mandato del acuerdo de cooperación», concluyó San Miguel.

Antonio Ledezma desde el exilio celebró la posición fijada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan quien anunció que el caso de la Situación de Venezuela I pasa a la fase de investigación.

A través de sus redes sociales, Ledezma destacó que “Hoy el Fiscal de la Corte Penal internacional, Karim Khan, anuncia que el caso Venezuela entra a Fase de Investigación. Lo hizo desde el territorio Nacional”.

Fue enfático al señalar que “se desmontan las dudas y despejan rumores….El juicio va…”.

Para Ledezma la actuación de la CPI es una esperanza, pues considera que “No quedarán impunes los crímenes de lesa humanidad. Habrá justicia…”.

Aprovechó la oportunidad de enviar un mensaje a todos los venezolanos afectados por esta situación “La lucha de resistencia no ha sido en vano”.

Ledezma hace el pronunciamiento luego que este miércoles la administración de Maduro y la CPI firmaran un memorándum de entendimiento en el cual queda claro que se da inicio a la fase de investigación sobre la Situación Venezuela I.

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Varias ONG y activistas venezolanos pidieron este martes a la Defensoría del Pueblo que coordine reuniones entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien se encuentra de visita en el país, y víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares.

«Cuando el fiscal visita un país establece un mecanismo de cooperación con los Estados; al ser la Defensoría del Pueblo el instituto de protección de derechos humanos de las víctimas, es la que tiene que establecer un contacto directo con todos los afectados», explicó a medios el director de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Vírgüez.

En este caso, el activista explicó que «los afectados» son «víctimas de ejecuciones extrajudiciales y familiares de presos políticos», por lo que pidió que haya «una coordinación, en primera instancia» a través de la Defensoría del Pueblo para que puedan explicar sus «distintas realidades».

El objetivo final es que los parientes puedan tener justicia para sus hijos fallecidos en manifestaciones o en operativos de cuerpos de seguridad del Estado y, en el caso de presos políticos, que tengan las medidas más beneficiosas para su salud y su vida.

Vírgüez explicó que diversas organizaciones están acompañando a las víctimas para hacer esta reclamación en seis estados para solicitarle a la Defensoría del Pueblo que, a partir de mecanismos de cooperación sean escuchadas las víctimas.

Finalmente, reclamó que, si en esta visita de Khan que concluye mañana, «no pueden ser escuchadas las víctimas», se «establezca una mesa técnica» para que pueda haber comunicación.

José Gregorio Pernalete, padre del manifestante Juan Pablo Pernalete, quien murió en las protestas de abril de 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena, pidió al fiscal que «escuche a los padres de primera mano», ya que son «los verdaderos dolientes, los verdaderos afectados».

«En Venezuela, no se imparte una justicia genuina, no hay intenciones de darnos justicia, es por eso que tenemos que seguir insistiendo en que haya una justicia genuina», subrayó.

Por todo ello, pidió a Khan, que inició el lunes su visita a Venezuela, que «escuche a los verdaderos afectados en toda esta tragedia, a los familiares de los asesinados, de los ejecutados, de los presos políticos», así como «de las personas que hoy no están en su casa, simplemente, por el hecho de disentir».

La visita de Khan a Venezuela forma parte de un viaje de diez días a América Latina con una agenda centrada en Colombia, donde estuvo la semana pasada, y Venezuela, que se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que el Gobierno niega.

La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos a sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles.

La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, adelantó en noviembre del año pasado que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Con información de EFE

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, acaba de culminar su visita a Colombia, donde anunció que la institución da por terminada la investigación sobre crímenes de lesa humanidad, en ese país.

Pero, parte de la gira que el jurista hace a América Latina incluye una visita a Venezuela. Por lo tanto, se espera que en el transcurso de las próximas horas llegue al país.

Pero ¿Cuál es su agenda? ¿A qué viene? Debido a su alta investidura y, tomando en cuenta que en la CPI, hay procedimientos abiertos contra Venezuela, el fiscal Khan ha sido muy cuidadoso en no revelar su agenda en Venezuela.

En entrevista con el diario El País, desde Bogotá, el funcionario dijo que viene a «a escuchar y a entablar relaciones».

Calificó de «maravilloso» este hecho y agregó que «Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI».

Aclaró que llegará a Venezuela porque recibió una invitación oficial. «No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino. Fui invitado a Colombia por su presidente y fui invitado a Venezuela por su presidente».

Destacó que Venezuela es «Estado parte que se ha comprometido a mantener los valores del Estatuto de Roma». Por lo que señala que esa invitación «es un paso muy positivo».

Ante la interrogante de si recomendaría algo a Nicolás Maduro para evitar una investigación de la Corte, Khan aclaró que no iba a «usar su formidable plataforma para darle consejos a un jefe de Estado». Esto, en referencia a la entrevista en El País.

Resaltó que «el Estatuto de Roma es claro en cuanto a lo que se necesita (para evitar una investigación). Si un país da un paso al frente, yo me haré a un lado», afirmó.

Y acerca de si considera que el de Venezuela sea un caso complejo, respondió: «No hay ningún caso sencillo, porque trabajamos con genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión».

Aseveró que la CPI tiene «gente maravillosa con mucha experiencia. Juntos nos aseguraremos, si Dios quiere, de cumplir con nuestras responsabilidades con la justicia».

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El proceso en Colombia, ratificó que «estuvo bajo examen preliminar durante 17 años».

«Como jurista, uno tiene que cumplir con el Estatuto, y este dispone de forma muy clara que si un Estado es sincero, está dispuesto y puede procesar los que son considerados crímenes por el Estatuto de Roma, la Corte no debe intervenir en ese proceso», explicó.

«Tras evaluar el admirable trabajo de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] con la Fiscalía General de la Nación, consideramos que ha habido un intento genuino por parte de las instituciones de Colombia de cumplir con sus obligaciones internacionales. Lo correcto era seguir apoyando a Colombia, pero no como parte del examen preliminar», manifestó.

Este lunes, la Corte Penal Internacional confirmó la visita oficial del fiscal Karim Khan a Venezuela. La llegada del alto funcionario de la CPI se enmarca en la gira que hará entre este 25 de octubre y el 3 de noviembre.

La información se conoció a través de un comunicado publicado en el portal de la Corte. Allí se explica que «Karim A.A. Khan QC, realizará una misión de diez días a América Latina». La misma «incluirá visitas oficiales a la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela».

Añade que «la misión a la región parte de las reuniones productivas que el Fiscal ya ha celebrado, tanto en persona como virtualmente, con diversos interesados en relación con las dos situaciones».

Durante las visitas oficiales «el Fiscal Khan y su delegación celebrarán reuniones con distintos interesados», señala. En particular «reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático. Así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales», destaca.

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«Estas visitas reflejan la voluntad del fiscal Khan de intensificar las relaciones directas con la región», resalta el escrito. Agrega que también busca «explorar vías de cooperación en consonancia con el principio de complementariedad».

«Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados Partes mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la región como fiscal de la CPI», afirmó el fiscal.

En vista del notable interés suscitado por esta misión a Colombia y a Venezuela, «la fiscalía seguirá emitiendo anuncios y brindará información adicional al público en el curso de la misión del fiscal a la región», enfatiza el comunicado.

La fiscalía de la CPI lleva a cabo actualmente exámenes preliminares en relación con las situaciones en Bolivia, Colombia, Guinea y Venezuela (I y II).

? El Fiscal de la #CPI, Sr. #KarimAAKhanQC, inicia visitas oficiales a #Colombia y a #Venezuela⤵️https://t.co/FzJqUNZAYn pic.twitter.com/BfYTXaNnb4

Este 15 de junio, el abogado, Karim Khan asumió como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, para hacer frente a los crímenes que consternan al mundo.

Khan es un abogado británico especialista de derechos humanos, ocupaba antes el cargo de subsecretario general de Naciones Unidas.

 Fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como primer asesor especial y jefe del equipo de investigaciones para promover la rendición de cuentas por los crímenes del Estado Islámico.

Dirigió una investigación especial sobre los crímenes del grupo yihadista Estado Islámico.

Karim Khan, pasó varios años liderando casos en la CPI, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

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El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (Eccc) y el Tribunal Especial para el Líbano (STL).

Karim Khan, es especialista en derecho penal internacional y trabajó en múltiples casos desde finales de los noventa.

Lleva la mitad de sus 50 años apostando por garantizar un juicio justo a sus clientes sin importar si son víctimas o acusados.

El abogado ha defendido a personalidades polémicas en lo largo de su carrera, en las cuáles ha tenido éxito.

Logró la absolución en segunda instancia del exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana en 2002.

También protagonizó una polémica defensa del expresidente keniano William Ruto, para quien logró que en 2016 se le retiraran los cargos.

Representó a Saif al-Islam, el hijo más controvertido del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi.

Aún en busca y captura por la CPI por crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con el El Librero, sus credenciales son amplias, al punto que llevó causas internacionales complejas en Asia, Europa y África central, oriental y occidental.

Con una mayoría de 72 países, el 12 de febrero, eligieron a Karim Khan como el nuevo fiscal de la CPI, en sucesión de Fatou Bensouda.

Tomará posesión tras un proceso de selección con voto secreto y dos rondas al que se habían presentado tres candidatos más: el español Carlos Castresana, que obtuvo 5 votos; el irlandés Fergal Gaynor, con 42, y el italiano Francesco Lo Voi, con 3.

Khan estará al frente del organismo durante un período de nueve años.

De esta forma, Karim Khan se convierte en el tercer fiscal, desde que se fundó esta organización en el 2002.

Tendrá nueve años para hacer justicia por una lista de presuntos crímenes internacionales.

Con Joe Biden al frente de Estados Unidos puede tener posibilidades para investigar el papel de los militares en los crímenes en Afganistán.

Los ojos del mundo están puestos sobre Karim Khan, ya que le corresponde determinar un veredicto sobre si investiga o no los delitos de lesa humanidad cometidos por la administración de Nicolás Maduro.

Su antecesora, Fatou  Bensousa, al momento que tomó su cargo se interesó por la situación de Venezuela.

No obstante fue hasta el 2017, cuando decidió investigar los hechos violentos ocurridos durante ese año en las protestas.

Este año, Bensouda determinó que en Venezuela si se habían cometido delitos de lesa humanidad.

Luego, comenzó un proceso para determinar si se investiga a Nicolás Maduro por estos hechos.

Aunque aseguró en su despedida que iba a tener un veredicto, justificó que la administración de Nicolás Maduro emitió argumentos confidenciales que le impidieron que diera el veredicto en los plazos establecidos.