Los dirigentes políticos de la oposición Juan Pablo Guanipa y Luis Florio se pronunciaron en relación con la designación del fiscal general, Larry Devoe, por parte de la Asamblea Nacional.

En sus redes sociales, Guanipa acusó a Devoe de ser “cómplice por años” de “todas las atrocidades del chavismo”.

Subrayó que en 2014 el abogado fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que  “ignoró” y se “burló” de “miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo”.

En este sentido, el político zuliano afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco “dijo nada” sobre las personas que fueron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra Nicolás Maduro.

Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la “entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)” para que no se reportara “todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos”.

Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se “robara” las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a “más de 3.000” personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y “más de 30” muertos.

“Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (…). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder”, manifestó.

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Mismo musiú con diferente cachimbo. Quiero recordar este video de Larry Devoe, quien hoy fue nombrado como fiscal general del régimen. Venezuela merece que la cabeza del Ministerio Público sea un profesional del lado de la gente, no un esbirro al servicio de la dictadura. pic.twitter.com/WaWL486lp0

“Sale un fiscal afecto al gobierno y entra otro fiscal afecto al gobierno”, señaló Capriles.

Por su parte, el partido Primero Justicia aseveró en X que Venezuela merece una Fiscalía y una Defensoría del lado de los derechos humanos y “no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez”, quien ejerce como “presidenta encargada” luego de que EE. UU. capturara a Nicolás Maduro en una operación en Caracas el pasado 3 de enero.

Por su parte, Florido, diputado de la AN, destacó que la mayoría chavista designó a Larry Devoe y Eglée Gonzalez, pasando por encima de las propuestas que ellos hicieron, que eran Magaly Vazquez y Marialbert Barrios.

Sin embargo, Florido dijo que para ellos, lo importante era lograr cabezas de poderes sin parcialidad política, lo cual no se logró.

“Más allá de las designaciones, se perdió la oportunidad de nombrar funcionarios que le generen equilibrio al país”, dijo.

“Los poderes públicos pueden ser los que generan el contrapeso del poder. Creo que esta oportunidad se perdió, en quien ejerce la acción penal y quien defiende a la gente”, agregó.

“Es importante destacar que vamos a seguir defendiendo a los venezolanos desde la AN, para que los poderes públicos generen equilibrio y este país se dirija hacia la democracia”, destacó.

Acá comparto mi posición sobre las designaciones realizadas ayer en la Fiscalía General y la Defensoría del PuebloVenezuela necesita instituciones sin parcialidad política y al servicio del puebloSigamos con firmeza y una visión clara: el objetivo es recuperar la democracia🇻🇪 pic.twitter.com/59p3wQEezg

Con información de EFE

“La designación de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela.":

La afirmación la hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que, en sus redes sociales, señala: “Observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”.

Afirma JEP que “es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo fiscal ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.

También destaca que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar”.

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Sin embargo, agrega que “las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.

Justicia, encuentro y perdón asevera que “para cualquier venezolano, esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”.

Agrega que “el fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables; si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”.

“Al final, lo que estamos viendo es un sistema que se cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia. Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”, concluye la ONG.

#ATENCIÓN La designación de Larry Devoe como Fiscal General y de Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela. Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles…

La ONG Acceso a la Justicia instó a las autoridades a publicar los criterios que se utilizan para evaluar a los aspirantes a fiscal general y defensor del pueblo, en medio del proceso de selección que desarrolla la Asamblea Nacional de Venezuela.

La organización explicó que el baremo, instrumento que define los parámetros de evaluación, es fundamental para medir de forma objetiva la preparación, experiencia y trayectoria de los candidatos. 

A su juicio, su divulgación permitiría garantizar que las designaciones respondan al mérito y no a decisiones discrecionales.

Las organizaciones de la sociedad civil simplemente solicitamos que se cumpla con este mandato legal: que se elabore y publique el baremo. Ello permitirá que, por primera vez, la elección de estos altos funcionarios se realice con transparencia y con base en sus méritos, tal como la Constitución lo contempla.

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Asimismo, recordó que la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece la obligación de fijar estos criterios tanto en la etapa de postulaciones como en la evaluación final, por lo que insistió en que deben ser accesibles al público.

“Lo que pedimos es que se cumpla con la ley y se asegure la transparencia del proceso”, señaló la ONG.

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La Asamblea Nacional (AN) prorrogó el lapso del proceso de postulaciones para los cargos de fiscal general y de defensor del pueblo.

Así lo acordó el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria de este lunes, luego del balance que presentó el titular del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, diputado Giuseppe Alessandrello.

En un punto de información, Alessandrello explicó a la plenaria que para este lunes se cerraba el proceso, pero debido a la demanda de los ciudadanos que requieren más tiempo para reunir los requisitos, el comité se reunió y decidió extender el lapso hasta el día viernes a las 10 de la mañana.

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Asimismo, destacó que, una vez concluida la prórroga para la recepción de documentos, el comité iniciará el proceso de evaluación, como lo indica el cronograma establecido.

También señaló que este proceso de postulaciones ha superado el número de aspirantes con respecto a la última elección que se realizó para elegir al fiscal general, defensor del pueblo y contralor general de la República, lo que "demuestra el interés de los venezolanos por participar en este tipo de actividades", comentó el asambleísta.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Jorge Rodríguez, agradeció la labor realizada por el parlamentario Giuseppe Alessandrello, "por su trabajo incansable en la coordinación de estos comités que le otorga la AN para llevarlos a buen término", expresó. 

Hasta el momento se desconoce el número de candidatos inscritos.

Con información de prensa AN

La Asamblea Nacional designó este miércoles al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe, como fiscal general encargado, después de que Tarek William Saab presentara al Legislativo su renuncia al cargo.

 El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, indicó que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, así como dos diplomados en materia de derechos humanos.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de Convivencia y Paz designado en enero pasado por Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Devoe además fue representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Municiones. 

El nuevo fiscal general está sancionado internacionalmente por el gobierno de Canadá bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales. 

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Desde el 2019 se le señala como “responsable del deterioro de la situación democrática en Venezuela, citando la represión, la persecución política y el socavamiento de las instituciones”.

También era el principal vocero del gobierno de Nicolás Maduro ante organismos internacionales para defender la gestión oficial en DD. HH. y responder a las denuncias de organismos como la ONU o la OEA. 

  Ha sostenido ante organismos internacionales que en Venezuela no existen presos políticos, argumentando que las personas detenidas lo están por la comisión de delitos tipificados en las leyes nacionales.

Igualmente, ha atribuido las dificultades económicas y sociales de Venezuela a las sanciones internacionales y bloqueos liderados por Estados Unidos, asegurando que estos impiden el funcionamiento normal del sistema financiero del país. Con información de EFE.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid Raúl Asencio por dos delitos contra la intimidad tras compartir supuestamente un vídeo de contenido sexual de dos chicas de 16 y 18 años.

Según el escrito de acusación, según adelantó la Cadena SER, el Ministerio Público señala que Asencio presuntamente cometió esos delitos, mientras que a sus tres excompañeros de la cantera (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez) se les atribuye, además, de la grabación de las imágenes íntimas sin consentimiento, el delito de distribución de pornografía infantil, ya que una de las chicas era menor de edad.

Para García, Ruiz y Rodríguez, la Fiscalía solicita una pena de prisión de 4 años y 7 meses, "con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" durante el tiempo de la condena.

En los tres casos, también, y según lo dispuesto en el artículo 57.1 en relación al artículo 48.2 y 3, pide la prohibición de aproximación a las dos víctimas "a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ellas a menos de 500 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio, directo o indirecto, escrito, hablado o visual, durante seis años".

Asimismo, los tres acusados, según el escrito, indemnizarán conjunta y solidariamente a cada una de las víctimas con una cantidad de 25.000 euros.

Para Asencio, la Fiscalía solicita, además de la pena de prisión de dos años y seis meses, una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una indemnización de 5.000 euros a cada una de ellas.

La Fiscalía recuerda que los cuatro acusados se encontraban el 15 de junio de 2023 en una cabaña privada situada en el municipio de Mogán (Gran Canaría) junto con las dos chicas de 16 y 18 años.

Según el escrito, todos tuvieron "pleno conocimiento" de la edad de la chica de 16 años, puesto que se lo preguntaron directamente y recibieron su respuesta.

Posteriormente, afirma la Fiscalía, Ferrán Ruíz y Juan Rodríguez, en una hora no determinada, probablemente entre las 14.30 y las 16.30, mantuvieron relaciones sexuales consentidas con la menor de 16 años, mientras que en el mismo lugar y al mismo tiempo, Andrés García mantuvo otra relación sexual consentida con la chica de 18 años.

Después, Ferrán Ruiz, añade el Ministerio Público, sacó un dispositivo móvil y, sin consentimiento de ninguna de ellas, "comenzó a grabar las relaciones sexuales, pasándole el móvil instantes después a Juan que continuó filmando y fotografiando dicho encuentro".

Una vez finalizada la relación sexual, "Ferrán, Juan y Andrés, con la misma intencionalidad antes mencionada, facilitaron a terceros dichas fotografías y grabaciones".

Sobre Asencio, afirma que se encontraba el 21 de junio de 2023 junto a un amigo y que, con conocimiento de la grabación de contenido sexual de la que disponían los otros acusados, y con "ánimo de menoscabar la intimidad" de las dos víctimas, "solicitó a Juan Rodríguez, desde el dispositivo de su titularidad, dicha grabación que recibió en formato de una visualización" que mostró a un tercero.

Como consecuencia de estos hechos, apunta la Fiscalía, la menor de 16 años y la chica de 18 años presentan "un trastorno de estrés postraumático asociado a sintomatología ansioso depresiva".

 Con información de Efe y Cadena Ser 

Luego que se hiciera viral en redes sociales el caso de una bebé que presuntamente fue declarada muerta en un hospital de La Guaria, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que se tomaron medidas.

El fiscal informó la detención de Deyanira Villegas, ginecobstetra del Hospital José María Vargas de La Guaira, por presuntamente declarar muerto a un recién nacido con vida y enviarlo a la morgue.

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El hecho ocurrió el 4 de marzo en el Hospital José María Vargas, luego Sinaí Tovar Marcano ingresó el 1 marzo, con 24 semanas de embarazo y complicaciones.

Luego de atenderla, la doctora «le informó falsamente a la madre y a sus familiares que había dado a luz un neonato sin signos vitales», indica el fiscal.

Posteriormente, la envió «a la morgue, y en ese preciso momento familiares, que se despidieron de la bebé notaron que lloraba, siendo ingresada a una incubadora donde se encuentra en estado crítico».

?ATENCIÓN El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Deyanira Villegas, ginecobstetra del Hospital José María Vargas de La Guaira, por presuntamente declarar muerto a un recién nacido con vida y enviarlo a la morgue.? @MinpublicoVEN pic.twitter.com/CmrbeEpzgO

En las últimas horas, el Ministerio Público abrió dos investigaciones: una por una pareja de motorizados que llevaban a un menor sin protección y otra por el caso de menores que lanzaron objetos contundentes en la vía pública.

A través de las redes sociales, el fiscal Tarek William Saab, ofreció detalles de ambos casos y mostró los videos donde se evidencian las acciones cometidas.

Saab informó que fueron designadas las Fiscalías 13 y 18 en el estado Bolívar para investigar y sancionar a la pareja de motorizados que trasladaron a un menor sin casco, sin el debido cuidado al cargarlo y a exceso de velocidad en la Av. Caracas de Puerto Ordaz.

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En el caso del video viral donde menores cruzan de un lado al otro la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, lanzando objetos durante la noche, el fiscal anunció que abrió una investigación penal para determinar la responsabilidad de padres y niños.

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La fiscalía citó a una madre que se hizo viral a través de un video de Redes Sociales en el cuál denunciaba que para recargar una bombona de gas tenía un hijo con discapacidad, porque no le aceptaban un carnet de discapacidad.

Según contó a eso, de las 6:20 am tuvo que llevar a su hijo al sitio donde estaba su mamá (la abuela del chico con discapacidad) para que los funcionarios comprobaran la condición del muchacho.

La señora publicó en video en redes sociales y se hizo viral, recibió apoyo los usuarios quienes se solidarizaron con el caso.

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Pero la cosa no quedó allí y este jueves la mujer volvió a publicar otro video, pero esta vez contando que la llamaron en la Fiscalía a declarar para que pusiera una denuncia en contra de los funcionarios, de los que ella se quejó en el primer video que publicó.

?️FUE CITADA Y TEME SER DETENIDAUna madre de Turmero, estado Aragua, informó que fue citada por la Fiscalía y teme ser detenida tras denunciar que fue "obligada" a llevar a su hijo con autismo severo para comprar una bombona de gas, tras no aceptarle el carnet de discapacidad pic.twitter.com/AmM3QojCg9

Todo parece indicar que no se presentó en el Ministerio Público tal como se lo pidieron. Ya que mencionó que no podía decir las cosas y tenía que quedarse con la boca cerrada.

Entre los relatos de la mujer explicó que las personas encargadas del llenadero al darse cuenta que estaba grabando le pidieron que borrara el video para poder entregar la bombona.

?️ DENUNCIA Este es el video que posteó la madre para denunciar que no le querían vender una bombona de gas y le pidieron asistir al sitio con su hijo con autismo severo? Cortesía pic.twitter.com/EMOV99yoPj

Luego de que la Policía de Chacao informara que sancionaría al efectivo policial que le dio un cachetón a un transeúnte. El Fiscal General Tarek William Saab anunció este viernes la designación de la Fiscalía 125 del Área Metropolitana de Caracas para que atiendan el caso.

La Fiscalía 125 de AMC tendrá la misión de investigar y sancionar los actos arbitrarios efectuados por un funcionario adscrito a la Policía de Chacao a un ciudadano.

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Como se recordará el funcionario se encontraba realizando un llamado de atención a un ciudadano que se trasladaba a bordo de su vehículo automotor por las inmediaciones del Centro Comercial Sambil Chacao, «lo agredió físicamente arrojando al suelo su equipo celular, en el cual fueron captados estos hechos violentos».

A través de sus redes sociales, el Fiscal publicó el video en el que se observa al funcionario cometiendo la agresión.

? INICIAN INVESTIGACIÓNEl fiscal general, Tarek William Saab, informa que fue designada la Fiscalía 125 de AMC para investigar y sancionar los actos arbitrarios efectuados por un funcionario adscrito a la Policía de Chacao a un ciudadano pic.twitter.com/rkyuCdDfNf

Para este lunes estarían presentando ante los tribunales a una jefa de la Fiscalía (Unidad de Atención a la Víctima en Caracas), a un fiscal y un comerciante, quienes habrían incurrido en los delitos de retraso judicial u omisión de funcionario público.

Así lo anunció en las redes sociales el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien identificó a los funcionarios públicos como Venice Josefina Blanco García y el fiscal cuarto Jhonny Mendoza.

#AHORA@MinpublicoVEN #AMC #imputará el lunes en sede Fiscalpor el delito de #Retraso u Omisión intencional de Funciones entre otros, a los sujetos:JORGE HERNÁNDEZ ( #comerciante y #denunciante de #oficio ) quien al tener dos causas abiertas en el #MP en su contra como… pic.twitter.com/yesBGyB7Qt

Según el fiscal general, el comerciante Jorge Hernández, quien también está detenido, estaría investigado en dos expedientes penales. El mismo, valiéndose de la amistad con los dos funcionarios públicos, realizó unos pagos fuertes en divisa extranjera, para salir airoso en ambas investigaciones.

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Se pudo conocer que los pagos se realizaron en un establecimiento comercial en la urbanización Las Mercedes, donde fueron grabados los funcionarios recibiendo el dinero.

Según comentó en sus redes sociales el propio Tarek William Saab, durante su gestión han sido investigados y puestos a la orden de los tribunales, unos 450 funcionarios públicos adscritos al Ministerio Público.

La alcaldesa del municipio Simón Rodríguez, Lilys Osuna, acudió este martes a la Fiscalía de El Tigre para solicitar la apertura de una investigación sobre los delitos de incitación al odio y violencia de género.

La mandataria local señaló que desde hace varias semanas se está llevando a cabo una campaña de agresión, acoso y de bullying en su contra y contra sus hijos, específicamente en la red social Tik Tok.

«De violencia contra la mujer, de amenazas y persecución, de daño psicológico a mis hijos, pero además de incitación al odio a través de las redes sociales (…) Aquí quiero detenerme porque se está violando el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, indicó.

Osuna detalló que esta situación más allá de afectarla a ella como funcionaria pública, incide directamente en el bienestar psicológico de sus hijos.

#19Sep ?️ "NO SE METAN CON MI FAMILIA"La alcalde del municipio Simón Rodríguez, Lilys Osuna (@lilysosunam), solicitó una investigación sobre los presuntos delitos de incitación al odio y de violencia de género en su contra y contra su hijapic.twitter.com/J8AjlB0Zmn

La funcionario manifestó que su hijo menor tiene elementos, a su corta edad, como defenderse y que, por supuesto, ella también. «Pero mi hijo más vulnerable, es Sebastián. Yo quiero hablarles a ustedes como madre, ¿cómo se sentirían ustedes que, cuando lleguen a su casa, encuentren a su hijo llorando?», pidió comprensión.

Argumentó que es una mujer de valores, que jamás se ha metido con nadie, pero que los que tienen la campaña en su contra no le perdonan que sea alcaldesa.

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La primera autoridad municipal se pronunció ante las autoridades legales, pidiendo que se cumplan la Ley Constitucional contra el Odio, en su artículo 20; la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 65; y el artículo 68 de la Ley contra Delitos Informáticos, en su apartado violencia informática.

Además hizo mención de los artículos 29,32,65,79,91 y 358 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, refiriendo que es su “deber como madre, garantizar un entorno sano, que continúen siendo criados bajo los preceptos que rigen a mi familia, como lo son los valores del amor y respeto”.

La Fiscalía de Perú pidió este miércoles 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por el fallido intento de golpe de Estado.

De acuerdo a fuentes vinculadas con el Ministerio Público, la petición fue realizada por el fiscal supremo Uriel Terán, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revela EFE.

La prisión preventiva de Castillo concluía este miércoles, 8 días después del intento de Golpe de Estado. Por tanto, el objetivo de la Fiscalía es mantener al expresidente peruano tras las rejas, mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, el tribunal ahora cuenta con 48 horas para celebrar la audiencia sobre el caso. En tal sentido, la justicia decidirá si acepta o rechaza la petición de la Fiscalía respecto a la prisión de Castillo.

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Sobre el presidente destituido pesan los delitos de rebelión y conspiración, tras intentar ejecutar un golpe de Estado. Así mismo, hay una acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” para amañar contratos.

En caso de que la justicia lo declare culpable de los cargos, Castillo puede llegar a pasar 10 años en la cárcel. Igualmente, cabe destacar que la investigación sigue abierta y podrían aumentar los delitos señalados.

Este miércoles se cumplió una semana desde que Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción por decreto y el llamado para formar una nueva constitución.

Pocas horas después, el Congreso destituyó a Castillo y lo detuvo en Lima. La jefatura de Estado recayó sobre Dina Boluarte, entonces vicepresidente, quien ha enfrentado protestas desde su llegada al poder.

Hay una nueva escalada, en el caso de Jesús Chyno Miranda, y es que la madre del cantante, Alcira Pérez, introducirá una solicitud de inhabilitación de su hijo en la fiscalía.

La noticia la dio a conocer el abogado de la familia, Horacio Morales, detalló que el lunes entregaran esta solicitud, con la práctica de médicos profesionales por parte de la ciudadana.

En una entrevista con el Vladimir Villegas para Unión Radio, destacó que fue la propia administración de Nicolás Maduro la que aseguró que el artista no está dentro de sus facultades.

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El abogado reveló que aparentemente se estaría gestando una unión matrimonial civil entre la ciudadana Astrid Falcón y Jesús Miranda.

«Esto lo denunciamos porque sería muy grave (…) Es una persona que por el propio dicho de la ciudadana Astrid carece en cualquier momento de todas sus facultades mentales, imagínese lo grave»; indicó.

Por su parte, la madre del cantante, Alcira Pérez, dijo estar preocupada por «el desespero» de su hijo por casarse.

«Yo no digo que no se case, solo que esté en todas sus facultades mentales para hacerlo», aclaró.

Pérez afirmó que desconoce si su hijo está cumpliendo con el tratamiento que se le había asignado por parte de sus médicos tratantes.

«Yo no tengo conocimiento de que le estén haciendo tratamiento. Él a mi me dijo que sí le están dando medicamentos, pero no sabe lo que le están dando, cuando él tiene una buena memoria»; dijo en entrevista.

La reciente ola de abusos en contra de menores de edad  con características aberrantes es motivo de preocupación para los venezolanos, ante esta realidad el Fiscal Tarek William Saab propone un debate  para pujar una reforma a la Constitución y COPP para duplicar las penas a los pedófilos.

“Creo que es el momento de revisar si algunos delitos extremadamente graves, no merecerían una pena superior a los 30 años de prisión sin que haya beneficio procesales», indicó.

“También creemos necesario abrir un debate en torno a las penas máximas aplicables en el país. Entendemos que para ello sería necesario realizar una enmienda a algunos artículos de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal”, publicó en sus redes.

Explicó el fiscal que se trata del 44 de Constitución, específicamente a su numeral 3.

Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.

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Tarek William Saab: También creemos necesario abrir un debate en torno a las penas máximas aplicables en el país

Durante la rueda de prensa ofrecida con motivo del aniversario del Ministerio Público, William Saab profundizó sobre las características que tienen los más recientes de casos de abuso y depravación en contra de menores

En este sentido, el fiscal asegura que hay todo un entramado que tiene que ver desde la música, costumbre y redes sociales  para sembrar desvalores que estaría bien posicionados en otros partes del mundo.

A juicio de Willam Saab las aberraciones recientemente ocurridas son prácticas foráneas.  Cuestionó que hay países en donde buscan “defender” los derechos sexuales de los niños con el propósito solapado de promover la pedofilia.

Sobre el caso del niño de 5 años de edad abusado por 4 mujeres en complicidad con un hombre que grabó un video; destacó que los familiares del pequeño están implicados en una red de maltrato animal y pornografía infantil.

Justamente esta misma semana capturaron a los integrantes de esta red, la tercera en lo que va de año, dedicada en hacer videos en los cuales, se patea, maltrata y aplasta a animales, para luego vender el video fuera del país.

William Saab indicó que las personas que cometieron el abuso en contra del niño están en Colombia, razón por la cual lanzaron el alerta de la Interpol.

Por el delito de «abuso sexual con penetración en acción continuada y amenazas», en contra de una joven fueron condenados los oficiales de la Fuerza Armada Nacional,  Cristóbal Rafael Orozco y Edicvani José Díaz Lozano.

Así lo dio a conocer la Fiscalía a través de una nota de prensa en la que detallan que los oficiales Cristóbal Rafael Orozco y Edicvani José Díaz Lozano cumplirán su condena de 23 años de cárcel, en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, estado Miranda (centro-norte), reseña EFE.

Se trata de un caso de violación del 23 de marzo de 2021 de una adolescente de 17 años de edad en la academia militar.

La agresión ocurrió cuando la joven se dirigía al cuarto de una compañera y fue “interceptada por el capitán Orozco, quien la tomó por el brazo y la obligó entrar a su habitación, la desnudó y la amenazó con palabras obscenas”.

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Posteriormente, el primer teniente Díaz Lozano se unió a la agresión y  también abusó de la joven.

Un dato de este caso es que la víctima presentó problemas de salud y fue llevada a la enfermería del recinto donde los hombres abusaron de ella nuevamente.

Fue gracias a la denuncia de la familia de la víctima  y “luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, ambos oficiales fueron detenidos”.

Daniela Spanic aseguró a medios de comunicación mexicanos que teme por su vida. En las afueras de una de las oficinas de la Fiscalia mexicana; la gemela de Gaby Spanic dijo que no está tranquila después del ataque que sufrió la semana pasada.

Acompañada por su mánager, Spanic repitió nuevamente el momento cuando fue golpeada en la cabeza por un hombre. «Estaba sentada tomándome un capuccino y pasó este hombre y me golpeó en el cuello. Tan fuerte que empecé a llorar», relató.

Aseguró que una muchacha que iba pasando al verla así se ofreció a ayudarla. Le dijo que era doctora y le ofreció un calmante. Según Daniela, su chofer, vio todo y no se inmutó ante el ataque. «No hizo nada, no tomó fotografías, nada».

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El día del ataque, Daniela Spanic había ido al tribunal, según relató, para ultimar detalles de su divorcio. Entre otras cosas, el tema de su conductor, que lo paga su exesposo Ademar Nahum. «El chofer mío hace lo que le da la gana. Me falta al respeto y yo no quiero más a ese chofer. Llega a la hora que le da la gana, yo me he quedado en la casa y mi hija también por el chofer».

Tan pronto las hermanas Spanic dieron a conocer la situación de violencia que vivió, Nahum negó cualquier vinculación con el ataque. Luego habló para el programa Ventaneando y dijo que, efectivamente, el chofer de su exesposa vio toda la situación. «Fue un indigente que iba pasando y manoteando le dio un zape».

Esto también fue negado por Daniela Spanic y su mánager, quienes dijeron que los médicos que la atendieron poco después del golpe determinaron que tiene un esguince en el cuello.

Volvió a la fiscalía para hacer un retrato hablado del hombre que la atacó; al negar que se tratara de un indigente como dijo su ex.

Con la aplicación del «plan de acción», denominado «El Ministerio Público va a tu Comunidad» unos 3.800 funcionarios de diversas instituciones comparecieron antes los tribunales por diversos delitos, de los cuales al menos 300 fiscales, fueron «condenados».

Así lo informó el fiscal general, Tarek William Saab, este domingo, en una entrevista en el canal Globovisión, citada por El Universal.

William Saab no precisó el tiempo en el que se hicieron los procedimientos. No obstante, indicó que  325 fiscales han sido procesados por delitos de corrupción, tras ser «detenidos a través de denuncias fundamentadas».

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Explicó que «no solamente se reciben denuncias en los despachos fiscales, también las denuncias que el público hace por vía de los medios locales y redes sociales, casos que van de lo mínimo a lo más grande. De allí hemos logrado procesar infinitos casos, ubicando a los denunciantes».

El  plan «El Ministerio Público va a tu Comunidad», tiene sedes en las plazas más populares de los municipios y poblados del país, donde no existían despachos fiscales.

Cabe destacar que estas oficinas cumplen con la función de que los ciudadanos tengan forma de plantear denuncias de hechos que consideran que deben ser atendidos por la Administración de Justicia.

Esto para agilizar los procesos sin necesidad de tener que desplazarse a la capital o a las grandes urbes.

El Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anuncia a través de las redes sociales, que han imputado a un menor de edad, por el caso que fue público y notorio, donde se puede apreciar a un joven agrediendo físicamente a otro en el patio de un colegio en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

#HOY fue #imputado por la #Fiscalía Novena de Bolívar, el adolescente: Carlos Eduardo Rodríguez por el #delito de Lesiones Personales en razón de los hechos relacionados con acoso y violencia escolar ocurrida en el Colegio Loyola #JUSTICIA pic.twitter.com/cegPAUtFUf

Tarek William Saab anuncia en redes sociales el nombre del menor de edad imputado, quien en el video aparece pateando a otro estudiante que está en el piso, ante la vista de otros jóvenes, mientras nadie hace nada al respecto.

Se pudo conocer que el delito imputado son lesiones. Vale destacar que el propio fiscal no informa si hay algunas medidas, pero se estima que debido al acto, podría haber una prohibición de acercamiento del agresor a la víctima.

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Posiblemente, también exista una medida de presentación periódica ante los tribunales y una verificación psicológica con expertos avalados por el Ministerio Público.

Sobre la directiva del colegio donde ocurre el incidente, Colegio Loyola de Puerto Ordaz, no se pudo conocer si hay algún tipo de orientación hacia los menores o se han tomado medidas administrativas.

Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y de Derechos y protección a menores de edad, manifiestan que las agresiones escolares suelen verse con cierta frecuencia en todo el territorio nacional, no solamente en Puerto Ordaz.

Normalmente, cuando uno de estos niños es violento, es porque en el entorno familiar es habitual que existan escenas en donde los padres, hermanos o allegados de una u otra forma, son personas con actos violentos, que pasan a ser costumbre en la casa.

Por esto, los expertos en la materia siempre alertan que más allá de una agresión a un niño, se debe vigilar y examinar su entorno familiar, porque posiblemente detrás hay un compendio de agresiones y violaciones a los derechos fundamentales de los menores de edad.

El Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anuncia este #01May el inicio de una averiguación en contra de la enfermera que cuidada el reconocido productor y presentador de televisión, Gilberto Correa.

Tarek William Saab indica que la investigada responde al nombre de Tania Gianmarco Ianni, quien sería la mujer encargada de los cuidados del reconocido presentador venezolano, la que estaría señalada por los delitos de maltrato, privación ilegítima de libertad y aumento de dosis médica.

Los abogados de Gilberto Correa anunciaron la semana pasada que no estaban autorizados para emitir cualquier tipo de declaración al respecto. Solamente manifestaron que Correa se encontraba bien de salud.

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Dichas declaraciones se producen cuando la noticia es pública y notoria de que Gilberto Correa habría asistido a la sede de Medicina Legal, para ser sometido a unas pruebas, ante la supuesta denuncia de que el conductor estaba bajo una investigación por supuesto envenenamiento.