La Fiscalía de Colombia ocupó con fines de extinción 40 bienes de testaferros del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que es la mayor banda criminal del país.

Estos superarían en valor los 15.300 millones de pesos (unos 3,8 millones de dólares).

Los mismos se trata de 22 inmuebles, 7 vehículos, 3 sociedades comerciales y 8 establecimientos de comercio, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía) y la DIJIN de la Policía en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, informó el ente acusador en un comunicado este jueves.

Las pruebas recogidas en la investigación señalan que estos pertenecen a una red ilegal señalada de comprar y vender bienes muebles e inmuebles con recursos ilícitos.

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Rosemberth Sánchez Ahumada, alias «Rodrigo», es señalado de ser el cabecilla de esta organización, quien supuestamente constituyó empresas para ocultar los dineros producto del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales, agregó la Fiscalía.

En 2019, la Fiscalía judicializó a «Rodrigo», a uno de sus hermanos y varios de sus posibles colaboradores por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, entre otros delitos.

El caso en el que se investiga el supuesto atentado que la banda criminal «La Cordillera» pretendía cometer en 2022 para asesinar al entonces candidato presidencial colombiano Gustavo Petro en el Eje Cafetero está en indagación.

Así lo informó la Fiscalía al responder al presidente, quien cuestionó a ese organismo porque la investigación a un «dirigente político de extrema derecha» de Risaralda que presuntamente aparece como el jefe de esta banda delictiva fue interrumpida por ese organismo, por lo cual no arrojó ningún resultado.

El mensaje del presidente Petro tiene que ver con una investigación realizada por le Revista Raya y RTVC Noticias en la que revelan que «aunque los que querían acabar con su vida no lo lograron» eso «no quiere decir que la amenaza de la banda criminal La Cordillera haya desaparecido», recoge EFE.

El informe periodístico revela que «un mes antes de las denuncias del entonces candidato Gustavo Petro en la Plaza de Soacha, es decir el 18 de abril de 2022, la Fiscalía tenía en su poder el organigrama de la dirección de inteligencia de la Policía el cual confirmaba que César Augusto Giraldo Montoya pertenecía a la primera línea de la banda criminal La Cordillera».

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La investigación que adelanta la Fiscalía frente a esa presunta amenaza contra el entonces candidato a la Presidencia de la República inició con afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país», puntualizó la Fiscalía en su comunicado de este viernes.

En su momento, la campaña de Petro aseguró en un comunicado que «de acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad que recibió información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial».

A partir de ese momento, dice la Fiscalía, se solicitó el refuerzo de medidas de protección para todo el equipo e iniciaron los actos investigativos.

Algunos de los logros contra la Cordillera es la captura de siete de sus cabecillas y la de otros de sus 138 integrantes.

Además, se han proferido 18 sentencias contra miembros de esa organización criminal y que fueron obtenidas después de los hechos en que ocurrió la muerte de Lucas Villa, estudiante universitario de Ciencias del Deporte quien participó de manera activa en las protestas de 2021 contra el gobierno de ese momento, el de Iván Duque.

Las finanzas de ese grupo también han sido afectadas por las acciones de la Fiscalía que ocuparon 58 bienes inmuebles con fines de extinción de dominio. 

Con información de EFE

La Fiscalía General colombiana imputará cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo, David Zuluaga Martínez, quien era el gerente de campaña; graves acusaciones derivadas del caso de corrupción Odebrecht.

Según la Fiscalía: Óscar Iván Zuluaga, en su intención de llegar a la Presidencia de la República, “presuntamente, recibió y no reportó 1’610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista Duda Mendoça”.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Óscar Iván Zuluaga Escobar los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal; así dio a conocer en Caracol, Carolina Valencia Lucas.

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Afirma la Fiscalía que, en 2014, Óscar Iván Zuluaga, entonces candidato a la Presidencia de la República, se habría reunido en varias oportunidades con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli y en los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como «Duda» Mendoça, prestaba a la campaña.

“En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de Duda Mendoça”, subraya el máximo ente investigador agregando que las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga sabía del aporte ilícito.

“Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió”, asegura la Fiscalía General de Colombia.

Una venezolana fue enviada a la cárcel en Colombia, después de ser acusada de someter a actos sexuales a su bebé de un año y grabar videos para luego comercializarlos.

La información la dio a conocer la Fiscalía de Colombia, quien informó que la mujer venezolana fue detenida y judicializada en Bello, departamento de Antioquia.

«La mujer sometió a su bebé de un año a actos sexuales, los cuales habría grabado en video para comercializarlos con ciudadanos extranjeros a través de plataformas virtuales», informó el fiscal general, Francisco Barbosa.

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Los delitos que se le imputan son acceso carnal abusivo con un menor de 14 años agravado y pornografía con un menor de 18 años.

Según la agencia EFE, la seccional de Antioquia inició la investigación y puso en marcha los protocolos para garantizar los derechos de la víctima y el restablecimiento de sus derechos.

También impuso a la mujer medidas de aseguramiento privativas de la libertad en un centro carcelario, mientras que la bebé fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su protección.

Las críticas llegan de parte de Elmer Montaña, abogado de las tías de Mauricio Leal, quienes expresaron su desagrado por el preacuerdo entre Jhonier Leal y la Fiscalía de Colombia.

El jurista escribió en su cuenta de Twitter un corto mensaje en el que expresa la voluntad de las también hermanas de Marleny Hernández (madre de los Leal) acerca del rechazo al mencionando preacuerdo.

Montaña aseguró que la Fiscalía estaría cometiendo omisión y estaría dando un beneficio que pasa por alto la gravedad de un delito como lo fue la tortura que Jhonier Leal habría infligido a su hermano Mauricio.

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Jhonier Leal ya negoció un preacuerdo con la Fiscalía en el que se detallaría que “el acusado pague una pena estipulada entre los 20 y 22 años por homicidio agravado y ocultamiento o alteraciones pruebas”, indicó Noticias RCN.  

La nueva sentencia no puede considerarse un hecho hasta que un juez de conocimiento avale el preacuerdo, en la diligencia que se adelantará este 2 de febrero en los Juzgados de Paloquemao.

Recientemente, el abogado Montaña también denunció que el imputado tenía acceso a un celular en su celda del Búnker de la Fiscalía, y que hasta conocía el número. Además, que estaba contactando a sus familiares para intimidarlos.

No para la polémica por las declaraciones del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa en la que indicó que él habría resuelto el caso Colmenares en solo 20 días. 

Las palabras de Barbosa lo convirtieron en objeto de todo tipo de críticas. De hecho, el papá de Luis Andrés Colmenares se enojó bastante con el fiscal general y le dijo «payaso».

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Más allá de eso, Barbosa no se arrepiente de lo que dijo y reiteró que la Fiscalía que él dirige sí habría sido capaz de establecer qué fue lo que pasó el 31 de octubre del 2010 con el estudiante universitario.

Lo hizo en una entrevista con Noticias RCN en la que le preguntaron si pensaba que se le fue la mano con lo que dijo sobre el caso Colmenares.

“Es que la Fiscalía es distinta, desde el punto de vista de la metodología de investigación, frente a lo que ocurría antes. Por supuesto que hay nuevas herramientas tecnológicas que se utilizan hoy para resolver los casos, pero la escena primaria de un crimen es la misma”, respondió con tono enérgico el fiscal general de Colombia. 

A Barbosa le preguntaron si el hecho de decir eso significaba que se tenía mucha fe.

El funcionario no cambió de parecer y concluyó: “No es que yo me tenga fe, es que les tengo fe a mis funcionarios y a la Fiscalía General de la Nación”.

Barbosa presumió los resultados que cree que ha conseguido durante los dos años que lleva al frente de la Fiscalía, al mismo tiempo que declaró que no tenía ningún cargo de consciencia con las familias de los líderes sociales asesinados porque considera que todos los casos han sido atendidos por sus investigadores.

Con informaciones de Pulzo

A pesar de que se resolvió quién fue el culpable de los homicidios de Mauricio Leal y su mamá, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha sido centro de críticas por parte de quienes cuestionan su comportamiento en otros casos.

El tema provocó la molestia del propio funcionario luego de que el presentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira le envió unas preguntas durante la rueda de prensa.

Lo cierto es que esa conferencia ante los medios también causó una molestia adicional, luego de que Barbosa afirmó que hubieran podido resolver el caso del asesinato del joven Luis Andrés Colmenares en 20 días.

Esas declaraciones del Fiscal Barbosa conllevó a la respuesta del padre de ese joven fallecido.

Luis Alonso Colmenares aprovechó su cuenta en Instagram, donde tiene más de 66.800 seguidores, para responder con molestia por la mención de Francisco Barbosa en la rueda de prensa.

«Le digo al fiscal Barbosa, que no sea payaso. A venir ahora a posar de eficiente cuando la ineficiencia le ha ganado la partida. La corrupción nos tapa a todos. El caso de Luis no lo hubiera resuelto usted en 20 días. ¿Por qué no le pregunta a los agentes del CTI que intervinieron en el caso por qué se pusieron del lado de los victimarios y no de nosotros las víctimas?”, afirmó.

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Colmenares agregó acerca del caso de su hijo otra duda con la que cuestionó la actuación de la organización en medio del caso del joven, fallecido en 2010 y cuyo caso fue utilizado como ejemplo 11 años después de su asesinato.

“Explíqueme, ¿por qué la Fiscalía no intervino en el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia si lo que se evidenció fue precisamente la tesis de la Fiscalía en el Tribunal? No sea payaso, fiscal Barbosa”, dijo Colmenares.

“Sus inferencias sin fundamento desprestigian el dolor de mi familia en el caso de mi hijo. Sinvergüenza, respete a mi familia. Deje de buscar mérito donde no lo tiene”, concluyó en el texto de su publicación.

Las investigaciones frente al desfalco de 70.000 millones en el caso de Centros Poblados del Ministerio de las TIC avanzan más.

El primer capturado fue el abogado Emilio Tapia. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ya alistó la imputación para el jurista y otras nuevas capturas de más empresarios implicados.

El ente acusador anunció que la audiencia de imputación de cargos contra Tapia, los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; el representante de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde, y el representante de la Unión Temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, está planeada para el próximo 23 de febrero de 2022

Los cargos por los que se les acusa a los capturados son peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Tapia fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, su abogado había solicitado al juez que se le permitiera estar en su casa de Barranquilla, debido a varios riesgos que corre por motines en los penales y algunos problemas de salud.

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Se reveló que, luego de que Tapia recibiera un adelanto por el contrato con el Ministerio de las TIC, este pagó 150.000 dólares por un viaje, junto a su familia, a Miami. Además, solicitó un estudio de un avión que pretendía comprarse, pues, con la investigación por el carrusel de la contratación, Tapia quería transportarse únicamente en vuelos chárter y acompañado de escoltas.  

El profesor de una escuela distrital de Bogotá lo buscan las autoridades porque abusó sexualmente de al menos nueve niñas en Colombia.

La Fiscalía Nacional emitió la orden de captura contra el docente  Herman Berrio, quien presuntamente se aprovechó de su cargo para llevar a las niñas a una fundación y abusar de ellas.

Según el abogado de las mujeres que conversó con BluRadio, Alexander Rogelis, espera que el docente lo capturen pronto.

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“Una vez se haga efectiva la orden de captura por parte de las autoridades, estaremos presentes en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y la solicitud y media de aseguramiento”, señaló el abogado.

El representante legal dijo estar preocupado porque se corrió el rumor de que el hombre se fue del país.

“Ya llevamos 1 año esperando que se haga un proceso justo frente al profesor y su esposa en contra de todas las cosas que nos hicieron, esperamos pronta justicia”, dijo una de las victimas.

Por este caso, la personería adelanta una investigación disciplinaria para encontrar al docente, apartado de su cargo mientras avanza el proceso.

Durante la rueda de prensa junto al ministro de Defensa, Diego Molano, y el general del Ejército, Luis Fernando Navarro, el fiscal Francisco Barbosa informó que se conformó un equipo integrado por dos fiscales y 21 investigadores del crimen organizado.

Aprovechó la oportunidad para adelantar que «se descarta que el autor del atentado se haya identificado como funcionario de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier otra entidad pública».

Dentro de la información que manejan destaca que una persona ingresó a la Brigada 30 a las 12:35 del mediodía en una camioneta Totoya Fortuner color blanco, modelo 2017.

Por lo que investigan si “se cumplieron o no los protocolos de seguridad en torno a los cuales se producen los ingresos en estas unidades militares».

Barbosa ofreció detalles como que esta persona parqueó el vehículo hasta las 2:45 p.m. Posteriormente el sujeto sale de la sede militar.

“Cinco minutos después, mueven el vehículo del dispensario hacia una zona donde están las instalaciones de la estructura de apoyo de la Fiscalía General de la Nación», agregó.

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Explicó que todo el equipo está desplegado en el terreno, por lo que han recabado pistas como los 2.000 metros de cordón detonante.

No obstante, aún no han determinado el tipo de explosivo ni la cantidad utilizada.

Otro dato importante es que identificaron al dueño de la camioneta en Cúcuta, quien manifestó haberla vendido por $120 millones.

Detalló que recibió dos pagos. El primer pago lo recibió el 2 de junio y el 4 de junio el segundo, ambos enviados por domiciliarios.

La Fiscalía espera dar en los próximos días más detalles del caso a Colombia.

El Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, anunció el inicio de una ofensiva contra las disidencias del frente décimo de las Farc. Las mismas operan en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La actividad se hizo “en coordinación con el Ejército y la Policía. Pudimos dar un golpe muy importante contra las disidencias del Frente decimo de la Farc». Estas «delinquen en zona de frontera de Venezuela», dijo, en un video difundido por Twitter.

Las acciones también van contra «el Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3), encargado de liderar las masas urbanas que han causado tanto daño en los últimos 46 días en el país”, reseñó el Fiscal

Barbosa también informó sobre “la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales». Estas hacen parte «de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región».

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“Hay indicios de que estos funcionarios involucrados otorgaban contratos auxiliadores de la disidencia”, detalló Barbosa.  

Asimismo, se informó que entre los detenidos se encuentra “un secretario de la Gobernación de Arauca. También «dos concejales (de Fortul y de Saravena), un secretario de la alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y 4 personas que habrían obtenido vehículos de la UNP con amenazas falsas”.

Igualmente, informó de la captura de una enfermera “quien presuntamente utilizó un documento de la UNP para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates».

Dijo que los llevó «al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito”.

«No es posible aceptar que servidores públicos, que juraron proteger la institucionalidad, defrauden la confianza. También el respeto que se le deben a las instituciones en Colombia», dijo el funcionario.

Del mismo modo, «no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo. Tampoco que permitan que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”, señaló el Fiscal.

“No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, agregó.

#ATENCIÓN | El Fiscal General, Francisco Barbosa, anunció una ofensiva contra las disidencias del frente décimo de las FARC que delinquen en zona de frontera con Venezuela. 16 personas fueron capturadas y judicializadas. pic.twitter.com/tFZ0kXZvhU

La #Fiscalía logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región. pic.twitter.com/OBFhFWFmw3

El Fiscal General, Francisco Barbosa, entregó a los delegados de la Organización de Estados Americanos y de la ONU un informe con las actuaciones penales que se adelantan en medio de las protestas.

Entre ellas detalles del caso Popayán, para establecer la posible agresión sexual por parte de miembros de la fuerza pública. También la investigación de 15 homicidios relacionados con las protestas.

Además de los asesinatos de Lucas Villa en Pereira y del capitán Alberto Solano en Soacha.

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El funcionario informó que estos hechos generaron que la Fiscalía colombiana abriera ocho líneas de investigación para esclarecer los delitos cometidos en medio de las protestas

1). Esclarecimiento de homicidios directamente relacionados con las manifestaciones

2). Investigaciones por situaciones de violencia que generen destrucción de bienes públicos y privados

3). Lesiones personales y/o abuso de la Fuerza Pública a los ciudadanos

4). Lesionados o violencia contra servidor público

5). Terrorismo urbano

6). Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) para la ubicación de personas

7). Persecución de dineros de quienes financian el terrorismo

8). Aplicación de la perspectiva de género en la investigación de las agresiones sexuales cometidas en el marco de la protesta.

También el ente acusador puso de presente los actos de vandalismo contra sedes de la justicia en Cali, Popayán y la Plata (Huila).

Además le informó a los delegados que se han localizado a 261 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las tres semanas que ya completan las movilizaciones.

Asimismo que este miércoles se creará una comisión especial con enfoque de género para que las mujeres participantes de las marchas puedan reportar agresiones.

En ese mismo sentido este miércoles se supo que la Procuraduría colombiana adelanta 80 procesos disciplinarios relacionados con el paro.

Además que adelanta 9 acciones disciplinarias contra funcionarios del Estado y 71 contra funcionarios de la fuerza pública.

#ATENCIÓN | Fiscal Francisco Barbosa sostuvo reuniones con miembros de la Comunidad Internacional, a quienes les presentó informe de acciones investigativas y judiciales desarrolladas frente a hechos ocurridos con ocasión de protesta social registrada desde el pasado 28 de abril. pic.twitter.com/36RKODpUma

De los 34 asesinatos ocurridos durante el paro nacional, la Fiscalía de Colombia precisó que se recopiló material probatorio de 14 homicidios ocurridos durante las manifestaciones que se suscitaron desde el 28 de abril al 11 de mayo.

La información la ofreció el fiscal general, Francisco Barbosa, durante su intervención en plenaria de la Cámara de representantes.

“Sobre las muertes registradas, conocidas por distintas fuentes, se tiene un balance de 34 casos ocurridos entre el 28 de abril y este 11 de mayo. Se recopiló material probatorio que permite evidenciar que 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones”, explicó Barbosa.

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Asimismo, indicó que de los 14 homicidios, al menos tres los cometieron funcionarios de la policía. “Frente a los homicidios tenemos cuatro esclarecidos. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades”.  

Precisó que tres homicidios lo cometieron policías en el marco de las protestas.

Otro lo cometieron contra un capitán de la Policía en la ciudad de Soacha, reseñó BluRadio.

Agregó que hay otros 10 casos en estudio y 10 adicionales que no tienen relación con el Paro.

Explicó que la justicia militar capturó a un policía y que por esa razón se ha generado “un conflicto de jurisdicción”.

“Esos casos, cuando se configura violación a los derechos humanos, es competencia de la Fiscalía”, recalcó.

Barbosa enfatizó que no permitirá que ningún caso “en donde existan esos análisis y esos requisitos, vayan a la jurisdicción militar”.

#ATENCIÓN | Fiscal Barbosa reporta avances de acciones investigativas adelantadas con ocasión de jornadas de protesta. Durante su intervención en Plenaria de Cámara de Representantes se refirió a la manera cómo la entidad ha enfrentado la situación desde el pasado 28 de abril. pic.twitter.com/oQ8bpxseCv

El Patrullero de la policía Juan Camilo Lloreda admitió los delitos de homicidio agravado y tortura agravada hacia el abogado Javier Ordónez. 

Acuerdo al que llegó con la Fiscalía contempla el pago de una millonaria multa y un acto público de perdón dirigido a las víctimas.

Como parte de un acto de arrepentimiento y colaboración para esclarecer lo ocurrido a Javier Ordóñez, quien murió a causa de golpes infligidos por la policía colombiana.

Juan Camilo Lloreda, pagará 20 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales.

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El Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá avalará el preacuerdo firmado entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y la Fiscalía.

Ordóñez falleció en la madrugada 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, después de encontrarse con un grupo de policías.

El patrullero Juan Camilo Lloreda, le propinó golpes y varias descargas eléctricas con una pistola taser a Ordóñez.

Agresión que fue grabada y divulgada por redes sociales, imágenes que provocaron una ola de protestas.

“Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada”, indicó la Fiscalía colombiana.

Los policías inmersos en el crimen (Rodríguez y LLoreda) fueron destituidos e inhabilitados por 20 años, la máxima sanción disciplinaria a un servidor público en Colombia.

En el juicio se confirmó que actuaron con brutalidad policial, crueldad, cobardía e intensión de hacer daño.

Javier Ordóñez murió a consecuencia de la golpiza que ocasionó que su riño izquierdo se reventara.

#ATENCIÓN | 20 años de prisión cumplirá patrullero involucrado en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez. Se trata de Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien, mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad en estos hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020, en #Bogotá. pic.twitter.com/0jCRzKwBxy

Por xenofobia denuncian a la alcaldesa Claudia López ante la Fiscalía.

Lo hizo el congresista colombiano David Racero, argumenta que la alcaldesa de Bogotá discrimina y hostiga a migrantes venezolanos.

“Por ello, y adhiriéndome a la opinión expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no debemos permitir prácticas e insinuaciones xenófobas o discriminatorias en contra de ningún grupo poblacional o colectivo”, aseguró.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en Noticias Caracol sobre las acusaciones de xenofobia y racismo que ha recibido.

Dijo que “hay hipocresía política” en quienes arremeten contra ella y la han exhortado, regañado e invitado a que recapacite y no promueva la xenofobia en el país.

Y aseguró que lo único que busca con sus denuncias es visibilizar la situación a la que se enfrenta la capital del país en materia de seguridad.

«Tenemos que reconocer que hay un factor, no es el único, pero algunos migrantes están participando en delitos. A Edwin Caro lo asesinaron dos migrantes por pedirle una requisa», dijo

Agregó que «el que venga trabajar, bienvenido, pero tenemos que reaccionar en defensa de nuestros ciudadanos cuando alguno, en vez de honrar nuestra confianza, la defrauda y nos agrede».

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Entre tanto la mandataria también manifestó en sus redes sociales, su opinión frente a las acusaciones de xenofobia en su contra por parte de políticos, concejales y demás líderes de opinión.

Los llamo «hipócritas políticos» y aseguró que por denunciar la realidad y enfrentarla están insultando a los bogotanos y colombianos como xenófobos.

López ha sido cuestionada en varias ocasiones por sus declaraciones que relacionan a ciudadanos venezolanos con la criminalidad en Colombia.

La hipocresía política desde la comodidad del sueldo, el zoom y twitter mientras los ciudadanos padecen en las calles ataques de algunos migrantes venezolanos muy violentos.Y por denunciar esa realidad y enfrentarla además insultan a los bogotanos y colombianos como xenófobos. https://t.co/huRII7Fiy7

El fiscal Gabriel Jaimes pidió a un juez cerrar la investigación que se adelantaba contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Esta decisión tiene lugar después de nueve años. El expediente del caso se remonta a 2012, cuando Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda. Lo hizo  por, precisamente, la supuesta manipulación de testigos. De manera puntual, lo acusó de ir a las cárceles del país buscando declaraciones en su contra.

«Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe», informó la Fiscalía en un comunicado.

Pero casi dos años después, en septiembre de 2014, Cepeda hizo un debate en el Congreso colombiano. Allí presentó el testimonio del exparamilitar del Bloque Metro Juan Guillermo Monsalve, recordó Noticias Caracol.

Este le narró a Cepeda que en la Hacienda Guacharacas se habrían promovido grupos de autodefensa a mediados de los años 90.

En concreto, señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe -enjuiciado por el caso de Los Doce Apóstoles -, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar a estos grupos ilegales.

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Tras seis años de investigación, en febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que Iván Cepeda no manipuló a testigo alguno. En cambio, sí halló evidencias de que presuntamente la defensa del expresidente Uribe había recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político.

La información añadió que las conclusiones «serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto» y que «podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados».

La Fiscalía General de Colombia impuso medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán, avaluadas en 38.000.000.000 de pesos, equivalentes a 9.8 millones de dólares.

«La decisión para el trámite de extinción del derecho de dominio, se relaciona con la investigación que le adelanta el ente acusador contra Saab Morán», señala el comunicado de la Fiscalía.

Explica que la investigación es «por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias y concierto para delinquir».

Sobre los bienes se impusieron las medidas de: suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

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Se trata de propiedades ubicados en Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico). «Corresponden a 2 inmuebles, 3 sociedades (Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS) y una motocicleta Harley Davidson».

El organismo dijo que «entre estas propiedades se destaca la sociedad Promotora Dubera SAS, con un valor aproximado de $35.000 millones. También un inmueble en Cartagena avaluado en $2.000 millones».

De acuerdo con la investigación, «las sociedades en mención al parecer se utilizaban para el lavado de activos de una organización delictiva. Se evidenció que habrían sido constituidas, en papel, como fachada por personas allegadas a Alex Saab».

Agrega que las empresas «no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada».

#17Oct Fiscalía de Colombia impone medidas cautelares a bienes de Alex Saab valoradas en casi US$ 10 millonesVía @yucra1@ImpactoVE ? pic.twitter.com/6evheNoXzH

Fiscalía General de la Nación, emite comunicado en el que confirma que serán llamados a rendir declaración juramentada dirigentes del partido Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, jefe del partido Farc, y el senador Julián Gallo Cubillos – Carlos Lozada por caso Álvaro Gómez.De esta manera Londoño será escuchado el 4 de noviembre a las 9 de la mañana, y Gallo, el 5 de noviembre, a la misma hora.

Bajo declaración juramentada responderán por las declaraciones conocidas en los últimos días, en las que se responsabilizan del magnicidio del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado (2 de noviembre de 1995).

«En cumplimiento del deber constitucional de investigar delitos, la Fiscalía General de la Nación, continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas Hasta morir, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado», se lee en el comunicado.

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Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reconoció la semana pasada en carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP que el grupo guerrillero había ordenado la muerte de Gómez Hurtado.

La JEP anunció – el fin de semana –  que a través de una carta representantes del antiguo secretariado de las FARC ofrecieron

1. Aportar verdad

2. Esclarecer los hechos ocurridos

3. Asumir tempranamente la responsabilidad.

Esto para los homicidios de Gómez Hurtado, del general (r) Fernando Landazábal, del activista de la paz Jesús Antonio Bejarano, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez.

Por su parte, Julián Gallo, conocido con el alias de Carlos Lozada, reconoció en entrevista con El Espectador, que él ejecutó el magnicidio, acatando órdenes del ‘Mono Jojoy’.

Además, en ese contexto, la Fiscalía ordenó varias investigaciones.

«Este acto de investigación se adelantará mediante diligencias de inspección y labores de campo que sean necesarias sin afectación de derechos fundamentales», se lee en el documento.

Asimismo se comisiona al grupo de Policía Judicial de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema por un término de 30 días. Y se piden las siguientes pruebas:

#ATENCIÓN | Comunicado de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/x10tqEuEA7

Tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía colombiana por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, los policías Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, no aceptaron cargos e irán a Juicio.

Esto obliga a la justicia a llevarlos a juicio para demostrar su inocencia. En medio de su negativa su defensa también planteó que un conflicto de competencias.

Según ellos, el proceso no lo debería llevar la justicia ordinaria sino la Justicia Penal Militar. 

Asimismo debido al interés que ha generado el caso, la Fiscalía solicitó que la audiencia se hiciera a puerta cerrada y de forma reservada para no afectar la investigación.Lea también: «INFAME Y MEDIOCRE»: régimen de Maduro responde al informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad

Esta petición fue apoyada por las demás partes y la juez ordenó que no se permitiera el acceso a los medios.

En la primera audiencia, que fue la de imputación de cargos, la Fiscalía dio a conocer las evidencias como testimonios y dictámenes de peritos.

Incluyó el resultado de la necropsia de Medicina Legal que daba cuenta de la contundencia con la que fue golpeado el abogado Javier Ordóñez.

También dio a conocer testimonios sobre los golpes que habría seguido recibiendo la víctima dentro del Centro Atención Inmediata de Villaluz (occidente de Bogotá).

Necropsia entregada por el Instituto de Medina Legal en Colombia reveló que a Javier Ordóñez le reventaron su riñón producto de golpes contundentes en su abdomen.

El dictamen forense, el cual detalla las causa de la muerte, asegura que esto ocasionó una hemorragia masiva abdominal.

En la audiencia la Fiscalía pedirá que los policías sean asegurados en centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra. 

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía la indagación preliminar que seguía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los casos de las masacres de El Aro, San Roque y la Granja.

El expediente con la investigación por el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, también se remitió al órgano investigador colombiano. 

Las indagaciones llegan a la Fiscalía colombiana porque Álvaro Uribe Vélez renunció al Senado.

Y, por lo tanto, la Corte perdió competencia para investigarlo por estos hechos.

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Estos delitos fueron cometidos por paramilitares cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

El expresidente Uribe tenía en la Corte Suprema de Justicia una indagación preliminar por estos hechos.

Justo este miércoles estaba citado a una versión libre este miércoles para que respondiera por las masacres. 

Sin embargo, el alto tribunal estableció que tras la renuncia de Uribe al Senado, así como perdió competencia para seguir investigándolo por presunto soborno a testigos y fraude procesal, tampoco puede seguir llevando el caso preliminar en su contra por estos delitos cometidos por los paramilitares. 

Con información de El Tiempo