El Secretario General de la ONU, António Guterres, dio luz verde para que la organización comience a administrar un nuevo fondo por valor de cientos de millones de dólares para abordar las necesidades de emergencia en Venezuela.

La información se conoció a través del portal The New Humanitarian que cita «tres fuentes» conocedoras del hecho.

La medida se produce casi un año después de que la administración de Nicolás Maduro y la oposición firmaran un acuerdo para crear el fondo, que exige que algunos de los 3.000 millones de dólares en activos venezolanos congelados por sanciones en el extranjero se desvíen para financiar programas en cuatro áreas: salud, educación, seguridad alimentaria y electricidad.

Igualmente, la orden de Guterres se produce luego de la firma de los acuerdos de Barbados entre representantes de Maduro y de la Plataforma Unitaria.

Es poco probable que el fondo fiduciario esté en funcionamiento de manera inminente, dijeron las fuentes, que hablaron de forma independiente con The New Humanitarian bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

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Advierten que tomará tiempo superar las capas de burocracia de la ONU y la necesidad de identificar los fondos que pueden transferirse.

Señala que tanto Maduro como la oposición deben aceptar el desbloqueo de fondos específicos para que esto suceda, Por ello no está claro cuánto tiempo les llevará poder movilizar el dinero.

Las fuentes dijeron que la totalidad de los 3.000 millones de dólares –que han estado retenidos en bancos extranjeros debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales– no estarán disponibles en el corto plazo, y ahora estiman que alrededor de 600 millones de dólares podrían ser descongelados progresivamente.

Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del colapso económico del país desde 2015, y los 28,7 millones restantes enfrentan escasez de alimentos, el colapso de los sistemas de salud y educación y una inflación galopante.

Venezuela ha recibido sólo alrededor del 30,8% de los 720 millones de dólares solicitados en el Plan de Respuesta Humanitaria elaborado por el organismo de coordinación de la ayuda de emergencia de la ONU, OCHA. Se suponía que esto ayudaría a 5,2 millones de venezolanos para finales de este año.

A pesar de las múltiples crisis superpuestas que azotan al país, se necesitaron meses de negociaciones para obtener la autorización de la ONU para liberar los fondos, una decisión que se espera que se haga pública en los próximos días.

Las conversaciones sobre el fondo fiduciario comenzaron durante las reuniones del “diálogo de México” que llevaron al gobierno de Maduro y a la oposición a una mesa de negociaciones en 2021 para encontrar una salida a la crisis política de Venezuela y organizar elecciones libres en 2024.

El “Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano”, también conocido como “acuerdo social”, se firmó en noviembre de 2022 y se consideró un avance histórico dadas las tensiones políticas de Venezuela y las persistentes negaciones de la crisis humanitaria por parte del régimen de Maduro.

Pero las negociaciones políticas en Venezuela se estancaron después de eso, y a Estados Unidos le tomó seis meses aceptar proteger la cuenta del fondo de los acreedores, y otros cinco meses para que la oficina del secretario general de la ONU aceptara administrar el fondo fiduciario.

Aunque las fuentes dicen que no está relacionado, la luz verde de la ONU se produce cuando el gobierno venezolano y la oposición emitieron una declaración pública conjunta el 17 de octubre, diciendo que habían acordado reanudar las negociaciones políticas, con Noruega como facilitador.

“La reanudación de las negociaciones es una buena señal. Ahora es más urgente que nunca que se implemente el acuerdo humanitario alcanzado por las partes”, dijo a The New Humanitarian Geoff Ramsey, investigador principal sobre Venezuela y Colombia en el Atlantic Council.

“La ONU tiene la responsabilidad de trabajar para implementarlo lo antes posible. Esto es algo por lo que todos los partidos en Venezuela han estado presionando durante meses”.

Las conversaciones informales sobre el uso de dinero sancionado para satisfacer las necesidades humanitarias de Venezuela comenzaron en 2019 después de que Mark Lowcock, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU en ese momento, visitara el país y presionara para encontrar una manera de “desbloquear los recursos venezolanos para contribuir más a la acción humanitaria”.

El llamamiento no ganó mucho impulso hasta que llegó la pandemia de COVID-19 y se liberaron algunos fondos limitados, asignados a la agencia regional de salud OPS y UNICEF para la respuesta a la COVID-19.

Cuando finalmente comenzaron las conversaciones formales en México en agosto de 2021, generaron esperanzas de que el fondo fiduciario pronto ofrecería una ayuda más amplia a los venezolanos.

Pero el progreso quedó estancado por una serie de cuestiones espinosas: el estatus legal de algunos de los activos, que están congelados en jurisdicciones tanto de Europa como de Estados Unidos; negociaciones políticas estancadas; EE.UU. duda sobre alojar la cuenta; y preocupaciones en la ONU sobre asumir la responsabilidad de administrar el fondo.

«El tiempo que está tomando establecer el fondo no es muy humanitario», dijo Susana Raffalli, nutricionista y asesora de ayuda de emergencia venezolana.

«La ONU como intermediario es una opción muy costosa e ineficiente, pero en el mediano plazo este dinero ayudará a recuperar algunos de los servicios públicos tan necesarios».

Feliciano Reyna, fundador de Acción Solidaria, una ONG venezolana que brinda medicamentos y tratamiento a venezolanos VIH positivos, dijo: “Venezuela se encuentra entre los países con los planes de respuesta humanitaria con menos financiación del mundo”.

“Cualquiera que sea el monto de las transferencias, marcará la diferencia al ayudar a ampliar la respuesta humanitaria”, dijo Reyna.

“También será una gran noticia por lo que significa si puede contribuir a encontrar soluciones a conflictos políticos que también tengan un impacto social en el país”.

El retraso a nivel de la ONU, dijeron las fuentes, estaba relacionado con el alto nivel de riesgo en la gestión del fondo y la necesidad de mitigarlos. Los desafíos específicos han incluido: descubrir cómo manejar los activos en litigio por parte de los acreedores; minimizar el fraude y la corrupción, y establecer mecanismos de control para garantizar la adecuada implementación de los programas acordados.

El riesgo reputacional fue probablemente otro factor que hizo que la decisión de la ONU se prolongara durante meses.

«Existe cierta preocupación residual respecto de los experimentos fallidos en la gestión de grandes fondos en otros países en el pasado, particularmente con Petróleo por Alimentos en Irak», dijo Ramsey, refiriéndose al programa de 1995 que permitió a Irak vender petróleo a cambio de alimentos y suministros de asistencia humanitaria. Ese programa fue cancelado después de un escándalo de corrupción.

Fuentes cercanas al proceso de Venezuela dijeron que antes de que el acuerdo humanitario llegara a la sede de la ONU en Nueva York, era necesario que hubiera consenso sobre la gestión del fondo social y qué programas financiar.

La OPS, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementarán los programas durante un período de tres años para eliminarlos de la política electoral; mientras que expertos del gobierno venezolano y de la oposición supervisarán el despliegue, dijeron las fuentes, y agregaron que aún se están elaborando los ajustes finales a la estructura original.

The New Humanitarian contactó a OCHA en Nueva York pero no obtuvo confirmación oficial de un próximo anuncio.

Eri Kaneko, portavoz de OCHA, envió este mensaje: “La ONU continúa colaborando con las partes con miras a encontrar una solución que permita la implementación del acuerdo social”.

La promesa de la creación del Fondo Social, con más de 3.000 millones de dólares, por parte de los participantes en el diálogo, se quedó en eso, en una promesa y varios expertos en Venezuela consideran que, ante las necesidades del país», esto «no puede esperar».

De esto hablaron los especialistas en distintas áreas de la emergencia humanitaria como Susana Raffalli, Feliciano Reyna, Mercedes de Freitas y Julio Castro, entre otros, en el foro en línea: «Los venezolanos no pueden esperar», moderado por Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Castro, médico internista e infectólogo, experto en datos de la situación sanitaria y humanitaria en Venezuela, dijo en el evento, que en este caso, «la nutrición tiene que ser prioridad, pues en la medida que se invierta ahora se evita un impacto futuro», en referencia a que en los últimos años las necesidades alimentarias de los venezolanos son mayores.

Por otro lado, el especialista lamenta que «la salud se resuelve metiéndole la mano en el bolsillo a cada venezolano, pero si se crea un fondo para enfermedades crónicas evitas que la gente gaste en medicamentos y eso permitiría que aumente su nivel adquisitivo».

Entre tanto, Susana Raffalli, experta en nutrición, destaca que la situación no es la misma del 2017, pero de igual forma se requieren recursos.

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«Le tengo mucha fe a los fondos en materia de resultados de bienestar concreto. Este fondo administrado bajo una mesa de coordinación, terminan generando confianza», enfatizó.

«En cuanto a prioridades, tenemos que seguir insistiendo en tener una infancia con mil días asegurados que incluya inmunizaciones, alimentación y servicios, mujeres, embarazadas, adultos mayores y poblaciones vulnerables», agregó.

Aunque aclara que «el Fondo no puede sustituir la ayuda internacional, conseguida por las agencias con fondos que se recolectaron. Se deben crear sistema de gobernanza que no sea tan costoso, con un cuerpo regulador, un cuerpo auditor y el ejecutor con una junta asesora”.

Asimismo, Janeth Márquez, directora nacional de Cáritas de Venezuela, enfatizó en que «hay una desconfianza muy grande. Pero creemos que vale la pena tener una mesa social por Venezuela que permita tener varias estrategias, entre ellas el plan de estrategia humanitaria de OCHA».

«No puede ser que los venezolanos estén pasando tantas necesidades existiendo tantos fondos protegidos. En Cáritas estamos dispuestos a participar, nos hemos capacitado para ello», expresó.

«Desde Cáritas estamos de acuerdo con el fondo, con la participación de la sociedad civil organizada, para que con gerencia transparente se dé respuesta a estas necesidades. Creemos que si se puede, estamos en un buen momento», manifestó.

De su parte, De Freitas resaltó que «tenemos un Estado con un índice de corrupción altísimo, con 16.600 millones de dólares que se perdieron. Ante esta situación el fondo de hace más necesario».

Por ello, recordó que «esos recursos están, existen. Si la Plataforma Unitaria y el gobierno se ponen de acuerdo y se firma su liberación, ayudaría a atender las necesidades más urgentes de la población vulnerable».

#25Jul? UNA LIGERA MEJORÍALa especialista Susana Raffalli precisó que Venezuela registra actualmente "una ligera mejoría" en materia alimentaria con relación a años anteriores. Sin embargo, alertó que todavía hay registros de desnutrición aguda.?: cortesía. pic.twitter.com/Dz92rMNg2y

Para la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, la ciudadanía debe estar «muy pendiente» del destino de los recursos que se desbloquearán, en el marco del Acuerdo Social firmado entre el oficialismo y la oposición en México.

En entrevista con Radio Fe y Alegría, De Freitas alertó, además, que los venezolanos tienen «derecho a acceder a la mayor información posible acerca de lo que se haga con el fondo».

Pero, aclaró que esos 3.000 millones de dólares no son suficientes para resolver los problemas derivados de fallas en los servicios de salud y electricidad, por ejemplo.

«No es ni de lejos suficiente. Esa cifra, que puede llegar a ser de 3 mil millones de dólares, va a poder atender una minúscula parte de las necesidades que hay en el país. Sin embargo, es una ayuda y tenemos que estar conscientes de que, como no hay dinero para todo, hay que invertirlo de la mejor manera”, recomendó.

Lamentó que sean demasiados problemas que atender, como que «muchas personas necesitan alimentos para pasar el día, a lo que se agregan las múltiples carencias como la recuperación de los hospitales y del sistema eléctrico».

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De Freitas señaló que aun cuando el fondo será gerenciado por las Naciones Unidas, que cuenta con “procesos más confiables que los que hay en el país”, y será vigilado internacionalmente para usarlos de forma efectiva, se necesita transparencia.

Por lo tanto, desde Transparencia Venezuela proponen que se publique cada paso que tenga que ver con el fondo, que haya un mecanismo de contraloría social a través del cual ciudadanos puedan hacer seguimiento; también un mecanismo donde puedan presentar observaciones, comentarios y denuncias que se le den respuesta.

“Los fondos son de los venezolanos y tenemos el derecho de acceder a la mayor información de lo que se haga con ellos”, expresó.

No obstante, consideró que es una oportunidad para que muchos puedan mejorar un poco su calidad de vida y recordó que es un proceso que tardará alrededor de tres años, comenzando a ejecutarse a partir del próximo año.

Manifestó que deben consultar a expertos en el tema eléctrico, que son quienes saben en qué áreas es primordial invertir primero para alcanzar cambios sustanciales y tienen información global.

“Hay que hacer un ejercicio colectivo de composición y atención a los grupos más vulnerables”, dijo, mencionando a Zulia y a los Andes como los que más sufren por el deterioro del sistema eléctrico.