La ONG Foro Cívico publicó un comunicado en el cual hace un balance de la situación del país, desde las elecciones del 28 de julio del 2024, en el cual cuestiona al Consejo Nacional Electoral y critica las detenciones efectuadas desde entonces.

Asimismo, pide parar esas detenciones y continuar con la liberación de las personas detenidas desde julio.

También insta a los factores políticos e instituciones a recuperar la confianza en el voto, lo cual califica como «un desafío».

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LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL PODER PASA POR RESPETAR LA SOBERANÍA POPULAR

El pueblo venezolano se movilizó con espíritu cívico el 28 de julio de 2024 para expresar su deseo de transformación del país, y sigue exigiendo el respeto a su voluntad, lo que implica una verificación transparente de los resultados electorales.

El Consejo Nacional Electoral no cumplió con su obligación de publicar resultados en forma tabulada como parte integral del proceso de totalización de resultados. Tal incumplimiento, además de contrastar con una práctica que, normada por los artículos 150 y 155 de la LOPRE, se ha hecho regular en cada elección, es reflejo de graves omisiones legales y operativas por parte del ente rector. Confiar en la autoridad de la institución como regulador de estos procesos es imposible si no se garantiza transparencia en los procedimientos, cálculos y emisión de resultados, garantizada a su vez por la serie de auditorías ciudadanas y técnicas estipuladas como requisito inobjetable para la proclamación de un candidato como ganador. Esa transparencia que genera certidumbres a la sociedad es principio inherente al respeto de la soberanía popular y la legitimidad democrática del ejercicio del poder.

De allí que la juramentación de un candidato como presidente en ejercicio sin haber cumplido con lo estipulado en la Constitución, las leyes y reglamentos electorales, haya generado contundente rechazo tanto en el país como en el mundo. Reparar el daño estructural y profundo que eso produjo en la confianza hacia la institución electoral y el voto -herramienta democrática insustituible para definir soberanamente el destino de una República, que cobra mayor relevancia cuando se trata de dirimir un largo conflicto y habilitar cambios sin violencia- es una necesidad que impone desde ya el más arduo de los desafíos, la restitución de la legitimidad del sistema democrático.

El derecho a la protesta ciudadana consagrado en el artículo 68 de la CRBV ha sido respondido con endurecimiento sin precedentes ni justificación de la represión, persecución y amedrentamiento de activistas sociales y políticos y sus familias, así como de periodistas; con detenciones arbitrarias de voces disidentes y negación de las garantías más elementales de un debido proceso. Aún más grave, se han detenido a ciudadanos comunes por el simple hecho de ejercer y defender sus derechos políticos.

El Foro Cívico exige poner fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, continuar con las liberaciones de las personas privadas de libertad por razones políticas y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión.

En este sentido valoramos el regreso a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como una gestión pertinente en medio del complejo contexto: una que implica la incorporación y asistencia de observadores multilaterales e imparciales de las acciones del Estado en el territorio, así como las liberaciones recientes de menores de edad y otras personas detenidas injustamente tras el 28 de julio. Urge que se mantengan y profundicen los canales de colaboración con la OACNUDH de manera constructiva y efectiva, así como con los mecanismos regionales y globales que apoyan una solución negociada y democrática a la crisis.

El pasado 28 de julio 12.386.669 venezolanos acudimos a las urnas para contarnos, reconocernos en nuestra diversidad, manifestar nuestro deseo de cambio, ejercer nuestro derecho a elegir en libertad, sumar voluntades por el restablecimiento del Estado de Derecho y, en atención a la garantía constitucional que confiere el ejercicio de la soberanía, designar libre y pacíficamente a nuestros representantes. Ese mandato refrendado por la mayoría debe ser asumido por todos los sectores políticos, quienes poniendo a los venezolanos en el centro de sus agendas, están llamados a la urgente reconstrucción del espacio político y la edificación de garantías institucionales compartidas. Una aspiración sólo posible cuando dichas garantías se basan en el reconocimiento mutuo y normas claras de convivencia democrática, que den paso pronto y definitivo a la renovación del sistema político en su conjunto y, con ello, a la plena reinstitucionalización del Estado y al respeto de la Constitución de la República vigente, hoy gravemente vulnerada.

En atención a este objetivo estamos llamados a encontrarnos y sumar esfuerzos los diversos actores que en Venezuela defendemos la vigencia de los valores democráticos, así como los actores regionales e internacionales. A estos últimos, aliados invaluables en medio de esta comprometida situación, los exhortamos a seguir facilitando una interlocución eficaz en aras del cumplimiento de la norma constitucional y, por ende, de la consecución de una salida democrática bajo la conducción de los propios venezolanos. Rechazamos los llamados a intervenciones de fuerzas internacionales, así como cualquier propuesta de solución que anticipe todavía más sufrimientos, amenazas a la vida y daños irreversibles para una población cada vez más desmejorada.

El apoyo internacional es clave en el esfuerzo por encontrar el camino hacia una solución pacífica y democrática a la dificultad que se ha agravado notablemente desde el 28J en adelante, así como para restaurar las capacidades del Estado y dar respuesta a las demandas del pueblo de Venezuela.

Quienes conformamos el Foro Cívico continuaremos trabajando desde nuestros espacios naturales, promoviendo el encuentro entre venezolanos, fomentando el trabajo colectivo, colaborativo y solidario entre personas y organizaciones en pos de concreciones. La aspiración es poder hacer llegar estas demandas a las instancias de ejecución y sensibilizar a los actores responsables de la toma de decisiones, proponer ideas compartidas y fortalecer capacidades para abordar las necesidades urgentes de una población que sufre las consecuencias de la profundización de la crisis política. El compromiso es persistir en el trabajo conjunto por la restauración del Estado de Derecho, la racionalidad democrática, la paz posible, el respeto de la voluntad popular como expresión de la Soberanía Nacional, y por la plena vigencia de los derechos humanos de todos los venezolanos.

Caracas, 16 de enero de 2025

?️ COMUNICADO SOBRE EL 28Jul@ForoCivicoVzla emitió un comunicado donde resalta que el CNE no cumplió con su obligación de publicar los resultados de los comicios del 28Jul, luego que los venezolanos se movilizaran con “espíritu cívico”. pic.twitter.com/vpokLQijyL

Unas 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, agrupadas en el Foro Cívico de Venezuela, pidió este lunes a la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que haga seguimiento a los reclamos laborales de los trabajadores en el país.

«Es importante señalar que dentro de lo que significa este foro de diálogo tripartito (…) se está solicitando que quede un funcionario (de la OIT) permanente en el país, precisamente, para hacerle seguimiento a toda la situación», indicó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, en conferencia de prensa, tras la reunión del Foro Social en Margarita.

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Por su parte, Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociación de Profesores de Venezuela (Fapuv), señaló que es necesario que haya un «avance real» en la negociación y que se puedan construir acuerdos entre los distintos sectores.

«Hacemos votos porque el diálogo entre los trabajadores, empleadores y el Estado venezolano realmente rinda frutos, realmente produzca soluciones con el carácter de urgencia que se requiere (…) Entendemos que el diálogo es un proceso lento, no se decretan las soluciones, pero necesitamos que haya avance real», añadió, en reseña de la agencia Efe.

Stepahny explicó que desde que comenzó el diálogo con el apoyo de la OIT se han debido instalar tres mesas sobre criterios para la fijación del salario mínimo, la libertad sindical y la revisión de la legislación laboral venezolana, pero que hasta el momento no se ha concretado.

«Nosotros vemos cómo se sigue hostigando (…) se sigue persiguiendo a dirigentes sindicales, no solamente con detenciones arbitrarias (…) este año el mecanismo ha sido el acoso, el hostigamiento a través de órganos de represión del Estado que van a las asambleas (sindicales) y filman, le toman fotos a la gente que está protestando», agregó.

En abril pasado, la administración de Nicolás Maduro, empleadores y sindicatos instalaron, con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la OIT, mesas de diálogo social para revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, a la libertad sindical y a la consulta tripartita.

Alrededor de 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, agrupadas en el Foro Cívico exhortaron a que el diálogo en México, entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición, sea «inclusivo y plural».

«Es imprescindible que la negociación en México aliente un diálogo amplio, inclusivo, plural, conforme al apartado 4 del Memorando de Entendimiento, que insta a crear mecanismos que permitan a otros actores políticos y sociales incorporar su aporte y conocimiento al intercambio», señala un comunicado del conglomerado difundido por en su cuenta de Twitter.

Exige a los integrantes de las delegaciones a ser «responsables» de la continuidad del proceso suspendido en el 2021, porque el mismo es de «interés nacional» y por el «bienestar y futuro de las personas».

«Abrigamos la esperanza de que este ciclo de diálogos brinde los resultados que anhela la población», señala el documento.

Aboga, además, porque se usen «mecanismos transparentes» de administración de los fondos que se asignen al Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano que las partes firmaron el sábado en Ciudad de México.

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Por otro lado, también se pronunció el Comité de Familiares de Presos Políticos Militares.

La representante del comité, Molly de La Sotta, hermana del militar preso Luis de la Sotta, lamentó que en este acuerdo se dejara de lado a los presos políticos militares y a todas las víctimas de violaciones de los DD.HH.

«Exigimos que se nos tome en cuenta y se escuche la voz de las víctimas, de sus familias. En Venezuela se tortura. Hay más de 300 presos políticos, algunos son torturados en el sótano de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) de Boleíta, otros en Fuerte Tiuna», denunció De la Sotta, en un video colgado en sus redes sociales.

Y aquí estuve en #Mexico para recordarle a la #PlataformaUnitaria y al Régimen de Maduro qué hay más de 300 @presospoliticoscivilesymiltares siendo TORTURADOS MIENTRAS HABLAN DE 3.000 mil millones de $ en #Mexico y no EXIGEN SU #LIBERTAD Y CIERRE DE CENTROS DE #TORTURA pic.twitter.com/7DSraGlZ5m

Los representantes del Foro Cívico continúan en su cruzada por la reanudación del diálogo en Venezuela, por lo cual hicieron un planteamiento oficial que contiene varios puntos, mediante los cuales creen que podrían comenzar las negociaciones con el oficialismo. ¿El objetivo? La solución de los problemas urgentes del país.

Por ello, en las últimas horas mantuvieron contacto con varios partidos, con la finalidad de decantar los temas del diálogo en las áreas social y política. «Esto con el fin de construir propuestas y soluciones a la situación que se vive en Venezuela».

El Foro Cívico habló con miembros de las toldas Unión y Progreso, Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal, Centrados, MAS y Alianza Lápiz. A ellos se sumaron representantes de varios gremios, a quienes entregaron el documento con sus propuestas.

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En el escrito, se hace énfasis en la intermediación de personas que tenga credibilidad para hacer el llamado a la negociación.

La finalidad del llamado es poner, por encima de todo, «el interés nacional».

No obstante, creen que es necesario que se establezcan canales para la participación pública de la sociedad con el apoyo de la comunidad internacional.

Creen en que se debe imponer «una acción propositiva» por parte de los negociadores, quienes deberían ser claros con el país y decir cuáles son sus metas, sobre la base del memorando de entendimiento que se firmó en México.

Loas organizaciones agrupadas en el Foro consideran que en las conversaciones y las consultas se tienen que incluir a varios actores.

Destacan al cuerpo diplomático, organismos internacionales, iglesias, y partidos, con la finalidad de «concretar mecanismos y propuestas».

La idea es elaborar una agenda con temas como: derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales, justicia, reparación de víctimas, entre otros.

Finalmente, el documento hace énfasis en que la comunidad internacional, organismos como la ONU y los países que han acompañado a Venezuela en esta crisis, también tengan un rol importante en estas negociaciones, como mecanismo de presión para devolver la fortaleza de las instituciones del país.

A principios de mayo, los integrantes del Foro Cívico, Keta Stephany y Ricardo Cusanno, insistieron en que la reanudación de las negociaciones deben centrarse en el tema de la emergencia humanitaria compleja del país.

El objetivo es generar soluciones a corto plazo a algunos problemas del venezolano que persisten, más allá de la aparente mejoría económica.

Stephany explicó que los venezolanos no creen en la política, porque están interesados en resolver su día a día.

De allí el planteamiento de que los partidos se legitimen ante el ciudadano y cese esa desconexión de la realidad.