«El peligro existente para Venezuela, a raíz de que el gobierno de Donald Trump no renovó la licencia número 41 a Chevron, es que se le haga más daño a la economía, es decir, que se dispare el tipo de cambio paralelo y se vuelva a entrar en un episodio de muy alta inflación, incluso de hiperinflación».

La advertencia la hizo el economista Francisco Rodríguez, en el programa del periodista Vladimir Villegas.

“Los estadounidenses, muy centrados en sus intereses, en esta discusión de cómo es que se hace America’s First (América primero), están pensando que, si Venezuela no es nuestra, es de los chinos», argumentó.

«Y todo el mundo está concentrado en esa discusión, cuando la discusión debería ser cuánto daño le vamos a hacer al venezolano común con esta política, como se le hizo daño con la política de máxima presión en el primer gobierno de Trump”, sostuvo.

Para el especialista no es casualidad que la hiperinflación venezolana de 2017 ocurriera justamente después de que Estados Unidos le impusiera sanciones a Venezuela.

A su juicio, «lo que se está viendo en estos momentos, en términos de perspectivas inflacionarias, es bastante negativo e indica que vamos a entrar en un territorio de muy alta inflación, incluso en un riesgo de hiperinflación”, alertó.

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Rodríguez expuso que, luego del vencimiento de la licencia 41 de Chevron, esta empresa sigue manteniendo el mismo estatus que tenía entre 2019 y 2022, cuando sus empresas mixtas seguían produciendo y vendiendo petróleo venezolano, solo que no lo hacían a la nación norteamericana.

“Lo que se está prohibiendo es que Chevron venda petróleo venezolano en Estados Unidos, que haga transacciones comerciales específicas con sus empresas mixtas, como prestar dinero, vender maquinaria y facilitar insumos que provengan de Estados Unidos a Venezuela”, explicó.

No obstante, comentó que esto incidirá en que los ingresos petroleros venezolanos se reduzcan en alrededor del 10 %.

Francisco Rodríguez también estimó una caída leve de la producción de crudo en el país, producto de que Chevron no participará activamente.

“De repente, podemos ver una caída de 50 mil barriles en la producción. En total, estaríamos hablando de alrededor de 2 mil millones de dólares en pérdida de ingresos para la nación, que es una cantidad relevante”, comentó.

Agregó: “Si Venezuela recibe menos dólares, porque ahora lo va a tener que vender a descuento en China, por el hecho de que no va a tener la misma facilidad para conseguir insumos y bienes de capital, se va a sentir el efecto, que comenzamos a ver hace un mes, porque Chevron ya no le estaba pagando al Estado venezolano”.

Con información de nota de prensa

Para el economista y analista, Francisco Rodríguez, la medida anunciada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, de comenzar a cobrar aranceles de 25% a los países que compren petróleo a Venezuela, desde el 2 de abril, «tiene poco sentido. Es una política profundamente problemática, sin base legal ni lógica».

En un hilo en su cuenta en X, Rodríguez hizo varias consideraciones respecto al anuncio, comenzando por aclarar que, «Venezuela sigue vendiendo petróleo a EE. UU., a través de Chevron, cuya licencia vence el 3 de abril, y otras licencias específicas que no han sido revocadas, a pesar del anuncio de Trump del 26 de febrero».

Comenta el experto que «Venezuela aún puede exportar petróleo a EE. UU., pero ahora se le amenaza con sanciones si vende a otros países. Mientras las licencias actuales sigan vigentes y Chevron podría renovarse, la política incentiva a vender más petróleo a EE. UU., no menos».

Por otro lado, le llama la atención que «Trump habla de ‘aranceles secundarios’, pero ese término no existe ni en la ley comercial de EE. UU. ni en la práctica internacional. En la literatura, suele referirse a aranceles retaliatorios en guerras comerciales, no a castigos por comerciar con terceros» aclara.

A juicio de Rodríguez, «esto parece un intento de sustituir las sanciones secundarias con aranceles. Pero hay un problema clave: las sanciones de EE. UU. van dirigidas a empresas específicas, no a países enteros. Los aranceles no funcionan igual», sostiene.

Asimismo, el analista se pregunta: «si Repsol, empresa española privada, compra petróleo venezolano, ¿EE. UU. impondrá un 25% de arancel a todas las exportaciones españolas? Eso sugiere Trump. Pero Repsol no es España, y el gobierno español no controla sus decisiones comerciales».

Por lo tanto, Francisco Rodríguez, enfatiza en que «esta política asume que los gobiernos pueden prohibir legalmente a sus empresas comprar petróleo venezolano. Pero eso no pasará. Para que la amenaza funcione globalmente, habría que lograr que más de 200 países legislen por presión de EE. UU. Es inviable».

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Por otro lado, el economista asegura que en la medida de Trump hay «ambigüedad legal» y al respecto se hace estas interrogantes: «¿El arancel se aplicaría a empresas ubicadas en España? ¿O a empresas propiedad de españoles? ¿Y si Repsol crea una empresa pantalla en Panamá para importar petróleo? ¿EE. UU. le pondría 25% de arancel a España, a Panamá o a ambos?».

Igualmente, indica que «EE. UU. tampoco tiene cómo controlar las ventas de crudo venezolano. Gran parte se mueve por transferencias de barco a barco. Washington no tiene acceso a los datos aduaneros de China ni de muchos otros países. La ejecución es esencialmente imposible».

Entonces, Rodríguez vuelve a preguntas: «¿Por qué entonces se hace esto? Al parecer, es reflejo de un proceso disfuncional: sectores como el de (Marco) Rubio buscan volver a la ‘máxima presión’, otros quieren reemplazar sanciones con aranceles. El resultado es un híbrido confuso, sin coherencia legal ni estratégica».

Aun así, el experto dice que «las amenazas tienen efecto: si los países temen sanciones arbitrarias, podrían reducir su comercio con EE. UU. para evitar riesgos. Incluso si sus empresas no han hecho nada ilegal, el temor basta para alterar sus decisiones».

En consecuencia, «al intentar demostrar poder mediante una política tan mal diseñada y contradictoria, EE. UU. podría estar logrando lo contrario. En vez de ser recordadas como políticas que ponen a EE. UU. primero, estas medidas podrían pasar a la historia como el punto en que la disfunción de la política exterior estadounidense empezó a convertir a EE. UU. en una potencia económica de segundo orden».

Una vez conocida la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar el acuerdo petrolero que permitía que la empresa Chevron funcione en Venezuela, desde el 2022, los expertos en economía aconsejan que «hay que tener prudencia» y esperar por los detalles que, definitivamente, debe publicar la OFAC.

Uno de estos expertos es el economista Francisco Rodríguez, quien en sus redes sociales, hizo una serie de consideraciones acerca del tema, comenzando por informar que Trump toma la medida presionado por los republicanos en el Congreso.

«La decisión surge en medio de negociaciones con el Congreso sobre el proyecto de reconciliación, clave para que Trump apruebe su presupuesto y evite un cierre del gobierno o, peor aún, una crisis del techo de la deuda», explicó Rodríguez.

«Legisladores de Florida opuestos a las licencias exigen la cancelación de la Licencia 41 como condición para apoyar el proyecto. Esto le da a Trump un fuerte incentivo para mostrarse duro con Maduro, al menos en el corto plazo», agregó.

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Por otro lado, el experto aclara que hasta que la OFAC no «quite» de su sitio web la licencia 41 que corresponde a Chevron, la misma sigue estando vigente.

«La Licencia General 41 sigue activa en la web de OFAC y no ha sido revocada. Mientras aparezca allí, sigue siendo legalmente válida. La licencia se renueva automáticamente el 1 de cada mes, por lo que OFAC tendría que retirarla antes del viernes en la noche para evitar su renovación», publicó en el post.

Pero incluso si no se renueva, otra cláusula la mantiene vigente: «La Licencia 41 dice que sigue vigente por seis meses desde la última renovación o fecha efectiva, lo que ocurra más tarde. Como la última renovación fue el 1 de febrero de 2025, aunque no se renueve el 1 de marzo, seguirá válida hasta el 1 de agosto de 2025», destacó.

De allí que el enviado de Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone señaló esto recientemente: «La licencia está estructurada de tal manera que sigue en vigor por seis meses incluso sin nuevas renovaciones».

Tomando en cuenta este elemento, Francisco Rodríguez cree que «lo más lógico es que EE.UU. retire la licencia discretamente el 1 de marzo para asegurar votos en el Congreso de legisladores de Florida. Así, Trump cumple su promesa sin cortar la autorizació a Chevron de inmediato. Si eso es todo lo que ocurre, Chevron aún tendrá una licencia válida hasta el 1 de agosto. Eso deja tiempo para negociaciones que podrían resultar en una nueva licencia o una autorización similar antes de que expire oficialmente», afirmó.

En consecuencia, el economista piensa que «esto también explicaría la respuesta bastante atenuada del gobierno venezolano. Si creyeran que la cancelación es real e inmediata, su reacción probablemente sería más fuerte».

Por lo que concluye que: «El anuncio parece un giro duro, pero los detalles legales y procedimentales indican margen para maniobrar y una posible renegociación antes del 1 de agosto».

La recuperación de la economía de Venezuela depende de dos factores: que se mantenga el levantamiento de las sanciones de parte de EE.UU. y de las negociaciones entre el gobierno y la oposición que se concreten en el verdadero respeto de los acuerdos de Barbados.

En esto coinciden dos expertos en economía: Pedro Palma y Francisco Rodríguez, quien destacan que el 2024 no será un año especialmente de bonanzas, pero que, de mantenerse los acores mencionados sí podría representar un alivio las finanzas del país.

«Podemos aspirar a un respiro, pero ni remotamente el 2024 va a ser un año de bonanzas. Todavía va a ser un año complejo y difícil y con un crecimiento de al menos 10% en el producto interno bruto», explicó Palma, en entrevista con Unión Radio.

Pero, también aclaró que los beneficios en materia económica del alivio de las sanciones «no serán de efecto inmediato».

«El cierre del 2023 no va a ser favorable con una inflación probablemente por encima de 200% y en consecuencia la capacidad de compra de los venezolanos va a seguir cayendo y contrayéndose», agregó Palma.

Pero, admitió que, como suele ocurrir al finalizar el año, «algunos sectores comerciales y de servicios sí experimentan un crecimiento».

Remarcó que «Venezuela sigue siendo un atractivo financiero para los inversionistas internacionales, sobre todo en materia petrolera, pero sólo apartando las sanciones petroleras y seguirá siendo así por un par de décadas dado los cambios del mundo hacia las energías renovables y sostenibles».

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Y desde otro escenario, en el marco del bautizo de su libro: Respuestas cooperativas a la crisis de Venezuela, el economista Francisco Rodríguez, dijo que está convencido de que «el proceso de las negociaciones políticas deben apuntar a la coexistencia y ello se puede lograr mediante la participación de múltiples actores, la priorización de la reinstitucionalización y la atención a la emergencia económica y humanitaria» que afecta al país.

El libro fue presentado el viernes pasado, en un evento privado junto a miembros de la sociedad civil venezolana y representantes de organizaciones humanitarias.

Allí, Rodríguez recomendó «dar una nueva estructura a las negociaciones que abra espacios para actores de la sociedad civil más allá de los representantes de las agrupaciones políticas. Los modelos de múltiples partes han sido exitosos en otras negociaciones complejas tales como Irlanda del Norte y Sudáfrica».

“Al ampliar las negociaciones e incluir actores como ONG, sociedad civil, sindicatos, la iglesia, los gremios empresariales y las universidades, se incorporarían voces con legitimidad en la sociedad que permitirían llegar a acuerdos en torno a la atención a la crisis humanitaria y económica”, consideró.

Entre las seis áreas de posibles beneficios de la cooperación destacan: «Reformular la política internacional, implementar iniciativas de canje de petróleo por bienes esenciales, encontrar mecanismos para acceder a la cooperación multilateral y a los fondos bloqueados, proteger los activos externos, rediseñar la política social y repensar el diseño de las negociaciones».

La decisión del Tribunal de Comercio de Inglaterra de tachar de ilegales las medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro, contra la designación de la junta ad-hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), por parte de Juan Guaidó, en realidad no es «un triunfo» como tal.

Al contrario, para el economista Francisco Rodríguez, es «una tragedia» para los venezolanos no poder contra con las reservas de oro depositadas en el Banco de Londres.

Se refiere a que el fallo del tribunal no dice qué va a pasar con esas reservas y tampoco establece a quien le corresponde manejar los recursos, puesto que esto se va a resolver en otro proceso.

«Es trágico que nuestro país siga sin tener acceso a sus recursos para atender los graves problemas de los venezolanos», opinó el economista, en su cuenta en Twitter.

Por ello, el experto sugirió que el tema sea uno de los puntos claves en el eventual diálogo entre la administración de Maduro y Guaidó.

«Resolver este problema a través de acuerdos que garanticen el uso transparente de los recursos debe estar entre las prioridades de la negociación política», dijo.

Por otro lado, cree que «es incorrecto decir que si no fuese por el gobierno interino el oro de Venezuela habría caído en manos de Maduro».

Argumentó que «el Reino Unido tiene la facultad de congelar activos externos, incluidos activos de bancos centrales, independientemente de si reconoce al gobierno de ese país».

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Puso como ejemplo que, «en febrero de este año, el Reino Unido emitió sanciones contra el Banco Central de Rusia, congelando sus activos bajo jurisdicción británica, a pesar de que el Reino Unido no ha dejado de reconocer al gobierno de Vladímir Putin».

«Lo mismo hicieron Canadá, Estados Unidos y Europa en una decisión coordinada en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania», agregó.

Asimismo, agregó que «las sanciones de EE.UU. al gobierno venezolano, efectivamente, congelan todos los activos del gobierno, incluidas las reservas del BCV. Es por ello que no hay un juicio en EE.UU. sobre a quién pertenecen los activos del BCV».

Rodríguez sostiene que «de haber ganado Maduro en juicio por el oro en Inglaterra, probablemente el Reino Unido habría emitido una orden similar. De hecho, ya el Reino Unido había impedido a Venezuela acceder al oro antes del reconocimiento de Guaidó».

A su juicio, «lo más llamativo del caso venezolano es la ausencia de una discusión sobre cómo usar esos recursos por el bien del país. Un acuerdo con apoyo internacional debería enfocarse en diseñar mecanismos transparentes para usarlos en atención a la crisis humanitaria venezolana», propuso.

Para el analista internacional y economista, Francisco Rodríguez, Colombina no tardaría en retirar el reconocimiento a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, como lo ha venido haciendo desde el 2019.

Y es que, cada uno de los candidatos que van a la segunda vuelta, en las elecciones presidenciales del país vecino, Gustavo petro y Rodolfo Hernández, han prometido que restablecerán las relaciones con Nicolás Maduro.

«Los dos candidatos que pasan a segunda vuelta en Colombia, @petrogustavo y @ingrodolfohdez, han dicho que apoyan restablecer relaciones con el gobierno de Maduro. Por tanto, luce probable que en agosto Colombia retire el reconocimiento a @jguaido», escribió Rodríguez, en su cuenta en Twitter.

Explicó que, «en el caso de Petro, la posición es bien conocida. Si bien Petro ha sido crítico de Maduro, afirma que las relaciones se sostienen con países, no gobiernos».

Agrega que «en la práctica, Colombia sostiene relaciones con muchos países no democráticos».

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En cuanto a Hernández, el experto recuerda que «ha criticado fuertemente el reconocimiento a Guaidó».

Y para ello citó unas declaraciones del candidato a la revista semana: «Yo no sé quién inventó reconocer a Guaidó de presidente de la República, cuando el que está ejerciendo el Poder Ejecutivo es Maduro», expresó.

Agregó que, en esas declaraciones, el contrincante de Petro, «ridiculizó la decisión de Iván Duque de solicitar a Guaidó la extradición de la exlegisladora Aída Merlano, fugitiva que fue apresada en Maracaibo. Esto era como pedirle que lo extradite el Espíritu Santo».

Incluso, destacó que «más recientemente, Hernández abogó por restablecer las relaciones consulares con Venezuela, y dijo que implementaría esta decisión el mismo día de asumir el poder».

«Es posible que el apoyo de Gutiérrez lleve a Hernández a moderar sus posiciones en este y otros temas. Sin embargo, incluso Gutiérrez abogó por una reapertura de la frontera, que sería difícil de lograr sin coordinación con Maduro», sostuvo.

Francisco Rodríguez recordó que «Colombia es uno de los 7 países que no solo continúan reconociendo a Guaidó, sino que sostienen relaciones diplomáticas con embajadores designados por el interinato. Otro de esos países es Brasil, donde la decisión puede cambiar después de elecciones presidenciales este año», adelantó.

También mencionó que «entre sectores conservadores de Colombia hay apoyo a una normalización de las relaciones con Venezuela. En 2021, el Senado colombiano aprobó por unanimidad una misiva a la AN presidida por Jorge Rodríguez, buscando avanzar en esta renormalización», destacó.

Desde el punto de vista económico, el especialista argumenta que hay razones para que se reanuden las relaciones entre ambas naciones.

«El comercio entre Colombia y Venezuela ha colapsado en los últimos años, reflejo del deterioro en relaciones y la contracción venezolana. El sector privado colombiano podría beneficiarse significativamente de una recuperación venezolana y una renormalización de relaciones», razonó.

El analista concluye asegurando que «la lección para la oposición venezolana es que el apoyo internacional tiene límites y es normal que otros países busquen promover sus propios intereses económicos. El apoyo internacional nunca debe verse como un sustituto de la capacidad de movilización interna».