Un llamado a los gobiernos y fuerzas políticas a sumar esfuerzo para evitar que se consolide una tendencia dictatorial en Venezuela, hizo la expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La declaración de la exmandataria de en medio de las acusaciones del secuestro de un militar venezolano en la ciudad de Santiago de Chile.

Invitó a hacer “los mayores esfuerzos de los Gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide”,  en Venezuela.

La exhortación es parte de una declaración conjunta que también suscriben 18 excancilleres latinoamericanos, varios exministros, embajadores y académicos que conforman en total una lista de 65 destacadas personalidades.

Lea También:

“La Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos y académicos de diversos países de nuestra región, rechaza y declara como un grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí”,  señala el texto citado por EFE.

“Ese acto, unido a la detención de Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana”, indica la declaración.

El manifiesto lo suscriben el expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y los exministros de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa (Argentina), Jorge Castañeda (México), Gustavo Fernández (Bolivia), Mariano Fernández (Chile), Diego García Sayán (Perú), José Ángel Gurría (México), Edgar Gutiérrez (Guatemala) y Enrique Iglesias (Uruguay).

Se suman a la solicitud los excancilleres María Angela Holguín (Colombia), José Miguel Insulza (Chile), Grace Jaramillo (Ecuador), Celso Lafer (Brasil), Susana Malcorra (Argentina), María Emma Mejía (Colombia), Heraldo Muñoz (Chile), Javier Murillo (Bolivia), Felipe Solá (Argentina) y Allan Wagner (Perú), además del exministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo.

«Para el resto de América Latina no es ajeno lo que ocurra en Venezuela, menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos llegado a un año donde se aproxima una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el Gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados de esa consulta electoral», reza el manifiesto.

Los políticos, diplomáticos y académicos que forman la Mesa de Reflexión Latinoamericana -un mecanismo sin estructura permanente que en ocasiones se pronuncia sobre temas claves de la región- consideran que «el Gobierno del presidente (Nicolás) Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismo y la oposición», en alusión al inédito acuerdo suscrito en ese país caribeño a mediados de octubre pasado que en teoría permitiría unas elecciones libres en 2024.

«La democracia venezolana sólo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva», recalca el escrito.

«Las carencias bajo las cuales vive el pueblo venezolano son evidentes (…), la alimentación es precaria y la pobreza se ha incrementado, mientras la migración de varios millones permea por varios países del hemisferio», expresan los firmantes del manifiesto.

Además, llaman la atención sobre el hecho de que «los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos (cuyas actividades han sido suspendidas por el Gobierno de Nicolás Maduro) han estado allí para detectar la realidad y desde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas».

«Expulsarlos por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis», denuncian.

Por la gravedad de sus efectos para toda la región, «esta realidad no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia», puesto en marcha en mayo 2023 y del cual forma parte también Venezuela, agrega el manifiesto.

Al respecto, los firmantes recuerdan que la hoja de ruta definida en octubre pasado por este mecanismo de concertación, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre los países de América del Sur, «reclama coherencia en la gobernabilidad y eficiencia de cada uno de los países miembros para cumplir sus objetivos».

«Los recientes anuncios del Gobierno de Venezuela van en sentido contrario y esto reclama los mayores esfuerzos de los gobiernos, de las fuerzas política y la comunidad regional para lograr que esa tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide», recalca la declaración, cuyos firmantes aseguran que buscarán «contribuir tanto como sea posible en esa tarea».

Con infirmación EFE

El anuncio del canciller Yván Gil, del cese de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela y de la salida de sus funcionarios, que se debe cumplir este 18 de febrero, es una medida “sin precedentes” a juicio de los expertos y donde las más perjudicadas son las víctimas de las violaciones de los DD. HH.

Y es que la medida tiene consecuencias sobre Venezuela, no solo por cuestiones de imagen, ante la opinión pública nacional a internacional, sino porque, a juicio de representantes de ONG defensoras de los DD. HH., en el país, deja en estado de «total vulnerabilidad e indefensión» a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.

«La situación está empeorando en materia de desaparición forzada … los lapsos se están ampliando de horas a semanas», explicó el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

“Era un órgano internacional al cual podían acudir estando aquí en Venezuela para denunciar violaciones de DDHH. Esto va a dejar en indefensión tanto a quienes quieren hacer denuncias de nuevas violaciones a los DD.HH. y a quienes ya habían presentados sus casos”, agregó.

Esta percepción es acompañada por otra ONG, Fundaredes, cuyo director, Javier Tarazona, lleva más dos años preso.

En este sentido, la Organización, también refutó la expulsión y aseguró que esto «eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil».

A su vez, otra ONG, Encuentro, Justicia y Perdón, considera que, además de «aumentar la desprotección de las víctimas», «intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD. HH. que se cometen a diario en el país».

Lea también: Suspensión la Oficina de DD.HH. de la ONU en Venezuela TRAE COLA: esto dice EE.UU.

La Oficina del Alto Comisionados de la ONU en materia de DD. HH. fue instalada en Venezuela en el 2019, cuando la expresidenta Chilena, Michelle Bachelet, estaba al frente.

La funcionaria se reunió con las víctimas de violaciones de DD. HH. y con varios actores de la vida nacional, incluyendo al Gobierno.

Ella emitió varios informes en los cuales criticaba la situación de los derechos humanos en el país, aunque también reconoció algunos avances.

Cuando se produjo el cambio de Bachelet por Volker Turk, este vino a Venezuela y junto con el presidente Nicolás Maduro, firmaron acuerdos para mejorar el funcionamiento de la oficina en Caracas.

De hecho, los funcionarios de la oficina tenían este mandato: «ha desempeñado un papel importante en el monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos en el país y en la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y supervivientes».

En su sitio web, la oficina publica cuáles son sus objetivos, los cuales se aplica, por igual, en los países donde funciona.

Lea también: MADURO “NO SABE JUGAR con árbitros”: Perkins Rocha califica de “grosera” expulsión de funcionarios de la ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas) es la principal entidad de las Naciones Unidas en derechos humanos.

Representa el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado y la Oficina desempeñan una función singular para:

Promocionar y proteger todos los derechos humanos: Nos pronunciamos objetivamente frente a las violaciones de derechos humanos y ayudamos a elaborar las normas que se emplean para evaluar el progreso en materia de derechos humanos en el mundo.

Ayudar a empoderar a las personas: Nuestras actividades de investigación, educación y promoción contribuyen a una mayor concienciación y compromiso por parte de la comunidad internacional y del público sobre las cuestiones de derechos humanos. Esto significa que miles de personas de todas las regiones del mundo son empoderadas para reclamar sus derechos.

Ayudar a los gobiernos: Con nuestras presencias sobre el terreno, ayudamos a evitar abusos y contribuimos a mitigar las situaciones que pueden desembocar en un conflicto.

Nuestra supervisión y análisis alimentan la toma de decisiones sensibles y la programación del desarrollo. También ofrecemos desarrollo de capacidades y asesoramiento jurídico a miles de personas, apoyando el desarrollo y la promulgación sensata de leyes y políticas en todo el mundo.

Formular una perspectiva de derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas: Integramos los derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas para asegurar que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos —los tres pilares del sistema de las Naciones Unidas— estén interconectados y se refuercen mutuamente.

Lea también: REPUDIO TOTAL contra expulsión de funcionarios de la ONU: varios países emiten contundente comunicado

Sobre la medida de Maduro se han pronunciado varios organismos internacionales, entre ellos la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

«La decisión de suspender la presencia de los funcionarios crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más», dice la Wola, en un comunicado.

Por ello, la Wola hace un llamado urgente «a los Estados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comunidad internacional a que insistan en el restablecimiento de una presencia efectiva de la OACNUDH en el país y en la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos».

Asimismo, hace «un llamamiento adicional al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que trabaje activamente en la renovación del mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, en septiembre de 2024».

Explica que «el trabajo de la FFM ha sido fundamental para investigar graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales en Venezuela, algunos de los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, así como para identificar patrones estructurales y posibles perpetradores de estos crímenes y violaciones».

Recuerda la Wola que «el trabajo de la FFM, incluido su mandato de ofrecer reportes públicos, sigue siendo esencial para alertar a la comunidad internacional de los patrones de represión actuales y del riesgo de un mayor deterioro».

Enfatiza en que «la FFM también es clave para proporcionar a los Estados miembros de la ONU recomendaciones sobre estrategias eficaces de prevención y mitigación a la luz de la intensificación de la persecución selectiva y la represión generalizada».

Lea también: Oficina de la ONU para los DD.HH. responde: “Estamos evaluando los pasos a seguir” con Venezuela

Sobre este tema se ha pronunciado también el abogado Darrin Gibbs, especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Derecho Procesal, Miembro del Equipo Jurídico de Defiende Venezuela.

De entrada, el experto afirmó que la medida dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

«Este escenario plantea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana, destacando la importancia de mantener la vigilancia y la movilización para salvaguardar los principios fundamentales en medio de estos desafíos», dijo.

De su parte, otro abogado, Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:

Ausencia de Asistencia Técnica en Derechos Humanos para el Estado

La cesación de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Limitación en la Protección de los DD.HH. de los venezolanos

La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

Abandono de la agenda de conexión con los mecanismos de protección

El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.

La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.

Esta restricción dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.

Limitación en el acceso a información objetiva

La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Este déficit de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes.

La ausencia de asistencia técnica al Estado, la limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos, el abandono de la conexión entre la sociedad civil y los mecanismos de protección, las restricciones al acceso de relatores de la ONU al país, y la limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación son elementos que generan una preocupante coyuntura.

Esta situación no solo pone en riesgo el compromiso internacional de Venezuela en la defensa de los derechos humanos, sino que también socava la confianza en los mecanismos de cooperación y supervisión a nivel global.