La ONG FundaRedes publicó los resultados de su más reciente “Consulta Educativa 2023-2024”, en la que cientos de docentes activos de todo el país registraron los hallazgos de «un sistema educativo en decadencia, donde se evidencia la desatención sistemática a las necesidades de docentes y estudiantes».

Entre los aspectos más relevantes destacan: «la inoperancia del Programa de Alimentación Escolar (PAE), diseñado para garantizar la nutrición de los estudiantes, pero que actualmente funciona de manera irregular».

Señala el informe que esto «ha contribuido a un preocupante aumento en la deserción escolar y la desnutrición infantil», puesto que «solo 33% de los estudiantes recibe alimentos semanalmente, mientras que 21% no accede al programa».

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Además, entre los bajos salarios de los docentes, que está en un promedio de $7,34 mensuales, y la falta de inversión en infraestructura han generado que más de 50% de las instituciones educativas estén en condiciones críticas, con aulas, baños y laboratorios deteriorados, así como carencias en servicios básicos como agua potable y electricidad.

La escasez de docentes especializados en áreas clave como matemáticas, lenguaje y ciencias, junto con una deserción de 72% de estos educadores, ha afectado drásticamente el proceso de enseñanza y aprendizaje; esto, sumado a la disminución del 46% en la matrícula estudiantil, vulnerando el derecho a una educación de calidad.

Este informe evidencia cómo la falta de inversión y planificación por parte del Estado ha perpetuado una crisis educativa que impacta directamente en las oportunidades de desarrollo de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, por lo que es imperativo que se tomen medidas urgentes para garantizar una educación digna y con oportunidades.

FundaRedes insta al Estado venezolano a priorizar la educación mediante la asignación de recursos adecuados para infraestructura, salarios justos y capacitación docente, con el fin de revertir el colapso del sistema educativo y garantizar el futuro de las generaciones venideras.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió que el fiscal que solicitó la detención de Javier Tarazona se encuentra privado de libertad por corrupción.

Romero hizo el recordatorio al cumplirse cumplen tres años de la detención del director de FundaREDES, Javier Tarazona, en El Helicoide.

Como se recordará, fue el 2 de julio de 2021, cuando el activista de derechos humanos y director de FundaRedes, fue arrestado por agentes del régimen pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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#2Jul ?️ "EL FISCAL QUE SOLICITÓ SU DETENCIÓN ESTÁ PRIVADO DE LIBERTAD POR CORRUPCIÓN"Este martes se cumplen tres años de la detención del director de @FundaREDES_, Javier Tarazona, en El Helicoide, recordó el director del @ForoPenal, @alfredoromero?Vía: @milmanrique pic.twitter.com/a58YxSFfUd

Defensores de derechos humanos y  ONG alegan que su detención preventiva excede los límites establecidos en la legislación venezolana, ya que lleva tres años en El Helicoide sin una sentencia de un tribunal.

El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 230 que una medida de coerción personal (prisión preventiva) «en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años», cita Tal Cual.

La ONG Fundaredes comenzó la campaña #Desaparecidosenlafrontera para visibilizar los casos de 1.092 personas desaparecidas en las zonas fronterizas de Venezuela, en los últimos cinco años se exponen.

Mediante sus redes sociales, donde Fundaredes difunde imágenes y testimonios, se busca llamar la atención de las autoridades, explicó la directora de la organización, Clara Ramírez.

Se trata de “visibilizar y seguir denunciando la desaparición de 1.092 venezolanos en estados fronterizos de Venezuela, así como brindar apoyo y acompañamiento a familiares y comités de familias que buscan diariamente a sus seres queridos”, señala a su vez una nota de la ONG.

La organización defensora de derechos humanos ha estado monitoreando y documentando estos casos durante más de cinco años y dentro de los principales hallazgos han denunciado la existencia de grupos armados irregulares y bandas criminales que se aprovechan de personas en estado de vulnerabilidad cuando buscan salir de Venezuela por rutas peligrosas con la esperanza de un mejor futuro.

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“Cuando hablamos de personas desaparecidas en Latinoamérica, a menudo pensamos en México o Colombia, pero en Venezuela esta es una realidad”, expresó la activista, quien aseguró que han llevado estos casos ante autoridades e instancias locales e internacionales, en búsqueda de justicia.

«Estas familias buscan desesperadamente a sus seres queridos, quienes desaparecieron en diversos contextos: algunos salieron a trabajar y no regresaron, otros buscaban mejores condiciones de vida en una mina o intentaron migrar a través de los pasos fronterizos de nuestro país”, aseveró.

Las desapariciones no solo ocurren en tierra firme – señaló Ramírez- también muchas de estas personas intentaron salir por altamar, por lo que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la ONG, las entidades con mayor cantidad de desaparecidos documentados desde 2019 son; Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Táchira, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.

Aseguró que FundaRedes ha llevado estos casos ante instancias locales, nacionales e internacionales en busca de justicia y respuestas.

#DesaparecidosEnFrontera | La peligrosa travesía en un pequeño barco abarrotado, es quizás el reflejo más impactante de la huida de la crisis humanitaria que en los últimos años han emprendido miles de venezolanos.No saber cuál ha sido su destino, es el dolor que llevan a… pic.twitter.com/nWBCqRb4wc

La ONG FundaRedes publicó el Informe de Contexto Violento del tercer trimestre de 2023, donde alerta que los estados Guárico y Zulia continúan siendo las entidades más violentas del país, con la mayor cantidad de homicidios registrados en este período.

En el estado Guárico – señaló la ONG – ocurrieron 31 homicidios, lo que representa un aumento de 93% en comparación con el trimestre pasado. Estos homicidios representan 18,2% del total de muertes violentas registradas en el país durante este período.

Asimismo destacó que el segundo estado con más homicidios fue Zulia, con 29 casos (16,95%). Esta entidad occidental continúa siendo la más violenta de la frontera venezolana en los últimos años.

La investigación totalizó en el tercer trimestre de 2023, 171 homicidios, 22 desapariciones y/o secuestros y 33 enfrentamientos en los que 31 personas perdieron la vida.

Estas cifras engloban los hechos ocurridos en 12 estados objeto de este estudio: Anzoátegui, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Táchira y Zulia.

FundaRedes reportó 33 presuntos enfrentamientos que cobraron la vida de 31 personas en los meses de julio a septiembre del presente año

“En estos casos participaron varios cuerpos de seguridad del Estado: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (13), Guardia Nacional Bolivariana (8), Policía Nacional Bolivariana (7), Poliguárico (2), Polianzoátegui (2), Ejército (1), Polizulia (1), Polilagunillas (1) y Policía Municipal de Bermúdez (1)”, aseguró la ONG en un comunicado.

Por otra parte, la cifra de personas desaparecidas y/o secuestradas en el tercer trimestre de 2023 demostró que la frontera venezolana sigue siendo el escenario idóneo de los grupos armados irregulares y bandas criminales para cometer este delito.

En este periodo la organización registró un total de 22 desapariciones: 14 de las víctimas eran hombres y 8 mujeres; de ellos 3 eran niños, niñas o adolescentes.

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Para FundaRedes la violencia viene afectando de manera diferenciada a los grupos vulnerables, “en el actual contexto caracterizado por una profunda crisis económica, política y social en el país, las mujeres, niños, niñas, adolescentes, indígenas y comunidad LGBTI están en creciente vulnerabilidad, afrontando amenazas significativas a su integridad y bienestar”.

La falta de respuestas efectivas a estas situaciones perpetúa la impunidad y llevan a cifras alarmantes de feminicidios y crímenes de odio, violencia y explotación laboral y sexual contra niños, niñas y adolescentes, y riesgos cada vez más acentuados para las comunidades indígenas que ven en peligro la preservación de sus culturas y su propia existencia.

Los habitantes de los estados fronterizos de Venezuela no encuentran la paz debido a la cantidad de enfrentamientos armados en esas jurisdicciones, las cuales han ocasionado 119 muertes, de enero a mayo de este año.

La información la dio a conocer la ONG Fundaredes, a través de sus redes sociales, donde destacan que «entre el mes de enero y mayo la organización registró un total de 86 presuntos enfrentamientos en las regiones fronterizas Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia».

Zulia es la región con más hechos de este tipo, «pues de 40 presuntos enfrentamientos, resultaron 54 personas fallecidas».

Estos enfrentamientos se dan entre miembros de bandas criminales y funcionarios de organismos de seguridad del Estado como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de policías regionales, de la Policía Nacional Bolivariana y miembros de comisiones mixtas.

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«Este tipo de muertes violentas fueron causadas por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», aseveró Fundaredes.

El año pasado, los homicidios en estos seis estados fronterizos bajaron 34% respecto a 2021, al pasar de 979 víctimas a 644, de las cuales 574 fueron hombres y 70 mujeres, de acuerdo con el informe anual de la organización, publicado en marzo de este año.

Entre el mes de enero y mayo la organización registró un total de 86 presuntos enfrentamientos donde murieron 119 personas.

La Organización No Gubernamental (ONG), Fundaredes denunció este jueves que grupos armados irregulares mantienen la extorsión contra ganaderos, principalmente en los estados fronterizos: Apure, Táchira y Zulia, para “financiar sus actividades delictivas e implementar el control social”.

Asimismo, advirtieron, que el derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad, así como el desarrollo de la actividad agropecuaria están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales.

En una nota de prensa, recriminaron que, en estos estados, así como el oeste de Barinas se manejan bajo las reglas de, “grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano y otros grupos armados”.

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“El ELN (Ejército de Liberación Nacional) está involucrado en todo tipo de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero su papel continuo en facilitar el contrabando de ganado puede ser uno de los más ignorados”, expuso Fundaredes.

Además, denunció que en “reiteradas oportunidades” ante instancias regionales y nacionales la presencia y actuación de grupos irregulares contra la población en general y los productores agropecuarios de la frontera colombo-venezolana.

“Lamentablemente, la respuesta del Estado venezolano ha sido prácticamente nula e insuficiente, pues los hechos persisten en detrimento del derecho a la propiedad y a la seguridad personal, y contraviniendo el resguardo de la soberanía nacional de agentes armados externos”, fustigó la ONG.

Un total de 644 homicidios y 334 desapariciones y secuestros fueron documentados en regiones fronterizas de Venezuela por la ONG Fundaredes, que este jueves presentó un informe sobre la violencia en zonas limítrofes.

La cifra de muertes violentas en áreas fronterizas bajó 34,2% en 2022 frente a la de 2021 (979), pero la de desapariciones y secuestros subió 7,4%, en comparación con la del año anterior (309), según el estudio de activistas de Fundaredes en estados que limitan con Colombia, Brasil y países del Caribe como Curazao y Aruba.

Adriángela Álvarez, investigadora de Fundaredes, alertó que 80 de las 334 víctimas de desapariciones y secuestros fueron mujeres, la mayoría cuando buscaban emigrar forzadas por una severa crisis económica que, según la ONU, ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a dejar su país.

«Se convierten en presa fácil de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, así como de grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que mediante ofertas engañosas las captan y someten a trabajos forzosos y prostitución», indica el informe reseñado por AFP.

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Crítica con Nicolás Maduro, la ONG denuncia la actividad de grupos criminales y combatientes de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC, así como de mafias de minería ilegal.

Fundaredes reportó 167 enfrentamientos violentos en 2022, la mayoría con actuación de cuerpos de seguridad del Estado.

Su director, Javier Tarazona, permanece preso en Venezuela desde el 2 de julio de 2021, acusado de «terrorismo», «instigación al odio» y «traición a la patria». La ONG denuncia una «detención arbitraria» e «ilegal» y exige su libertad.

Las Naciones Unidas consideraron como «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela los arrestos de Tarazona y otros dos activistas que posteriormente fueron excarcelados con la orden de presentarse periódicamente en tribunales. Ocurrieron luego de que estos acusaran al gobierno de Maduro de tener vínculos con grupos armados irregulares que actúan en la frontera.

Venezuela es uno de los países garantes de las negociaciones de paz que el gobierno de Colombia retomó el pasado 21 de noviembre con el ELN, que buscan emular el histórico acuerdo firmado en 2016 con las FARC.

La ONG Fundaredes acudió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para pedirle que califique como arbitraria la detención de su director, Javier Tarazona, quien cumplió 600 días en preso, acusado por terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

“Desde Fundaredes, abogamos y solicitamos al alto comisionado, Volker Türk, que califique el caso de Javier Tarazona como una detención arbitraria, además de exigirle al Estado que otorgue su libertad plena”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, denunció entonces Fundaredes.

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Rafael Tarazona, hermano del director de la ONG Fundaredes, manifestó su esperanza de que el trabajo de Türk en la Acnudh, que comenzó en octubre pasado, sea mejor al de su predecesora, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ya que el “argumento que utilizó en cada uno de sus informes” les “quedó pequeño” a “muchos presos políticos”, reseñó la agencia Efe.

El pasado 28 de enero, al finalizar una visita de dos días a Venezuela, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en el país “para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos”.

Desde Fundaredes abogamos y solicitamos al Alto Comisionado para los #DDHH @volker_turk que califique el caso de Javier Tarazona como una detención arbitraria, además de exigirle al Estado que otorgue su libertad plena #NiUnDiaMasTrasLasRejas

Diferentes Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos en Venezuela, han solicitado a la administración de Nicolás Maduro que otorgue los acostumbrados beneficios a los presos en diciembre.

La medida es solicitada especialmente para los 274 presos políticos que hay en Venezuela, de los cuales un número considerable tienen causas sobreseídas, otros no han sido procesados y algunos simplemente tienen boletas de excarcelación, pero dichas acciones no se han cumplido.

A pesar de que el año pasado no se llevó a cabo, por lo menos con los presos políticos, las ONG esperan una respuesta de Nicolás Maduro.

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«Aún estamos a tiempo de un milagro de Navidad. Esta es una época de reencuentro. Pedimos una medida humanitaria para todos los presos políticos de Venezuela, injustamente detenidos», escribe en sus redes sociales la organización Provea.

Uno de los presos políticos más icónicos es Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes.

Tarazona tendría ya 540 días preso, bajo un proceso judicial que según la organización, ha estado «amañado» y todo después de denunciar situaciones irregulares con grupos subversivos en la frontera colombo venezolana.

Ya suman 540 días de injusta detención. Seguimos elevando nuestra voz exigiendo la liberación de Javier TarazonaLa defensa de los derechos humanos no es un delito. #NiUnDíaMásTrasLasRejas pic.twitter.com/KXmZjpkVhn

El juicio contra Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes y activista por los Derechos Humanos, se reinició este miércoles desde cero, informó su defensa.

Tarazona está detenido desde julio del 2021 y es acusado de «terrorismo».

«Es la segunda vez que se da inicio al juicio oral y público (…). Se interrumpió en octubre del presente año y por esa razón tuvimos que volver a comenzar de cero», dijo la abogada Rachel González, miembro del equipo de defensa de Tarazona, después de la nueva audiencia de presentación.

El proceso contra él y otros dos activistas por acusaciones de «terrorismo», «instigación al odio» y «traición a la patria» tuvo una primera audiencia el pasado 16 de agosto, recordó la agencia AFP.

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Luego de 13 diferimientos, pero fue interrumpido en octubre por el incumplimiento de los plazos legales para su continuidad, de acuerdo con FundaRedes, la ONG que dirigía este promotor de derechos humanos y que atiende a habitantes de las zonas fronterizas.

«Se denunció la detención arbitraria e ilegal de la que fueron sujeto todos los involucrados y se solicitó su libertad plena», comentó González.

Tarazona sigue preso en el Sebin después de haber sido arrestado el 2 de julio de 2021.

Su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, integrantes de FundaRedes, también fueron detenidos el año pasado, pero se les excarceló, aunque deben presentarse cada 15 días en tribunales.

Quedaron pendientes, manifestó González, las declaraciones de los tres activistas en la audiencia de este miércoles, que se espera sea retomada el martes de la próxima semana.

«Ellos fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ellos así lo van a denunciar (ante la corte)», expresó la abogada.

La ONG Foro Penal, que asiste legalmente a Tarazona, denuncia que en Venezuela existen casi 280 «presos políticos».

Los arrestos de Tarazona y sus compañeros de FundaRedes fueron considerados por la ONU «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela. Se produjeron luego de que estos acusaran al gobierno del presidente Nicolás Maduro de tener vínculos con combatientes de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las disueltas FARC.

El 11 de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una visita a Venezuela, con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra Tarazona.

A través de un comunicado, la Comisión recordó que el 30 de octubre de 2022 adoptó la Resolución 60/2022, mediante la cual resolvió «modificar las medidas a favor de Tarazona Sánchez, así como dar seguimiento a su situación actual en privación de libertad»,».

Explica que tomó la medida «luego de analizar la información disponible e identificar desafíos frente a la falta de respuesta por parte del Estado».

Diferentes organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil se reunieron este lunes #14Nov para pronunciarse en torno a los 500 días de detención que ha pasado el director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona.

Durante una rueda de prensa, la coordinadora de documentación, Clara Ramírez, exigió la liberación de Tarazona, ya que consideran que no existen indicios suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.

Indica Ramírez que la solicitud está amparada en el respaldo de diversas ONG de Derechos Humanos y de la sociedad civil. Además, de los dictámenes esgrimidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Javier Tarazona se encuentra tras las rejas desde el año pasado, cuando fue detenido en el estado Falcón junto a otros dos activistas, después de denunciar que eran perseguidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

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Para el momento, FundaRedes denunciaba la participación de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, específicamente en el Alto Apure.

En julio del 2021 ,después de ser liberados los otros dos activistas, a Javier Tarazona lo acusaron de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

Marino Alvarado, director de investigación de Provea, otra ONG de Derechos Humanos en Venezuela, el caso de Tarazona es uno más de los miles que han llevado en contra de activistas sociales, líderes vecinales y activistas de Derechos Humanos.

Gracias al señor papagayo (@srpapagayos) por acompañarnos el día de hoy a exigir la liberación de nuestro director general, Javier Tarazona (@javiertarazona).#LiberenAJavierTarazona#NiUnDiaMasTrasLasRejas pic.twitter.com/rmzUdn8D2W

Alvarado indica que el retardo procesal es común en estos casos. «Hay un problema de estructura en el sistema de Justicia penal en Venezuela que está afectando a todos los presos políticos, pero también a otros presos».

A pesar de que hay una premura por parte del reciente gobierno colombiano en buscar una solución a la problemática de la frontera, la organización no gubernamental FundaRedes, denuncia que actualmente hay unas 40 trochas activas en toda la extensión de la zona limítrofe.

Edixon Figueroa, coordinador del Observatorio de Violencia de FundaRedes, manifiesta que solamente en el estado Táchira hay 250 trochas contabilizadas y activas, mientras que el resto se despliegan en estados Zulia, Apure y Amazonas.

Las palabras del dirigente de FundaRedes han sido desplegadas en la web del diario Tal Cual, donde manifiesta que hasta los momentos no se ha podido evidenciar ningún cambio significativo o alcance tras la reapertura de la frontera.

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«Una apertura no hay. Estamos hablando de un cierto paso económico de unas gandolas que solamente circulan de dos a tres horas por el puente internacional Simón Bolívar. Pero no hay más nada. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Maduro cerró las fronteras en 2015 para evitar que los venezolanos salieran y hoy quieren venderse como un gobierno que sí respeta los DDHH, pero eso no existe», dijo Figueroa.

A principios del mes de octubre Venezuela y Colombia finalizaron más de cuatro años de tener una frontera cerrada, situación que generó una merma considerable en la economía fronteriza.

Para el 27 de octubre el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una fuerte crítica sobre las trochas en la zona limítrofe, por lo que ordenó de parte del lado colombiano, un cierre inmediato de todas.

Posteriormente, Petro viajó a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro, en donde presentó la problemática existente y pidió unir esfuerzos para combatir este flagelo.

Desde el pasado jueves #28Oct dos contingentes militares de envergadura, bajo el mandato de Nicolás Maduro, tomaron la población de Tumeremo, en el estado Bolívar, para realizar allanamientos, patrullaje y tratar de tomar el control de dicha zona minera.

Así lo denunció la organización no gubernamental FundaRedes, quienes en las redes sociales dieron detalles sobre la movilización militar.

«Este 28 de octubre una gran cantidad de tanques, volquetes, helicópteros y un gran número de efectivos militares en la zona, luego de que un contingente militar bélico de la FANB habría empezado a militarizar la localidad de Tumeremo en la tarde del jueves 27 de octubre», dice FundaRedes.

Este 28 de octubre una gran cantidad de tanques, volquetes, helicópteros y un gran número de efectivos militares en la zona, luego de que un contingente militar bélico de la FANB habría empezado a militarizar la localidad de Tumeremo en la tarde del jueves 27 de octubre pic.twitter.com/nI0sV1DW70

Según la organización, los mineros que en días pasados denunciaron actos irregulares cometidos por militares y policías en la zona, han sido abordados por los uniformados y supuestamente han sido amedrentados.

«Se registran denuncias de allanamientos y atropellos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado sin la debida orden judicial, al mismo tiempo se presume que 30 mineros de la localidad de Imataca habrían sido detenidos, desconociéndose su paradero», explica FundaRedes.

Aunado a los anteriores hechos que evidencian abuso de poder, aviones de combate de la FANB sobrevuelan Tumeremo e ingresan de tanquetas de guerra a esta población, con el fin de desplazar a mineros artesanales de estas zonas auríferas, vulnerando sus derechos fundamentales pic.twitter.com/I7fk1euPeN

Dicen que han llegado equipos anti motines, tanquetas, tanques de guerra, camiones, helicópteros y hasta aviones caza tipo Sukhoi, además de diversos pelotones de militares, quienes mantiene el control de la población.

Según FundaRedes, entre el 17 y 19 de octubre, mineros de Imataca, zona cercana a Tumeremo, denunciaron que fueron víctimas de robos y atropellos por parte de uniformados de la FANB.

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«Situación que obligó al desplazamiento de más de 1.000 mineros. Al menos 200 se encuentran refugiados en zonas montañosas aproximadamente a 10 horas de Imataca, encontrándose mujeres y niños sin condiciones para resguardarse de las hostilidades de un terreno de este tipo», manifiesta FundaRedes.

La administración de Nicolás Maduro estaría en la zona llevando a cabo el operativo Autana 2022, con el fin de atacar a grupos irregulares en la zona, pero según los afectados, han atropellado a mineros legales y población civil.

En cumplimiento de su misión, #FANB no permitirá que grupos terroristas armados asociados al narcotráfico y trata de personas, socaven, destruyan y causen daños irreparables al ambiente ecológico en las Reservas Forestales Venezolanas. pic.twitter.com/qWYagScnHz

A propósito de la próxima reapertura de la frontera colombio-venezolana, la ONG Fundaredes, registró en lo que va de año, 246 desapariciones en esa zona del país, integrada por seis estados que limitan mayoritariamente con Colombia.

«En lo que respecta a la cifra de desaparecidos por entidad fronteriza monitoreada por FundaRedes, Táchira, se ubicó en 48 %, con 118 casos», destaca la organización, en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Mientras que el estado Bolívar es el segundo, con 55 casos, seguido por el Zulia con 29, Apure con 22, Falcón con 17 y Amazonas con 5.

La ONG alerta que las estadísticas en Táchira, el principal punto de tránsito de migrantes, «demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos» en esta región.

Esta entidad «registra el mayor movimiento de grupos armados irregulares que controlan los pasos ilegales hacia Colombia por donde transitan miles de personas a diario», alerta Fundaredes en el video.

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Los municipios tachirenses con más desaparecidos son: «Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia», justo los que limitan con el departamento colombiano de Norte de Santander.

Por ello, Fundaredes denunció «la indiferencia del Estado venezolano para investigar, así como para atender las denuncias de los familiares de las víctimas».

Recientemente, la ONG aseguró que en agosto se registraron 36 desapariciones en el «corredor fronterizo», conformado por Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas, lo que representa un aumento de 50 % en relación con julio, cuando se computaron 24 en la misma zona.

Indicó, además, que se contabilizaron 65 homicidios en estos seis estados fronterizos, siendo Zulia donde se cometieron más asesinatos.

Los hechos violentos asociados a la presencia de grupos irregulares en la frontera también son motivo de alarma para la ONG.

Indica la ONG, que el estado Zulia se ubica en primera posición a causa del mayor número de actos violentos cometidos en agosto.

«25 homicidios, 2 desapariciones y 4 enfrentamientos armados; aunado al uso de artefactos explosivos reflejando 11 atentados con granadas y armas de fuego, lo que comprueba nuevamente la falta de atención por parte de las autoridades», señala.

Por su parte, el estado Bolívar ocupa la segunda posición como «entidad oprimida por la violencia».

«No solo se evidencia la problemática en las minas, sino que también un total de 13 homicidios, evidencian el aumento del 85% en comparación al mes de julio, donde hubo 7, 13 desaparecidos y 1 enfrentamiento armado, manteniendo a la población en completo desamparo», se lee en el informe.

«Durante el mes de julio del 2022 se presentó un escenario desalentador debido al incremento de las actuaciones de grupos armados irregulares y bandas criminales con alto poder de fuego, no solo en las entidades que conforman la línea fronteriza, sino en otras regiones del país».

El párrafo anterior corresponde al informe sobre el contexto fronterizo de la ONG Fundaredes, donde destaca que en los estados fronterizos han al menos 16 bandas armadas y se han producido 50 muertos, en solo 30 días.

Señala que se trata de la exacerbación de los «enfrentamientos por el control de territorio para el desarrollo de actividades ilícitas, extorsiones, asesinatos, trata de personas, esclavitud moderna, narcotráfico, contrabando de minerales, desapariciones y secuestros».

Esas son las causas que «arrojan como resultado 50 personas fallecidas» y el «el incremento de las actuaciones delictivas de grupos armados irregulares (GAI)», lo cual «deja un escenario desalentador, especialmente en el Zulia quien una vez más encabeza el listado de los más violentos, con la presencia de al menos 16 bandas criminales».

El escrito resalta que tres entidades padecen por la violencia criminal de estos grupos.

«En el estado Guárico, con la actuación de la poderosa megabanda Tren del Llano, e igualmente en el estado Táchira donde operan células del Tren de Aragua. Otra entidad, como el estado Apure, presenta también un alto índice de vulneraciones, pues allí lasorganizaciones criminales operan libremente y sin ningún tipo de restricciones por parte de las autoridades».

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El documento hace especial referencia a la zona sur del Táchira que «se vio arropada con un alto indicador de violencia, puesto que perdura el control de los pasos irregulares por parte de grupos delictivos».

Denuncia que ello «permite el desarrollo de actividades ilícitas que usan como fuente de ingresos y como canal para el tráfico de numerosos productos, como combustibles, minerales, personas y drogas».

Asimismo, resalta que «Bolívar se impuso como el tercer estado más violento, donde se evidencia la grave deforestación y contaminación por la minería ilegal, afectando a los ríos Icabarú, Paragua y Caroní».

A ello se suma «la destrucción de 1.200 hectáreas de selva virgen que mantiene en riesgo de desaparición a diversas especies».

En Falcón, resalta «la presencia de organizaciones dedicadas a traficar sustancias ilícitas, las cuales aprovechan la ubicación geográfica de la entidad costera para transportar por vía marítima o aérea, mercancías ilegales».

La captación de personas para cometer delitos es otro flagelo que azota varios estados del país y no necesariamente de la frontera, como enfatiza el informe de la ONG.

«Entidades como Sucre, Anzoátegui, Guárico, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Mérida, confirman la indefensión en la que se encuentra la población venezolana, frente a la constante violación a sus derechos fundamentales», dice.

«Esto se ve reflejado en la grave emergencia humanitaria compleja, facilitando que organizaciones criminales puedan engañar y captar posibles víctimas a sus filas», agrega.

Hace especial mención a «la proliferación de redes de trata y tráfico de personas» que «ha mutado en el estado Delta Amacuro, esto ante la desesperación y angustia que sus habitantes padecen por la profunda emergencia humanitaria compleja: Esto obliga a muchos a migrar bajo condiciones de tráfico marítimo, sobre todo por la conexión con las islas de Trinidad y Tobago».

El equipo de abogados del Foro Penal que defienden al director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona y al sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Larry Osorio, les fue impedido, por enésima vez, entrevistarse con sus defendidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Así lo informó Rachel González, miembro del staff de abogados, quien asegura que no hubo ningún tipo de información sobre el motivo por el cual no podía ingresar a la sede del SEBIN en El Helicoide este martes, que está tipificado como día de visitas de abogados.

¡NO PERMITEN VERLO! @ForoPenal desconoce la situación del preso político Javier Tarazona. La ONG denuncia que no les permitieron ver este #26Jul a Tarazona y a Larry Osorio en día de visita de abogados en El Helicoide. ?: @alfredoromero@ImpactoVE ? pic.twitter.com/WUeGLbWHVY

González manifiesta que no es primera vez que les impiden verse con sus defendidos.

Este lunes, entre informaciones cruzadas y algunas falsas, fue diferida nuevamente la audiencia preliminar del caso FundaRedes en el Palacio de Justicia de Caracas.

Los representantes legales de Javier Tarazona manifestaban que en un principio les notificaron que Tarazona no había sido trasladado al Palacio de Justicia, luego se enteraron de que el directivo de la ONG si se encontraba en la sede de administración de justicia.

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Explica Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, que este lunes acudieron todas las partes al comienzo de la audiencia, incluso el detenido ya estaba en los tribunales, pero no hubo ningún pronunciamiento oficial de parte del tribunal, salvo que la audiencia fue diferida para el 08 de agosto.

Larry Osorio es un sargento de la GNB que han relacionado al caso, después de que supuestamente intercambiara unos mensajes de texto con Javier Tarazona.

El sargento fue detenido en el 2021 en el hospital de Guasdualito, donde estaba destacado.

Sobre Osorio no pesa nada más allá de unos mensajes de texto que supuestamente habrían sido enviados a Tarazona, quien se encuentra detenido, después de denunciar irregularidades en el Alto Apure, región donde se encuentra la población de Guasdualito.

Tarazona, a través de FundaRedes, denunció el accionar de grupos irregulares en Apure, quienes habrían operado en territorio venezolano, supuestamente con la venia de la Fuerza Armada Nacional.

Vale acotar que ahora, la administración de Nicolás Maduro, lleva a cabo incesantes operativos contra las denominadas TANCOL (Terrorista Asesino Narcotraficante Colombiano) en la misma región fronteriza que en su momento habló Tarazona.

Más de 1.200 hectáreas de selva virgen en el estado Bolívar han sido destruidas por la explotación de la zona denominada Arco Minero del Orinoco.

La denuncia proviene del informe ambiental que presentó esta semana  la ONG Fundaredes, donde indicó que  el Arco Minero del Orinoco, que comprende 111.843,70 kilómetros cuadrados y representa 12,2% del territorio nacional, “sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación”.

Esto ha generado una “catástrofe ambiental” y la desaparición de bosques vírgenes en el sur del país.

Precisa que la zona “ha estado sometida a procesos de extracción de diversos minerales explotados a gran escala y sin control. Esto como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por la crisis petrolera”.

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Asegura que esta situación es a consecuencia del desmantelamiento de las industrias básicas y las erradas políticas económicas de la administración de Nicolás Maduro.

El Arco Minero del Orinoco es el nombre con el que denominan a la zona ubicada entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Allí se encuentran alrededor de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales, reseña El Nacional.

Además posee grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

Grupos irregulares con las manos en la masa

La ONG advierte también que en este territorio “se albergan actividades ilícitas como el extractivismo y la deforestación. Así como la tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques, junto a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales”.

Igualmente precisa que los parques nacionales y los grupos indígenas que hacen vida en la zona están “afectados directamente, principalmente por actividades irracionales e ilegales de extracción de sus riquezas minerales y madera”.

Resalta que la situación se agrava en la zona por la actuación de grupos armados irregulares que se dedican al narcotráfico y al contrabando de minerales.

El informe de Fundaredes enfatiza que estos grupos al margen de la ley “operan en la zona con conocimiento y, en algunos casos, con anuencia de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela”.

También alertó que entre los años 2000 y 2021 se han perdido “al menos 135.318” hectáreas de bosques tropicales en el territorio Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, por causa de la minería de oro en la zona.

La Organización No Gubernamental (ONG) FundaRedes, denunció que en los estados fronterizos de Venezuela se registran decenas de casos de explotación sexual, trata y tráfico de niños y adolescentes. Las denuncias son hechas por familiares de las víctimas, pero hasta el momento, no tienen respuesta de las autoridades.

Asimismo, FundaRedes detalló que en lo que va de año, se reportaron 96 personas desaparecidas en estados fronterizos. De esta cifra, 14 de ellos se corresponden a casos en los que se encuentran involucrados menores de edad.

La organización asegura que este tipo de situaciones ocurren desde hace tiempo, pues ya para el año 2021 se conocía que grupos delictivos armados aprovechan la inacción de las autoridades para captar a los niños y adolescentes.

Por ello, la ONG documentó que para el año 2021, de las 439 personas fallecidas, 39 eran niños, niñas y adolescentes; víctimas que se dan en medio del conflicto armado y la violencia que se desarrolla en los estados fronterizos del país”, refirió la ONG.

Clara Ramírez, coordinadora de documentación de FundaRedes, aseguró que los grupos armados ven a los menores como si fuesen mercancía que puede ser comprada y vendida libremente y de la que puede obtenerse un beneficio económico sin importar su bienestar. En este sentido, señaló que en muchos casos se produce una separación entre los niños, que son usados para realizar trabajo forzoso, y las niñas que son prostituidas.

“Entre las actividades que resaltan y en las que estos grupos armados usan como medida de camuflaje a los niños captados, es la de servir de mediadores o de mensajeros, por el simple hecho de que son niños y podrían pasar desapercibidos. Estos grupos delictivos se valen muchas veces de las necesidades e inocencia de estos niños, niñas y adolescentes”, indicó Ramírez. 

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Las investigaciones realizadas por FundaRedes apuntan al estado Táchira como un foco de las desapariciones de menores registradas a lo largo de la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Las estadísticas revelan que tan solo durante el primer trimestre de 2022, se contabilizaron unos 14 casos de desapariciones de menores de edad en la entidad andina. A estos casos se suma también los raptos que no son reportados, debido a que quienes están a cargo de los niños y adolescentes optan por no denunciar.

Comentan que esto sucede generalmente cuando los padres de los niños se encuentran fuera del país y estos están bajo el cuidado de terceros.

En una investigación previa publicada por FundaRedes, la propia ONG denunció que en la gran mayoría de los casos los delitos de explotación sexual y de tráfico de niños y adolescentes, son llevados a cabo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, el Frente Bolivariano de Liberación e incluso el Tren de Aragua.

De acuerdo con FundaRedes, estos delitos también se ven exacerbados debido al flujo migratorio protagonizado por mujeres junto a sus hijos y demás familiares. Estos momentos son aprovechados por los grupos armados para cometer sus delitos impunemente.

“El corredor fronterizo Apure-Arauca, pese a que durante 2021 y 2022 ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre varios frentes de las guerrillas ELN, disidencias de las FARC y el Ejército venezolano, es una de las principales rutas migratorias desde Venezuela hacia el sur del continente y también una de las más peligrosas, pues a los conflictos armados se suma el hecho de que es utilizada por estas organizaciones para captar personas que terminan en manos de redes de trata, explotación y esclavitud”, refiere el informe de FudaRedes.

La ONG alertó que en algunos casos los grupos armados y los denominados “coyotes” se acercan a sus víctimas bajo el pretexto de querer ayudarlos a cruzar la frontera de manera segura y sin ser localizados por las autoridades.

No obstante, lo que sucede en realidad es que son trasladados a sitios donde después caen en manos de personas dedicadas a la trata de personas.

Un ejemplo de ello han sido las detenciones de miembros del Tren de Aragua realizadas por las autoridades chilenas, las cuales destaparon una red de trata de personas y prostitución que trasladaba mujeres desde Venezuela hasta Chile bajo engaño para luego prostituirlas.

La ONG Fundaredes alertó sobre el deterioro de la salud de su director, Javier Tarazona, quien cumple 350 detenido, desde el 2 de julio de 2021, tras ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

«Desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general quien, constantemente, presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud», dijo la coordinadora del área de Documentación y Derechos Humanos de Fundaredes, Clara Ramírez.

En un video publicado en la cuenta de Twitter de la ONG, Ramírez informó que un médico dio, recientemente, la recomendación de trasladar al activista a un centro de salud para practicar varios exámenes, pero no fue autorizado.

«Han transcurrido más de 15 días desde que a Javier lo examinó un médico general y recomendó que debía ser trasladado a un centro médico especializado a que se le realizaran diversos exámenes, entre ellos una endoscopia y una colonoscopia», dijo.

«Al día de hoy, 15 de junio, Javier Tarazona no ha sido trasladado a ningún centro médico», lamentó Ramírez.

Recordó que el Estado venezolano es el responsable de los privados de libertad bajo su custodia y que debe ser garantizado su derecho a la salud.

«No queremos que Javier Tarazona sea el primer defensor de derechos humanos que fallece bajo custodia del Estado venezolano», advirtió.

Desde Fundaredes insistieron en la solicitud de «libertad plena e inmediata» para el activista.

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Tarazona fue capturado junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón.

Ese día, ellos acudieron a la sede del Ministerio Público en Coro, a denunciar que funcionarios de la Policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), los estaban acosando.

Luego de varias horas desaparecidos, se supo de la imputación en contra de los activistas.

Posteriormente, a Rafael Tarazona y García los excarcelaron el 26 de octubre, con régimen de presentación.

Tarazona fue detenido tras convertirse en la principal voz de denuncia del conflicto armado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC.

Su liberación es solicitada reiteradamente por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales.

⚠️ #AlertaFundaRedes | Desde @FundaREDES_ instamos al Estado venezolano a que respete y garantice el derecho a la salud y a la vida de Javier Tarazona. Seguimos exigiendo su libertad, plena e inmediata. #15Jun#LiberenAJavierTarazona pic.twitter.com/ZXp1jX3RTa

Organizaciones de documentación y protección, alertan que de las 439 personas muertas en el último año, tras conflicto armado en la frontera entre Colombia y Venezuela, 39 son niños.

El constante accionar de grupos al margen de la ley y la pugna por conquista de territorio, está arrebatando la niñez en el eje limítrofe.

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Un informe de FUNDARES indica, que en la frontera el Estado ha permitido «las acciones de grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego e incluso organizaciones internacionales del narcotráfico que, desde instancias del poder, han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas».

Los grupos armados irregulares «han tomado, para su uso, fincas de propiedad particular, las cuales convierten en espacios para sus acciones criminales», asegura la ONG citada por EFE.