El proceso de Paz en Colombia, escribe este lunes #21Nov un nuevo capítulo con el apoyo de la administración de Nicolás Maduro.

En las instalaciones del hotel Humboldt, ya se instaló la mesa de negociación de ambos sectores.

El proceso de diálogo se desarrolla en medio de numerosas críticas de sectores de la oposición venezolana y colombiana, que afirma que Maduro es aliado del ELN.

Lo que dice Benedetti

Por su parte, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti se refirió al proceso de paz en una entrevista con RCN. “Te podría hablar como un libro de autoayuda, que ojalá que las cosas salgan bien, que el ELN entienda que este el único y último momento para que las negociaciones avancen y esperemos a ver qué pasa”.

Sobre el tiempo que puedan durar estas negociaciones destacó que “Con las FARC duraron tres años, así que a esperar tres años”.

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La prensa colombiana reveló los nombres los integrantes del comité negociador del Gobierno colombiano.

Entre ellos destacan  11 nombres de políticos, líderes gremiales y sociales, exintegrantes de las Fuerzas Militares y otros, que participarán en los diálogos, cuya última reunión oficial se había dado el 1 de agosto de 2018 en La Habana, Cuba.

Uno de los negociadores es  Otty Patiño, quien fue dirigente de la extinta guerrilla del M-19 y será el encargado de presidir la negociación por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

También figura los nombres de los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, ambos del Pacto Histórico, a quienes se sumó Alberto Castilla, dirigente político de Norte de Santander, y Horacio Guerrero, quien se desempeña como asesor del Ministerio del Interior.

Mientras que en el grupo de exmilitares están el almirante retirado Orlando Romero, quien es reconocido por haber participado en la negociación que terminó en la reincorporación de las Farc a la vida civil; y el coronel retirado Álvaro Matallana.

Dentro de los empresarios destacan a también aparecen los dirigentes gremiales José Félix Lafaurie, presidente de Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), y Rosmery Quintero, directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).

Conforme avanza la variante ómicron del coronavirus, que ahora es la dominante en Colombia, también continúa la campaña para las elecciones presidenciales en Colombia que acontecerá en mayo próximo. 

¿Qué relación guardan las dos cosas? Pareciera que ninguna, pero el precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro ha demostrado que sí están ligadas.

En las últimas horas, Petro hizo comentarios, en un tono apocalíptico, sobre el avance de la pandemia en el país, y también, con base en ese hecho (Bogotá tendrá su cuarto pico a comienzos de febrero), anunció cómo sería un supuesto plan de “salud preventiva” si él llega a la presidencia.

Según Petro, “casi toda la población colombiana terminará infectada por el covid, morirá gente vulnerable no vacunada”. Y esa eventual situación la pone en clave de su discurso político: “Esas muertes solo serán el producto de una distribución desigual de la vacuna. Muertes producto de la desigualdad social y la codicia”.

En otro momento, el líder de la Colombia Humana también dijo: “Quizás este sea el final de la pandemia, ojalá. La expansión rapida [SIC] de la pandemia en estos días marca, quizás, su final. Haremos luto por quienes no pudieron resistir”.

Después de la manifestación, Petro se proyectó como gobernante del país. “Nuestro compromiso y en su homenaje, será fortalecer la salud pública en todo el país. Una salud preventiva, con capacidad de predicción, donde la fuerza laboral sanitaria sea tratada con el máximo de respeto, estabilidad y dignidad laboral. Hasta el ultimo rincón del llano, de las selvas, llegarán las avionetas, lanchas y helicópteros de la salud preventiva”.

De ese bucólico paisaje, sin embargo, lo baja Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, que le plantea cifras, y lo acusa.

“Más de 66.9 millones de dosis aplicadas, respuesta a mentiras politiqueras”, escribió el funcionario en Twitter. “Vacunas gratuitas, disponibles, accesibles, y voluntarias. Aplicación según nivel de riesgo. Usted ha desinformado, dicho que nos demoraríamos 7 años y ahora critica avances: Esto es populismo electoral”.

El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, anunció la detención de un capitán de la reserva. Al hombre le acusan de presunto espionaje de la plataforma Sukhoi de la Aviación.

«En la FANB no hay espacios para la traición! Gracias a la pronta y diligente denuncia de los soldados patriotas, se detuvo al capitán en reserva activa Ronald Marrero Lozano, C.I. 17198309», publicó Padrino en Twitter.

Dijo que Marrero «intentaba obtener información de la plataforma estratégica SUKHOI-30 MK2 de la AMB».

Informó que a este hombre, supuestamente, le pagaba el organismo de inteligencia de Colombia. «Este felón fue captado, mediante soborno ($1000 semanales) por alias Andrés, perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana».

Explicó que el detenido se «comunicaba a través del abonado +573219500962. El traidor Ronald Marrero está aportando toda la información al detalle», acusó.

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Padrino López insiste en que «el gobierno colombiano, apoyado por la CIA, persiste en su actitud hostil contra Venezuela». Dijo que «agreden de manera sistemática nuestra soberanía. Sin retórica alguna le decimos a Iván Duque: ¡NO SE EQUIVOQUEN!», remarcó.

Es la segunda vez en menos de una semana que la administración de Maduro arremete contra el gobierno de Iván Duque. Esto, tras el anuncio de la activación del grupo de lucha contra el Clan del Golfo y del Estatuto de Protección para los venezolanos.

El gobierno colombiano, apoyado por la CIA, persiste en su actitud hostil contra Venezuela, agrediendo de manera sistemática nuestra soberanía. Sin retórica alguna le decimos a Ivan Duque: ¡NO SE EQUIVOQUEN! (3/3)

Claudia López, alcaldesa de Bogotá pidió en el acto de perdón y reconciliación de este domingo a la policía nacional y al gobierno de Colombia reconocer los errores cometidos.

La petición de la alcaldesa se hace en el marco de los actos ocurridos esta semana.

Primero, el asesinato de Javier Ordoñez en manos de funcionarios policiales, posteriormente, las brutales muertes que se suscitaron durante las protestas.

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En ese sentido, la alcaldesa pidió perdón a la ciudadanía, y aseguró que estos actos debieron prevenirlos.

Reiteró su petición a las autoridades de reconocer las fallas y manifestar el propósito genuino de enmendar.

El Distrito, en cabeza de la alcaldesa, ha pedido perdón a la ciudadanía por lo sucedido esta semana. "Debimos prevenirlo", dijo @ClaudiaLopez. Y pidió a la Presidencia y a la Policía que reconozcan las fallas y manifiesten el propósito genuino de enmendar. #BogotáSeReconcilia pic.twitter.com/soGV2mgGpm

Colombia se encuentra en estado de conmoción luego de que se hiciera viral un video en el que se evidencia como unos policías torturan al abogado Javier Ortiz quien murió mientras era trasladado al hospital.

Luego de ello, las protestas se desataron en varias entidades de Colombia, exigiendo justicia y el cese de la brutalidad policial.

Hasta el viernes se habían registrado 13 fallecidos en el marco de las manifestaciones.

Ante estos hechos el gobierno de Colombia pidió perdón por el aberrante hecho, en nombre de la Policía Nacional.

Destacó que no representan la identidad de la institución.

Por su parte el presidente de Colombia, Iván Duque aseguró que los hechos de violencia en Colombia, son dolorosos y deben generar rechazo.

Las alteraciones de orden público tras la muerte de Javier Ordóñez por un presunto abuso policial han dejado 13 víctimas mortales, 147 policías heridos y 248 ciudadano lesionados.

Duque dijo que no se permitirá ningún abuso por parte de la fuerza pública e hizo una defensa a la institucionalidad.

«Son muchos miembros de la fuerza pública que sirven al país y bajo ese espíritu definido hay una política clara de cero tolerancia a cualquier acto que deshonre el uniforme», manifestó.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Gobierno colombiano adoptar medidas de protección para garantizar la vida de los desmovilizados de las FARC, informó el alto tribunal.

La medida, según un comunicado de la JEP que llegó a la agencia EFE , se «tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales» de los exguerrilleros de las FARC que están sometidos a la jurisdicción.

La información agrega que “más de 200 comparecientes han sido asesinados, fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc” de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), especializado en estudios de paz.

En esa dirección, la JEP le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y a la Unidad Nacional de Protección “llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil”.

Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias «la grave condición de seguridad» y las razones que llevaron a efectuar el traslado de 93 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del caserío Santa Lucía, en Ituango, al municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

La Policía colombiana incautó de 1,2 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena de Indias que iban a ser enviadas a Alemania. Se trata de un cargamento de servilletas, informó este lunes la institución.

En desarrollo de labores de registro y control en el puerto, la Policía inspeccionó un contenedor, lo que «permitió el hallazgo de 1.224 paquetes rectangulares de color café y amarillo, que estaban ocultos dentro de 60 cajas de cartón las cuales, igualmente, transportaban servilletas de papel».

En el comunicado la Policía añade que «de acuerdo con las investigaciones, la intención de los criminales era que esta mercancía fuera embarcada en una motonave con destino final a Coblenza, Alemania». Recogió un cable de la agencia EFE.

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Las autoridades continúan las investigaciones, con el propósito de establecer a cuál banda de narcotraficantes pertenecía la droga incautada.

Esta operación sigue a la realizada a comienzos de este mes en el puerto de Buenaventura, el principal del país en el Pacífico. Ahí, la Policía se incautó de 4,9 toneladas de cocaína camufladas en un cargamento de caucho que tenía como destino Turquía.

Hace dos semanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito divulgó en Bogotá un informe en el que aseguró que el Gobierno colombiano logró reducir en 2019 de 169.000 a 154.000 las hectáreas sembradas de coca en el país.

En términos porcentuales, la disminución en 15.000 hectáreas del área dedicada a cultivos ilícitos en 2019 equivale al 9 %. Este resultado fue celebrado por el presidente colombiano, Iván Duque, como «la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años en nuestro país».

En cuanto al potencial de producción de clorhidrato de cocaína del país, el organismo de la ONU calculó en su informe que en 2019 fue de 1.137 toneladas métricas, superior en un 1,5 % a la del ejercicio anterior.