Nicaragua, Venezuela y Cuba suponen un reto para España en la política exterior con Latinoamérica. Esto, según el Informe de Perspectivas y Desafíos para el 2022 del Real Instituto Elcano, presentado esta semana en Madrid y reseñado por la agencia Efe.

Según el informe de este centro de análisis y estudios internacionales, España se vio envuelta en polémicas a lo largo de 2021. Ocurrió al intentar establecer procedimientos de diálogo a raíz de las crisis políticas de Nicaragua y Venezuela. Esto suscitó críticas por parte de los líderes de ambos países, Daniel Ortega y Nicolás Maduro respectivamente.

Pero no fueron las únicas consecuencias. También acusaron a España de confabularse con ambos regímenes autoritarios, además del de Cuba, en la sesión del Senado en Washington D.C. Ello, mientras se consideraba el nombramiento de la nueva embajadora de Estados Unidos en Madrid.

Las elecciones en países como Costa Rica, Colombia y Brasil también influirán en las relaciones de España con la región.

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«Sus resultados, junto con la votación para aprobar la nueva Constitución de Chile, actualmente en discusión, tendrán una clara incidencia en los equilibrios regionales. A esto se agrega el comienzo de los nuevos gobiernos elegidos en Chile y Honduras» concluye el Real Instituto Elcano en su análisis.

También tomarán en cuenta las luchas de poder entre oficialismos en Argentina y Venezuela, para la comunicación entre España y Latinoamérica.

Según el análisis del centro, España debe suavizar también las tensiones surgidas por la revisión de figuras colonizadoras como Cristóbal Colón. Las mismas promueven los sentimientos antiespañolistas en países como México. Tanto que ya el año anterior interfirieron en las comunicaciones entre España y este país latinoamericano.

Por otra parte, la parálisis en la organización de las cumbres entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no augura un pronóstico favorable.

Por último, una de las principales oportunidades de España para mejorar los lazos con los países latinoamericanos es la XXVIII Cumbre Iberoamericana. El evento se celebrará en República Dominicana en otoño de 2022 con el lema «Juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible».

El Gobierno de España condecorará al presidente de Colombia, Iván Duque, con el Collar de Isabel la Católica. Esta es una de las máximas distinciones del Estado español.

La condecoración coincide con la visita de Duque a esa nación que comienza este jueves. La misma ocurre en medio del rechazo de algunos colectivos sociales por la represión de los disturbios registrados en Colombia hace meses.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la concesión de la distinción a Duque. «Se le concederá esa condecoración siguiendo la tradición de todos los presidentes de Colombia una vez que abandonan el poder un poco antes», explicó Albares.

Duque, quien dejará el cargo en agosto de 2022 tras cuatro años de mandato, comienza una visita oficial a España en el marco de una gira por varios países europeos.

En Madrid, el presidente colombiano se reunirá con el rey de España, Felipe VI. También con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y después almorzará en el Palacio Real de la capital española.

También visitará la Feria del Libro de Madrid al ser Colombia el país invitado de este evento, reseñó Efe.

El Collar de Isabel la Católica es una de las principales condecoraciones que concede el Gobierno a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Algunos colectivos, como Amnistía Internacional, han censurado este reconocimiento. Lo hacen por la manera en que el Gobierno de Duque repelió las protestas que dejaron varias víctimas mortales en la mayor crisis reciente del país.

«Que pare la represión e investigue a quienes ordenaron, torturaron y reprimieron a quienes reclamaban sus derechos», ha reclamado Amnistía Internacional en las redes sociales.

Unos 200 colombianos residentes en España se manifestaron también el pasado domingo en Madrid contra la visita de Duque.

Exteriores justifica su propuesta en que «con frecuencia se recurre a la imposición de condecoraciones» cuando un mandatario extranjero protagoniza una visita de alto nivel a España, según fuentes de este departamento.

Una práctica que considera «clara» en el caso de Colombia, puesto que los tres antecesores de Duque recibieron la misma condecoración durante sus visitas a Madrid: Juan Manuel Santos en 2015; Álvaro Uribe en 2005 y Andrés Pastrana en 1999.

El último Collar de Isabel la Católica se concedió al presidente de Perú Martín Vizcarra, en 2019.

Según dictaminó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la respuesta del Estado colombiano a las protestas sociales que comenzaron el pasado 28 de abril «se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal».

El CIDH es un órgano ligado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Duque defendió la actuación de la Policía y de los soldados ante su derecho a utilizar sus armas para «defender su integridad» y rechazar «la violencia en todas sus formas».

Albares explicó hoy que la visita de Duque es «una prueba más» de las relaciones «extraordinarias» que España mantiene con los países de América Latina. 

El gobierno de España hizo posible que la aerolínea Plus Ultra conforme un monopolio en Venezuela. Según un trabajo publicado el diario El Mundo, le otorgó la exclusividad de la ruta Madrid-Caracas a finales de marzo.

A través de un comunicado, la embajada de España en Caracas pidió a Nicolás Maduro «dejar sin efecto» una nota verbal en la que Iberia y Air Europa pidieron la autorización de seis vuelos humanitarios. La misiva, publicada por El Mundo, tiene fecha del 19 de marzo.

Luego, 24 de ese mes aterrizó en Caracas el avión A340 Santa María de Plus Ultra. Y con este se reanudaron los vuelos desde y hacia Venezuela.

La aerolínea, que estaba en números rojos, recibió 53 millones de euros por parte del gobierno español hace apenas dos semanas.

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Según El Mundo, la autorización de Plus Ultra es para realizar vuelos en la ruta Madrid-Caracas. Según la comunicación de la embajada a Iberia le quitaron los vuelos del 25 y 26 de marzo con 288 pasajeros. Lo mismo ocurrió con Air Europa que tenía viajes para el 15 y 16 de abril con 296 pasajeros.

Asimismo, el consulado general de España en Venezuela recordó el 31 de marzo que sigue vigente la restricción de entrada en ese país desde Venezuela. «Salvo las categorías contempladas en la medida humanitaria».

“Los vuelos especiales fueron un esfuerzo excepcional para dar alternativas a nuestros ciudadanos ante el cierre del espacio aéreo venezolano. Actualmente ya hay ciertas opciones comerciales autorizadas por las autoridades locales, por lo que no se prevén más vuelos especiales”, señaló.

Recuerda que sigue vigente la restricción de entrada en ?? desde ??, salvo las categorías exceptuadas que puedes ver abajo?Si es tu caso, puedes comprar vuelos comerciales autorizados por las autoridades venezolanas (Plus Ultra en vuelo directo, o vuelo de conexión). pic.twitter.com/7crgyFCWjk

Tras el cierre de muchas representaciones, ahora le toca el turno a España. El único agregado militar residente de los países de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que quedaba en Venezuela, se retira. Esto por cierre unilateral de la agregaduría este 31 de diciembre de 2020.

La información se dio a conocer a través del diario El Mundo. Explica que la medida la tomó el Ministerio de Defensa español. El despacho «considera pertinente la desaparición de una interlocución directa con los militares venezolanos desde Caracas. La misma será gestionada de forma concurrente desde la agregaduría de España en La Habana. De esta forma se pierde la capacidad de relación e información que da el estar en el propio país sobre el que se trabaja», destaca.

«Para nadie es un secreto que el estamento militar tiene una gran influencia en la política y en la economía venezolana», dice la nota. Y agrega que esa influencia «es previsible aumente de cara a los escenarios del 2021. Sin embargo, cada vez son menos los países que mantienen agregadurías militares en Venezuela».

Aduce que esto se debe «a muchos factores, entre ellos las cada vez más escasas inversiones en defensa y la ruptura de relaciones diplomáticas. Incluso el temor a desvelar información que pudiera tener una utilización estratégica u operacional».

Tal situación «ha generado que el antiguamente numeroso cuerpo de agregados militares en Venezuela haya ido disminuyendo hasta quedar reducido a un pequeño grupo de países».

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Destaca que «después de casi 100 años de presencia en el país, la Ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ordenó el cierre de la agregaduría militar. Esto pone en tela de juicio la atención apropiada de la situación venezolana, donde lo militar constituye un pilar de poder». Sin embargo, Nicolás Maduro mantiene la agregaduría militar de Venezuela en España.

Para Control Ciudadano, esta decisión es lamentable. Afecta el seguimiento que España ha venido realizando a la crisis venezolana.

“Para la comunidad internacional no es un secreto la creciente inestabilidad política y social venezolana. Tampoco la importancia de una buena interlocución con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto, en la eventualidad de un manejo de crisis, planes de contingencia e incluso de evacuación de sus nacionales».

«Sin embargo, contra todo pronóstico, España prescinde de esta interlocución, de cara al que parece un decisivo 2021. Todo puede significar un desinterés por Venezuela en materia de política exterior y de defensa, al cerrar su agregaduría militar en Caracas”, considera Rocío San Miguel Presidenta de Control Ciudadano.

“Con esta sorprendente decisión queda claro, por los momentos, que los intereses estratégicos de España no están orientados a recuperar la interlocución con Venezuela”, agrega San Miguel.

Actualmente, España está presente en 16 misiones en el exterior. Tiene más de 3.000 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes.

Sin embargo, prescinde de una agregaduría militar en Venezuela. Hasta ahora supone apenas la presencia de un pequeño equipo, no obstante, con gran importancia estratégica.

La pérdida de foco de la naturaleza de la situación venezolana, por parte del gobierno de España, parece estar dominada por las tensiones domésticas de la política española.

Con esta decisión se desatiende un vínculo histórico entre ambos países. En especial, la circunstancia de la importante presencia de ciudadanos españoles y de venezolanos con doble nacionalidad, destaca la ONG.

El Gobierno de España destinará 17 millones de euros a distintos organismos internacionales para paliar la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela. También su impacto en las comunidades de los países de acogida.

Se trata de una partida para que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Acnur y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) gestionen el financiamiento. La finalidad es “proveer de asistencia básica a las personas desplazadas y contribuir a la protección de la población más vulnerable”.

Según nota del Ministerio español de Exteriores, la emergencia en Venezuela, “constituye la segunda crisis de desplazamiento externo más grave en el mundo. Únicamente superada por la crisis de Siria”, publicó la agencia Efe.

Desde 2017 ha provocado el exilio de 5,5 millones de venezolanos, de los que 85% permanece en la región latinoamericana.

El Gobierno español destaca en el comunicado que la atención a la crisis migratoria venezolana “es una prioridad para España”. recordó que en la Conferencia Internacional de Donantes se comprometieron 50 millones de euros entre 2020 y 2022. Todo en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos en el contexto de la pandemia.

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Añade que desde 2017 hasta 2019, España aportó 20 millones de euros en respuesta humanitaria a esta crisis. Lo hizo tanto para la región como dentro del país. En 2019 42% de los fondos humanitarios de la cooperación española se dedicaron a Venezuela.

Según los datos publicados el pasado octubre por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay 4,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe.

De ellos 1.764.883 se encuentran en Colombia, 1.043.460 en Perú y 417.199 en Ecuador y se prevé que la cifra total de desplazados pueda aumentar hasta 6,5 millones a finales de año por la pandemia.

Si las relaciones entre España y Venezuela ya eran tensas, con la salida de Leopoldo López, esa cuerda está a punto de reventar. Las mutuas acusaciones no se hicieron esperar en un fin de semana en el que reinó la incertidumbre y se desataron los comunicados acusatorios, entre Caracas y Madrid.

Por un lado, la marcha de López de la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, llevó al régimen de Nicolás Maduro a acusar a España de violar la Convención de Viena.

En un comunicado el régimen denunció el incumplimiento de las disposiciones de la Convencióm. Este acuerdo rige las relaciones diplomáticas entre países. «Hubo una inédita y continua violación (…) que se remonta, al menos, al año 2017», señala. Agrega que «ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el embajador español”.

Denuncia que “desde el interior de la residencia diplomática española (…)» se planificó “la operación Gedeón”. Todo, según Maduro con el conocimiento y de Silva.

Además, dice “que el jefe de la misión diplomática fungió como principal organizador y cómplice confeso» de la fuga. Pero el comunicado no presenta pruebas de esa afirmación, asegura la agencia Efe.

López permanecía en la residencia del embajador desde el 30 de abril del 2019, cuando salió del arresto domiciliario en que se encontraba.

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Fuentes diplomáticas señalan que Silva ha respetado “siempre” las normas establecidas y las costumbres del país. Niegan que se haya violado la Convención. Port lo tanto, rechazan las acusaciones vertidas en el comunicado.

Por otro lado, España renunció las detenciones de personal de la embajada en Caracas. también los allanamientos en las casas de los trabajadores la misma la noche del sábado. Estos hechos sí violan la Convención.

Por otro lado, el dirigente del Psuv, Diosdado Cabello, se sumó a las críticas contra Silva sobre la marcha de López.

“Él no huyó de la embajada de España, los huéspedes no huyen. Te garantizo que, al ser huésped, el embajador lo acompañó hasta la puerta o el carro que se lo llevó”, dijo.

Sin embargo, Maduro no se ha pronunciado de forma directa sobre el caso.

Para la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, todavía hay una posibilidad de que el diálogo en Venezuela rinda frutos. La finalidad de ese acercamiento entre el régimen y la oposición, sería lograr que se celebren las elecciones parlamentarias en condiciones democráticas.

Dijo que este momento “lo más prudente” es “dar un espacio” a ese diálogo, según reseñó la agencia Efe.

“Nosotros pensamos que hay que impulsar que las partes venezolanas puedan hasta el último momento ver si se pueden celebrar estas elecciones en condiciones democráticas.  Queremos privilegiar eso por encima de todo”, dijo González Laya. La canciller se encuentra en Santo Domingo. Allí asistió a la investidura del nuevo presidente Luis Abinader.

Las afirmaciones de González Laya se producen en momentos en los cuales la oposición en Venezuela ratifica que no irá a las parlamentarias. También coinciden con el comunicado de 31 países que aseguran que esos comicios no son de fiar.

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La diplomática subrayó que si evidentemente «el diálogo no da los frutos que se espera», su nación no reconocerá el resultado de las elecciones.

Recordó que los países de la Unión Europea dieron un mandato a Josep Borrell. «Se le pidió que busque un diálogo» entre con el régimen y la oposición.

Al respecto dijo que ese mandato de Borrell es un proceso «que sigue abierto”. Por ello, su país no se sumó al documento firmado por 31 países. “Como ese proceso sigue abierto, nosotros hemos preferido no expresarnos hasta que este proceso no haya terminado”, comentó.

Más de 1.000 venezolanos varados en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus recurrieron al gobierno de España para que interceda ante el régimen de Nicolás Maduro y puedan regresar al país después de pasar más de cuatro meses de penuria en territorio estadounidense, debido al cierre del espacio aéreo de Venezuela.

Una comitiva integrada por varios de ellos, que tienen también la nacionalidad española e italiana, acudió este lunes al Consulado General de España en Miami, donde entregó una carta dirigida al cónsul Candido Créis Estrada y una petición con más de 6,000 firmas en la que solicitan sus “buenos oficios, intermediación y todas las diligencias necesarias” para que sean repatriados, publicó El Nuevo Herald.

Cristina Mujica dijo a el Nuevo Herald que ninguno de sus compatriotas varados son inmigrantes, la mayoría realizaron viajes de turismo por corto tiempo, algunos estaban visitando a familiares y otros se encontraban en Estados Unidos por asuntos médicos cuando surgió el virus y se quedaron atrapados cuando los países, incluyendo el suyo, cerraron las fronteras y suspendieron los vuelos.

“Yo estoy aquí con mi bebé de casi 13 meses de nacido. Llegamos de visita cuando tenía 7 meses de nacido, aquí comenzó a caminar, a hablar y casi no conoce a su papá porque está en Venezuela”, dijo Mujica.

Carmen Oliveras dijo que fueron recibidos por un funcionario del Consulado de España y entregaron una caja con las 6,000 firmas, los datos de los venezolanos varados en Estados Unidos y la carta donde se solicita la mediación.

“Las autoridades consulares españolas fueron muy receptivas. El cónsul no se encontraba. En el día de mañana (martes), recibirá la notificación oficial y él lo enviará a su embajador en Washington con copia al ministerio de Relaciones Exteriores en España para comenzar a hacer los enlaces ante las autoridades venezolanas”, explicó Oliveras.

En la petición presentada apelan a las “buenas relaciones” que existen en el gobierno español y el venezolano para que sirva de mediador para propiciar la repatriación a Venezuela, bien sea con escala en México, República Dominicana o cualquier otro país.

Describen la grave situación que han vivido al no contar con fondos suficientes para una estadía tan prolongada, además de que no disponen de un estatus legal valido para permanecer en EE.UU de forma indefinida, ya que son turistas, no inmigrantes.

“Contamos en nuestro grupo con personas de la tercera edad que no han podido continuar sus tratamientos médicos, mujeres embarazadas que no han podido dar continuidad a sus chequeos médicos y quienes han tenido y tendrán que dar a luz lejos de sus esposos y familiares, niños sin la compañía de sus padres”, detallaron.

Arguyen que sus derechos constitucionales han sido violentados, principalmente al negarles el regreso a su país con el “cierre abrupto” del espacio aéreo en Venezuela desde el pasado 13 de marzo y que se mantiene ya por un lapso superior a los 130 días.

Explican que en las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano para el cierre del espacio aéreo, quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales.

La embajada de Venezuela en Washington, dirigida por diplomáticos del gobierno interino, ha dicho que “la solución de esta situación pasa inequívocamente por la apertura del espacio aéreo para que las aerolíneas comerciales que operan la ruta a Venezuela puedan retornar a los venezolanos. Las mismas han manifestado su disposición de hacerlo. Gobiernos de todo el mundo han apoyado el regreso de sus ciudadanos bajo este esquema. El régimen se niega”.

Esa sede diplomática coordinó con el gobierno de Estados Unidos dos vuelos chárter en mayo pasado y dijo que el régimen venezolano se negó a aceptarlos.