Después de tener millones de seguidores ahora a nadie le huele bien el opositor Juan Guaidó y su supuesta presidencia interina, o encargada, o Narnia, como denominan a su gestión sus detractores.

A este respecto, la abogada, dirigente opositora y precandidata a las primarias Delsa Solórzano afirmó que el gobierno interino fue una burocracia de la que no formó parte y con la que no estuvo de acuerdo jamás.

Declaraciones ofrecidas en una entrevista a la periodista Yesmín Royé y que lejos de aclarar creo más confusión pues a la dirigente se le recuerda andar para arriba y para abajo con el ahora malquerido Juan Guaidó.

En su defensa, Solórzano trató de aclarar que ella estuvo de acuerdo con el «gobierno encargado», mas no con el «gobierno interino», diferencia que en realidad no dejó clara y más bien fue tomada a modo de broma en las redes social.

? Delsa Solorzano sobre el gobierno interino:?️ “El gobierno interino fue una burocracia de la que no formé parte, con la que no estoy ni estuve de acuerdo jamás”.? @YesminRoye pic.twitter.com/p2HvCyWhEG

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Debido a la repercusión, la misma dirigente se vio forzada a colgar un mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar sus posición y darle una naturaleza jurídica a la explicación, la cual no fue aceptada en su totalidad.

Aunque ya no debería sorprenderme por nada, debo decir que si, me sigo sorprendiendo. Ahora bien, al sacar de contexto mis declaraciones de hoy, no sé con cuál intención, bien vale la pena una respuesta.Claramente hay quienes intentan generar confusión, tratando de sembrar… pic.twitter.com/KydB67Fyry

La opositora recordó a otros líderes que parecen sufrir de amnesia y prefieren hacerse los locos de su pasado no del todo brillante. Dentro de este últimos grupos figuran políticos activos y precisamente algunos precandidatos a la elección primaria pautada para el 22 de octubre del año en curso.

Los comentarios con relación a las declaraciones de Solórzano no se hicieron esperar.

pic.twitter.com/oNMBMekhhw

Mana, cómo vas a decir eso? Te vimos todos!!! pic.twitter.com/LMULfhPpFF

El Departamento de Estado de EE.UU. tomó posesión de las sedes diplomáticas de Venezuela y otras residencias oficiales ubicadas en Washington y Nueva York. Esto luego de que se cerrara la representación en ese país del gobierno interino de Juan Guaidó, disuelto a principios del mes de enero por la Asamblea Nacional electa en 2015.

De acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, la toma de posesión de los edificios por parte del gobierno estadounidense ocurrió el pasado lunes 6 de febrero y, aunque el parlamento opositor nombró a un nuevo representante ante Washington en sustitución de Carlos Vecchio, no fue aceptado por no haber sido designado por un poder ejecutivo.

Las personas que ahí trabajaban, al menos una docena, seguían trabajando fuera de la embajada y las residencias diplomáticas, pero el miércoles 8 de febrero se les negó el acceso, al igual que se les concedió un plazo de 30 días para regularizar su estatus migratorio.

Apenas conocerse la disolución del gobierno interino de Guaidó, Carlos Vecchio, quien era su representante en EE.UU., renunció a la embajada en Washington, provocando el cierre de otras representaciones en países que reconocían al parlamentario como presidente.

Por otra lado, Fernando Blasi, quien era el «agregado comercial» de Vecchio, fue nombrado por la AN 2015 como su representante, pero no se le renovó el estatus diplomático.

Así, en días pasados Vecchio entregó las llaves de los edificios al Consejo de Bienes de la AN 2015. Cuando renunció hizo una especie de balance al explicar que la representación en EE.UU. del interinato se enfocó en tres pilares fundamentales: aglutinar respaldo político bipartidista y aumentar la presión contra la administración de Nicolás Maduro; la protección de los venezolanos en el país y la recuperación de activos que están en el exterior.

Ahora, ya pasado más de un mes, exembajador respondió a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional (2015), Dinorah Figuera, quien lo responsabilizó por la pérdida del control de la sede diplomática de Venezuela en Estados Unidos.

Soltó la perlita: «Yo nunca renuncié como embajador. Ustedes eliminaron el gobierno interino y cesaron las funciones de todos los embajadores al aprobar el artículo 20 del Estatuto de la Transición”.

¿A quién le creemos?

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La figura del «gobierno interino» del opositor Juan Guaidó en Venezuela fue eliminada por sus propios aliados después de cuatro años de fallidos intentos de sacar del poder al presidente socialista Nicolás Maduro.

Un trabajo AFP repasa los principales acontecimientos que lo rodearon el «gobierno interino».

Guaidó, un diputado de 35 años de La Guaira (población costera vecina de Caracas), fue elegido el 5 de enero de 2019 jefe del Parlamento, controlado entonces por la oposición, tras un amplio triunfo en las elecciones legislativas de 2015.

Unos días después, el 23 de enero, el joven dirigente se autoproclama en una plaza como «presidente encargado» de Venezuela, alegando que la reelección de Maduro, en 2018, fue producto de un fraude y que a él, estando al frente a la Asamblea Nacional, le correspondía asumir el poder.

Mayoritariamente, la oposición le apoya.

Estados Unidos y medio centenar de países le reconocen como presidente, al tiempo que profundizan sanciones financieras contra el país caribeño como mecanismo de presión contra Maduro.

La Fiscalía abre la primera de numerosas investigaciones penales iniciadas contra Guaidó.

Guaidó lidera el 23 de febrero de 2019 un fallido intento de pasar por las fronteras cargamentos de medicinas y alimentos enviados por Estados Unidos, en lo que Maduro califica como un primer paso para una «invasión». Militares bloquean las cargas entre violentos disturbios.

El 30 de abril de ese año, Guaidó llama a las Fuerzas Armadas a sublevarse frente a una base militar en Caracas. Lo acompaña en la fallida sublevación su mentor, Leopoldo López, liberado sorpresivamente tras haber permanecido detenido desde 2014. 

Con el fracaso del intento de rebelión, López se exilia en España.

Guaidó lideraba masivas protestas callejeras desde 2018, que fueron debilitándose con el tiempo.

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Tras una investigación periodística que les vinculó con el empresario Alex Saab, próximo a Maduro y hoy enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero, un grupo de diputados opositores se rebelan contra Guaidó en el Parlamento y nombra en 2020 una directiva legislativa con apoyo del gobernante chavismo sin Guaidó.

Sin embargo, en una sesión paralela, la mayor parte de los congresistas opositores lo ratifican jefe de la Asamblea Nacional y «presidente encargado» de Venezuela.

Las sesiones parlamentarias de Guaidó comienzan a hacerse virtualmente, vía videoconferencia, sin acceso a la sede de la Asamblea Nacional.

El gobierno de Maduro anuncia el 3 y el 4 de mayo de 2020 que frenó una invasión por mar de «mercenarios» contratados por Guaidó. El opositor negó las acusaciones, mientras que Estados Unidos las calificó de «melodrama», pero asesores suyos reconocen haber estado detrás de la intentona.

Los exmilitares estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, detenidos en el marco de la llamada ‘Operación Gedeón’, fueron condenados a 20 años de prisión por el caso. Siguen presos en Venezuela.

El grueso de la oposición boicotea las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, calificándolas de fraudulentas como había hecho con las votaciones presidenciales de 2018. El chavismo, sin mayores rivales, obtiene avasallante mayoría.

El período de la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 vence el 5 de enero de 2021. Sin embargo, al sostener que el nuevo Congreso es ilegítimo, la oposición decide extender la vigencia de su período legislativo.

Estados Unidos aún apoya a ese cuerpo.

Denuncias de corrupción en el control de activos entregados al «gobierno interino», como la refinadora CITGO en Estados Unidos o la petroquímica Monómeros en Colombia, golpean fuerte a esa figura.

Tres de los principales partidos opositores que respaldaban a Guaidó impulsan a finales de 2022 una iniciativa para eliminar el «gobierno interino», alegando que no cumplió con el objetivo de un cambio político.

El 30 de diciembre de 2022, la AN de 2015 aprueba el fin del interinato.

La decisión se concreta, formalmente, el 5 de enero de 2023. La oposición elige además una nueva directiva de su Parlamento simbólico, integrada por tres legisladoras en el «exilio».

? #5Ene #AhoraJuan Guaidó: "Ustedes, venezolanos, no están solos. Seguimos buscando la unión, asumiendo y sopesando los riesgos". pic.twitter.com/VMsq5DUh3u

Estados Unidos señaló este martes que respeta la decisión de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 de suprimir el gobierno interino de Juan Guaidó, al que había reconocido desde enero de 2019.

«La Asamblea Nacional de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome«, explicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

#ÚLTIMAHORAEE.UU. “respeta” la decisión de la AN de eliminar el Gobierno Interino de Guaidó. “La AN de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome”, explicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. pic.twitter.com/ZMhw85DGSc

Sin embargo, aclaran que aún consideran «ilegítimo» a Nicolás Maduro tras disolución del gobierno interino de Venezuela.

#ÚLTIMAHORA ?EE.UU. dice que aún considera "ilegítimo" a Nicolás Maduro tras disolución de gobierno interino de Venezuela. Noticia en desarrollohttps://t.co/CF7ETGfQp5 pic.twitter.com/lrkac5Vqbq

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La propuesta de reforma estatutaria que elimina la presidencia interina de Venezuela fue aprobada el 30 de diciembre en segunda discusión de la Asamblea Nacional electa en 2015, con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 salvados.

Los diputados de la bancada de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), denominada el G3, sumaron sus votos y dieron por terminada la presidencia interina de Juan Guaidó.

El estatuto de transición mantenía desde el año 2019 al gobierno interino como la figura política de mayor representatividad y reconocimiento internacional.

La AN eliminó dicha figura pero aboga por que se resguarden los activos de la nación en el exterior.

Con esta reforma el diputado Juan Guaidó dejará de ser presidente de la AN y encargado de Venezuela el próximo 5 de enero, cuando se espera sea designada una nueva junta directiva.

La aprobación del proyecto de reforma fue aprobado con muchas diferencias de criterios entre quienes defendían la continuidad del interinato y quienes estaban a favor de plantear una nueva estrategia política que permita seguir preservando los activos de la nación.

Durante una sesión extraordinaria virtual realizada este 30 de diciembre diputados de la bancada de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), denominada el G3, sumaron sus votos y dieron por terminada la presidencia interina de Juan Guaidó.

La propuesta de reforma estatutaria que elimina la presidencia interina de Venezuela fue aprobada en segunda discusión con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 salvados.

A continuación presentamos lista de diputados que firmaron la caída de Guaidó:

Henry Ramos Allup

José Guerra

Luis Lippa

Dinorah Figuera

Williams Dávila

Alfonso Marquina

Omar Barboza

Juan Pablo Guanipa

Tomás Guanipa

Luis Florido

Miguel Pizarro

Alexis Paparoni

Elías Matta

Luis Emilio Rondón

Nirma Guarulla

Julio Ygarza

Carlos Michelangeli

Luis Carlos Padilla

Tatiana Montiel

José Trujillo

Amelia Belisario

Oneida Guaipe

José Simón Calzadilla

Andrés Eloy Camejo

Sandra Flores

Alejandra Peña

Pablo Moronta

Luis Silva

Ángel Medina

José Ricardo Salazar

Ylidio Abreu

Armando López

Marco Bozo

Ronny Flores

Carlos Lozano

Juan Miguel Matheus

María Fatima Soares

Jorge Millán

Ivlev Silva

Eliezer Sirit

Juan Manaure

Mabelly de León

Bibiana Lucas

Edgard Zambrano

Carmen Sivoli

Miguel Pizarro

Manuel Texeira

Julio Borges

Luis Aquiles Moreno

Piero Maroun

María Gabriela Hernández

Orlando Ávila

Johny Rahal

Tobías Bolívar

María Beatriz Martínez

Leonardo Regnaut

Milagros Paz

Robert Alcalá

Karim Vera

Eduardo Marín

Carlos Andrés González

Milagro Valero

Ana Aponte

Avilio Troconis

Nora Bracho

William Barrientos

Héctor Vargas

Juan Carlos Velazco

Mariela Fernández

Virgilio Ferrer

Gladys Guaipo

Carlos Prosperi

Desde enero de 2019, cuando la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 designó al dirigente político Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en una especie de gobierno interino paralelo a la administración de Nicolás Maduro, ha llovido bastante en el panorama político nacional e internacional.

Por eso aquí le traemos, con sus aciertos y desaciertos, un balance de su gestión, que la dio este 30 de diciembre por terminada la misma AN en una votación con 72 votos a favor, 29 en contra y ocho votos salvados.

A partir de entonces, quien hasta el 23 de enero de ese año solo era un político más, parlamentario por el partido Voluntad Popular y recién electo presidente de la Asamblea Nacional, ganó reconocimiento nacional e internacional, llegado a ser reconocido como el legítimo mandatario nacional por más de 50 países en el mundo entero y con una popularidad hasta de 60 por ciento, según cifras de Datanálisis.

Con base a una recopilación del portal El Pitazo y otros insumos recabados, repasamos los momentos claves del interinato de Juan Guaidó:

Bajo la promesa del «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres», Guaidó convenció a sus seguidores de la posibilidad de alcanzar un cambio político. EL 23 de enero de 2019, apelando al artículo 233, 333 y 350 de la Constitución, que establecen que el presidente del Parlamento debe ocupar la Presidencia de la República en calidad de encargado ante la ausencia del Jefe de Estado, y en desconocimiento a la elección presidencial de 2018, se proclama presidente interino.

Tras la proclamación como presidente interino, Guaidó ganó el reconocimiento de Estados Unidos (su principal aliado) y más de 50 naciones. El expresidente Donald Trump le brindó su respaldo, como también lo hicieron los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, España, Francia, Reino Unido y Alemania. Hoy ya lo que queda es el recuerdo, de estas naciones muy poco lo mencionan. Recordamos lo que dijo la presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, cuando una vez la periodista Carla Angola le preguntó por Guaidó: «¿Y quién es ese?»

El 22 de febrero de 2019 se realizó en la frontera entre Venezuela y Colombia un concierto gratuito financiado por el magnate británico Richard Branson. Participaron 32 artistas nacionales e internacionales entre los que figuraron Juanes, Maluma, Juan Luis Guerra, Paulina Rubio, Miguel Bosé, José Luis Rodríguez, Reynaldo Armas, Ricardo Montaner y Chyno y Nacho, entre otros. Un evento de mucha resonancia y en el que, según sus organizados, asistieron más de 300.000 personas.

El concierto fue el preámbulo para lo que sería la entrada al país de toneladas de ayuda humanitaria, lo cual fue definitivamente prohibido por el gobierno de Maduro. Todo se convirtió en una tramoya con dimes y diretes de parte y parte. En ese ínterin hasta uno de sus colaboradores fue robado del otro lado de la frontera, en un lupanar de Cúcuta, con saldo de un muerto por sobredosis de drogas.

Hasta allí, con escasos eventos turbios y aislados, todo parecía ir viento en popa, los traspié comenzaron desde ese entonces.

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El 30 de abril de 2019 Venezuela amaneció con la noticia de que había sido liberado el líder opositor Leopoldo López, preso desde 2014. “He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó”, publicó López en su cuenta de Twitter. En su mensaje, pidió a los venezolanos salir a las calles.

Desde la base aérea La Carlota y en compañía de funcionarios militares, Guaidó y el mismo López anunciaron el comienzo del cese a la usurpación y pidió a todos los soldados a acompañar la lucha. Muy escasos simpatizantes de la oposición salieron a las calles y se conocieron de algunos enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado en las inmediaciones de la base aérea. Pero hasta allí, en cuestión de menos de tres horas todo hubo acabado. Fue un puesta en escena muy burda que empezó a empaña la gestión del supuesto presidente paralelo de Venezuela.

Luego de ello, López se refugió en la Embajada de Chile, para a la larga llegar a destinos en España y EE.UU.

Para opositores como Henrique Capriles estos hechos marcaron el “fin del interinato”, y hasta el momento, son más las dudas que las respuestas que quedaron de ese día.

Las acusaciones de corrupción no faltaron en los casi cuatro años del gobierno interino. La primera de ellas, menciona Kimberlyn Talero pare El Pitazo, giró en torno a la ayuda humanitaria que intentaron ingresar a Venezuela, por la que fueron señalados algunos miembros del gobierno interino. La administración de Guaidó manejó en sus inicios los activos de Venezuela en Colombia, específicamente sobre la empresa colombo-venezolana Monómeros, sobre la que recientemente retomó el control la administración de Maduro, así como de Citgo en Estados Unidos.

Existen señalamientos a miembros de la junta ad hoc de Guaidó en Monómero por presunta trama de corrupción. Igualmente hay acusaciones contra representantes del gobierno interino en Estados Unidos por la misma causa.

El Ministerio Público de la administración de Maduro también abrió investigaciones contra Guaidó y funcionarios del gobierno interino por robo de recursos de los venezolanos, en referencia a los bienes del país en el exterior sobre los que el interinato mantiene el control.

Las giras realizadas este 2022 por Juan Guaidó estuvieron marcada por episodios de agresiones. El primero de ellos fue en junio en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, donde un grupo de personas agredieron con sillas a los asistentes al acto del líder opositor. En los alrededores también se registraron disturbios.

Días después, Guaidó fue agredido durante su visita al estado Cojedes. El parlamentario acusó a miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). En el mes de octubre, Guaidó también denunció a funcionarios de la Alcaldía de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, por agresiones en su contra.

El pasado mes de julio de 2022, la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, falló a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) ad hoc, designada por el gobierno interino, en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, no fue autorizado el acceso del equipo de Guaidó a las reservas pese a que reconocían al gobierno interino. Esta decisión fue apelada por la junta directiva de BCV designada por Nicolás Maduro. Ahora, sin gobierno interino, queda un ambiente difuso en cuanto a qué sucederá con los recursos.

Con el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Maduro, sentando a su representación en la mesa de negociaciones en México, el bando de Guaidó quedó medio a la deriva. La Plataforma Unitaria, encargada del diálogo por parte de la oposición venezolana, sin ser desapegada a Guiadó tampoco se muestra en total sintonía con el gobierno interino, ahora más que Vecchio ya no pinta nada después de su renuncia como embajador venezolano en EE.UU.

A esto se suma los canjes casi públicos entre presos venezolanos y estadounidenses, con el beneplácito de Biden y Maduro, de los cuales se espera por la suerte o mala suerte que corra el empresario colombo-venezolano Álex Saab.

Apenas minutos después de conocerse la decisión de disolución de la presidencia del interinato por parte de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 comenzaron a sentirse sus efectos.  El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, renunció a su cargo.

“En lo personal, tengo la conciencia tranquila porque jamás he estado ni estaré de acuerdo con nada que vaya en contra del interés supremo de nuestro pueblo por lograr su LIBERTAD. Realizaremos conforme a la Ley el cese de nuestras actividades diplomáticas en los Estados Unidos”, expresó en una misiva divulgada por Twitter.

«Perder la legitimidad, indirectamente es legitimar a Maduro. (…) Lamento que los intereses personales de algunos pocos haya guiado esta posición», argumentó Vecchio.

Durante una sesión extraordinaria virtual, diputados de la bancada de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), denominada el G3, sumaron sus votos y dieron por terminada la presidencia interina de Juan Guaidó.

La propuesta de reforma estatutaria que elimina la presidencia interina de Venezuela fue aprobada en segunda discusión con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 salvados.

Lea también: ¡CHILLARON, ROGARON Y PATALEARON PERO NO LES VALIÓ! AN electa en 2015 dio por terminada la presidencia interina de Guaidó 2019-2022

El diplomático y militante de Voluntad Popular (VP) en el exterior enumeró las razones que lo hacen dimitir:

En primer lugar, calificó la medida tomada principalmente por el triunvirato de AD, PJ y UNT de INSCONTITUCIONAL Y ERROR HISTÓRICO, “que solo beneficia a la dictadura y atenta contra una transición democrática hacia una Venezuela libre”

La calificó inconstitucional porque “viola el artículo 233 de la Constitucional Nacional; Maduro no fue electo por el pueblo, sino impuesto por fraude”, sostiene.

Inconstitucional porque “aunque los diputados justifican su acción en el supuesto fracaso de la Presidencia Encargada y del Gobierno Interino, con las figuras de la Juntas Administradoras ad-hoc lo continúan, pero bajo el control político de ciertos partidos políticos de la Asamblea Nacional, asumiendo inconstitucionalmente la función de legisladores, administradores y contralores, violando los ´principios de transparencia y rendición de cuentas”.

Vecchio argumenta que es un error histórico porque el único beneficiado por la decisión es Maduro,” quien sin ceder un ápice en las negociaciones de México, ha logrado la disolución de la principal piedra en el zapato y muro de contención que tenía para sus desmanes”.

Afirma que perder legitimación indirectamente es legitimar a Maduro, además que debilita a la Plataforma Unitaria en el proceso de negociación en México.

También menciona que es un error económico, porque se pone en peligro la defensa legal de activos del país en el exterior: “la decisión aumenta el riesgo de perder Citgo”.

Igual lo califica de error moral, porque “es inaceptable que después de tantos sacrificios (…) se pretenda ahora normalizar la situación de usurpación del poder”.

Cerró aludiendo a los diputados que propusieron y votaron por la reforma del est

atuto de transición. “Se nos dice que la figura de la Presidencia Encargada se agotó, pero se mantiene a la Asamblea Nacional electa en 2015, cuando ambos forman parte de un mismo medio de resistencia. ¿Cómo puede decirse que una no funciona y la otra sí?”

A continuación le dejamos la carta integra compartida por Vecchio:

?️"ES INCONSTITUCIONAL" #30Dic@Carlosvecchio ante decisión de la AN (2015) de eliminar al gobierno interino de Juan Guaidó"Perder la legitimidad, indirectamente es legitimar a Maduro. (…) Lamento que los intereses personales de algunos pocos haya guiado esta posición" pic.twitter.com/AEJ8FXe46U

Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional 2015 como presidente interino de Venezuela, envío un mensaje por las redes sociales a los actores políticos del G3 (AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) a no destruir la institucionalidad.

Según el dirigente opositor (VP), la Constitución y el país están por encima de nombres o intereses personales. «Estamos a tiempo. Las competencias y responsabilidades del Gobierno (E) no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del estatuto».

Sin embargo, el triunvirato que hoy se le enfrenta expresa a viva voz «con qué se come eso» si ya el interinato dejó de ser útil e incluso nunca cumplió sus objetivos.

Guaidó se defendió exponiendo que se pospuso la realización de la sesión parlamentaria para buscar un espacio de discusión y lograr un acuerdo necesario para el país.

«Lamentablemente, a esta hora, persiste la intención de eliminar el soporte institucional y constitucional que ha sido la gran piedra en el zapato de la dictadura de Maduro», expresó.

A la vez, hizo un llamado a la sensatez para proteger la Constitución y lograr fortalecer la unidad opositora. «La mayoría parlamentaria que hoy componen Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, tiene en sus manos, por ser bancada mayoritaria, la posibilidad de defender la figura constitucional del gobierno interino», manifestó.

Agregó que nombrar una nueva junta directiva el 5 de enero, las competencias y responsabilidades del gobierno interino no pueden ser evadidas o delegadas por una modificación del estatuto».

Afirmó que su propuesta es que «se defienda la institucionalidad y que no se destruya esa herramienta que ha sido de lucha por la democracia».

«Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la Presidencia Interina, no Maduro, ustedes, pero también tienen los votos para mantener y nombrar a las personas que la conforman. Hagan lo que dicte sus conciencias», acentuó, dirigiéndose al G3.

Considera que mantener la presidencia interina es una alternativa mucho menos peligrosa que «dar el salto al vacío desconociendo el artículo 233 de nuestra Constitución»

Sin embargo, soltó una sentencia: «Eliminar la figura de la Presidencia Interina solo es posible con una enmienda».

#Ultimahora #29Dic?️ ¡La propuesta de Guaidó!"Ustedes tienen los votos para destruir la presidencia interina o para preservar y designar una nueva directiva" el 5 de enero, fue el mensaje de Juan Guaidó a los partidos opositores que piden eliminar esta medida pic.twitter.com/NI97POzlSk

Lea también: MIEMBROS DEL G3 niegan ser “alacranes”: aseguran que protegerán activos de Venezuela en el exterior

A todo esto, más de 90 diputados de la AN, electa en el 2015, pidieron que este mismo jueves se realizará una reunión para las 3:00 de la tarde para terminar de definir la posible eliminación del gobierno interino.

La respuesta fue solo el comunicado de Guaidó.

Tiempo más tarde soltó la convocatoria de la sesión extraordinaria de la AN 2015, que finalmente se realizará este viernes 30 de diciembre a las 1:00 de la tarde.

?️ "Cumplamos nuestro rol" #29DicGuaidó ratificó la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional opositora (electa en el 2015) para este #30Dic a la 1:00 pmEn el mismo se debatirá la continuidad del gobierno interinoAmplíe en ?https://t.co/Bgb3FIJxKo pic.twitter.com/r7TvKJ9MKw

Al parecer, los problemas de conectividad y el deficiente internet en Venezuela, le jugaron una mala al diputado de la AN 2015, José Manuel Olivares, durante la votación virtual este jueves para darle fin al interinato de Juan Guaidó.

Olivares, quien se encuentra actualmente en el interior del país, donde la crisis energética y la conectividad presenta mayores problemas, se hizo viral después de que en pleno proceso para votar la decisión sobre el final del interinato de Juan Guaidó, se cayera su conexión, no apareciera su imagen y cuando le pidieron que ratificara su voto no pudo volver a conectarse de inmediato.

Siempre he sido claro en mi posición frente al gobierno interino, y hoy lo ratifique votando a favor de la propuesta que presentó la diputada Nora Bracho. La mala señal en el interior del país saben cómo es! pic.twitter.com/N110YNI1UB

Esto abrió espacio en las redes sociales, para que se generara una matriz de opinión sobre si realmente participó o no Olivares.

No deje de ver: ¡EN PRIMERA DISCUSIÓN! AN 2015 aprueba eliminar el interinato de Guaidó

«Yo creo que el país no está para esto y la política menos. Qué lástima que se quieran ir por los caminos verdes, en medio de tantos problemas. Sí era yo. Sí, me conecté yo, sí voté y apoyo la propuesta hecha por la diputada Nora Bracho, apoyada por más del 70% de la asamblea hoy (este #22Dic) que da fin al gobierno interino y busca reconstruir la unidad; una unidad amplia donde este todo el mundo sin distinciones. Una unidad que vaya a la reconquista del camino electoral», dijo Olivares.

El pasado #22Dic se llevó a cabo una sesión virtual de la AN 2015, en donde decidieron por mayoría no cambiar por tercera vez consecutiva el reglamento que otorga continuidad al gobierno interino de Juan Guaidó.

Parte de la oposición dejó de manifiesto la intención de hacer una reestructuración en el seno de sí mismo y buscar la unidad.

Otros, que en su mayoría apoyan a Guaidó, indican que el no permitir la continuidad es reconocer de manera directa a Nicolás Maduro y entregarle por completo los bienes de Venezuela que están confiscados en el exterior al chavismo.

En sesión extraordinaria, los diputados de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, aprobaron en primera discusión con 72 votos la propuesta de eliminar el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó.

La sesión se basó en votar por dos propuestas, la primera emitida por la parlamentaria elegida en el 2015, Nora Bracho, la cual solicitaba la eliminación del interinato. La segunda, interpuesta por Sergio Vergara, solicitaba la continuidad del gobierno encargado, el cual se instauró en el 2019.

Finalmente, los parlamentarios votaron y aprobaron la propuesta 1 la cual solicita eliminar la continuidad de la presidencia encargada de Juan Guaidó.

Propuesta 1 presentada por Nora Bracho: 72 votosPropuesta 2 presentada por Sergio Vergara: 23 votosAbstención: 9 votos

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En desarrollo sesión de la oposición conformada por diputados de la Asamblea Nacional electa para el período 2016/2021, en la que se espera una votación en primera discusión sobre si continúa o no el respaldo al interinato. Hay dos propuestas alternas (1) pic.twitter.com/mat8ECblbz

Para nadie es un secreto la evidente debilitación de la oposición en los últimos meses, la confirmación se ejecutó en la tarde del miércoles, cuando Alfonso Marquina, dirigente político de Primero Justicia, habría adelantado de qué se trataría la propuesta presentada po Bracho en la sesión de este jueves.

«La propuesta sería la eliminación de todo el Gobierno interino, a excepción de tres instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior», dijo, en una rueda de prensa, el diputado Alfonso Marquina, en nombre de 69 de los 112 diputados elegidos en 2015.

En ese momento, detalló, que lo ideal era la eliminación de todo el gobierno interino a excepción de la junta ad hoc de PDVSA holding, la junta ad hoc del BCV y se va a crear la comisión del gasto y para la defensa de los activos», precisó Marquina.

Una que plantea la creación de una comisión del referido parlamento para que proteja los activos de Venezuela en el exterior. pic.twitter.com/m0UROCAiws

Detalló que estas tres “instancias” serán las juntas creadas para tratar temas de la estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la del Banco Central (BCV) y una comisión ejecutiva que se ocupará de asuntos relativos a la “defensa de los activos en el exterior”, los cuales están bajo el poder del llamado Gobierno interino.

Asimismo, Marquina especificó que el gobierno interino, “no es la razón de ser de la lucha democrática”, sino que se trató de un “instrumento necesario, en su momento, para lograr la interlocución internacional y la protección de los activos” y que ahora serán estas tres “representaciones ejecutivas” las que se encargarán de ello, “con autonomía e independencia”.

Todo tiene su final, y es que este miércoles, la mayoría de los opositores que en 2019 apoyaron el gobierno encargado de Juan Guaidó, propusieron que se eliminara la figura llamada “interinato”, encabezado por este diputado elegido en el 2015 por el estado Vargas.

«La propuesta sería la eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de tres instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior», dijo, en una rueda de prensa, el diputado Alfonso Marquina, en nombre de 69 de los 112 diputados elegidos en 2015.

Asimismo, detalló que estas tres «instancias» son las juntas creadas para tratar temas de la estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la del Banco Central (BCV) y una comisión ejecutiva que se ocupará de asuntos relativos a la «defensa de los activos en el exterior», los cuales están bajo el poder del llamado Gobierno interino.

La comisión ejecutiva, añadió, velará por la transparencia en el uso de recursos.

Marquina aseguró que la propuesta busca mantener activa la Asamblea Nacional (Parlamento) elegida en 2015 -que no reconoce la legitimidad del Legislativo de mayoría chavista, instalado en 2021- únicamente para legislar en torno a la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero.

Tras ser consultado por el reconocimiento de EE.UU. a Juan Guaidó, como el presidente interino, Marquina precisó «En un principio reconocieron, fue a la Asamblea Nacional y han venido acompañando y acatando las decisiones soberanas que en Venezuela se tomen».

«Por eso no tenemos ninguna duda, que la relación con Estados Unidos se mantendrán», atinó.

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Los exparlamentarios, integrantes de los principales partidos de oposición, entre ellos: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, adelantaron su intención de modificar el «estatuto de transición», la hoja de ruta creada tras la autoproclamación de Guaidó, para eliminar la figura de la presidencia interina y «reordenar» los esfuerzos del antichavismo.

«Después de cuatro años, el proceso político (…) se ha debilitado y no es percibido como una opción de cambio político real, no ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven a la democracia», reza la declaración, suscrita también por 34 legisladores suplentes del Parlamento anterior.

Marquina aseguró que el gobierno interino «no es la razón de ser de la lucha democrática», sino que se trató de un «instrumento necesario, en su momento, para lograr la interlocución internacional y la protección de los activos» y que ahora serán estás tres «representaciones ejecutivas» las que se encargarán de ello, «con autonomía e independencia».

Este viernes el líder opositor, Juan Guaidó, ofreció un balance de los millonarios fondos que ha recibido de los Estados Unidos y empresas que están en su poder “por la libertad de Venezuela”.

Según explicó en su discurso la mayoría del dinero fueron invertidos en “programas sociales” para ayudar a personas vulnerables.

Asegura que “el gobierno interino”, reconocido por más de 50 países, se ha gastado la cifra de 130 millones de dólares en programas sociales, entre ellos para asistencia oncológica y salud.

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“Hoy lo primero que debo decir de este balance es que tenemos una deuda con los venezolanos y debo decir incluso con la región en esta lucha por la democracia, dijo en su discurso.

A la presentación de este balance por parte del opositor, asistieron diplomáticos de Alemania, Francia y los Países Bajos.

Guaidó realizó su discurso, apoyado con imágenes de aquellos tiempos donde la gente aun creía que él lograría la libertad de Venezuela.

Dijo que la premisa “de su gobierno” debe seguir siendo “elecciones libres, el cese la usurpación y el gobierno de transición”, palabras que a lo largo de estos años se las llevó el viento.

“El balance, el activo más importante que recogimos en esta etapa de lucha es un intangible es la esperanza”, asegura el opositor.

Bajo la administración de Donald Trump se intensificaron las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y se le otorgó la autoridad a Guaidó del control de las cuentas bancarias que tenía en la Reserva Federal de Nueva York, una de esas cuentas tenía 342 millones de dólares provenientes de un pago incautados por el gobierno de los Estados Unidos para ese entonces.

Guaidó aseguró que en 2020 se gastaron 60,1 millones de dólares y otros 70 millones en 2021solo en programas sociales.  

«La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino. Además de diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó».

El anterior es un párrafo del informe que, en octubre del 2021, publicó la ONG Transparencia Venezuela, tras las denuncias acerca de los «manejos opacos» de los recursos del Estado, en manos del interinato.

Impacto Venezuela cree necesario publicar este informe, debido a que este jueves, la Asamblea Nacional de Juan Guaidó aprobó recursos por el orden de los 50 millones de dólares. El dinero está «destinado al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de Casos de Riesgo Vital para este año 2022».

No obstante, los dirigentes opositores que anunciaron esta medida, no informaron de dónde sale el dinero. Tampoco dijeron en qué se gastará realmente. De hecho, fuentes opositoras que pidieron mantener su identidad en reserva, manifestaron que «hay gran hermetismo» al respecto.

Transparencia Venezuela está convencida de que «urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos. No solo por parte de Nicolás Maduro sino también por el gobierno Interino. Además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas», acerca del manejo opaco de ese dinero.

La ONG alertó en el informe mencionado que «la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común». También «quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Por esta razón, las recientes denuncias que se han hecho sobre el incumplimiento de las responsabilidades del Gobierno interino de Venezuela son de suma preocupación».

Resalta también que esa opacidad «pone en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República».

Ello «constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución». Este estatuto es un instrumento que aprobó la propia Asamblea Nacional electa en 2015.

La ONG recordó las denuncias acerca de «malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta».

Lamenta que en este caso «la Asamblea Nacional (del 2015) no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia. Además de la contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas» cometidas.

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Transparencia Venezuela enfatizó sus llamados de alerta en torno a la Procuraduría Especial y al Fondo de Litigios

Recuerda que «una de las situaciones más delicadas en el desempeño del Gobierno interino» la hizo pública el Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón.

Este «funcionario» se quejó porque la AN del 2015 «no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos”. Lo hizo en relación con el «petitorio de los presupuestos requeridos para la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero».

El juicio sobre los Bonos Pdvsa 2020, es otro de los casos que Transparencia destacó como con irregularidades.

Lo hizo porque para el 2021 no se había resuelto el caso satisfactoriamente, a pesar de que «en octubre de 2019, la AN electa en 2015 autorizó a la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa el uso del “dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por dos millones de dólares”.

Los recursos serían para «el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos. Luego, en enero de 2020, Juan Guaidó solicitó a la AN ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares».

En efecto, «el Fondo de Litigio tenía autorización para gastar 24 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, luego de solicitudes hechas por la Procuraduría Especial, la AN reconoció deudas por pagar hasta octubre de 2020. Las mismas eran de aproximadamente 18,7 millones de dólares».

Posteriormente, la Junta Administradora ad hoc del BCV mostró, en su informe de gestión presentado el 28 de julio 2021, desembolsos para el Fondo de Litigios a mayo 2021. Los recursos eran por 10,1 millones de dólares del total de los 18,7 millones aprobados. Es decir que para julio 2021 quedaban 8,6 millones de dólares por ejecutar para honrar deudas de 2020.

La opinión pública desconoce, «a la fecha, la posición y explicación de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador. Esta opacidad no es materia de reserva o confidencialidad. No se trata de conocer las estrategias legales de la defensa de la República y sus activos en el extranjero. Se trata de la provisión de recursos financieros para el pago de honorarios y servicios legales».

La Transparencia cree que la AN «compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea y para la apertura de investigaciones de la Procuraduría Especial».

Luego de 13 años de la expropiación de la trasnacional minera Crystallex, en 2021 un tribunal estadounidense ordenó la venta de las acciones de Citgo a favor de la empresa canadiense.

Por otro lado, en 2017 Nicolás Maduro había ofrecido 51,1% de las acciones de Citgo como garantía de pago por los Bonos Pdvsa 2020, sin la autorización de la Asamblea Nacional.

Ambos procedimientos están paralizados luego de que la administración de Donald Trump en Estados Unidos impidiera en octubre de 2019 negociar las acciones de Citgo.

Es preciso recordar que Nicolás Maduro también ofreció 49% de las acciones de Citgo a la petrolera de Rusia, Rosneft, como garantía frente a un préstamo a Pdvsa en el año 2016.

El ex Procurador Especial José Ignacio Hernández señaló, en una declaración a la Voz de América sobre el caso Citgo, que hay “más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando, al menos, desde el año 2017”.

Juan Guaidó designó en 2019 una junta administradora ad hoc para Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., filial de Pequiven y productora de fertilizantes en Colombia.

Un año después, el senador colombiano José David Name instó al gobierno de Iván Duque a intervenir la empresa porque había indicios de corrupción. Esto, los cuales fueron desestimados luego de la rendición de cuentas en julio de 2020.

Sin embargo, no se atendió la denuncia del ex embajador de Guaidó en ese país, Humberto Calderón Berti, sobre la intromisión de representantes de partidos políticos de la alianza opositora en el manejo de la empresa de fertilizantes, ni se emitió un informe al respecto.

La decisión de la Superintendencia de Sociedades, y las diferentes y contradictorias fuentes de información sobre la gestión de la empresa muestran el riesgo de la opacidad en la gestión pública ligada al Gobierno Interino.

La Superintendencia de Sociedades, mediante resolución No. 301-004466 del 20 de agosto de 2021, tomó la decisión administrativa de control de Monómeros.

Sobre esta decisión, la Junta Directiva Ad hoc de Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., señaló que ejercería los recursos legales para revocar la medida. Esto provocó la renuncia de su presidenta, Carmen Elisa Hernández.

No obstante, ni la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control.

Sin embargo, el Gobierno interino emitió un comunicado el 15 de septiembre informando sobre la medida de reestructuración y auditoría.

Rendición de Cuentas del Fondo de Liberación, de la Junta Administradora Ad hoc del Banco Central de Venezuela, de la Procuraduría Especial y de las Juntas Administradoras de las empresas Pdvsa, Pequiven, CVG y Bandes

Los días 21, 23 y 28 de julio de 2021, se realizaron actos de rendición de cuentas ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015 de estos organismos.

No obstante, y aunque Transparencia reconoció la disposición de los responsables de estas áreas de la gestión pública, se advierte lo siguiente:

Los documentos presentados corresponden a la gestión de algunas de las instancias vinculadas al Gobierno interino. «Aún no conocemos las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia»·

El Consejo de Administración del Gasto, responsable del Fondo de Liberación, no publicó el informe exhaustivo. El mismo debería contener «los datos de la administración financiera en formato abierto. Tampoco fue posible visualizar con claridad por problemas técnicos durante la sesión virtual en la que se hizo la exposición el 21 de julio».

En la rendición se explicó, sobre las funciones del Consejo, los desafíos y los logros en la ejecución de recursos ($61.1 millones de los $80 millones presupuestados en 2020).

Sin embargo, no se detallaron las fuentes de ingreso ni las fechas exactas en las que se tuvo la disponibilidad de los recursos. No presentaron los gastos según la clasificación funcional (o sectorial) ni por partidas del clasificador presupuestario vigente».

Aunque hubo rendición de cuentas de la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa, «esta información no está disponible, salvo los datos de Citgo en su portal Web».

La Junta Administradora Ad Hoc de Pequiven, presentó algunos indicadores de gestión de la empresa Monómeros. «Pero, tampoco fue publicada la presentación ni el informe con soportes de los datos expuestos».

Las escuetas rendiciones de CVG y Bandes no se acompañaron de presentaciones ni están disponibles los documentos de soporte respectivos.

La Junta Administradora Ad hoc del BCV mostró información sobre sus responsabilidades con relación a la administración y custodia de los fondos de la República en el extranjero.

«Se muestra información de las cuentas generales de los recursos en custodia, los acuerdos de préstamos a la República para los fondos. Se muestra lo que efectivamente se ha transferido y la ejecución de recursos en litigios del BCV».

Sin embargo, «no se explican las diferencias entre lo acordado y lo efectivamente ejecutado. En la página oficial del ente, aunque se publica el movimiento de los fondos, la información está muy agregada. No está disponible en formato editable».

La presentación hecha por la oficina del Procurador Especial es un poco más exhaustiva. Muestra información financiera y no financiera de los distintos procesos judiciales llevados a cabo. Además de los logros alcanzados y un balance de los gastos causados, pagados y la deuda actua.

Transparencia Venezuela había exhortado a los responsables del Fondo para la Liberación de Venezuela de la obligatoriedad de la rendición de cuentas.

Se suman a las debilidades en las rendiciones, «la omisión o falta de publicación de la memoria de gestión y resultados de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores. Esto incluye a los representantes diplomáticos en el exterior, así como los magistrados en el exilio».

«La Asamblea Nacional, a la que el Fondo para la Liberación le asignó 14 millones de dólares, también está en deuda con la transparencia en la administración de estos recursos», dice Transparencia.

Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión.

No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a “oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”.

La ONG de alerta que «la opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción».

Agrega que «la opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático». En este, «los activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos. Deben responder a instituciones y a ciudadanos».

«El Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias», insistió la ONG en sus recomendaciones.

Luego de más de dos años de gestionar recursos públicos, «se debe encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública».

Dice que se debe superar «el argumento de cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores. La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente».

A pesar de que existe una considerable opinión dividida sobre la situación económica y el manejo de bienes en el extranjero, Voluntad Popular aplaude la continuidad de la Asamblea Nacional del 2015, así como el que Juan Guaidó se mantenga en el interinato.

El diputado Freddy Guevara, representante de la tolda naranja, considera como «coherente» la decisión tomada por la sesión extraordinaria vía online este #27Dic. «Lo contrario sería suicidarnos, desconocer a Guaidó y a la AN, para reconocer a Nicolás Maduro», dijo Guevara.

En el comunicado de VP hay temas que no fueron tocados, pero que están en la opinión pública y que de una u otra forma son de interés y guardan relación con dicha continuidad.

La situación sobre el manejo de los recursos del país en el extranjero, como es el caso de la empresa Monómeros en Colombia, fue un tema que puso en tela de juicio la administración de Juan Guaidó. Los diversos señalamientos sobre un manejo irregular, sin presentación de cuentas, puso en jaque a la oposición venezolana.

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En el seno de la derecha hubo llamados de atención y diversos enfrentamientos, sobre todo, después de que el propio Gobierno de Colombia tuviese que intervenir, para «salvaguardar» los recursos de colombianos invertidos en Monómeros.

Otro tema considerable es la posibilidad de renovar por completo todo el «Gobierno interino» y la verificación de las cuentas. Sobre esto VP apoya modificaciones en el estatuto de Transición. Sin embargo, no hablan de una modificación por completo del interinato, mucho menos, sobre hacer de conocimiento público las cuentas.

Sobre el Estatuto de Transición VP indica que buscan proteger la democracia, los derechos humanos y la lucha anticorrupción. «Estamos dispuestos a respaldar todas las modificaciones y ajustes que sean necesarios tanto en la estrategia como en el funcionamiento de la presidencia encargada, pero de igual manera, estamos absolutamente convencidos de que la preservación de la AN y presidencia encargada son condiciones fundamentales para buscar una solución para Venezuela», dijo Freddy Guevara.

Guevara si habló sobre la preservación del oro venezolano en arcas del Reino Unido. Considera que el mismo «se pudo salvar, gracias a la gestión de Guaidó».

«El oro de los venezolanos estaría siendo usado por el dictador para extorsionar, reprimir y corromper. Queda también claro y demostrado, que de no haber existido la presidencia encargada, hubiéramos perdido Citgo a mano de los acreedores», dice Guevara.

Sin pelos en la lengua, Julio Borges, dijo que el gobierno interino de Juan Guaidó debe “desaparecer” porque se convirtió “en una casta que se ha burocratizado”.

«No podemos seguir con una burocracia de casi 1.600 personas. El gobierno interino ya quiere perpetuarse», dijo Borges en una rueda de prensa vía Zoom.

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Para sorpresa de muchos y para otros algo que se vislumbraba en el camino, Borges renunció al cargo de comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela  de la administración de Guaidó.

“Voy a dejar este cargo que he tenido hasta ahora para dar esta lucha de desmantelar y transformar las cosas para volver a construir un proyecto, un camino y una unidad”, enfatizó.

Insistió  que la administración de Guaidó “se ha deformado, se ha convertido en un fin en sí mismo, se ha burocratizado en algo que no está cumpliendo su manera de ser. Pensamos que la visión de gobierno interino debe desaparecer”.   

Asimismo, pidió una reconstrucción de la lucha venezolana porque los errores y escándalos trajeron como consecuencia que se perdiera el apoyo internacional.

“Pusieron nuestro caso en la nevera. Necesitamos un espacio interno de movilización de lucha, de los partidos y la sociedad civil. Hay que acumular la fuerza para tener legitimidad dentro y fuera”.

Sobre Juan Guaidó, Borges dijo que “no puede pensar en vegetar en una posición, tenemos que sacudir y reconstruir el espacio de unidad. Confío en que haya sensatez”.

Advirtió que únicamente los venezolanos son los que tienen la tarea de reconstruir el liderazgo.

“Hay que reformar el gobierno interino, que tenía sentido para salir de la dictadura. Pero se ha deformado y, en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura es un fin en sí mismo”, reiteró.

Julio Borges informó que el próximo martes presentará a la Asamblea Nacional de Guaidó, un paquete de reformas para luchar contra la dictadura.

“El  epicentro de la lucha debe ser dentro de Venezuela. Hay que reconstruir un espacio interno de fuerza, movilización, lucha, tiene que ser un espacio no solo de los partidos sino de la sociedad civil”.

Dijo que desde Primero Justicia sostienen que la figura de la Presidencia Interina debe reformarse.

“No es simplemente estar allí por estar allí. Esta reforma del Estatuto de Transición es para que podamos construir lo que no tenemos ahorita: una ruta, una unidad más amplia y una estrategia”.

Destacó que su renuncia se inscribe dentro de este esfuerzo para generar los cambios que se requieren para reconducir la lucha política de la oposición venezolana.

“Quiero retar a los partidos a que se salgan de las empresas, quiero retar a Juan Guaidó para que sea un factor que ayude a la unidad y no una persona que quiera vegetar en un cargo”, reflexionó.

Para Borges el tema de los activos de Venezuela, específicamente de Monómeros “es un escándalo”.

“El hecho de que no haya todavía una respuesta de Juan Guaidó, una averiguación del Parlamento sobre el hecho de que se contrate al entorno de Juan Guaidó por parte de Monómeros, el hecho que no haya una respuesta a la auditoría que pide la comisión que se hizo para investigar el caso”, resaltó.

Al respecto, el fundador de PJ propondrá “crear un fideicomiso para que esos activos se separen del manejo de los partidos políticos, principalmente el partido de Juan Guaidó, y se pueda tener una independencia, una transparencia, una claridad”.

Varias exigencias hizo Primero Justicia, este martes antes las declaraciones del exprocurador del gobierno interino y comunicaciones de PDVSA ADHOC sobre presuntas irregularidades por parte de funcionarios de Juan Guaidó.

En un comunicado de tres puntos el partido político venezolano realiza tres peticiones ante esas presuntas irregularidades y sobornos, que también se presentan en el proceso de recuperación de activos de bienes de la República en Petrocaribe.

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En el documento aclara que hace dichas exigencias atendiendo a «los principios consagrados en el Estatuto de la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela»

Las tres exigencias son:

1. Iniciar una investigación en la Asamblea Nacional para esclarecer los presuntos hechos de irregularidades y sobornos por parte de funcionarios del gobierno interino en el proceso de recuperación de activos de la República en el exterior, específicamente en el caso de Petrocaribe.

2. Propiciar las investigaciones oportunas y transparentes sobre la Operación Gedeón; el funcionamiento de la Fundación Simón Bolívar.

3. Lograr salir del régimen de Nicolás Maduro y permitir que los venezolanos puedan decidir su futuro en elecciones libres y transparente.

Primero Justicia también hace un llamado a indagar otros temas donde han solicitado «investigaciones dentro de las instancias del gobierno interino y la Asamblea Nacional» reza el comunicado.

Asimismo aseguran que realizan estas solicitudes atendiendo el mandato del pueblo venezolano.

Este domingo, el Gobierno Legítimo, liderado por Juan Guaidó emitió un comunicado en el que repudió el pronunciamiento del régimen de Nicolás Maduro sobre el informe emitido por la ONU.

Aseguró que tanto Jorge Arreaza como Tarek William Saab desconocen las normas mínimas del sistema universal de derechos humanos.

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El texto expresa que el régimen pretende poner diferencias entre la labor de la FFM y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

“Sin embargo, ambos órganos tienen mucho más en común de lo que difieren entre sí. El mandato de ambas es diferente, pero próximo”, aseveró.

En fecha 19 de septiembre de 2020, el Sr. Tarek William Saab, “fiscal” general designado por la irrita Asamblea Nacional Constituyente, en conjunto con el “ministro” para las relaciones exteriores afecto al régimen de facto, el Sr. Jorge Arreza, rindieron una rueda de prensa donde emitieron algunos comentarios al contenido del informe publicado en fecha 16 de septiembre de 2020 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, (en adelante, la Misión o FFM por sus siglas en anglosajón) la cual fue instituida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución A/HRC/RES/42/25 de fecha 27 de septiembre de 2019.

Los Comisionados Prado y Pizarro del Gobierno Interino, tienen a bien responder ante la opinión pública las infundadas aseveraciones efectuadas por ambas autoridades del régimen de facto.

Las cuales han evidenciado un desconocimiento importante sobre las normas mínimas del sistema universal de derechos humanos.

Adicionalmente, han demostrado desestimar el desagravio de los afectados por las violaciones, siendo el informe de la FFM una forma de reparación a favor de las víctimas, al visibilizar sus casos y escuchar las voces que no consiguieron justicia en el fuero interno.

En primer lugar, las misiones independientes de determinación de los hechos son un mecanismo de actuación del Consejo de Derechos Humanos que normalmente se dirigen a situaciones donde la comunidad internacional teme que se hayan materializado violaciones graves contra los derechos humanos.

Su aplicación no es extraña al derecho internacional y su existencia para el caso de Venezuela reafirma la gravedad del caso nacional debido a la sospecha de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y sometimiento de personas a torturas y otros tratos o penas crueles o degradantes, muchos de los cuales fueron denunciados por la sociedad civil organizada, a quienes vale la pena agradecer su muy importante labor para recabar la información necesaria que dio lugar a este informe de la FFM.

Así, el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado FFM para los casos del conflicto de la Franja de Gaza (2009) Myanmar en 2017, y Libia (2020), entre otros.

Asimismo, mecanismos similares como las Comisiones de Consulta, o las Investigaciones Independientes, se han aplicado en los casos de Burundi, Eritrea y Corea del Norte, entre otros.

En muchos de los casos citados los Gobiernos o regímenes se negaron a permitir el ingreso de las Misiones a sus territorios, lo cual no impidió la implementación, como estándar de prueba, de los “motivos razonables para creer” el cual se cumple cuando se ha reunido información fáctica que satisfaga con un grado razonable de certidumbre que el incidente se ha producido así como fue descrito, y se aplica para probar:

1) que se produjo la violación o el delito,

2) que la persona identificada fue responsable. El estándar de prueba no es requerimiento suficiente para sostener acusación en procedimientos penales, pero si justifica mayores investigaciones.

Es precisamente por la naturaleza de esta metodología que la FFM, aun no pudiendo ingresar al territorio nacional, logró reunir información a partir de documentos confidenciales, expedientes y más de 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados/as, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

Asimismo, se basó en información de dominio público a los efectos de identificar y verificar los incidentes y los agentes implicados en los crímenes/violaciones.

Esta información fue evaluada para prima facie concluir si era una fuente fehaciente, es decir, no toda fuente pública fue admitida.

La misión recibió 2.891 casos, e investigó a fondo 223 casos que fueron correspondientemente detallados. Los casos investigados a fondo se basan en por lo menos una fuente creíble de información directa, que fue corroborada independientemente por al menos otra fuente de información creíble. Además el uso de la tecnología forense digital por parte de la FFM para Venezuela le permitió verificar los crímenes de forma verosímil y creíble.

Por tal razón, es un sesgo de conocimiento o ideológico, el asumir que por no ingresar al país, se vio afectada la seriedad y rigurosidad metodológica del informe en consonancia con el nivel de prueba que trataba el mismo, siendo la FFM una comisión independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos con el fin de llevar a cabo una investigación. Justo por su mandato apolítico y con el fin de llevar a cabo una investigación objetiva con información de todos los entes relevantes, que la Misión solicitó oficialmente el 7 y 14 de enero de 2020 celebrar una reunión con la Representación Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, el 3 de marzo de 2020 solicitó oficialmente acceso para realizar investigaciones en Venezuela, y el 14 de mayo de 2020, el 2 de junio de 2020 y el 7 de agosto de 2020 envió cartas al Gobierno en las que se solicitaba información sobre cuestiones de interés para el mandato.

Adicionalmente la Misión escribió dos cartas dirigidas al régimen de facto expresando su intención de entregar el informe antes de su publicación para que fuera examinado y permitir que formularan observaciones. Las cartas fueron enviadas el 21 de julio y el 4 de septiembre a la representación permanente de Venezuela en la ONU, en Ginebra. La primera carta también fue entregada en físico en la sede de la Cancillería en Caracas. Ninguna fue respondida. El régimen de facto tuvo la oportunidad de dar pruebas en contraste a lo revelado en el informe, y cuestionar sus descubrimientos previo a su publicación.

Como es posible verificar en el record histórico, el indicador para determinar si es necesaria una FFM es si existen sospechas sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, independientemente si las dictaduras o gobiernos que las cometieron simpatizaban con ideologías de derecha o de izquierda.

Asimismo, el régimen de facto pretende plantear una diferencia entre la labor de la FFM y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, sin embargo ambos órganos tienen mucho más en común de lo que difieren entre sí. En este sentido, ambos mandatos para Venezuela provienen no solamente de la misma Organización Internacional, sino que fueron aprobados por resoluciones mayoritarias por el Consejo de Derechos Humanos. El mandato de ambas es diferente, pero próximo, tan es así, que la cooperación que pesa sobre el Estado con respecto a ambos órganos es prácticamente común, de conformidad con el punto resolutivo No. 26 de la Resolución A/HRC/RES/42/25.

Incluso, los resultados arrojados por ambas instancias han determinado que en Venezuela existen deficiencias innegables en el sistema nacional de justicia, falta de imparcialidad de la judicatura, comisión de violaciones graves contra los derechos humanos, excesos del personal de la fuerza pública que incluso ha incurrido en prácticas de violaciones sexuales, entre otras tantas conclusiones.

De modo que cuando el canciller de facto afirma que los informes de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) son “metodológicamente ciertos” porque “se hicieron en el terreno” olvida que ambos órganos han arribado a conclusiones similares, y que, por tanto, acepta la veracidad metodológica de ambos a pesar de solamente criticar la FFM. En esta misma línea de ideas, no debe perderse de vista que, en julio de 2019, el líder del régimen de facto, el Sr. Nicolás Maduro, vituperó el contenido del informe de la Sra. Michelle Bachelet por “haberse vendido a los gringos” siendo que hoy, funcionarios de ese mismo régimen de facto extrapolan esos mismos argumentos respecto del informe de la FFM.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana, el ACNUDH y ahora la FFM coincidan en que en Venezuela se han cometido violaciones graves contra los derechos humanos no es parte de un entramado conspirativo internacional, sino producto de la verificación objetiva e independiente que cada uno de sus órganos hizo considerando hechos diferentes que han acaecido en la República.

Lo anterior reviste especial importancia si se considera que el informe de la FFM cuenta con el respaldo institucional por parte de la ONU demostrado por el llamado del Secretario General, Antonio Guterres a las autoridades del régimen de facto a “tomarse en serio el informe”. Es decir, el respaldo de la ONU al mandato de la FFM es igual de válido que el que imprimen a los del ACNUDH.

Lejos de estas decisiones “dañar” la credibilidad de las Naciones Unidas, robustecen su legitimidad, por actuar en todos los casos en donde se cometen crímenes de lesa humanidad, y no es inédito, que precisamente aquellos que han incurrido en estas prácticas atroces, arguyan que las instituciones se debilitan cuando lo denuncian.

El cuestionamiento de parte de estas dos autoridades de facto a las fuentes utilizadas por el informe de la FFM es paradigmático. Por un lado, critican que la FFM basó parte de sus conclusiones en entrevistas con víctimas, ONG y exfuncionarios del régimen de facto a quienes califican de “traidores” pero por otro, buscan desmentir un informe de la ONU con vídeos de transmisiones en vivo de Venezolana de Televisión, que como es de conocimiento público y lo ha evidenciado la CIDH a través del Mecanismo Especial para Venezuela y la Relatoría Especial para la Libertad de expresión, es un canal oficial del régimen de facto que solamente filma y transmite aquello que el régimen de facto desea que las personas vean, incluso si es materialmente falso.

Por su parte, el Fiscal de facto, Tarek William Saab, afirmó que muchas de las omisiones en las que incurrió el Estado que son señaladas en el informe de la FFM, son responsabilidad de la administración de la fiscalía general anterior encabezada por la Sra. Luisa Ortega Díaz.

Lo que olvida el Sr. Saab es que en derecho internacional de los derechos humanos opera el principio de continuidad del Estado, de acuerdo con el cual, independientemente de los cambios de administración de las dependencias del Poder Público, el Estado sigue respondiendo internacionalmente. Pero incluso si esa variable no fuere considerada, para el momento de los hechos cuando la Sr. Ortega Díaz era fiscal, el Sr. Saab se desempeñaba como “Defensor del Pueblo”, y el Sr. Arreaza como Vicepresidente del régimen de facto, lo cual igual los hace responsables por omisión.

Finalmente, han infundadamente vituperado a los miembros de la FFM, muy a pesar de su reconocida trayectoria profesional y labor internacional en favor de los Derechos Humanos. Estos señalamientos por parte del régimen de facto van más allá de ofensas exclusivas contra estas personas, sino que las trascienden y constituyen un inexcusable vilipendio al desagravio de las víctimas de derechos humanos. Minimizar el sufrimiento de todas ella confirma el contenido del informe, cuyas recomendaciones de jurisdicción universal y remisión a la fiscalía de la Corte Penal Internacional no son meras peticiones de principio, sino verdaderas conclusiones que tendrán operatividad normativa en el derecho internacional.

Habrá Justicia

HUMBERTO PRADO SIFONTESComisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas

MIGUEL PIZARROComisionado para la Organización de las Naciones Unidas

El fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación contra representantes en el exterior del presidente Interino, Juan Guaidó.

En rueda de prensa, Saab aclara que la investigación, es por el “supuesto cobro de sobornos para robar activos de Petrocaribe”.

Indicó que son cinco los representante que participaron en un contrato firmado en Miami, Estados Unidos que no se ejecutó.

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Según Saab, en el contrato se acordaba «el cobro de 750.000 dólares» a un consorcio que pedía la autorización a la presidencia interina de Venezuela para iniciar litigios por activos estatales en 19 países.

Los supuestos implicados son, Fernando Blasi-Blanchard, Magín Blasi-Blanchard, José Ignacio Hernández, Luis Pacheco y Javier Troconis.

Recordó el fiscal del régimen que Javier Troconis es designado por Guaidó como comisionado presidencial para la «Gestión y Recuperación de Activos».

Asimismo, el Ministerio Público señaló a Jorge Reyes y Pedro Antar como involucrados en esta “trama de corrupción” por ser los representantes del consorcio.

“Pretendían apropiarse de manera ilegal de activos de Venezuela y de cuentas por cobrar del Estado venezolano”, dijo.

A los implicados se les acusa por los supuestos delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir.

El fiscal del régimen exhortó a Estados Unidos a proceder contra todos los señalados.

El consorcio, detalló Saab, había acordado con los representantes de Guaidó quedarse con el 18 % de todos los activos de la alianza Petrocaribe.

“Plan País es de vital importancia porque es donde está la preocupación del Gobierno Legítimo por lo que será el futuro del país una vez se logre el cambio político”, dijo, Freddy Valera, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior.

Valera presentó un informe detallado sobre la gestión de la Comisión Especial Plan País cumpliendo el compromiso de, Juan Guaidó de realizar con transparencia la labor necesaria desde la Asamblea Nacional.

Por su parte, el parlamentario, Juan Andrés Mejía, quien presidió Plan País en 2019, destacó el esfuerzo de la directiva de la comisión, la cual fue perseguida por el régimen de Nicolás Maduro.

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 “Hoy Venezuela cuenta con un plan para rescatar al país y salir adelante, cambiar la imagen que se tiene de Venezuela dentro y fuera del país en muy poco tiempo”, resaltó Mejía.

José Guerra, también diputado fue el encargado de presentar el informe de la gestión, en la que resaltó que en 18 sesiones, la conformación de 11 comisiones.

Además relató la escogencia de coordinadores técnicos y políticos que trabajaran alineadamente.

El parlamentario informó además que Plan País no fue un plan concebido a puertas cerradas sino que se recorrió toda Venezuela para escuchar propuestas, debatir el plan y difundir los documentos finales.

“385 actividades en las que participaron casi 35 mil venezolanos, talleres de formación y actividades virtuales que permitieron demostrar al país que el Gobierno Legítimo no solo tiene una propuesta sino que logrará recuperar al país”, detalló.

Guerra explicó que la filosofía principal de este proyecto es que la riqueza de una nación no la crea el gobierno sino la gente que trabaja y su base está en cuatro puntos.

El diputado José Guerra explicó que Plan País publicará en esta nueva fase 12 documentos con los planes trazados en otras áreas y continuará con las actividades de formación y difusión del plan a nivel parroquial

“Para llevar el mensaje de que es posible atender las necesidades de los venezolanos con una nueva ruta política y seguir sembrando la semilla de lo indispensable que es lograr un cambio”, explicó.

Informe de Gestión de la Comisión Especial Plan País https://t.co/BRISfs3n82

El Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención y congelamiento de bienes de los directivos de la Junta del BCV, la Oficina del Procurador Especial y de representantes nombrados por el presidente Interino, Juan Guaidó, por “usurpar cargos e intervenir en la apropiación del oro de Venezuela”, depositados en el Banco de Inglaterra.

De la Junta Directiva del BCV de Guaidó tienen orden de aprehensión, Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suares; de la Oficina del Procurador Especial,  José Ignacio Hernández, Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni  (hija de la jueza María Lourdes Afiuni), estos últimos “por autorizar la actuación de un bufete estadounidense en este litigio”.

Asimismo, fue liberada las órdenes de aprehensión contra el canciller Julio Borges, el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y la embajadora de Venezuela en Reino Unido, Vanesa Neuman.

“A todos estos criminales, que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras y se han conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina“, expresó el fiscal del régimen, Tarek William Saab en rueda de prensa.

Al  respecto, Saab dijo que la decisión del Tribunal Británico “no es judicial sino política” y que el juez Nigel Teare, “se sometió a la postura del gobierno británico, que entregado como está a la política exterior de los Estados Unidos, reconoció al supuesto Presidente Interino”.

Además, dijo que todas estas personas con órdenes de aprehensión, “no sólo han usurpado funciones, sino que han participado en este tema criminal como es apoderarse del oro que le pertenece al Estado venezolano. Esto es un hecho inédito e insólito”.

Asegura Saab que esta decisión del Tribunal del Reino Unido, “fue la excusa perfecta para que Estados Unidos saqueara las riquezas de Venezuela”.

El régimen de Nicolás Maduro solicitó la entrega del oro depositado en el Banco de Inglaterra para “combatir el Covid-19”.

Luego de varios días de audiencia, el Tribunal Supremo Británico concluyó que al ser reconocido Juan Guaidó como presidente Interino constitucional por el Gobierno del Reino Unido, es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrada por él la que tiene autoridad de las reservas.

Las reservas depositadas en Londres, Son 31 toneladas de lingotes  de oro valorada en unos 1.300 millones de euros, a las que tendrá acceso la junta directiva del BCV de Guaidó.