Militares de Guinea-Bisáu anunciaron este miércoles que tomaron el "control total del país", "suspendieron el proceso electoral" y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que aún no se conocen los resultados.

Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del Oeste de África.

Poco antes se escucharon disparos cerca del palacio presidencial y hombres con traje militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.

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Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

Cerca de un millón de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.

Los resultados provisionales oficiales se esperaban para el jueves.

Con información de AFP

Durante la instalación de la Comisión Nacional Electoral para los Elección de los Jueces de Paz, a realizarse el 15 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro anunció que la oposición venezolana, aliada con lo que calificó como “la élite imperialista de Estados Unidos», está preparando un nuevo «Carmonazo», un golpe de Estado similar al del año 2002.

«Quieren imponer los cambios que necesita nuestra patria a través de una corriente fascista, criminal y asesina”, expresó.

Pero les advirtió que no subestimen al pueblo venezolano, «se van a arrepentir si se meten con la Constitución, la paz y el pueblo».

¿GOLPE DE ESTADO???️ Nicolás Maduro anunció que la oposición está preparando un nuevo “Carmonazo”, pero les advirtió que no subestimen al pueblo venezolano, “se van a arrepentir si se meten con la Constitución, la paz y el pueblo”. pic.twitter.com/ZmdZa8fhxg

Advirtió que se van a arrepentir, «sé lo que digo», y que la mejor forma de defender el país es «el ataque», y que por eso la mejor forma es avanzar es en lo estructural de los cambios con el pueblo.

«La mejor forma es ir a la elección de los jueces comunales», dijo.

Estamos en el camino correctos, en las pasos que debemos dar.

«Nadie impedirá que el pueblo vote, nadie impedirá que haya paz en Venezuela, nadie impedirá que tengamos una Navidades bellas, felices, ejemplares. Nadie impedirá que tengamos un buen 2025», afirmó.

En el acto, encabeza por el Poder Legislativo y su presidente Jorge Rodríguez, estuvieron presentes autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo Nacional Electoral (CNE), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

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De acuerdo a la reciente ley aprobada, los jueces de paz serán elegidos por votación universal directa y secreta, lo que “marcará un paso importante hacia la participación ciudadana en la justicia”, apunto el jefe del Estado.

“Vamos a elecciones populares de base para elegir los jueces de paz en los 5.000 circuitos comunales del país”, afirmó.

Mientras que el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, enfatizó que este nuevo enfoque permitirá que “el pueblo sienta la justicia directamente en su casa, directamente en su comunidad”.

El 15 de octubre se elegirán 30.000 jueves de paz: 15.000 principales y 15.000 suplentes.

Con los tanques militares a las puertas de palacio del gobierno, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se comunicó con Evo Morales, su antiguo aliado, para prevenirlo de un golpe en curso, pero los aires de tregua entre los dos líderes de izquierda se disiparon rápidamente.

Por el contrario, la fracasada maniobra militar profundizó aún más la ruptura en el seno del oficialismo de cara a las presidenciales de 2025, y sumió al país en la confusión, según analistas. 

Morales pasó de celebrar el fracaso del alzamiento militar del pasado miércoles a señalar a Arce de haber mentido al mundo con un «autogolpe».

Una paradoja teniendo en cuenta que la izquierda en Bolivia, y en América Latina en general, ha repudiado a una sola voz los golpes militares que marcaron la historia de la región en el siglo XX. 

«Esta sensación de que un enemigo externo podía unificar a las facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha diluido», señala a la AFP María Teresa Zagada, analista de la Universidad Mayor de San Simón (estatal).

Y «lo que ha hecho este evento es poner al descubierto justamente esta enorme división», que va a marcar las elecciones que se avecinan, agrega esta experta. 

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Después de meses sin comunicación – públicamente al menos -, Arce llamó a Morales para advertirle sobre la sublevación de los comandantes de las Fuerzas Armadas, a la cabeza del jefe del Ejército, general Juan José Zúñiga. 

Tropas y blindados se apostaron por varias horas frente al palacio que comunica con el despacho presidencial, en el centro de La Paz.

En el momento de mayor tensión, uno de los tanques intentó derribar una de las puertas metálicas por las que finalmente ingresó Zúñiga. El presidente lo encaró en la entrada, nombró una nueva cúpula militar y los militares se replegaron. 

Zúñiga fue detenido junto a otros 20 militares activos, en retiro y civiles.

«Estaba claro que venían por mí, pero me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales», señaló Arce a propósito de la llamada a su su antiguo jefe, con quien trabajó como ministro de Economía durante sus tres mandatos (2006-2019).  

El exmandatario confirmó el breve contacto telefónico. 

Pero sorpresivamente, casi 48 horas después de la fallida acción militar, Morales sembró dudas sobre la real intención de Zúñiga de derrocar al gobierno. Y el domingo fue más allá: «Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido: parece autogolpe».

«Evo Morales, ¡no te equivoques más! (…) !No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido», le respondió Arce en X.

Las dudas, sin embargo, no comenzaron con Morales sino con Zúñiga. Al momento de su captura, aseguró que el presidente boliviano le pidió que preparara algo para levantar su popularidad, lo que Arce niega con vehemencia.

«Lo real es que la ruptura al interior del MAS es irreconciliable», observa Carlos Cordero, politólogo de la Universidad Católica Boliviana.

Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, que gobernó casi 14 años gracias a las reformas constitucionales que promovió, debió salir exiliado en 2019 cuando buscaba un cuarto mandato, acosado por las protestas callejeras por un supuesto fraude electoral.

Ante la crisis, los militares le pidieron a Morales que deje el cargo.

Regresó un año después para la asunción de Arce, cuya candidatura promovió. Sin embargo, gradualmente, comenzaron a distanciarse por la disputa del poder dentro del MAS. 

La ruptura se consumó a finales del año pasado, cuando la justicia inhabilitó a Morales para ser candidato en 2025, alegando que la Constitución permite la reelección por dos periodos seguidos.

El líder indígena, que señaló a Arce de aliarse con los jueces para sacarlo de carrera, busca revertir el fallo, mientras el ala oficialista apoya la reelección de Arce, quien todavía no ha dicho públicamente si buscará un segundo mandato.

Agobiado por las protestas por la falta de combustible y de dólares, el presidente boliviano pareció tomar aire por su aplaudida reacción ante la asonada militar, una victoria política que Morales no iba a conceder fácilmente, según analistas.

«La ventaja que pudo obtener Arce se está yendo muy rápido, pero todavía estamos en plena batalla discursiva» sobre lo que ocurrió el 26, opina la profesora Zegada.

Apenas conocerse del intento de golpe de Estado en Bolivia, varios mandatarios se solidarizaron con el gobierno de Luis Arce y condenaron la acción militar, mientras que Estados Unidos envió un tibio mensaje.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó «cualquier forma de golpe de Estado» en Bolivia. «Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia en el país hermano que preside @LuchoXBolivia», escribió Lula en la red social X.

A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia.…

El mandatario abogó porque la democracia «prevalezca en toda América Latina». En un comunicado, el gobierno brasileño condenó igualmente «en los más firmes términos» los eventos en curso en Bolivia y manifestó su «apoyo y solidaridad» al presidente Arce y el pueblo boliviano.

Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no dudó y fue uno de los primeros en pronunciarse.

«Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano», expresó desde su cuenta en X.

Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum no desaprovechó la oportunidad para también enviar su mensaje:

«El levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luís Arce y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México».

El levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luís Arce y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México.

Desde la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel rechazó la acción militar contra la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

«Indigna el atropello a la democracia y al pueblo boliviano que muestran las imágenes de medios internacionales (…) Repudiamos el intento de golpe de Estado en marcha y extendemos toda la solidaridad del Gobierno y pueblo cubano al hermano @LuchoXBolivia«, indicó.

Indigna el atropello a la democracia y al pueblo boliviano que muestran las imágenes de medios internacionales esta tarde en #Bolivia. Repudiamos el intento de golpe de Estado en marcha y extendemos toda la solidaridad del Gobierno y pueblo cubano al hermano @LuchoXBolivia.

Más tarde, saludó el retiro de tropas y la vuelta a la calma. «Emociona escuchar al pueblo boliviano cantando, con el himno nacional, su respaldo al legítimo gobierno», dijo.

Saludamos retiro de las tropas golpistas de la Plaza Murillo de #LaPaz. Otro golpe militar en #Bolivia sería una nueva afrenta a la #AméricaLatinaZonaDePaz. Todo nuestro respaldo al legítimo gobierno de @LuchoXBolivia pic.twitter.com/6p4ukRppQV

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Desde más al norte, Estados Unidos llamó a la calma en Bolivia, después de que el presidente Luis Arce calificara de intentona golpista el despliegue de tropas militares frente a la sede del gobierno en La Paz, declaró a la AFP una portavoz de la Casa Blanca.

«Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación», añadió la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Los militares que tomaron el poder en Níger anunciaron este domingo que cerraron el espacio aéreo del país, minutos antes de que se cumplió el ultimátum que puso el bloque de África occidental (Cedeao) para que el país regrese a la democracia.

«Ante la amenaza de intervención, que se hace más clara por la preparación de los países vecinos, el espacio aéreo nigerino está cerrado desde este domingo (…) para todas las aeronaves hasta nueva orden», indicaron los militares en el poder en un comunicado.

«Cualquier intento de violación del espacio aéreo» comportará «una respuesta enérgica e inmediata», añadió.

El anuncio se produjo pocos minutos antes de la medianoche del domingo, cuando expiró el ultimátum del bloque de África Occidental (Cedeao) a los castrenses para que devuelvan el poder al presidente elegido democráticamente, Mohamed Bazoum, reseñó la AFP.

Bazoum fue derrocado el 26 de julio cuando miembros de su propia guardia lo detuvieron.

Hace una semana, la Cedeao dio a los nuevos gobernantes militares de Níger, el Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria (CNSP), un plazo de siete días para que se retiren o se enfrenten a una posible intervención militar.

En otro comunicado, el CNSP afirma que se realizó un «despliegue previo para la preparación de la intervención en dos países de África Central», sin precisar en cuáles. 

«Cualquier Estado involucrado será considerado co-beligerante», agregó. 

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Las fronteras terrestres y aéreas de Níger con cinco países vecinos (Argelia, Burkina Faso, Libia, Malí y Chad) fueron reabiertas el 2 de agosto, casi una semana después de ser cerradas durante el golpe de Estado. 

Dos de los países vecinos, Nigeria y Argelia, son en cambio favorables a una solución diplomática. 

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, también pidió este domingo a los líderes del golpe que claudiquen.

«Condenamos el intento de golpe en Níger, que plantea una seria amenaza a la paz y la seguridad de la subregión, dijo Ouattara. 

En las polvorientas calles del barrio de Boukoki, en la capital, los residentes se mostraban desafiantes ante la perspectiva de una intervención armada. 

«Vamos a luchar por esta revolución. No vamos a dar marcha atrás ante el enemigo, estamos decididos», afirmó un habitante, Adama Oumarou, añadiendo que habían «esperado mucho tiempo este golpe».

Con información de AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que no hay ninguna desbandada en las filas militares al tiempo que cargo en contra de los medios y los acusó de estar “construyendo un relato periodístico peligroso”.

El mandatario colombiano publicó en sus redes sociales que no hay tal desbandada en el ejército. Aclaratoria que hace luego de la renuncia masiva de 23 tenientes coroneles de las filas del Ejército Nacional, y a días de otro retiro de 32 oficiales de la Policía, según señala El Colombiano.

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Hoy se estaba construyendo otro relato periodístico peligroso. Que se presentaba una desbandada en el ejércitoEl objetivo darle alas a la extrema derecha que busca un golpeComo demuestra esta información de la W, es una mentira. No hay desbandada. https://t.co/ugP20QTSe2

El portal asegura que el revolcón en los cuarteles sucede en un momento coyuntural para los uniformados que prestan sus servicios al Estado.

Mientras que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció cambios para la institucionalidad de seguridad del Estado que están haciendo eco en los cuarteles.

Petro respondió directamente al medio WRadio quien difundió que va de 2023 han pedido la baja cerca de 100 militares.

Al ver el detalle de la cifra se trata de 23 tenientes coroneles que salieron esta semana de la institución, también se han ido 35 coroneles, 7 mayores, 9 capitanes, 9 tenientes, 15 subtenientes y 2 generales.

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este lunes separar de su cargo al gobernador del estado de Brasilia y el desmantelamiento de los campos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, tras los sucesos ocurridos el fin de semana en la capital.

La toma por parte de grupos bolsonaristas al palacio de Gobierno y otras instituciones, así como las protestas airadas en la calle, han sido catalogadas por el máximo tribunal como una afrenta a la Constitución, por lo que anuncia que harán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos hechos.

Además, el ente judicial dio un plazo a los organismos de seguridad de 24 horas para que despejen las calles. Indica que los funcionarios civiles y efectivos militares que no cumplan las órdenes también serán sancionados.

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Esto obedece también a las recientes acciones del propio gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien aunque destituyó al secretario de seguridad ciudadana de la entidad, Anderson Torres (Ambos seguidores de Jair Bolsonaro), fue separado de su cargo por 90 días por el magistrado del ente judicial, Alexandre de Moraes, el mismo que dio la orden de desmantelar los campamentos.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, ordeno la intervención federal del estado de Brasilia hasta el 31 de enero, después de que seguidores de Jair Bolsonaro tomaran por asalto la sede del palacio de Gobierno, El Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil.

Por estas acciones, las autoridades anuncian que hay no menos de 300 detenidos y que han comenzado con las investigaciones de rigor para dar con los responsables de los destrozos causados a las instalaciones del Estado.

Con información de AFP e Infobae

Dina Boluarte, actual presidenta interina del Perú, busca este viernes crear nuevas negociaciones con el fin de fomentar un gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista y por quien sus seguidores siguen en las calles exigiendo su liberación y la convocatoria a elecciones.

Dos días después de que fracasara en su tentativa de golpe de Estado, el líder izquierdista Pedro Castillo, que asumió el poder hace 16 meses comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori, en la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima. 

La Fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar.

Las manifestaciones en varias ciudades fueron de menos a más en las últimas horas y atizaron la incertidumbre sobre la viabilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir el miércoles.   

Las protestas han incluido acciones violentas como el bloqueo de la carretera Panamericana Sur en la región Ica y Arequipa utilizando piedras, troncos y quemando neumáticos. 

Las miradas están puestas también este viernes en una ceremonia del ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina. 

Boluarte debe asistir a ese evento y pronunciar un discurso ante los militares, que jugaron un rol clave en la caída de Castillo al no respaldar el régimen de excepción que propuso.

Castillo intentó disolver el legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas. 

Miles de manifestantes exigieron el jueves la renuncia de la flamante presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú y a quien algunos izquierdistas tildan de «traidora» por haber asumido el cargo.   

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En Lima, una protesta de cerca de un millar de personas marchó hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y se produjo la detención de al menos tres manifestantes, constató la AFP. 

«Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo. Desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar», dijo a la AFP Mery Colque.

«Vivimos en un golpe de Estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones», cuestionó Ana Zevallos.

Movilizaciones callejeras también se reportaron en varios departamentos y ciudades del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

Con información de AFP

Este jueves se llevó a cabo una audiencia para conocer el caso del golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo, en el que el Poder Judicial de Perú dictó detención preliminar por 7 días contra el expresidente.

Fue el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicto la detención por el presunto delito de rebelión y conspiración.

Trascendió que durante la audiencia de este jueves 8, el fiscal Marco Huamán argumentó ante el juez Juan Carlos Checkley que existe peligro de fuga por parte del exmandatario, por lo que recomendó que se le ordenara detención preliminar, reseña La República.

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«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)», tuiteó el Poder Judicial.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de #DetenciónPreliminar contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración). pic.twitter.com/qFwPpZEUUs

La tarde de este jueves se conoció que Castillo solicitó asilo político formalmente a México a través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el abogado del destituido presidente de Perú, Víctor Pérez Liendo, quien solicitó que se considere otorgar asilo a Pedro Castillo.

Pérez Liendo se refirió a la situación que atraviesa Castillo como una persecución política. Estos detalles se dieron a conocer a través del canciller Marcelo Ebrard quien publicó la carta con fecha de ayer, indica Milenio.

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Centenares de manifestantes en las regiones andinas de Ayacucho, Puno y Huancavelica reclamaban elecciones generales ya y el cambio del Congreso, según imágenes de televisoras locales reseña AFP.

Las manifestaciones comenzaron la noche del miércoles, cuando cientos de simpatizantes y de opositores de Castillo se concentraron frente a la prefectura de Lima, donde se hallaba detenido.

«Cierre el Congreso, nido de ratas», se leía en una pancarta a favor del mandatario caído.

A unos metros, otro grupo quemaba camisetas con el rostro de Castillo.

La tensión fue en aumento y la policía usó gases lacrimógenos para dispersar la concentración.

Con información agencias

Raudo y veloz, el presidente de Perú, Pedro Castillo se adelantó al Congreso que estaba a punto de comenzar una discusión para destituirlo, y optó por disolver Parlamente e instaurar un gobierno de emergencia.

En un mensaje dirigido a la nación, Castillo anunció la drástica medida. «Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses», dijo Castillo.

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#ÚLTIMAHORA #7DIC ?El presidente de Perú, Pedro Castillo, anuncia que disuelve el Congreso y declara estado de excepciónNoticia en desarrollo ?https://t.co/akds0rRKuM pic.twitter.com/8K1w5miRZt

Castillo, vestido de traje y con la banda presidencial puesta, detalló que «A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”.

Además, decretó “toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (…)  desde las 22H00 (03H00 GMT del jueves) hasta las 04H00 (09H00 GMT del jueves)».

 Otro de los anuncios que hizo fue que «Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional».

Las reacciones no se hicieron esperar, y en tal sentido, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional».

Benavides exhortó a Castillo a «respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado».

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, expresó de manera enfática su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional y exhortó a respetar la Constitución Política, el Estado de Derecho y la Democracia que tanto nos costó lograr. pic.twitter.com/TAf8HGyxmQ

Los analistas políticos no dudaron en calificar la acción de un “golpe de Estado”, tal es el caso de Augusto Álvarez citado por la AFP.

“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», dijo a la AFP el analista político.

Importante y urgente. Esposa del comandante general del ejército denuncia presión para que renuncie su esposo y sea reemplazado por oficial que haría acciones indebidas e inconstitucionales desde la FFAA a favor de la presidencia de Castillo https://t.co/uTRChMOOHd

El anunció de Castillo encendió las alarmas de sectores políticos, que recuerdan el autogolpe de Alberto Fujimori (1990-2000), ocurrido que hace más de 30 años cuando disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

Para este miércoles estaba previsto que el Congreso de Perú, debatir una moción de destitución contra Castillo.

El Congreso mayoritariamente de derecha alegaba «permanente incapacidad moral». Justamente con esta figura constitucional dos ex mandatarios salieron del poder desde 2018.

El anuncio es interpretado como un golpe de estado, por algunos sectores de la población.

?? | El socialcomunista Pedro Castillo, presidente de Perú, acaba de anunciar que dará un golpe de Estado disolviendo el Congreso para evitar que sigan investigando los delitos por los que es acusado. Las bancadas opositoras piden ahora su destitución. pic.twitter.com/9wm8GGxOtn

Con información AFP y agencias

El jefe de la junta militar de Burkina Faso, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien llegó al poder por un golpe a fines de enero, fue destituido por militares el viernes por la noche, según una declaración leída en la televisión nacional.

Los golpistas también anunciaron el cierre de las fronteras terrestres y aéreas a partir de medianoche, así como la suspensión de la Constitución y la disolución del gobierno.

Tras una jornada caracterizada por tiroteos en el barrio de la presidencia en Uagadugú, unos quince soldados, algunos con el rostro cubierto, hablaron poco antes de las 20H00 (GMT y local) por la radiotelevisión nacional, reseñó AFP.

«El teniente coronel Damiba fue destituido de sus funciones de presidente del Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración» (MPSR, órgano dirigente de la junta), declararon los militares en un comunicado leído por un capitán.

El nuevo hombre fuerte del país, designado presidente del MPSR, es ahora el capitán Ibrahim Traoré, agregó.

Damiba tenía experiencia de primera mano con la brutal insurgencia yihadista, a la que citó como pretexto para tomar el poder.

Sin embargo, fue insuficiente para aplacar la rebelión entre los militares, quienes cuestionaron su gestión de seguridad al anunciar su salida del poder.

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Los golpistas también anunciaron el cierre de las fronteras terrestres y aéreas del país a partir de medianoche, así como la suspensión de la Constitución y la disolución del gobierno y de la Asamblea Legislativa de transición.

Fue también declarado un toque de queda de 21H00 a 05H00 horas. Los militares invocaron «la degradación continua de la situación de seguridad» en el país.

«Hemos decidido asumir nuestras responsabilidades, animadas por un único ideal, la restauración de la seguridad y la integridad de nuestro territorio», añadieron.

El golpe de Estado realizado en enero por el teniente coronel Damiba derrocó al presidente elegido Roch Marc Christian Kaboré.

Al asumir el poder, Damiba prometió que haría de la seguridad una prioridad, en un país socavado desde hace años por sangrientos ataques yihadistas. Pero estos se multiplicaron en los últimos meses, sobre todo en el norte.

Estados Unidos dijo estar «profundamente preocupado» por los eventos en Uagadugú y pidió a sus ciudadanos limitar sus movimientos.

«Llamamos a todos los actores a volver a la calma y la moderación», dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Igualmente, el Ministerio francés de Relaciones Exteriores llamó a sus ciudadanos en la capital a permanecer en casa.

En Bruselas, la Unión Europa expresó su preocupación por los eventos en Burkina Faso y señaló que la situación permanece «particularmente confusa».

En horas de la mañana se escucharon disparos en el barrio Ouaga 2000, donde se encuentran las sedes de la presidencia y de la junta militar, indicó un periodista de video de la AFP.

La televisión estatal fue interrumpida durante varias horas antes del anuncio militar.

Al igual que sus países vecinos, Burkina Faso vive inmersa en la violencia de grupos insurgentes afiliados a Al Qaida y el grupo Estado Islámico.

Miles han muerto y unos dos millones han sido desplazados por los combates desde 2015 cuando la insurgencia se extendió a Burkina Faso, que desde entonces es el epicentro de la violencia en el Sahel.

Más de 40% del territorio de Burkina Faso, una excolonia francesa, está fuera de control del gobierno.

En las últimas horas tomó relevancia un trino de Ernesto Macías Tovar, expresidente del Senado y miembro del Centro Democrático, quien hizo un llamado a los agentes de las Fuerzas Armadas para unirse a una “lucha democrática”.

Las palabras del excongresista han sido tomadas como una invitación a organizar un golpe de Estado en contra del gobierno de Gustavo Petro.

“A los generales y demás oficiales, suboficiales, policías y soldados retirados, y de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía, los necesitamos ahora en la lucha democrática para salvar a Colombia. El frente de batalla por la democracia los espera”, se lee en la cuenta de Macías.

Carlos Andrés Arias, director de la firma Estrategia & Poder, le dijo al medio Kienyke que declaraciones como la de Macías no deberían ser tomadas como un pronunciamiento del Centro Democrático, sino a título personal pues, de lo contrario, la polarización política podría llegar a un punto crítico e, incluso, peligroso.

Aclaró, sin embargo, que los cambios al interior de las Fuerzas Armadas hacen menos probable que mensajes como el de Macías tengan eco en estas instituciones.

Fue claro en que al hablar Macías de “una batalla por la democracia” se puede estar haciendo un llamamiento a alzarse en armas, lo cual fue calificado como “irresponsable” por el analista.

“Macías tiene posturas que se consideran radicales, incluso dentro de su propio partido. Esta es una forma de hacer visible su oposición frente a la manera en que se consolidaron las fuerzas políticas alrededor del gobierno de Petro, que tiene mayorías en el Congreso. Por ende, promover un golpe de Estado no solo es osado, sino ridículo”, le dijo a Kienyke Consuelo Wynter Sarmiento, directora del Departamento de Investigaciones de Uninpahu.

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Cabe recordar que esta no es la primera vez que una figura pública afín al uribismo ha enviado mensajes confusos sobre lo que sería la intención de organizar un golpe de Estado.

Hace algunas semanas se conoció un video en el que se encontraron Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, y Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional.

“A todos los policías y los soldados: decirles que no se puede confundir la historia, los villanos son los villanos y los héroes son los héroes. Estamos aquí presentes”, señaló Zapateiro, que terminó su intervención con un “Ajúa” al que se sumó Gómez, quien señaló en un trino que este tipo de apreciaciones nada tienen  que ver con un golpe de Estado. 

«La intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado», denunció este viernes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, luego de la muerte de tres manifestantes en una fallida irrupción en el Congreso.

La tarde del viernes indígenas volvieron a enfrentarse con la fuerza de seguridad en Quito en otra jornada de violentas manifestaciones.

Las protestas son contra el alza de los combustibles que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, calificó de intentona golpista.

A través de una alocución transmitida por radio y televisión, Lasso indicó que «la intención real del señor Iza (líder de las protestas) es el derrocamiento del gobierno (…) la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado».

??LASSO DENUNCIA INTENTO DE GOLPE DE ESTADO El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denuncia que presuntamente se intenta dar un golpe de Estado y autoriza a policías y militares a emplear el "uso progresivo de la fuerza" durante las manifestaciones.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/TlIBuYeT7y

Más temprano, miles de indígenas volvieron a chocar con la fuerza pública tras la cruenta jornada del jueves.

El caos reinó en Quito. Sonaron sirenas y detonaciones mientras manifestantes con escudos artesanales levantaban barricadas y encendían neumáticos.

A las bombas molotov, cohetes pirotécnicos y piedras de los manifestantes, equipos antimotines respondían con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

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El jueves, Lasso permitió el ingreso de unos 5.000 indígenas a la Casa de la Cultura, cerca del Legislativo y un lugar simbólico para los pueblos originarios, que estaba bajo control de la fuerza pública, reseña AFP.

El presidente buscaba así propiciar conversaciones con el movimiento de protesta que llegó a la capital Quito esta semana para exigir alivios frente al aumento del costo de vida.

Sin embargo, un grupo de manifestantes avanzó luego hacia el Congreso e intentó quebrar el piquete militar que lo rodeaba.

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El jueves expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), prófugo de la justicia ecuatoriana, dijo que debían solicitarse firmas para pedir la destitución del actual mandatario Guillermo Lasso.

Acto seguido, los asambleístas, afines al correísmo, no tardaron en actuar en ese sentido.

 “Léase: ya pactamos. Quedará un Gobierno en muerte clínica, con menos del 20 % de apoyo. Si (Guillermo) Lasso tuviera algo de responsabilidad y amor patrio, pondría su cargo a consideración con el artículo 148 de la Constitución. Como no lo va a hacer, tendremos que reunir firmas para revocatoria”, señaló Correa en la red social Twitter.

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Este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al pleno para este sábado 25 de junio, a las 18:00, para conocer y resolver el pedido de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), de iniciar un proceso de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.

La motivación de esta solicitud es la  grave crisis política y conmoción interna. La modalidad de la sesión será confirmada de manera oportuna.

La prensa ecuatoriana destaca que la solicitud la presentó la legisladora Patricia Núñez, este 24 de junio, con el respaldo de 47 asambleístas de la bancada correísta.

El argumento esgrimido, es que esperaron doce días para una solución al conflicto. “No es golpismo, que es el momento de que la gente resuelva en las urnas con votos y no con balas, por lo que pidió a los demás asambleístas apoyo para adelantar elecciones”.

La medida es  sustentada  en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución de Ecuador, donde se establece la atribución de la Asamblea Nacional para destituir al Presidente de la República por “grave crisis política y conmoción interna”.

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No se hicieron esperar las reacciones a la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Tanto el mandatario como el candidato presidencial Gustavo Petro solicitaron a los habitantes de la capital antioqueña que asistan a un plantón en señal de protesta por la decisión que anunció este martes 10 de mayo la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello.

Luego de que se conociera que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este se pronunció.

“Ha iniciado el golpe de estado en Colombia”. Este fue el primer comentario del alcalde Quintero

Ante el anunció de la decisión de la Procuraduría, el candidato presidencial Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter:

“Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la CIDH defender el voto popular. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”.

Acto seguido escribió: “Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano”.

A través de sus cuentas de Twitter, tanto el aspirante del Pacto Histórico (Gustavo Petro) como el recién sancionado burgomaestre (Daniel Quintero) convocaron a los paisas a que, durante el transcurso de este miércoles 11 de mayo, asistan a la Plazoleta de la Alpujarra y protesten contra lo que llamaron un “atentado a la democracia”.

El mandatario antioqueño recibió el respaldo de múltiples personalidades del mundo político en Colombia e inclusive el de varios ciudadanos que avalan su gestión desde que gobierna la ciudad desde enero del año 2020.

Petro, por su parte, también aseguró que la sanción contra el alcalde es un supuesto golpe de Estado y por eso respaldó la solicitud de que salieran a pronunciarse a las calles todos aquellos que sientan “empatía” por su candidatura y así “defender la democracia”, dijo.

Hay que recordar que cuando el exprocurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro en diciembre del 2013 por el polémico tema de las basuras, este acudió ante la comunidad internacional y, a su vez, también le pidió a los capitalinos que salieran a protestar en contra de la iniciativa que, entre otros, le daba 15 años de inhabilidad política.

Funcionarios y exintegrantes de la Alcaldía de Medellín, en esta administración, también evidenciaron su solidaridad con el alcalde y aseguraron que acudirán al encuentro en la plaza medellinense este miércoles. 

“En la plazoleta de la Alpujarra defenderemos y apoyaremos a nuestro alcalde Daniel Quintero no dejaremos que el gobierno corrupto nos doblegue, desde el 27 de octubre del 2019 estamos escribiendo una historia diferente, ya no hay miedo ¡Acompáñanos!”, trinó Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social de Quintero.

Otros congresistas electos del Pacto Histórico como Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, y Alex Flórez, han dicho que acudirán al masivo evento que, según informaron a través de sus redes sociales, esperan que sea masivo y logre cambiar el fallo que sacaría a Daniel Quintero, en primera instancia, tres meses de sus funciones como gobernante de Medellín.

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Cabe recordar que, con la decisión de este martes, la procuradora Cabello indicó que los servidores públicos debían tener claro que la intervención en política no se reducía al pedido de votar por uno de los candidatos, sino que contemplaba cualquier actuación que generara en el “imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos” que rompan, con lo que definió, como el equilibrio de la convulsionada contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.

“La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista ley estatutaria ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar de las actividades de los partidos y de los movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la constitución y la ley”, señaló la jefa del Ministerio Público en Colombia.

El presidente ruso Vladimir Putin llamó el viernes al ejército ucraniano a  «tomar el poder» en Kiev y derrocar al presidente Volodimir Zelenski y a su entorno, a los que calificó de «neonazis y drogadictos».

«Tomen el poder entre sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo», lanzó Putin al ejército ucraniano en una intervención en la televisión rusa.

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El presidente ruso aclaró que no combate a unidades del ejército sino a formaciones nacionalistas que se comportan «como terroristas» usando a civiles «como escudos humanos», al colocar sus armamentos en zonas civiles.

«Luego quieren acusar a Rusia de provocar víctimas entre la población civil», cita AFP las palabras de Putin.

Putin también calificó al presidente Zelenski y sus ministros de «banda de drogadictos y de neonazis; que se ha instalado en Kiev y toma como rehén a todo el pueblo ucraniano».

Moscú califica a las autoridades ucranianas de  «neonazis» o de «junta» desde 2014; y el estallido de una guerra en el Este de Ucrania entre separatistas prorrusos y las fuerzas de Kiev, pese a que Zelenski tenga orígenes judíos.

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Miles de sudaneses protestaron este sábado en las calles para pedir un retorno a la vía democrática tras el golpe de Estado llevado a cabo el lunes por el general golpista Abdel Fattah al Burhan.

Las manifestaciones dejaron tres personas muertas y más de 100 heridas, reseño la agencia AFP.

Con estos decesos, ya hay 12 fallecidos desde el lunes, cuando comenzaron las manifestaciones contra la decisión del general Burhan de disolver las instituciones de este país pobre, marcado por décadas de crisis económica y de conflictos.

A los fallecidos se suman unos 300 heridos.

La ONU y Estados Unidos ya habían alertado contra el uso de la violencia en estas manifestaciones, que consideraron una prueba para ver exactamente cuáles son las intenciones de los militares.

En la capital, Jartum, y en el este del país, miles de personas dijeron «no al régimen militar» y recalcaron que «no hay marcha atrás posible» en este país que emergió en 2019 de 30 años de dictadura de Omar al Bashir, derrocado por el ejército, presionado a su vez por los ciudadanos.

Pero terminar con su gobierno tuvo un alto precio: seis meses de movilización y más de 250 muertos.

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Otros manifestantes ondeaban este sábado fotografías del primer ministro depuesto y en arresto domiciliario, Abdallah Hamdok.

En la ciudad de Omdurmán, situada frente a la capital, Jartum, tres manifestantes murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad y un centenar resultó herido, anunció en Twitter un sindicato de médicos prodemocracia.

Al caer la tarde en Jartum, las fuerzas de seguridad intentaban dispersar a la multitud con gases lacrimógenos, comprobó un periodista de la AFP.

En un país dirigido casi sin interrupción por los militares en sus 65 años de independencia, la calle decidió levantarse contra el general Burhan.

Desde el lunes, muchos sudaneses declararon «desobediencia civil» y se protegen tras las barricadas de las balas reales o de goma y los gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad.

«Queremos un régimen civil y no aceptaremos la repartición de poder con los militares, tiene que ser 100% civil», dijo a la AFP Hashem al-Tayeb, un manifestante en el sur de Jartum.

«El país ha tenido demasiados regímenes militares», corroboraba Hajar Yusef, otra manifestante.

Tras dos años de delicada transición, el entendimiento entre el ejército y los civiles se hizo añicos en las últimas semanas y terminó con el golpe y el arresto de la mayoría de los dirigentes civiles.

Hace nueve días, decenas de miles de sudaneses habían protestado en las calles al grito de «Burhan, deja el poder», una manifestación que probablemente precipitó la maniobra del ejército.

El general golpista asegura que no ha dado un golpe sino que ha actuado para «evitar una guerra civil» y para «rectificar el rumbo de la transición sudanesa».

«Los militares no nos dirigirán, aquí dejamos nuestro mensaje», dijo este sábado la militante prodemocracia Tahani Abbas. Para ella y muchos de los presentes, esta protesta, llamada «manifestación del millón» de personas, no es más que «un primer paso».

Tras el golpe, Estados Unidos y el Banco Mundial frenaron su ayuda, vital para un país sumido en una inflación galopante y una pobreza endémica.

La Unión Africana suspendió a Sudán y el Consejo de Seguridad de la ONU exige el regreso de los civiles al poder.

Esta vez «los dirigentes militares no deben equivocarse: el mundo los mira y no tolerará más sangre», avisó Amnistía Internacional.

El sábado, nuevamente, el emisario británico Robert Fairweather exhortó a las fuerzas de seguridad sudanesas a «respetar la libertad y el derecho de expresión».

El secretario general de la ONU Antonio Guterres instó «a los militares a hacer gala de moderación y a no causar más víctimas».

Los sudaneses seguían manifestando este martes contra el golpe de Estado que derrocó al gobierno de transición, a pesar de la represión militar que dejó cuatro muertos y decenas de heridos.

Mientras crece la condena internacional. «No hay vuelta atrás posible», gritaban los manifestantes desafiando a los militares liderados por el general Abdel Fattah al Burhan.

Burhan, que disolvió las autoridades de transición, detuvo a la mayoría de sus líderes civiles gobernantes y declaró el estado de emergencia.

Tiene previsto dar una conferencia de prensa a mitad de la jornada para anunciar lo que vendrá en lo que la comunidad internacional denuncia ya como un «golpe de Estado militar».

Para la troika de países (Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega) que estuvieron involucrados anteriormente en mediaciones en conflictos sudaneses, «las acciones de los militares traicionan la revolución y la transición» iniciada hace más de dos años.

Para añadir presión a los golpistas, Estados Unidos anunció «suspender» una ayuda de 700 millones de dólares destinada a la transición que debía conducir este país del este de África.

Sudán es uno de los más pobres del mundo, a sus primeras elecciones libres tras tres décadas de dictadura de Omar al Bashir.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse por la tarde para abordar la cuestión, reseñó AFP.

Mientras manifestantes y expertos consideran que un retorno al poder absoluto de los militares es cada vez más factible.

Hasta ahora, las recientes misiones diplomáticas a Jartum y los pedidos del lunes por la mañana no surtieron efecto.

El primer ministro Abdala Hamdok, su esposa y el resto de ministros y miembros del Consejo Soberano (la autoridad de la transición) arrestados siguen en paradero desconocido.

Solo Moscú se desmarcó de las críticas y atribuyó el golpe a «una política equivocada» y a «la injerencia extranjera» en este país, donde rusos, turcos, estadounidenses y sauditas se disputan la influencia atraídos por sus estratégicos puertos en el mar Rojo.

De su lado, activistas prodemocracia declararon una «huelga general» y la «desobediencia civil» contra el golpe del general Burhan, que prometió formar un gobierno «competente» pronto y seguir con la transición hacia las elecciones libres.

Bajo un mar de banderas nacionales, miles de sudaneses tomaron las calles de Jartum, a las que salieron el lunes por la mañana preguntándose qué estaba ocurriendo al no haber internet ni servicio telefónico.

Para los manifestantes, se trata de «salvar» la «revolución» que tumbó a Bashir en 2019, tras una represión que mató a 200 personas.

El lunes, al menos cuatro manifestantes murieron por las balas «disparadas por las fuerzas armadas» y más 80 fueron heridos, indicó un sindicato de médicos prodemocracia.

«El pueblo eligió un Estado civil» y «no un poder militar», declararon durante la víspera algunos manifestantes en Jartum, donde barricadas con neumáticos incendiados y piedras cortaban las calles cerca del cuartel general del ejército.

Este proceso, motivo de orgullo para muchos sudaneses ante el desenlace decepcionante de otras revueltas prodemocracia en el mundo árabe, se tambaleaba desde hace tiempo.

En abril de 2019, militares y civiles acordaron expulsar a Bashir del poder y formar el Consejo Soberano, compuesto equitativamente de miembros de ambos bandos para organizar las primeras elecciones libres a finales de 2023.

El golpe frena la transición y expone con toda claridad la creciente fractura entre quienes pedían un gobierno exclusivamente civil y quienes reclamaban un ejecutivo de generales que sacaran a Sudán del marasmo político y económico.

Según Jonas Horner, investigador en el International Crisis Group, «este es un momento existencial para ambos bandos», civil y militar.

«Este tipo de intervención […] reintroduce la dictadura como opción», dijo.

Temiéndose lo peor, la oficina del primer ministro Hamdok advirtió a las autoridades militares que sobre ellas recaía «toda la responsabilidad de su vida» o su muerte, en un país donde ya hubo una intentona golpista hace un mes.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, afirmó que temía que se produjera un «desastre» si «Sudán retrocede […] tras décadas de dictadura» y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió respeto a la «carta constitucional».

Ese texto, firmado por todos los responsables anti-Bashir en 2019, prevé elecciones a finales de 2023 y una transición civil, con la que el general Burhan afirmó seguir comprometido en cuanto se nombre un nuevo gobierno y un nuevo Consejo Soberano.

Ante las críticas, el general Burhan dijo que las nuevas autoridades respetarían los acuerdos internacionales firmados por Sudán, uno de los cuatro países árabes que normalizó recientemente relaciones con Israel.

El general sudanés Abdel Fattah al Burhan disolvió este lunes las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron mayoritariamente detenidos.

Asimismo, decretó el estado de emergencia, mientras que, en las calles, ya hubo dos muertos y decenas de heridos entre los manifestantes prodemocracia.

?Golpe de Estado en Sudán.Miles de personas salen a protestar a las calles de Sudán en contra del Golpe de Estado, donde militares habrían arrestado al primer ministro Abdalla Hamdok y varios de los miembros del gobierno de transición.Vía @SYaguare ? pic.twitter.com/K9eMeIjbX6

Desde la mañana, el «golpe de Estado» denunciado por la comunidad internacional se está llevando a cabo por etapas.

El primer ministro, su esposa, varios ministros y todos los miembros civiles del Consejo Soberano –mayor autoridad de la transición– fueron detenidos.

El movimiento sacó a decenas de personas a las calles de Jartum en protestas prodemocracia, en las que, de momento, murieron al menos dos personas y más de 80 resultaron heridas, según un sindicato de médicos.

«Dos personas murieron en un tiroteo de las fuerzas del consejo del golpe militar», indicó el Comité Central de Médicos de Sudán, un sindicato independiente, que precisó que el personal sanitario contó «más de 80 heridos».

La televisión estatal está en poder de los militares y, a media jornada, el general Abdel Fattah al Burhan hizo una declaración.

Aunque no deja de repetir que quiere «una transición civil y elecciones libres en 2023», tras 30 años de dictadura de Omar al Bashir, el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes.

El gobierno está disuelto, incluso el Consejo Soberano, dijo. Los prefectos y ministros están destituidos y el estado de emergencia rige en todo el país, añadió.

Rápidamente después de los anuncios del jefe del ejército, los diferentes sindicatos, grupos activistas de la revuelta de 2019 y otros movimientos prodemocracia instaron a la población a adherirse a una movilización de «desobediencia civil» y de «huelga general», en la línea del llamado a «manifestarse» contra el «golpe de Estado» lanzado por la oficina de Hamdok.

Temiendo por la vida de Hamdok, retenido «en un lugar no identificado», su oficina advirtió a las autoridades militares que sobre ellas recaía «toda la responsabilidad de su vida» o su muerte, en un país donde ya hubo una intentona golpista hace un mes.

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El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el «golpe de Estado militar» y exigió la «liberación inmediata del primer ministro Abdallah Hamdok y de todos los otros dirigentes» detenidos, y que se respete la «carta constitucional».

Ese texto, firmado por todos los responsables anti-Bashir en 2019, prevé elecciones a finales de 2023 y una transición civil, con la que el general Burhan afirmó seguir comprometido en cuanto se nombre un nuevo gobierno y un nuevo Consejo Soberano.

Estados Unidos, cuyo emisario Jeffrey Feltman estuvo la víspera misma en la oficina de Hamdok, advirtió que «cualquier cambio del gobierno de transición pone en peligro la ayuda estadounidense».

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell instó a la comunidad internacional a «volver a encarrilar la transición sudanesa».

La Liga Árabe también manifestó su «profunda preocupación» y llamó a «todas las partes a respetar» el acuerdo de reparto de poder.

Frente a estos llamados, el general Burhan dijo que el país respetaría los acuerdos internacionales firmados. Sudán es uno de los cuatro países árabes que normalizó recientemente las relaciones con Israel.

En las calles de Jartum, donde las telecomunicaciones son cada vez más aleatorias, muchos sudaneses protestaban.

Además, abucheaban al general Burhan, constataron periodistas de la AFP.

«No aceptaremos un régimen militar. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por la transición democrática», aseguró a la AFP uno de ellos, Haitham Mohamed.

«No abandonaremos las calles antes del regreso del gobierno civil», afirmó Sawsan Bachir, también entre banderas sudanesas.

Sudán enfrenta una inestable transición política, marcada por divisiones y luchas de poder desde el derrocamiento de Bashir en abril de 2019.

Desde agosto de ese año, Sudán está bajo el mando de una administración cívico-militar.

Es la encargada de llevar al país a una plena transición democrática bajo mando civil, con el objetivo final de organizar a fines de 2023 las primeras elecciones libres en 30 años.

Pero en los últimos días, la tensión entre los dos campos aumentó.

El 21 de octubre, decenas de miles de sudaneses marcharon en varias ciudades para respaldar la plena transición de poder a los civiles.

Igualmente, contrarrestar a una sentada iniciada días antes frente al palacio presidencial de Jartum para exigir la vuelta al mando militar.

Las fuerzas de élite de Guinea afirmaron este domingo haber capturado al presidente Alpha Condé y «disuelto» las instituciones, en un video enviado a un periodista de la AFP.

Sin embargo, el ministerio de Defensa aseguró que había logrado repeler su ataque contra la presidencia.

«Decidimos, después de detener al presidente, quien actualmente está con nosotros (…) suprimir la Constitución en vigor, disolver las instituciones; y también al gobierno, así como el cierre de fronteras terrestres y aéreas», señaló uno de los golpistas en una declaración que circuló en redes sociales que no trasmitieron por la televisión nacional.

Los golpistas, de quienes el periodista de la AFP confirmó provenían estas imágenes, transmitieron un video del presidente Condé bajo arresto.

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Le preguntan si lo maltrataron y Alpha Condé, vestido con jeans y camisa, sentado en un sofá, se niega a responder.

Por su parte, el ministerio de Defensa señaló en un comunicado que «los insurgentes [habían] sembrado el miedo» en Conakry antes de tomar el control del palacio presidencial.

Pero aseguran que «la guardia presidencial, apoyada por fuerzas de defensa y seguridad, leales y republicanas, frenaron la amenaza y repelieron al grupo atacante».

A través de un comunicado, la Juventud Democrática de Venezuela aseguró que hace 29 años, el 4F de 1992, comenzó «el asesinato de la democracia» en el país.

Se refieren al 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez junto a otros militares intentó un golpe de Estado. «Un grupo de  oficiales militares usando banderas ficticias de revolución y cambio decidieron alzar sus armas contra el pueblo venezolano», destaca el escrito.

Agrega que quisieron «perpetrar un golpe de Estado en contra de las instituciones democráticas de Venezuela». Para «comenzar a cavar el foso donde sería enterrada la democracia venezolana».

Califican ese día como «fatídico», porque esos militares «utilizaron sus armas para asesinar inocentes, poner en riesgo la estabilidad del país y acabar con las golpeadas instituciones democráticas de Venezuela».

Asegura el escrito que «bajo las banderas de falsas promesas que jamás veríamos cumplir, utilizaron la democracia a la que le dieron plomo para llegar al poder».

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Además, engañaron «a todos los que confiaron en ellos y hundirnos en un modelo fracasado de hambre, corrupción y destrucción».

Igualmente, afirman que «ese 4 de febrero de 1992, no hicieron una revolución; cometieron un crimen contra la democracia».

Indican que desde esa fecha comenzaron «a desmontar el engranaje constitucional y jurídico que nos traería hasta la dictadura de hoy».

Sostienen que los venezolanos sobreviven «en un país en el que da miedo salir a las calles a protestar, a alzar la voz, a opinar diferente. El resultado es: represión, persecución, encarcelamiento, exilio o muerte».

Quienes suscriben el comunicado, quieren «hablarle a la juventud venezolana (…) queremos decirles que juntos tenemos que rechazar  a quienes después de 29 años han dado golpe tras golpe a nuestro país».

Finalmente, aseguran que «no estamos aquí para dejar de soñar en el país que queremos. Sino para avivar más esa llama de esperanza y de fe en cada rincón del país».

«El 4F de 1992 inicia el  asesinato  de  una  democracia que hoy está muerta. Sin embargo, los 4F que están por venir serán recordados como una oscura pesadilla que no permitiremos que vuelvan. Estamos decididos a revivir la democracia para todos los venezolanos».