"Los responsables en la cadena de mando e instituciones deben ser investigados de manera independiente, objetiva e imparcial", pidió este lunes el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en relación con la muerte de Víctor Hugo Quero.

Entrevistado en Unión Radio, Himiob  cuestionó que Quero Navas enfrentara una detención ilegal tras los hechos postelectorales y durante meses, las autoridades estatales negaron información sobre su paradero a familiares y abogados. 

Por ello, insiste en “la investigación independiente, objetiva e imparcial bajo los estándares del Protocolo de Minnesota de la ONU”.

“Este instrumento internacional establece que las muertes bajo custodia son potencialmente ilícitas”, explicó.

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Asimismo, dijo que es “completamente inaceptable” que las instituciones aleguen desconocimiento sobre la ubicación de personas bajo su custodia”, y más que digan que ningún familiar lo buscaba, cuando la señora Carmen Navas acudió al Rodeo I al menos 6 veces y nunca le dijeron que su hijo estaba allí.

A juicio de Homiob, este caso es un cúmulo de “irregularidades procesales”.

Por otro lado, cuestionó los llamados del Gobierno a la reforma judicial, porque son  los mismos jueces, fiscales y jefes de seguridad de gestiones anteriores quienes mantienen el control del sistema. 

“El éxito de un cambio real en la justicia venezolana depende de una voluntad política contundente que detenga estas prácticas de manera definitiva”.

🗣️EXIGE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE POR MUERTE DE VÍCTOR HUGO QUERO NAVAS@HimiobSantome, abogado y director del @ForoPenal, pidió una investigación “independiente, objetiva e imparcial” sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano pic.twitter.com/xMXyA6tu8b

El director vicepresidente de la OBG, Foro Penal, Gonzalo Himibios, criticó el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acerca del “fin de la Ley de Amnistía”.

En su cuenta en X, el abogado y activista por los DD. HH. explicó las razones por las cuales una ley no puede ser desaparecida de un plumazo, por un anuncio presidencial.

Primero, porque “la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador (Art. 202 de la Constitución). Solo un acto de la misma naturaleza, emanado de la AN, o un referendo abrogatorio (en el que el pueblo decide) puede privarla de su vigencia”, explicó Himiob.

 Agrega que "la vigencia de la Ley de Amnistía no estaba limitada, en lo que respecta a su aplicación, en el tiempo. Se estableció desde cuándo comenzaba su vigencia (desde su publicación en Gaceta Oficial) pero no se le impuso fecha de caducidad”.

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El art. 218 de la Constitución dice claramente que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y sólo se abrogan por referendo. El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República. Sigue…

Por otro lado, Himiob argumentó acerca de lo que dijo Rodríguez acerca de que la ley ya cumplió con su cometido. 

“Si la Ley de Amnistía de 2026 ha tenido un alcance limitado, eso ha sido, en primer lugar, porque ni la AN ni el Poder Ejecutivo le prestaron atención a las recomendaciones y críticas que, desde el inicio, se hicieron sobre el texto de la misma”, dijo.

 Y, en segundo lugar, porque “los órganos de la administración de justicia, que son parte del mismo sistema represivo que hizo necesaria una amnistía, nunca tuvieron en realidad la disposición ni la capacidad de aplicar la Ley de Amnistía respetando su sentido o los principios que en ella están contenidos”.

Finalmente, Himiob denunció que “la ‘voluntad política’  que ordenó que la amnistía ‘llegara a su fin' debería ocuparse mejor de que lo que ‘llegue a su fin’ es la prisión y la persecución política en Venezuela. Reitero que la amnistía es un medio, pero no es el único medio legal, para cerrar ese ciclo”.

El director vicepresidente de la ONG, Foro Penal, hizo una serie de críticas al proyecto de Ley de Amnistía aprobado en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional (AN) y que ahora está en proceso de consulta.

En un hijo en su cuenta en X,  Himiob dice que la iniciativa es positiva, de entrada, cuestiona que “calificar de entrada la amnistía como un acto de clemencia la desnaturaliza. Las amnistías no son eso, no sitúan a nadie en la posición de perdonar. Implican una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado que abarca casos ya finalizados y los que estén en curso”.

Asimismo, señala que “la persecución política ha tenido muchas caras. No puede limitarse estrictamente a los casos o investigaciones penales. Existen y han existido persecuciones laborales, administrativas, disciplinarias, civiles, que también deben ser anuladas”.

Aunque dice que “la imposición o reconocimiento de la interpretación favorable de la ley a los potenciales destinatarios de la amnistía es bienvenida”, considera que “debe acompañarse del mandato de celeridad (estableciendo los plazos correspondientes) y de la afirmación de la libertad como regla”.

 También sostiene que “la persecución ha sido continua. No cabe limitarla a fechas preseleccionadas de ocurrencia (Art. 6 del texto propuesto) pues de esta manera quedan por fuera muchas situaciones que califican claramente para la amnistía, pero que no tuvieron lugar en los momentos elegidos”.

Agrega que “la adjetivación de algunos de los eventos es innecesaria y no cumple más función que la de generar polémica. A los hechos políticos del 2002 y 2003 no hace falta llamarlos sabotaje empresarial y petrolero. Muchos venezolanos no los ven así”.

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Por otro lado, Himiob cree que “la exclusión de determinados delitos en específico, en general de delitos comunes o contra el patrimonio público, desconoce que el sistema judicial muchas veces se sirvió de estas calificaciones infundadas para justificar actos que no tenían sentido jurídico, sino político”.

Añade que “en estos casos, mejor sería eliminar la exclusión expresa de estos tipos penales o abrir la puerta a la consideración de que en algunos casos la imputación de ciertos delitos no se basó en la verdad ni en criterios jurídicos válidos, sino en valoraciones netamente políticas”.

Y puso un ejemplo: el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien “fue condenada arbitrariamente por “Corrupción”, en un juicio que fue claramente político. ¿Queda excluida de la amnistía?”, preguntó.

Por otro lado, recuerda que “las amnistías son para y de las víctimas. Cualquiera que, de acuerdo a la ley, pueda ser tenida como tal (Art. 121 del COPP) debe tener derecho a hacer su solicitud, esté o no en el país, por sí mismo o a través de sus representantes, sin que esto esté sujeto a restricciones”. 

“En ningún caso se debe siquiera sugerir que la solicitud de amnistía implica el reconocimiento, admisión o aceptación de que se ha cometido un delito o cualquier ilícito. Si alguien se ha visto forzado a admitir los hechos con anterioridad, eso no tiene ninguna relevancia”, afirma el activista.

Igualmente, opina que “el seguimiento y la verificación del cabal cumplimiento de la Ley de Amnistía no puede quedar solo en manos del Poder Ejecutivo. Debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG y organismos internacionales de protección a los DD. HH.”

Finalmente, el abogado considera que “para respetar la garantía de la no repetición, la amnistía debe derogar varias leyes que han sido utilizadas de manera continua como herramientas de persecución, y revisar cualquier norma penal que deba adecuarse a los estándares internacionales de respeto a los DD.HH”.

En horas de la noche de este jueves, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó la excarcelación de otra adolescente detenida tras las elecciones del 28 de julio.

Se trata del joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA), arrestado en el estado Miranda.

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Himiob dijo, en su cuenta en X, que esta adolescente es el número 17 que ha sido excarcelado con medidas cautelares, en las últimas horas.

«Verificados entonces 27 excarcelados. 21 adolescentes y 6 adultos», publicó.

Según el gobierno, en las últimas 72 horas, han sido excarcelados 103 detenidos en el contexto electoral.

?27 EXCARCELADOS DEL CONTEXTO POSTELECTORAL; 21 SON ADOLESCENTESEl director-vicepresidente del @ForoPenal, @HimiobSantome, informó que el #12Dic también excarcelaron a otras 2 personas, entre ellos el adolescente (17) que está dentro del espectro autista, detenido en Miranda pic.twitter.com/OjURxWtVDe

En el informe que presentó en 2019, Bachelet hizo 23 recomendaciones al régimen en las que se destaca, la petición de poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Esto no se cumplió, así como ninguna de las demás.

Este 15 de julio de 2020, salió un nuevo informe de Bachelet que para la ONG, Foro Penal, pareciera que se trata de un «borrón y cuenta nueva», pese a que se hace se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los Derechos Humanos de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco.

Sin embargo, no menciona que mantienen tras las rejas a 13 indígenas pemones, por ejemplo.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que en este nuevo documento de la Oacnudh no se establece concretamente cuáles son los resultados de la colaboración con el Estado venezolano, pues solo insta al cese «inmediato» de cualquier intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia. «Si esto no es así, entonces esta colaboración es totalmente inefectiva e ineficiente».

Romero aseguró que siguen ocurriendo casos graves de violaciones de derechos humanos en el país. «Hace falta comparar y exigir respuestas más contundentes sobre esto (…) Las condiciones de detención de presos políticos ha empeorado desde el año pasado y la gravedad de las condiciones de detención es cada día peo. Actualmente hay 410 presos políticos», dijo este miércoles en rueda de prensa virtual.

El defensor de DD.HH resaltó el caso del médico José Alberto Marulanda, uno de los presos sobre los que la Oacnudh ha urgido su liberación, y que fue detenido desde hace dos años por estar vinculado sentimentalmente a una militar acusada de presunta traición a la patria y rebelión.

«Cómo es posible que si hay un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos para exigir la liberación de estas personas, no se mencione en ninguno de los dos informes presentados este año», reiteró.

En esta ocasión la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del régimen.

Por su parte el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, insistió que «no hay continuidad en el análisis de lo que ocurre en los derechos humanos en Venezuela (…) Se formulan 21 nuevas recomendaciones sin ningún tipo de garantías que estas se vayan a cumplir. El informe 2020 presenta ambigüedades, esto es una omisión grave que presenta este informe (…) pareciera «borrón y cuenta nueva», expresó.