Los extranjeros van de paso por estos pueblos y no todos corren con la buena suerte de llegar a su destino. Mientras que los habitantes de estas ciudades y poblados quedan atónitos ante la cantidad de delitos que se comenten.

Tal es el caso de los habitantes de la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi, quienes encontraron un cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 2 de agosto del 2021.

El hecho ocurrió en el sector de El Brinco, en la frontera entre Ecuador y Colombia. 

Agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía llegaron hasta el lugar y realizaron el levantamiento del cadáver.

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Según Paúl Jiménez, jefe de la Policía Judicial del Carchi, se trata de un hombre, de 33 años, de nacionalidad venezolana.

“El cuerpo tiene varias heridas de arma corto punzante y de un disparo en la cabeza”, aseguró. 

El cadáver fue trasladado a la morgue. Ahí un equipo de Criminalística de la Policía Nacional realizará un análisis técnico, para determinar las causas del deceso.

El objetivo es dar con el o los posibles responsables de este asesinato reseñó El Comercio. 

El sector de El Brinco es uno de los 36 pasos fronterizos no autorizados por donde transitan personas que se movilizan entre la provincia del Carchi, en Ecuador, y el departamento de Nariño, en Colombia, y viceversa. 

Desde marzo del 2019, en que se cerró oficialmente el límite internacional entre las dos naciones para evitar la expansión del Covid-19, la gente continúa cruzando de un país a otro por las trochas y el río Carchi.  

Según las autoridades, estos pasos ilegales son utilizados por personas dedicadas al contrabando de productos, drogas y armas.

También para la migración informal. Hay denuncias de personas que han sido extorsionadas por bandas para pagar dinero a cambio de que se les permita cruzar la frontera. 

Jiménez relata que a inicio de año se conoció que otro ciudadano fue herido en Ecuador y habría fallecido en una casa de salud de Ipiales. 

El viernes 30 de julio pasado se registró otra muerte violenta en Colombia, reseñó El Comercio.

De acuerdo con información publicada por la prensa de ese país, un ciudadano venezolano murió luego de recibir tres impactos de bala. 

El incidente ocurrió en una de las trochas que hay en el sector de Carlosama, en Ipiales.

Testigos informaron a la Policía Nacional, de Colombia, que minutos antes de ser abaleado por dos personas que se movilizaban en una moto, el fallecido habría cruzado por una trocha desde Ecuador. El caso se encuentra en investigación. 

También se indaga si estas muertes violentas tienen relación con las amenazas que se difunden a través de hojas volantes en Nariño, Colombia.

Informa El Comercio que en la frontera se investiga un panfleto que da cuenta de la supuesta existencia de un grupo que toma la justicia por sus manos.

El grupo habría tomado las armas en Nariño para enfrentar a extranjeros migrantes que cometan delitos en Ipiales y sus alrededores.

En los últimos años, organismos internacionales como la OEA y la ONU advierten sobre el peligro de la existencia de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en Venezuela. Este grupo de exterminio comete ejecuciones extrajudiciales con el amparo del régimen.

“Las Faes no hacen más nada. No hace ninguna otra labor que no sea asesinar”, dijo para el diario El Tiempo, el exfiscal en el exilio, Zair Mundaray.

Sostuvo que es un cuerpo sin formación ni inspectoría, con directivos “criminales”. «Ha sido adoctrinado conforme a unos postulados de orden interno y no de orden público”, dijo. Y agregó que «de allí que vean al ciudadano como enemigo. Por eso es que asesinan”, acota.

Las afirmaciones del exfiscal se ratifican con el informe de la ONU sobre Venezuela, publicado el 16 de septiembre. Y luego con la actualización del documento del Alto Comisionado para los DD.HH, por parte de su titular, Michelle Bachelet.

“Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de julio a agosto. Llegan a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”, dijo Bachelet.

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El informe de la misión de la ONU refiere este caso: “Dos exoficiales de las Faes, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a ‘matar inocentes’ ”.

Mundaray destaca que lo hacen “generalmente de madrugada. Sacan a la gente viva de sus casas, desarmadas, y les ejecutan disparos lineales en el tórax, uno o dos. Esperan que la persona se muera, se llevan el cuerpo para decir que lo trasladan al hospital. Modifican el sitio del suceso y redactan actas policiales donde dicen que hubo enfrentamientos armados”.

Por su parte, Liliana Ortega, de la oNG, Cofavic, dijo a El Tiempo que las Faes tienen un patrón que las identifica.

Son violaciones asociadas a violencia contra la mujer y niños, al debido proceso, a allanamientos ilegales; también el robo de las pocas pertenencias que tiene la familia. Y luego «una característica fundamental: la obstrucción de la justicia y la manipulación de la evidencia».