La Policía de Colombia exigió este viernes la “inmediata liberación” de 29 policías y militares que desde el jueves están retenidos por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un enclave guerrillero, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico.

«¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad», escribió este viernes en su cuenta de la red social X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.

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El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista, refiere AFP.

En un mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”.

“Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el Ejército”, añadió el mandatario.

Desespero tiene el frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza la población civil. Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el ejército.Esta abierto en el Micay el pago por erradicación voluntaria de cultivos y sus sustitución por productos legales y rentables https://t.co/MusZvqXEnI

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El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC.

El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”

El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó el ministerio del Interior. 

«La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio. 

La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.

El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.  

Bajo su política de «paz total», Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016. 

Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán «diferentes» con cada organización, dependiendo de si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político». 

«No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo», admitió el vocero presidencial.

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica apoyaron la tregua. 

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Unos 15.000 combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las operaciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería ilegal «continúan» y que lo único que se evitará es «que haya una confrontación con el grupo ilegal». 

«No significa el cese al fuego bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos», declaró Velásquez a medios. 

Desde noviembre el gobierno negocia con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país. Los rebeldes concedieron una tregua unilateral de Navidad que comenzó el 24 de diciembre y se prorrogó con el reciente anuncio. 

El ministro Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de «todo el territorio» y no se van a desmilitarizar regiones para que las organizaciones «se muevan a sus anchas» como ocurrió en negociaciones de paz anteriores.

«Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro», añadió. 

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse. 

Petro, un exguerrillero que firmó la paz y depuso los fusiles en 1990, se convirtió el 7 de agosto de 2022 en el primer presidente de izquierda de Colombia. 

La política de «paz total» ha sido blanco de críticas de la oposición que la considera una «apología a la criminalidad y a la impunidad».

El gobierno no ha informado si las mesas de diálogo se instalarán en Colombia o en otros países, como ocurre con el ELN que inició una primera etapa de negociación en Venezuela y seguirá en México en una fecha por definir. 

Según el ministro de Defensa, «se están adelantando conversaciones entre organizaciones armadas que tienen presencia en un mismo territorio para que también entre ellas cese la confrontación». 

«Es lo que podría garantizar la tranquilidad para la población» que suele quedar en medio del fuego cruzado, añadió.

Los demás alzados en armas que quedaron fuera de los acuerdos de cese al fuego serán «perseguidos sin límite alguno», indicó el gobierno. 

Colombia vive un conflicto armado que en seis décadas deja nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados. 

El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.

Los pobladores del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira se mantienen en zozobra por la ola de ajusticiamientos que ocurre en Cúcuta por parte de grupos armados.

En menos de dos horas, tres personas las llevaron hombres armados desde Táchira hasta territorio colombiano donde las acribillaron a tiros.

El modus operandi es el mismo, grupos de hombres armados llegan a Ureña, someten a las víctimas, las pasan por trochas vivas a Cúcuta y luego las acribillan a tiros.

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Esta semana asesinaron a dos hombres con armas largas en la urbanización Eliopolis, cerca de la trocha La Isla hacia Ureña.

Horas después se reportó otro asesinato cerca de La Parada de Villa del Rosario.

El comandante de la Policía de Cúcuta, Oscar Moreno, aseguró que quienes cometen estos crímenes son miembros del ELN.

“Esto sucede por el pago extorsivo de las personas que pasan por los espacios irregulares”, dijo.

En menos de un mes siete personas han sido asesinadas en el corredor fronterizo.

La noche de este miércoles en Saravena, Arauca, se registró un atentado con carro bomba que dejó el saldo de un muerto y cinco heridos.

#20Ene⚠ ¡EXPLOTÓ CARRO BOMBA EN ARAUCA!En Saravena, Arauca, cerca del Instituto Agropecuario, explotó un carro bomba que dejó un muerto y cinco heridos. El atentado terrorista fue rechazado por el presidente colombiano Iván Duque.Vía @amyytorres @ImpactoVE ? pic.twitter.com/hyjvnbx43d

Según medios locales, el ataque ocurrió frente a la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y en medio de una fuerte presencia policial en la zona.

Testigos aseguran que la explosión ocurrió a escasos metros del cordón de seguridad que ha dispuesto la Policía en medio de la militarización en que se mantiene la zona tras los hechos de violencia de hace un par de semanas.

Un atentado con coche bomba deja al menos un muerto y cinco heridos en el departamento colombiano de Arauca.

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Las autoridades colombianas confirmaron la muerte de una persona y cinco heridos.

Además de afectaciones a las sedes de instituciones ubicadas en la zona, como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y un número importante de viviendas y locales comerciales.

En la red social Twitter, el presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó este nuevo atentado.

«El miserable atentado terrorista con un carro bomba en Saravena, Arauca, es un ataque que rechazamos todos los colombianos”, escribió.

Aseguró que seguirá desplegando la fuerza pública para acorralar a los grupos armados.

“Nuestra fuerza pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados y garantizar seguridad de la población».

El gobernador de Arauca, Alejandro Miguel Navas Ramos, también condenó el ataque y exigió a los grupos armados cesar los ataques en la zona.

«No es posible que la intolerancia de los grupos al margen de la ley siga afectando la tranquilidad de la comunidad del municipio de Saravena», según un comunicado.

Asimismo agregó: «Hago un llamado a los violentos para que no sigan generando zozobra en esta localidad».

«Allí se viene trabajando por su desarrollo y estos actos delincuenciales no contribuyen al progreso de su gente».

El presidente colombiano Iván Duque prometió este sábado encargarse junto al resto de las autoridades para entregar resultados rápidamente para esclarecer los hechos de las masacres ocurridas en Colombia.

Duque realizó un consejo de seguridad en el barrio Llano Verde, donde el pasado 12 de agosto fueron asesinados cinco jóvenes. Ante esta situación, el mandatario llegó temprano al lugar para reunirse con autoridades locales y los familiares de los niños que fueron asesinados.

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El mensaje principal que les dio Duque a las familias de las víctimas fue que los crímenes no quedarán en la impunidad y que el propio general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, está al frente de esa investigación sobre la que espera que haya resultados pronto, señaló EL TIEMPO.

Asimismo, destacó que detrás de estos actos criminales está la delincuencia organizada y grupos armados ilegales “producto de la expansión del narcotráfico”.

“Pronto estaremos entregando resultados en materia investigativa. En Arauca, Cauca y Nariño hay grupos pertenecientes a disidencias y mafias, que quieren intimidar a Colombia y no dejaremos de enfrentarlos”, afirmó Duque.

En ese sentido, indicó que en lo que va corrido de este año ha habido “una reducción del 11 por ciento en el homicidio, pero cuando se presentan estos hechos, nos duele”.

“Hoy, todos lloramos al lado de las familias que han perdido a sus seres queridos y reiteramos el mensaje de que como sociedad tenemos que estar más unidos que nunca para entender cuáles son los enemigos de la sociedad colombiana”, dijo.

Duque, en la tarde visitó a los familiares de las víctimas de la masacre de Samaniego (Nariño).

En este departamento, el jefe de Estado insistió en que “primero hablemos del nombre preciso: homicidios colectivos. Y aquí no es que estamos eludiendo el problema, porque el problema no es que haya vuelto, es que no se ha ido”.

De acuerdo con el mandatario, desde 1998 hasta hoy, en Colombia se han presentado 1.361 escenas de homicidios colectivos.

“En nuestro Gobierno se han presentado 37 homicidios colectivos, que equivalen al 2 por ciento de los casos”, aseveró el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció desde Arauca la creación de la ‘Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos’.

El director de la ONG, Fundaredes, Javier Tarazona, denunció el uso de la guerrilla para favorecer al régimen en las elecciones del seis de diciembre.

La información la dio a conocerla periodista Sebastiana Barráez, quien cita una carta de Tarazona, entregada a la Fiscalía, en el estado Táchira.

La misiva expresa «la forma perversa de influir la guerrilla en los resultados electorales venezolanos. Siendo visible el trabajo subversivo y de coacción a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

Destacó que desde el 2005 ha denunciado “la presencia y actuación de los grupos armados irregulares ELN, EPL, FBL y disidencia de las FAR. Todo con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro».

Estos grupos, «violentan sistemáticamente los derechos humanos de la población en las entidades donde éstas organizaciones terroristas operan. En total suman ya 17 estados del país, aunado a la realización de un sin número de actividades ilegales”.

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Fundaredes recordó que «se ha documentado y denunciado la penetración de la guerrilla en escuelas venezolanas». Esto «a través de la distribución de revistas, libros que buscan adoctrinar». Además, los grupos otorgan » ayudas en materia de dotación, regalos para los infantes en las festividades de Navidad. Vulneran de manera particular a la población más sensible, niños, adolescentes y jóvenes”.

Destacó que la Fundación “ha documentado la distribución de las cajas de alimentos CLAP por parte del ELN con propaganda de dicha organización en varios estados de Venezuela. Esta situación que evidencia la relación que tiene con organismos del estado venezolano, sumado al faltante de municiones y armas de guerra en batallones de la Fuerza Armada venezolana que han sido entregadas por órdenes del Ejecutivo a estas organizaciones terroristas”.

Dice que “mientras en Colombia se firmó el Acuerdo de Paz, el régimen de Nicolás Maduro ha permitido la creación de un nuevo grupo guerrillero dirigido por la disidencia de las FARC denominado Colectivo del Pueblo, dotándolo de armas y garantizándole su actuación resguardada”.

La consecuencia de esas denuncias “han sido los continuos ataques y amenazas que he recibido de manera personal y que ha recibido la ONG FundaRedes, así como también varios de sus voceros, provenientes de miembros de los grupos irregulares y de funcionarios del Estado Venezolano”.

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que en Colombia grupos armados han impuesto “brutales” medidas para asegurar el cumplimiento de las restricciones que eviten el contagio de la pandemia por COVID-19

 “Con el fin de hacer cumplir sus reglas, los grupos armados han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas”, alertó la organización en un informe que alude al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

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El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que “este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país”.

Desde el lunes, 3,5 millones de personas volvieron al confinamiento estricto debido al avance de la epidemia, que todavía no ha alcanzado su pico en el país.

 “Los grupos armados han impuesto brutales ‘castigos’, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplen sus normas”, denunció HRW, citando acciones del ELN, la disidencia de las FARC y de las AGC.

HRW, dijo que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del COVID-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia y en al menos 5 de ellos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas

La ONG Fundaredes elaboró un informe en cual denuncia que en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia aumenta la cantidad de niños y adolescentes que son captados por grupos armados irregulares que que sean «combatientes».

«La captación de niños y adolescentes en las instituciones educativas, para ser incorporados a las redes de los grupos armados superan, hasta el año 2019, los 30 mil estudiantes. Pero tan solo en el 2019 el reclutamiento directo o indirecto, alcanza a 15 mil infantes y jóvenes», señala el informe, según publicó la periodista especializada en temas militares, Sebastiana Barráez.

El documento alerta que «la guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para ingresarlo a sus filas, los grupos armados irregulares explotan a niños y adolescentes venezolanos en la frontera y que los niños venezolanos están expuestos a los enfrentamientos de grupos armados irregulares al asistir a clases en Colombia”.

Describe Fundaredes que los grupos usan varios métodos para «seducir» a los jóvenes.  «Les ofrecen útiles escolares y regalos, incluso dinero, para convencerlos de formar parte de sus filas, a sabiendas de que los padres cuentan cada vez con menos recursos para proveer a sus hijos de una alimentación adecuada, mucho menos de útiles escolares o juguetes».

También advierte la ONG que han logrado «acelerar un proceso ideologizante y de condicionamiento conductual, donde las personas, por miedo, se habitúan a la convivencia con estas organizaciones criminales, llegando incluso a tener asociación con sus actividades ilícitas, buscando así mitigar la ocurrencia de un evento que les afecte en su integridad, vale decir, evitan ser víctimas de estos grupos como resultado de la intimidación alcanzada cognitivamente por ellos».

Incluso, hay una fundación denominada Amigos de la Escuela, a través de la cual la guerrilla colombiana “ingresó en centros educativos rurales, de al menos cinco municipios fronterizos del estado Táchira: Bolívar, Pedro maría Ureña, Junín, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta”.

Destaca el informe que la intención fue entregar útiles escolares, regalos y alimentos entre septiembre y noviembre de 2018. Aunque la denuncia fue hecha ante el Ministerio Público, no hubo actuación alguna. Y ese diciembre, la guerrilla “entregó regalos a los niños durante la temporada navideña”.

Fundaredes resalta que recibieron más de 30 denuncias de habitantes rurales de estados Táchira, Bolívar, Apure, Zulia y Amazonas dando cuenta que durante el receso escolar (julio y agosto de 2019), “el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aplicó un censo en sus casas para precisar el número de niños y niñas de cada comunidad que asisten a clases, su rango etario, su nivel de escolaridad e identificar sus necesidades con miras a una entrega masiva de útiles escolares”.

La conclusión de Fundaredes es que “20 mil 624 estudiantes habrían sido censados por la guerrilla colombiana para recibir útiles escolares e influencia directa de este grupo armado”.

La organización constató que hasta el año 2018 “la guerrilla colombiana ELN y FARC habían intervenido en al menos 214 escuelas de Táchira, Apure y Amazonas; para el año 2019, la cifra supera las 325”.