La reapertura de la frontera y la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela son un hecho. Ya está claro que ambos procesos serán beneficiosos para reactivar el comercio que quedó en el limbo desde 2019.

Pero hay un detalle de gran envergadura que afea el panorama: la violencia, la protección de grupos irregulares y las actividades ilícitas.

Algunos analistas y expertos en la materia aseguran que es necesario “negociar con los grupos irregulares” y que los grandes perdedores de este tan esperado suceso son precisamente la guerrilla porque «la formalidad del comercio les va a quitar terreno que se disputan dentro de la ilegalidad».

Otros, por el contrario, dicen que lo que sucederá “es una mudanza de la violencia de las trochas ilegales a los puentes”.

Mientras, los ciudadanos de Colombia y Venezuela que conviven a lo largo de esos 2.219 kilómetros de frontera tienen la esperanza de reanudar no sólo el desarrollo económico, sino la vida cultural, social e histórica de ambos países.

Desde agosto del año 2015 la frontera de Norte de Santander permanece cerrada para el paso de vehículos por decisión de la administración de Nicolás Maduro, quien para ese momento expulsó a 20 mil colombianos de su territorio, la mayoría del estado Táchira.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno de Iván Duque, y desde entonces, las pérdidas económicas y de empleos han sido muy grandes en las zonas fronterizas de La Guajira, Arauca y Norte de Santander.

Según los analistas, la normalización de relaciones y la reapertura impulsarían el intercambio comercial, que rozó los US$ 7.200 millones en 2008 y que se vino a pique con el cierre parcial de la frontera en 2015 y total en 2019, reseñó El Espectador.

La Cámara Colombo-Venezolana maneja proyecciones de US$ 800 millones a US$ 1.200 millones en 2022, luego de que el año pasado la cifra bordeara los US $400 millones.

El pasado mes de agosto, durante la toma de posesión del nuevo Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro prometió restablecer relaciones diplomáticas con el vecino país.

Desde el 7 de agosto hasta este 25 de septiembre se completan todos los pasos -obstáculos van y vienen- para la tan esperada reapertura que será este lunes 26 de septiembre.

Pero, ¿Cómo Gustavo Petro y Nicolás Maduro resolverán el tema de la violencia y las zonas gobernadas por grupos irregulares? Todo el desarrollo de esta zona pasa por la paz y eso pareciera estar muy lejos del panorama.

El analista político Johel Orta es de la teoría que la reapertura de la frontera pasa principalmente por “negociar con los grupos irregulares”.

Explica que es una realidad que no se puede eludir. “Hay que actuar con mucho pragmatismo en esta materia, hay que buscar la pacificación de esos grupos irregulares para también evitar los delitos fronterizos”.

“Ambos gobiernos tienen que ampliar el Tratado de Paz firmado en La Habana, Cuba, para que los grupos que aún no han entrado a la legalidad política en Colombia lo hagan de una buena vez”, dijo en entrevista exclusiva a Impacto Venezuela.

El escenario para Juan Carlos Garmendia Mora, docente de la Escuela de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano, es optimista.

Considera que los grandes perdedores de la reapertura «son estos grupos irregulares que controlan el paso fronterizo de mercancías».

También agrega en la lista a los cuerpos de seguridad del estado venezolano que cobran «coimas» para el paso de los productos en las carreteras del hermano país.

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«Toda la ilegalidad tiene que ser combatida por ambos gobiernos. Las reuniones bilaterales que ya se han dado en los gremios comerciales, industriales y aduaneros para preparar esa reactivación han tocado el tema a fondo», dijo Garmendia Mora a la revista Semana, quien espera exista una solución a largo plazo para la paz en la zona limítrofe.

Para la presidenta regional de Primero Justicia en el estado Táchira, Karim Vera, la complejidad de la frontera, la violencia y el “abrigo y refugio” que le ha dado la administración de Nicolás Maduro a estos grupos al margen de la ley, “será muy complicada la reapertura”.

Duda de las negociaciones, porque estos grupos no van a perder todo el terreno que han ganado para seguir en sus actividades ilícitas.  

“Ellos tienen el control de toda esa zona del lado colombiano y no hemos visto ningún tipo de actuación positiva que vaya en pro de la desmovilización de esos grupos allí apostados (…) Allí lo que va a ocurrir es una mudanza de los grupos irregulares de las trochas ilegales a los puentes entre ambos países”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, a lo largo de los 222 kilómetros de la frontera en Norte de Santander se han identificado al menos diez estructuras ilegales activas.

En las zonas selváticas, en el Alto Catatumbo se encuentran las disidencias de las FARC, en el Catatumbo Medio el ELN, y en el Bajo Catatumbo el EPL. En tanto, las regiones urbanas son controladas por paramilitares.

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En la frontera con Villa del Rosario operan dos bandas conocidas como Los Cebolleros y Los Canelones; en La Parada, el Clan del Golfo y Los Urabeños; en el Corregimiento San Faustino y La Mulata (caserío del lado venezolano), las llamadas Autodefensas Gaitanistas.

En una parte de Ureña, bandas locales como La Línea, y desde Ureña hasta Puerto Santander señorean Los Rastrojos, reseña el portal DW.

De lo malo también se rescatan cosas buenas para ambos países. Karim Vera dice que si sucede la reapertura, «traerá mucho provecho para el intercambio comercial, pero sobre todo del lado colombiano que ha venido desarrollando su infraestructura industrial y comercial para estos fines».

Sin embargo, asegura que del lado venezolano «estaríamos en profunda desventaja ya que no tenemos ni la infraestructura vial, ni los servicios, ni las almacenadoras aduaneras reactivada para todo lo que viene».

Johel Orta coincide y dice que será de «gran beneficio», especialmente para los ciudadanos que conviven en la frontera. «Hay un comercio superior a los 4 mil millones de dólares anuales y es imperativo restablecer estas relaciones».

Ya las cartas están echadas. El camino será complicado, pero todo indica que Venezuela y Colombia inician una nueva etapa en sus relaciones. Los ciudadanos de frontera se preparan y esperan con ansias este momento…

Luchadores sociales de la zona fronteriza de Táchira alertan que en 25% se incrementaron los ajusticiamiento en el eje limítrofe en el último trimestre debido a la lucha entere el ELN y las disidencias de las FARC.

Según el registro al menos 25 personas han sido ajusticiadas en la frontera por la pugna que existe entre grupos guerrilleros.

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El luchador social, Jesús Báez, explicó que los grupos irregulares se llevan a las víctimas de Venezuela hasta el eje limítrofe con Colombia, donde están las llamadas trochas o pasos ilegales y los ajustician.

Báez le exigió a la administración de Nicolás Maduro “tener presencia más activa” de las fuerzas militares en las trochas “para controlar esta cantidad de muertos que son venezolanos”.

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FANB) desmantelaron un campamento en el estado Apure, frontera con Colombia, usado por presuntos guerrilleros que funcionaba como puesto de enfermería.

La información la suministró el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, a través de su cuenta en Twitter.

“ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) Apure en labores de patrullaje desmantela campamento ‘tancol’ que funcionaba como enfermería de los grupos enemigos de la patria. Apure es nuestro”, escribió.

Asimismo, informó que el miércoles que funcionarios de la FANB destruyeron otro campamento usado por estos grupos en el estado Zulia, fronterizo con Colombia.

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El funcionario detalló que, durante el operativo, llevado a cabo en el municipio de Jesús María Semprúm, se incautaron “numerosos materiales y accesorios bélicos” que utilizaban los “Terroristas armados narcotraficantes colombianos (tancol)”.

Hernández no especificó el tipo de materiales confiscados por los militares ni si hubo detenciones durante el operativo.

Según la agencia EFE, el pasado 2 de junio, Hernández, acompañado por Nicolás Maduro, afirmó que, en los últimos cinco meses, resultaron destruidas, en la frontera que Venezuela comparte con Colombia, 257 “estructuras” usadas para el narcotráfico y el terrorismo.

De los 257 espacios desmantelados, 202 se usaban para la fabricación de explosivos, 23 eran laboratorios para la preparación de drogas y 32 eran campamentos logísticos “para comida y combustible”.

Además precisó que se han neutralizado 16 aeronaves y dos submarinos, y se han destruido 46 pistas clandestinas usadas para el narcotráfico.

Los cadáveres de tres hombres con impactos de bala los encontraron en tres trochas de la frontera de Venezuela con Colombia, uno en Juan Frío, otro en Los Mangos y el último en La Parada.   

Los tres hombres aún no han sido identificados y quedaron tendidos dentro del municipio Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, en Colombia, y a escasos kilómetros del municipio Bolívar del estado Táchira.

La Policía de Colombia asegura que estas ejecuciones son realizadas por grupos irregulares que operan en la frontera.

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El mayor Alejandro Poveda, comandante del Distrito No 3 de la policía, precisó que es el mismo modus operandi de las últimas semanas.

Buscan a las víctimas en Venezuela, las pasan a territorio colombiano vivas or las trochas y una vez allí les disparan.

“Seguimos investigando para dar con el paradero de los responsables de estos hechos”, dijo el mayor Poveda a medios colombianos.

Grupos irregulares captan a niños en la frontera de Colombia con Venezuela para trabajar en el comercio informal y en el contrabando.

La Policía de Táchira prepara un Plan de Inteligencia para ubicar a estos menores que llegan sin representante ni documentos al eje limítrofe para ser entregados a sus familias.

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Los niños atraviesan el país sin documentos y sin control alguno para trabajar.

Politáchira se mantiene desplegado para dar con estos niños y entregarlos a sus representantes.

También están tras la búsqueda de grupos armados y de delincuencia en la frontera que son los que están catando a estos infantes.

Dos venezolanos compartían en una fiesta de 15 años en Puerto Santander, frontera con Colombia, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en el lugar, preguntó por ambos y delante de los presentes los acribillaron a tiros.

Los venezolanos están identificados como  Deyvis Alexander Girón Peña, de 35 años de edad y Cristopher Johan Álvarez, de 24.

Ambos llegaron a la fiesta de 15 años que se celebraba en el barrio Nuevo Mundo de la fronteriza zona colombiana.

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Según testigos, al menos una decena de hombres camuflados y ataviados con botas de caucho y boinas rojas, llegaron al lugar armados con fusiles a eso de las 8:40 de la noche.  

Según La Prensa de Táchira, los sujetos obligaron a todos los invitados a entrar en la casa y llamaron a Girón y Álvarez.

Sin medias palabras, los separaron del grupo y los acribillaron a tiros delante de todo los invitados.

Varios de los asistentes avisaron a las autoridades colombianas pero nunca aparecieron.

Se conoció que el levantamiento de los cadáveres los realizó una funeraria.

En esa zona de la frontera hay irregulares pertenecientes al ELN que tienen guerra con el Clan del Golfo por el control de trochas, rutas del narcotráfico y contrabando en esa zona.

Fuentes aseguran que Cristopher Johan Álvarez, tenía prontuario policial por tráfico y fabricación de sustancias estupefacientes en la zona.

Cuatro jóvenes que se encontraban rapeando en un parque en Colombia, los atacaron a tiros. Uno de ellos era menor de edad.

La masacre ocurrió pasada las 10:00 de la noche del martes en San Rafael, departamento de Antioquia en Colombia.

Según el parte policial, tres de los jóvenes fallecieron en el lugar, el otro murió cuando lo trasladaban a un centro de salud.

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No se conoce la identificación de los cuatro muchachos, pero sí que uno de ellos es menor de edad.

Esta es la segunda masacre que en menos de tres días ocurre en Antioquia, reseñó Noticias Caracol.

El pasado fin de semana en el municipio Betania también mataron a tiros a cinco personas.

Se conoció que las autoridades del departamento de Antioquia se reunirán en consejo extraordinario para tratar la situación de inseguridad que se vive en la zona.

Hace menos de 20 minutos asesinaron a 4 jovenes en San Rafael. Fueron ultimados a rafagasos en un parque. Estaban RAPEANDO, la mayoría son menores de edad. Estoy consternado, me tocó escuchar los balazos, el parque quedaba al frente de mi casa?

Más de 90 grupos irregulares armados están activos en Colombia y suman unos 10.000 combatientes. Así lo indica un nuevo reporte de un centro de estudios independiente de ese país. 

Los principales actores armados son los disidentes del pacto de paz con las FARC, los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además de varios grupos paramilitares, según la investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La ONG estima que unos 10.210 hombres integran las filas de estos grupos armados. Ellos tienen una influencia particular en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela. Lo mismo ocurre en Nariño y Chocó, en los límites con Ecuador y Panamá, respectivamente. 

«La situación más problemática de este rearme de grupos ilegales tiene que ver con la expansión de las llamadas disidencias de las FARC». Esto lo dijo el director de esa ONG, Camilo González, en entrevista con la televisora estatal Canal Capital, reseñada por AFP.

Excomandantes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 por la dirigencia de las FARC y el gobierno colombiano encabezan las disidencias. Su pie de fuerza se estima en 5.200 combatientes, la mayoría (85%) nuevos reclutas.

Sin un mando unificado, los disidentes se dividen en dos grandes grupos: el «Bloque Suroriental» (2.700 combatientes) y la «Segunda Marquetalia» con 2.000 hombres. A ellos los lidera el exnegociador del acuerdo Iván Márquez. Un tercer grupo llamado «Comando coordinador de occidente» suma otros 500 hombres.

Estos grupos «independientes desarticulados (…) hasta ahora no representan un proyecto insurgente». Tampoco de guerra contra el Estado colombiano.

Hasta el momento se limitan a intervenir en «conflictos focalizados de menor intensidad» en el país que más cocaína produce en el mundo.  

El ELN, última guerrilla reconocida del país, reúne a 2.450 combatientes, según los cálculos de Indepaz.

Se organizan en ocho frentes que gozan de autonomía militar y económica y los coordina un «comando central». La organización guevarista hace presencia en 136 municipios.

«El incremento de efectivos y de áreas de movilidad no implica un incremento proporcional de capacidad militar o de influencia política e ideológica entre la población», subraya la ONG.

Por el contrario, los enfrentamientos con la fuerza pública han disminuido, señala Indepaz. Mientras que los enfrentamientos con otros actores armados ilegales van en aumento.

Según Indepaz, el ELN se dedica principalmente a la «defensa» de algunas zonas de influencia y sus «acciones bélicas se reducen a atentados con explosivos, a emboscadas y esporádicas hostilidades a pequeñas unidades militares y de policía».

Las disidencias de las FARC y el ELN están integrados por jóvenes que en su mayoría carecen de formación ideológica, «lo que ha exacerbado la violencia» con una participación creciente en actividades delictivas en competencia con otros actores armados.

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También intervienen en la violencia los «grupos narco-paramilitares», que disponen de 2.560 miembros, aunque están menos organizados.

Son herederos de los paramilitares que extrema derecha que sembraron terror en los años noventa con las masacres y atrocidades cometidas en su feroz lucha contra las guerrillas de extrema izquierda. 

Muchos se desmovilizaron entre 2003 y 2006 o se convirtieron al narcotráfico, cuyas rentas se disputan con otros grupos armados. Indepaz registró un aumento escandaloso en su área de influencia, pasando de 30 municipios en 2019 a 291 al año siguiente

El Clan del Golfo es el más poderoso de estos grupos, con entre 1.600 y 1.700 miembros. Su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga (alias ‘Otoniel’), es uno de los criminales más buscados por Colombia y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares. 

Dos líderes comunales de una zona rural de Cúcuta los asesinaron de múltiples disparos.  Habitantes aseguran que los autores del crimen son miembros  de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Las víctimas responden a los nombres de Eliécer Sánchez Cáceres y Hernando Sogamoso.

Ambos recibieron varios impactos de bala cuando se dirigían a un encuentro con una organización internacional.

Estas organizaciones adelantan un plan para evitar el reclutamiento de menores de edad en zonas de conflicto.

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Sin embargo, la policía había asegurado al diario La Opinión de Cucuta, que ambas víctimas las asesinaron cuando se reunían con miembros del ELN.

Los habitantes del sector están indignados por estos sucesos y desmientes las versiones de la policía.  

“Eso que dicen las autoridades que nosotros nos reunimos con actores armados, es estigmatizarnos y ponernos una lápida en el cuello», aseguró un vecino que prefirió el anonimato.

Agrego: «nosotros les hemos dejado en claro, tanto a los ilegales como a la Policía y el Ejército, que no estamos con ninguno de ellos».

Otras personas que se dirigían a esa reunión, cerca de Palmarito, se salvaron de morir, porque al escuchar los disparos, se devolvieron para sus casas.

Los habitantes de Banco de Arena, La Punta y Palmarito viven con el alma en la boca, pues los grupos irregulares están matando inocentes en su guerra por el control del territorio.

Aseguran que esto sucede especialmente con los gaitanistas, quienes se pasean tranquilamente por esos sectores y bajo la mirada inerte de la Policía y el Ejército.

Aseguran que hacen de las suyas y sin que alguien pueda reaccionar, denuncian los vecinos.

El miedo, la incertidumbre, el silencio y la desesperanza, recorren hoy cada rincón de la zona rural de Cúcuta.

Cúcuta colinda con Puerto Santander y la frontera con Venezuela.

Pocos se  atreven a hablar de lo que está pasando en esos sectores, pues quien lo haga, sabe que queda sentenciado al destierro, la desaparición o la muerte.

El pasado martes 3 de agosto se produjo un enfrentamiento armado en el río Arauca en el que se cayeron a tiros dos embarcaciones. Se reporta un fallecido y varios heridos.

La información la confirmó Radio Fe y Alegría con testimonios de personas que, pasada las 7:00 de la noche, se trasladaban en lancha de Colombia a Venezuela.

El enfrentamiento armado se produjo en medio del río Arauca que une a las poblaciones de San José de El Amparo, Apure, y Arauca, justo en un punto conocido como La Marranera.

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Según los testimonios de quienes venían del lado colombiano hacia la localidad venezolana, los ocupantes de una de las lanchas interceptaron a tiros al grupo que iba hacia la población de Arauca.

No se conoce el motivo del enfrentamiento que dejó varios heridos, entre ellos unos tripulantes y el motorista de una de las embarcaciones.

Los heridos los trasladaron a un centro ambulatorio de El Amparo.

Según el medio local, del grupo de los atacantes no hubo lesionados.

Sobre el fallecido no se conoce identificación, pero testigos aseguran que se trata de un integrante de una de las columnas de un grupo guerrillero colombiano que opera en la frontera.

Tampoco se conoce la identidad y procedencia de quienes dispararon.

Narcotráfico, cultivos de droga, apropiación de tierras, trata de blancas, control de pasos ilegales y adiestramiento armado son solo algunas de las actividades que llevan grupos terroristas y que generan violencia en Venezuela.

De acuerdo con los datos que maneja la organización de Derechos Humanos (DD.HH) Fundaredes del estado Táchira,esta actividades ilícitas ocurren desde hace mucho tiempo.

Alertan que “desde hace más de 20 años Venezuela viene registrando fuerte presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que han logrado dominar municipios en al menos 19 estados del país”.

Esto “bajo la mirada complaciente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Estado” informa La Prensa de Lara.

Estos grupos al margen de la ley desarrollar actividades de narcotráfico, cultivos de droga, dominio de pistas clandestinas y apropiación de tierras.

También reclutamiento de venezolanos incluyendo a menores de edad, trata de blancas y control de pasos ilegales o trochas.

Denuncia Fundaredes que estos grupos realizan operaciones de control público, adiestramiento armado y dominio de zonas de minería.

Todo esto como parte de las actividades económicas ilícitas que manejan y que han desatado las violaciones y homicidios en el país.

En 2020, según el informe la Curva de la Violencia presentado por Fundaredes, se registraron 1.613 fallecidos en seis estados fronterizos de Venezuela.

Con fuerte presencia guerrillera colombiana destacan los estados : Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

De esos casos, 855 murieron en enfrentamientos entre grupos armados y bandas criminales que luchan constantemente para ampliar sus rutas de poder.

La presencia de la guerrilla colombiana en territorio nacional se hizo más visible desde 21 de marzo, cuando comenzaron los combates de guerra en Apure.

Estos enfrentamientos entre una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denominada Frente Décimo cuyo líder es Gentil Duarte y militares venezolanos.

El país se está pareciendo cada vez más a la Colombia de los años 60, cuando los grupos guerrilleros comenzaron a atacar a comunidades enteras.

Hoy existen más de cinco mil desplazados venezolanos que han llegado despavoridos a Arauca y Arauquita en territorio neogranadino.

Las comunidades como  La Victoria, Santa Rita, El Ripial y Guasdualito,  en Apure han sido bombardeadas con armas de guerra y tanquetas.

El directo de Fundaredes, Javier Tarazona, ofreció una entrevista al portal la Gran Aldea en el que detalló la actividad de los grupos irregulares dentro de Venezuela.

En una entrevista exclusiva, Tarazona también conversó sobre las amenazas que la ONG recibió por documentar todo lo que ocurrió en Apure.

Sin embargo resaltó que eso les ha servido de motivación para continuar haciendo su trabajo.

“No existe ningún control de soberanía, la soberanía se perdió, lamentablemente”, afirmó Javier Tarazona.

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 La información detallada al respecto la compartirá en el informe anual de la ONG en la tercera o cuarta semana de abril.

“Mientras tratan de lavarse la cara frente al mundo demostrando que están actuando contra el terrorismo, están más comprometidos diariamente”, ratificó.

En cuanto a los enfrentamientos ocurridos en las últimas tres semanas, aseveró que son una gran opacidad.

“Lamentablemente, el Estado venezolano ha cerrado toda posibilidad de tener una veeduría de la situación de enfrentamiento”, dijo.

Aseguró que es una amenaza constante por parte de las Farc contra los venezolanos en la zona fronteriza.

En cuanto a la gran presencia de los grupos irregulares en el país. Responsabilizó a la administración de Maduro.

“El régimen busca intimidarnos, desmovilizarnos, silenciarnos, criminalizarnos, hostigarnos y frente a esto lo que va a encontrar es más trabajo de documentación, más rigurosidad y mayor visibilidad de lo que hacemos”.

El protector del Táchira de la administración de Nicolás Maduro, Freddy Bernal aseguró que la entidad se encuentra “libre de paramilitarismo” con la detención de irregulares.

Esto a pesar de su cercanía con el departamento Norte de Santander, en Colombia.

Detalló que cerca de 80 paramilitares han caído en combate tras enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en articulación con los organismos de inteligencia del Estado lograron detener a 114 paramilitares en el estado fronterizo, indicó Bernal.

Según una nota de El Nacional Bernal hizo el anuncio a través un contacto telefónico en el programa Al Aire.

El programa lo transmite el canal estatal Venezolana de Televisión.

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Mientras que el portal La Verdad  reseña que “se desmanteló la estructura mafiosa de Los Rastrojos del cartel de Pablo Escobar,  así como de la organización paramilitar de la frontera grupo de La Línea”.

Bernal aseveró que la entidad andina está libre de paramilitarismo, “a pesar de su cercanía con el departamento del Norte de Santander, Colombia”.

Aseguró que la entidad andina se encuentra hoy “libre de paramilitarismo” a pesar de su cercanía con el departamento Norte de Santander, en Colombia.

Destaca La Verdad que se realizó el procedimiento y despliegue efectivo de los organismos de inteligencia del Estado.

Esto obedeciendo a aun plan estratégico para proteger la soberanía territorial.

La oposición encabezada por Juan Guaidó elevará a instancias internacionales la «complicidad de Nicolás Maduro» con grupos irregulares.

En la reunión de la Comisión Delegada, repudiaron los sucesos ocurridos en el estado Apure. También culparon a Maduro por la muerte de dos militares durante el enfrentamiento.

La exdiputada, Gaby Arellano, adelantó que recopilan información para llevar evidencias ante organismos internacionales. Habló del «asesinato silencioso con que se sigue actuando en la frontera venezolana. Se da anchas, poder, control y armas a Iván Márquez y Jesús Santrich. Ellos son terroristas buscados por el mundo entero que hoy viven a sus anchas en Venezuela. Todo por órdenes y responsabilidad de Nicolás Maduro y Padrino López», dijo.

Tildó como un “descaro”, que Maduro, ordenara «a las FAN a defender los intereses y mafias lideradas por Márquez y Santrich». Por tal razón, exhortó a los militares venezolanos a combatir la criminalidad y defender el territorio nacional.

Arellano, dijo que no se sabe cuántos muertos y heridos hubo con exactitud en el enfrentamiento. “Hay una guerra en la frontera venezolana con estos grupos irregulares. Mientras las víctimas son los más humildes que huyen por salvar su vida”, expresó.

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Por su parte, Eliecer Sirit, denunció que la confrontación de la FAB en la frontera, no es con la guerrilla. «Es una lucha entre los grupos irregulares. Usan la institución militar para resolver un problema interno en la guerrilla por instrucciones» de Maduro.

“No sé está combatiendo a la guerrilla en territorio venezolano como política de Estado”, aseveró. Subrayó que militares y civiles “son víctimas de estos grupos irregulares que están bien equipados”.

Por su parte, Freddy Superlano, indicó Maduro y la FAN «protegen a grupos narcoterroristas. Eso nos convierte en el principal corredor del narcotráfico en el continente».

Dijo que, según informaciones de las autoridades colombianas, existen 1.500 guerrilleros en las fronteras. Ellos que se disputan las rutas de exportación de cocaína en suelo venezolano.

Por su parte, Karim Vera, alertó que “estamos a punto de perder el territorio venezolano”. Las fronteras «las controlan grupos irregulares colombianos como el ELN, disidentes de la Farc, ejército del pueblo y el FBL. Todo esto con ayuda y colaboración de las Fuerzas Armadas».

“Al régimen madurista no le importa la vida de los venezolanos. Los usa como escudos para sus intereses criminales y financieros. La cesión del territorio venezolano a grupos guerrilleros tiene como fin de servir de cordón de seguridad del régimen de Maduro”, fustigó.

Indicó que los enfrentamientos en Apure, cerca de 20 a efectivos de las FAN resultaron heridos y 2 fallecidos. «Uno de ellos, víctima de una mina antipersona».

“Venezuela era libre de territorio de minas antipersonas. Hoy está totalmente minado, en total violación del Tratado OTAN”, reveló.