Un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC dejó más de 20 combatientes muertos en la región del Guaviare, bastión rebelde en la Amazonía colombiana, informaron este domingo fuentes del Ejército a la AFP.

Los rebeldes al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por alias "Calarcá" le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora están en una guerra a muerte por las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el país.

El choque en Guaviare deja una cifra inicial de 27 muertos según el Ejército, pero todavía no hay un balance oficial. Por motivos de seguridad, aún no han hecho la incursión en terreno ni el levantamiento de cadáveres.

La "principal motivación" de los enfrentamientos es la "disputa por el control del territorio", dijo el organismo en un comunicado en X el sábado.

Un video compartido a la AFP por el Ejército y que circula en redes sociales muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje y botas sobre una vía sin pavimentar.

Tras el vacío de poder que dejó el desarme de las FARC, los facciones enemigas están sumidas en violentos enfrentamientos para delimitar sus zonas de control y corredores estratégicos para traficar droga.

"Llamamos a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario", dijo la Defensoría en X tras la confrontación.

Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y fuerza pública.

Por su parte, Calarcá está en intermitentes y estancadas negociaciones con en Ejecutivo tras un escándalo sobre su infiltración en el gobierno.

A cuatro meses de las elecciones y tras acusaciones de la oposición sobre trato indulgente a los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos ilegales.

En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.

Petro compara al líder guerrillero con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar. Mordisco se suele mover en frondosas y selváticas regiones del país, de difícil acceso, para esquivar a las autoridades.

Tras un año de agria relación con Estados Unidos, Colombia se está acercando nuevamente a su principal aliado militar. En una llamada la semana pasada, Petro y el presidente Donald Trump acordaron golpear conjuntamente a los grupos narcotraficantes del país sudamericano, el mayor productor de cocaína de mundo.

Con información de AFP

 Comandantes de las guerrillas colombianas que presuntamente operan en Venezuela huyen de regreso a su país tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con el arresto de Nicolás Maduro, aseguró el martes una fuente de las fuerzas de Colombia a la AFP.

Bogotá sospecha que jefes de poderosas organizaciones rebeldes como el ELN y algunas facciones disidentes de las extintas FARC viven del otro lado de la frontera.

Un responsable de las fuerzas armadas dijo a la AFP que tiene conocimiento de que algunos de ellos intentan regresar a Colombia tras los ataques de Washington en Venezuela el sábado.

En ese operativo ordenado por Donald Trump capturaron a Maduro, uno de los mediadores de los intentos de diálogos de paz de los guerrilleros con el gobierno colombiano del izquierdista Gustavo Petro.

Centros de estudio sobre el conflicto y organizaciones como Human Rights Watch sostienen que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela con conocimiento de las autoridades y que incluso han contado con su respaldo en zonas fronterizas. Maduro siempre negó esas afirmaciones.

El gobierno de Petro supone que en Venezuela podrían estar los líderes de esa guerrilla.

Se sospecha que el máximo comandante del ELN, alias Antonio García, cruzó la frontera así como el ex número dos de las FARC Iván Márquez, que después de firmar la paz en 2016 formó su propia organización alzada en armas.

La presencia de cabecillas guerrilleros en la línea limítrofe supone una amenaza para la seguridad de Colombia tras la caída de Maduro, según el Ministerio de Defensa.

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Cuando el exmandatario venezolano fue enviado a Nueva York para responder ante la justicia, Bogotá emitió una alerta sobre posibles atentados.

Luego desplegó unos 30.000 militares para garantizar el orden en la frontera de más de 2.200 kilómetros.

La AFP observó este martes la presencia de uniformados colombianos en la ciudad fronteriza de Cúcuta por orden de Petro, en medio de las advertencias de Trump sobre un posible ataque en suelo colombiano contra el narcotráfico y sus amenazas contra el mandatario izquierdista.

De su lado, Petro, un exguerrillero que firmó la paz en los 1990, aseguró que está dispuesto a retomar las armas para defenderse de Washington.

Diferentes grupos guerrilleros colombianos advirtieron a Trump que se opondrán con las armas a un intento de ingresar a Colombia.

Con información de AFP

 Con la presión de Washington sobre el chavismo y un gobierno colombiano en caída libre, ¿sigue siendo Venezuela un refugio para las guerrillas o se acerca una purga  forzada en la frontera?

 Con el ELN activo y figuras como Iván Márquez bajo presunta protección del régimen, Caracas podría usar a sus viejos aliados como moneda de cambio para aliviar la presión internacional. 

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 Cinco soldados fueron secuestrados el domingo mientras se movilizaban en un bus de transporte público durante su periodo de descanso en un municipio rural del departamento colombiano de Arauca (noreste), informaron autoridades que atribuyen el rapto a guerrilleros del ELN.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en zonas remotas de Colombia controladas por grupos armados y con escasa presencia estatal.

El secuestro del domingo se produjo en una vereda rural conocida como Flor Amarilla, ubicada en una zona de influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla de corte guevarista.

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#ComunicaciónOficial | Estos son los rostros de nuestros soldados profesionales Andrés Muñoz, Sergio Muñoz, César Muñoz, Luis Navarro y Daniel Munive, secuestrados por el GAO ELN mientras se desplazaban entre #Tame y #Arauca.Son hijos, hermanos y amigos que sirven a #Colombia… pic.twitter.com/AiVhuFEnhd

"Nuestros jóvenes se movilizaban de civil, en su tiempo de permiso, cuando fueron interceptados en el bus que viajaban, por criminales vestidos de particular que los hicieron bajar y se los llevaron con rumbo desconocido", aseguró el domingo en la red X el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

"Por su modus operandi", Sánchez responsabilizó a una unidad del ELN.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda en la zona con el fin de "traer sanos y a salvo a nuestros colombianos secuestrados", agregó Sánchez.

El ELN abandonó en enero los diálogos de paz que adelantaba con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en medio de enfrentamientos entre esa guerrilla y una disidencia de las extintas FARC en una región fronteriza con Venezuela que dejaron más de un centenar de muertos.

Con información de AFP

Después de años de negarlo, el chavismo terminó confesando su propia traición: la guerrilla colombiana no solo está en Venezuela, la gobierna en SILENCIO. 

Padrino López lo admitió como quien intenta justificar lo injustificable, cuando en realidad solo revela el colapso total del Estado. 

Las FARC y el ELN operan como ejércitos aliados del régimen, dueños de minas, rutas y territorios donde la soberanía se cambió por complicidad, y la patria se convirtió en refugio de CRIMINALES.

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Al menos 57 soldados del ejército colombiano permanecían retenidos el domingo por pobladores de una región del suroeste del país dominada por la guerrilla, informó la institución.

Un primer pelotón de uniformados realizaba una operación en El Tambo, un municipio que forma parte de la zona conocida como el Cañón del Micay, cuando civiles los retuvieron el sábado, según un mensaje enviado a periodistas.

Este domingo otro grupo de militares fue rodeado por al menos 200 pobladores cuando se dirigía hacia El Plateado, otro pueblo de la región.

«Como resultado de ambos hechos, en total, cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad», dijo el ejército.

Esta es una práctica común en regiones conflictivas de Colombia. Para impedir el avance de la fuerza pública, algunos grupos ilegales ordenan a civiles este tipo de acciones. Los liberan horas después, tras la intermediación de entidades defensoras de derechos humanos.

El general Federico Alberto Mejía sostuvo en un video que se trata de un «secuestro» por parte de guerrilleros «infiltrados» en la comunidad.

El ejército asegura que los campesinos reciben órdenes del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC que no firmó el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno de la época.

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El presidente Gustavo Petro invitó a los campesinos a «dejar de creer en actores armados que obedecen» a «extranjeros», en referencia a los supuestos vínculos que tienen los guerrilleros con carteles mexicanos.

«Nosotros queremos generalizar la paz, pero liberar a los soldados, que son sus propios hijos, es imperativo», escribió el mandatario izquierdista en la red social X.

Petro intenta desde hace meses que las Fuerzas Armadas logren ingresar a todo el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína.

En marzo, en esta misma zona fueron retenidos por pobladores 29 militares y policías. Todos fueron liberados dos días después.

Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década. Petro intentó negociar la paz con el EMC, pero su principal cabecilla, «Iván Mordisco», abandonó los diálogos.

Con información de AFP

El Frente Jaime Martínez te espera, joven». Unas botas, una cantimplora, un plato de arroz y la promesa de una vida mejor acompañan al texto. Con mensajes como este, el mayor grupo disidente de las FARC recluta vía TikTok en Colombia.

El frente opera en el departamento del Cauca (suroeste) y responde al Estado Mayor Central (EMC), la mayor facción de disidentes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Desde finales de 2023 sostienen conversaciones con el presidente de izquierda Gustavo Petro.

Pero en paralelo mantienen una campaña de propaganda en redes sociales, con influencers uniformados rodeados de narcocultivos y promesas de riqueza ambientadas con corridos mexicanos.

Mensajes que calan en un país atravesado por más de medio siglo de conflicto armado y donde la pobreza afecta a 46% de la población rural, según el más reciente balance de la autoridad estadística (2022).

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La AFP halló en TikTok, y en menor medida en Facebook, decenas de cuentas, cientos de publicaciones y varias comunidades propagandísticas de este grupo armado.

Unos 3.500 combatientes integran el EMC, imponen un régimen de terror en el campo y se financian principalmente del narcotráfico, según inteligencia militar.

«Me quiero unir», comenta una joven en un video musicalizado con un corrido mexicano. «Al privado», responde el usuario de TikTok identificado como «.revolucionario_».

El mismo perfil ha tenido más de una decena de interacciones similares. «Yo presté servicio militar (…) y ahora me gustaría coger un fusil nuevamente», comenta un hombre en una publicación donde se ve a uniformados entrenar en un bosque con neblina.

Guerrillas y narcos del país reclutaron a 110 menores de edad en 2023 y este año ya van 23, según la Defensoría del Pueblo.

Para una juventud rural con escasas oportunidades, las disidencias significan cierta estabilidad financiera, pero también muchos «terminan metidos ahí escapando de la violencia intrafamiliar» o de otros grupos armados, dice a la AFP Alejandro Jaramillo, investigador de la Universidad de Nueva York.

«La narrativa siempre ha sido que la guerrilla se va a convertir en tu familia», agrega.

Existe una red de perfiles asociados al EMC en el Cauca que se siguen entre sí y, en ocasiones, replican videos creados por cuentas hermanas.

Con miles de seguidores, utilizan imágenes de uniformados a caballo o cruzando ríos en lanchas, acompañadas por textos motivacionales y revolucionarios.

El uso de emojis revela un lenguaje común. La ilustración de una hoja verde hace referencia a los narcocultivos, según expertos, en el país que produce más cocaína en el mundo. Acompañan videos y fotos de grandes extensiones de arbustos de coca.

También los emojis de banderas de Colombia, corazones de colores y el rostro cubierto de un ninja, un «símbolo de la clandestinidad» según Jaramillo, se repiten en las publicaciones de las cuentas rebeldes.

A diferencia de la propaganda tradicional de las FARC, los videos en TikTok del EMC tienen «una propuesta estética mucho más afinada» y enfocada a un público joven, dice Clément Roux, investigador del Centro de Análisis de Medios (CARISM) de la Universidad Paris-Panthéon-Assas.

Para el analista, la narrativa del EMC tiene «rupturas y continuidades» con la antigua «cultura fariana».

La utilización del logotipo clásico de las FARC-EP, referencias a comandantes históricos como Manuel Marulanda y «una glorificación del modo de vida guerrillero» son algunas de las semejanzas.

Pero otras publicaciones revelan un lenguaje «mucho menos vertical» al «jerarquizado» de la antigua guerrilla que depuso las armas.

Hoy «cada combatiente tiene un celular» con el que puede producir contenido, añade Roux.

Para la investigadora Juana Cabezas, de Indepaz, las disidencias «seducen» a los jóvenes con un «discurso material de joyas, dinero, mujeres, autos», respaldados por la economía de la coca que «garantiza un ingreso fijo».

Así la estética narco que impusieron Pablo Escobar y sus socios hace cuatro décadas se fusiona con algunos mensajes rebeldes, aludiendo a un modo singular de ascenso y de revancha social, en uno de los países más desiguales de América Latina.

Los contenidos presentan «un modo de vida donde el dinero, el trago y las mujeres son trofeos» y, al mismo tiempo, «se combina de manera muy curiosa con todo el imaginario fariano de la lucha de clases», sostiene Roux.

La propaganda en redes sociales sirve como una «herramienta de reclutamiento», pero además fomenta «la cohesión interna» de la guerrilla, dice el experto. Logra que personas desplegadas en frentes «separados geográficamente se sientan parte de una organización más grande».

Algunos perfiles conservan la apariencia institucional de las FARC-EP, pero cada vez más surgen cuentas de influencers uniformados y en armas, repletas de selfis.

Abrieron indagación por actos delictivos contra el Brigadier General John Jairo Rojas Gómez cuando se desempeñó como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suboccidente del Ejército.

El alto general es señalado de presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal.

El ente acusador adelanta tres líneas de acción; la primera estaría relacionada con actos de corrupción en el ejercicio de su cargo en Argelia (Cauca), donde habría tenido nexos con la estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia; la segunda línea se refiere al acoso sexual del que habrían sido víctimas varias oficiales del Ejército.

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También lo sindican por favorecimiento a organizaciones criminales. “De acuerdo con el material probatorio, el uniformado habría permitido que se desarrollaran corredores de movilidad y operaciones de narcotráfico en el Cauca. 

Sus presuntas acciones delictivas habrían afectado el trabajo de las autoridades en la lucha contra grupos ilegales”, señaló la Fiscalía.

Alrededor de 9.800 personas han sido forzadas a confinarse en el noroeste de Colombia debido al «paro armado indefinido» impuesto allí por la guerrilla del ELN en medio de las negociaciones de paz que adelanta con el gobierno, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.

«Tras el anuncio de paro armado» por parte de los rebeldes en el departamento del Chocó, «al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita» están «en confinamiento de manera indefinida», con restricciones a la «movilidad», «actividades diarias», «transporte de víveres y alimentos al igual que acceso a servicios de salud», indicó la oficina del ombudsman en un comunicado.   

En un documento difundido el miércoles, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) prohibió la circulación y actividad en esa región aduciendo el asesinato el lunes del «joven Santiago Cáceres» a manos de «paramilitares» en «connivencia» con la fuerza pública. 

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«Cabe recordar que el pasado lunes 12 de diciembre se registró una incursión de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la comunidad afro de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona y recibieron intimidaciones, daños a bienes civiles y hurtos», indicó la entidad encargada de velar por los derechos humanos. 

De acuerdo a la Defensoría, como consecuencia de esos enfrentamientos unas 141 personas debieron desplazarse a otros poblados aledaños.

«Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales», añadió la Defensoría. 

El «paro armado» levantó críticas tanto en la oposición como en el gobierno izquierdista, que a inicios de esta semana había dado por concluido «exitosamente» el primer ciclo de conversaciones de paz con la guerrilla en Caracas.

Al término de la ronda de diálogos, el gobierno y el ELN anunciaron «acciones humanitarias» para mitigar la violencia precisamente en la zona donde los rebeldes ahora paralizan la actividad bajo amenaza.

Las partes retomaron en noviembre el proceso de paz que había quedado en suspenso bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y que en principio tendrá un segundo capítulo el próximo año en México. 

La negociación avanza sin que medie un alto al fuego.

En armas desde 1964, el ELN tiene un pie de fuerza de unos 2.500 combatientes y una amplia red de colaboradores, según estimaciones independientes. 

La isla de la discordia, Guardulio, es un territorio desamparado que fue víctima de los ejércitos de la guerrilla, y de movimientos de la tierra; lo que derivó que hoy por hoy no sepan a quién pertenece, si a Venezuela o a Colombia.

En un trabajo realizado por Noticias Caracol, lograron hablar con algunos de los habitantes de este territorio amenazado por organizaciones de la guerrilla colombiana y sumida en el abandono por parte de las autoridades.

La isla Guardulio, es un territorio de aproximadamente 2 hectáreas de tierra fértil, con 64 habitantes, una población que se ha venido a menos, por culpa del terror que infunden las guerrillas, y las “visitas sorpresas” que realizan los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

El clamor generalizado de los habitantes es que las autoridades de Venezuela y Colombia tomen parte y definan a dónde pertenece este territorio, el cual, afirman, está abandonado por completo.

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Aunque los habitantes aseguraron en la entrevista que son 100% colombianos, Colombia insiste que es un territorio de Venezuela, pero los oriundos de este sector, denuncian que la administración de Nicolás Maduro no se hace responsable.

“Venezuela dice que la isla es de Venezuela, pero no nos colaboran con nada. Por su parte, Colombia tampoco porque dice que pertenece a Venezuela”, dijo una ciudadana.

Pero, ¿por qué se creó la disputa del terreno? Originalmente, la isla pertenecía a Venezuela, pero el río ejerce una confusión y un limbo en el área limítrofe.

Un movimiento de aguas internas fue horadando la tierra y por ello la isla quedó de territorio colombiano, explicó Noticias Caracol.

La mayoría de los habitantes de esta isla sienten que son colombianos, por ello, piden a las autoridades que se aclare la situación y les digan a dónde pertenecen.

En 2015 el plan de reordenamiento determinó que la vereda pertenece a Coloncito, Colombia. Sin embargo, los habitantes aseguran que están en total orfandad por parte de las leyes de ese país.

Si le pidieron al ELN y a las FARC bajar las armas mientras negocian la paz, eso no sucede en las trochas porque casi todos los días hay noticias de personas ajusticiadas en territorios tomados por estos grupos guerrilleros tanto del lado colombiano como venezolano.

Esta semana, un grupo de personas que transitaban por la trocha Olegario, en el corregimiento de Agua Clara, en el municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, encontraron un cadáver.

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Las autoridades en Cúcuta se apersonaron en la zona e identificaron al hombre como, Jarbinson José Redondo Redondo, de 32 años de edad y nacionalidad venezolano.

El cadáver presentaba seis impactos de bala y fue encontrado del lado venezolano, por lo cual fue una funeraria colombiana, la que hizo el levantamiento por razones humanitarias, reseñó La Opinión de Colombia.

Se desconoce el móvil del hecho, pero por las circunstancias y la zona donde fue encontrado el cadáver hace pensar que fue ejecutado por grupos de la guerrilla.

Luchadores sociales de la zona fronteriza de Táchira alertan que en 25% se incrementaron los ajusticiamiento en el eje limítrofe en el último trimestre debido a la lucha entere el ELN y las disidencias de las FARC.

Según el registro al menos 25 personas han sido ajusticiadas en la frontera por la pugna que existe entre grupos guerrilleros.

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El luchador social, Jesús Báez, explicó que los grupos irregulares se llevan a las víctimas de Venezuela hasta el eje limítrofe con Colombia, donde están las llamadas trochas o pasos ilegales y los ajustician.

Báez le exigió a la administración de Nicolás Maduro “tener presencia más activa” de las fuerzas militares en las trochas “para controlar esta cantidad de muertos que son venezolanos”.

Autoridades de Colombia hallaron una fosa común en la frontera con Venezuela en la que presumen están enterrados varios venezolanos denunciados como desaparecidos

La fosa está ubicada en el anillo vial oriental del Norte de Santander, a escasos metros de la frontera con Ureña, estado Táchira.

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El comandante de la Policía de Cúcuta, Óscar Moreno, asegura que sistemáticamente la guerrilla asesina en Venezuela y luego cruzan la frontera para depositar los cadáveres desmembrados.   

“Estos grupos irregulares, pasan la línea limítrofe, a escasos metros de Venezuela y les disparan y obviamente les causan la muerte”, precisó.

Cuerpos detectivescos en Colombia adelantan las investigaciones para el reconocimiento de los restos hallados en el lugar.

En 2021 Fundaredes reportó al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, en los que 439 personas murieron, lo que representa 45% del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones.

La información la suministró la organización en su informe anual, correspondiente al año 2021 que presentó esta semana la organización.

«Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», reza el documento.

La coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, la abogada Clara Ramírez, en entrevista a EFE dijo que estas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales.

También entre grupos armados irregulares, que no son «exclusivamente la guerrilla sino también bandas con alto poder de fuego que operan en estados fronterizos».

El documento también incluye muertes en algunas ejecuciones extrajudiciales «que las quieren hacer pasar por enfrentamientos».

En el informe, la ONG precisó que los organismos de seguridad del Estado con más responsabilidad en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, las policías regionales y municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.

«Los grupos irregulares han coexistido con fuerzas del orden público, que mantienen en muchos casos actitud displicente ante el sufrimiento de la población», aseveró Fundaredes.

Precisó Ramírez que en el año 2021, se documentó un total de 979 víctimas de homicidio en los estados fronterizos.

De los cuales 872 eran varones y 76 féminas -39 de ellos, niños y adolescentes-, mientras que de las 31 víctimas restantes no se pudo determinar el género.

Fundaredes detalló que, aunque las armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos), también se registró el uso de armas blancas en 91 muertes.

Otras 36 personas murieron por golpes con objetos contundentes y 15 fueron estranguladas, mientras que en 33 casos no se determinó el arma utilizada.

«La consagración del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional venezolano, bajo cuyos postulados el derecho a la vida es inviolable, constituye letra muerta para muchas familias que se han visto afectadas por la situación de violencia que se vive en el contexto fronterizo venezolano», aseguró la organización.

Sostuvo que el Estado ha permitido «las acciones de grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego e incluso organizaciones internacionales del narcotráfico que, desde instancias del poder, han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas».

Refirió que los grupos armados irregulares «han tomado, para su uso, fincas de propiedad particular, las cuales convierten en espacios para sus acciones criminales».

Por otra parte, Fundaredes denunció que su fundador y director general, Javier Tarazona, «permanece arbitraria e injustamente detenido» desde julio de 2021.

Hasta la fecha de publicación del informe, «aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio».

Este miércoles se conoció que la fiscalía de Colombia obtuvo más de 30 órdenes de captura contra los integrantes de grupos irregulares; como lo son el ELN y las FARC. Acusados de ser responsables de varios asesinatos en esa zona del país.

En ese sentido, fiscales de la delegada para la Seguridad Territorial y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación (UEI); obtuvieron 31 órdenes de captura contra cabecillas e integrantes del ELN y de estructuras disidentes de las Farc. Estos serían los responsables de 25 de los asesinatos y otras de las acciones ilegales conocidas en 2022.

Desde principios del 2022, el departamento de Arauca, en zona fronteriza con Venezuela, es sometida por una fuerte ola de violencia; debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley en ese territorio. Principalmente el ELN y las disidencias de las Farc.

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En el caso del Ejército de Liberación Nacional, las órdenes de captura recaen sobre el denominado comando central (COCE) conformado por: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Emilio Marín Giraldo, alias Pablito; y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, Juan de Dios Lizarazo Atroza y Moisés Bautista Núñez; y los cabecillas del Frente de Guerra Oriental, Ramiro Torres Rodríguez y Arturo Archila Rincón.

Todos estos implicados tendrán que responder por los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado, y rebelión agravada.

Por el lado de las disidencias de las Farc, se obtuvieron 22 órdenes de captura por los delitos de: homicidio, homicidio en grado de tentativa, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, secuestro, amenazas, desplazamiento forzado, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Estas órdenes de captura recaen sobre los máximos cabecillas del frente décimo ‘Martín Villa’, Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley; y Gerardo Antonio Sanguino Franco, alias Anderson, entre otros. Asimismo, afectan a cuatro jefes de comisión y a 12 de los denominados coordinadores de milicias.

Activistas de los Derechos Humanos reportaron que al menos 100 personas las acribillaron los grupos irregulares, paramilitares y miembros de nadas criminales que operan en la frontera con Colombia.

También informaron que otras 100 personas permanecen desaparecidas, lo que ha convertido el eje limítrofe entre Táchira y el Norte de Santander en uno de los corredores más sangrientos de América Latina.

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Reclutamiento de jóvenes y crímenes son los delitos que ocurren a diario, estos cometidos por el ELN, las FARC y las bandas criminales que se disputan el control de la zona.

La lucha entre guerrilleros, paramilitares y delincuentes es constante y en medio de esta situación está la población civil indefensa.  

Luego de las declaraciones emitidas por el presidente de Colombia, Iván Duque; el ministro de Defensa neogranadino, Diego Molano, confirmó que los hechos violentos que se registraron en los últimos días en Arauca se originan en Venezuela.

Agregó, son producto de la disputa de los grupos narcoterroristas que buscan el control territorial para sus negocios ilícitos.

Mediante su cuenta en Twitter, Molano destacó que es claro “que la violencia que se vive en Arauca se origina en Venezuela; por la disputa de las rentas criminales del ELN, de las disidencias de las FARC y de la Segunda Marquetalia”.

Asimismo, señaló que esta situación afecta la vida y la tranquilidad de los pobladores del departamento del Arauca; fronterizo con el venezolano estado Apure.

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Mayor despliegue fronterizo y plan de recompensas

En ese sentido, sostuvo que durante una reunión operativa y de seguridad en Arauca se establecieron medidas para aumentar presencia de Fuerza Pública colombiana en la frontera con Venezuela. Un plan de recompensas por integrantes de disidencias Farc y ELN; la lucha contra la extorsión y protección de activos estratégicos.

Sobre las recompensas, trascendió que por alias “Antonio Medina”, se otorgarán mil millones de pesos. Por alias “Pescado”, unos 500 millones; y por alias “Arturo”, 500 millones. Todos son disidentes de las FARC.

En el caso de los integrantes del ELN, detalló: por alias “Pablito”, 4 mil millones de pesos; por “Pájaro”, 500 millones; por “Gavilán”, 500 millones; y por “Culebro viejo”, 500 millones.

Unas 86 personas han sido asesinadas en lo que va del 2022 en la frontera de Colombia con Venezuela, castigada por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y la guerrilla del ELN, informaron autoridades este sábado.

«Han sido 86 homicidios en 2022, de los cuales 16 personas tenían orden de captura ya que tenían vínculos con grupos criminales», indicó en Twitter el ministro del Interior, Diego Molano, al término de un consejo de seguridad en el municipio fronterizo de Tame (noreste).

La zona limítrofe con Venezuela es uno de los mayores focos de violencia que siguió al acuerdo de paz de 2016 en Colombia, reseñó AFP.

Las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en el país, libran desde hace más de un año una disputa por las rentas derivadas del narcotráfico, según el gobierno.

El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció millonarias recompensas por los jefes de ambas organizaciones en la frontera, entre ellos alias Antonio Medina, Arturo y Pablito.

«Vamos tras ellos. No importa en dónde se escondan, no importa si están en Venezuela y buscan moverse a Colombia, vamos a capturar a quienes son los responsables», advirtió Molano también desde el municipio de Tame.

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El presidente de Colombia, el conservador Iván Duque, culpa a la «dictadura» de Nicolás Maduro de proteger a los grupos armados en su territorio, mientras Caracas niega los señalamientos.

Aunque el grueso de los rebeldes de las FARC se desmovilizó en 2017, quedaron activas disidencias sin mando unificado que se disputan el control territorial con organizaciones como el ELN y bandas narco.

Por orden de Duque, unos 7.000 uniformados de la fuerza pública custodian la porosa frontera de unos 2.200 kilómetros.

Sin relaciones diplomáticas, los gobiernos de Colombia y Venezuela se lanzan dardos con frecuencia por la violencia en el territorio limítrofe.

El ELN cuenta con unos 2.500 integrantes y las disidencias de la FARC suman cerca de 5.200 combatientes, según el centro de estudios independiente Indepaz.

Según el gobierno, los grupos armados luchan por el control del narcotráfico del país, el mayor productor de cocaína del mundo.

Las autoridades colombianas detuvieron a Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias «Mamarón» o «Alexis»; jefe de un grupo formado de disidencias de las extintas FARC. Supuestamente, estaba encargado del reclutamiento de menores en el norte del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia.

«Alias ‘Mamarón’ sería el responsable del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad para realizar distintas acciones violentas; cobrar extorsiones y vender estupefacientes en el norte de Antioquia», informó este sábado la fiscalía en un comunicado.

A Chavarría lo detuvo por la Fiscalía y el Ejército en la zona rural de Las Llanas, del municipio de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia. En una operación donde también encontraron a una adolescente que pusieron a disposición de las autoridades de infancia y adolescencia.

Junto a él también se detuvieron a otras dos personas: su hermano, que supuestamente era el segundo cabecilla de este grupo. La estructura 5 de las disidencias de las FARC, y otro integrante.

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En otros dos operativos a finales de 2021 en otras partes de Antioquia ya habían encontrado a dos menores de edad en lugares donde. Supuestamente, se ocultaba Chavarría, según el relato de la fiscalía; la cual le imputó cargos de «reclutamiento Ilícito, instrumentalización de menores para cometer delitos, concierto para delinquir agravado», entre otros.

Al hermano, Juan Carlos Chavarría Monsalve, alias «David», y el otro procesado, Ferney Santiago Gaviria, se les imputaron los delitos de delinquir agravado; tráfico de armas e instrumentalización de menores para cometer delitos. Los tres están en prisión preventiva; por dictamen de un juez.

«Mamarón» era un miembro de las extintas FARC, pero tras el acuerdo de paz decidió volver a las armas; vinculándose en principio con el grupo delictivo «Los Caparros» y posteriormente con el Frente 18 de disidencias de las FARC.

Ya fue capturado a finales de 2019 y permaneció encerrado en una sede militar de la que en septiembre de 2020 se fugó, ocultándose en el norte de Antioquia, donde conformó la estructura 5 de disidencias, según lo narrado por la Fiscalía.

Pobladores de la localidad colombiana de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, se manifestaron estos viernes en las calles, vestidos de blanco; para rechazar la violencia guerrillera tras el atentado terrorista que dejó un muerto y cinco heridos.Un carro bomba estalló el miércoles por la noche en una zona céntrica de Saravena, donde funcionan comercios y oficinas. Aunque al parecer tenía como blanco la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Los mayores daños los sufrió la agencia local del estatal Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).Los lugareños, que además llevaban banderas y globos blancos, llegaron al parque principal de la población. Pidieron a los grupos armados cesar la violencia y no involucrar a la población civil en el conflicto armado; agravado por la guerra que libran en Arauca disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial.Esa lucha se recrudeció en los últimos meses. En lo que va de año asesinaron unas 40 personas en Saravena; en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita, según la representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López.

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Piden excluirlos del conflicto

El alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, dijo a periodistas que la movilización es una petición de los araucanos de ser excluidos de un conflicto armado del cual han sido víctimas.«Esperamos que sirva para algo, la verdad, después de salir de un covid-19. Después de salir de restricciones producto de calamidades públicas. Ahora con este tema del conflicto social, los comerciantes están muy afectados», aseguró.La ONU dijo este jueves, que más de 1.500 personas han tenido que huir de sus casas en varios municipios de Arauca desde que comenzaron los ataques y choques entre el ELN y disidencias de las FARC.A raíz de la difícil situación de violencia; la Gobernación de Arauca impuso el jueves un toque de queda nocturno en Fortul, Saravena, Arauquita y Arauca, la capital departamental.El gobierno colombiano envió a comienzos de enero 600 soldados a Arauca para mejorar la seguridad, pero la situación sigue igual.Arauca es un departamento con gran riqueza petrolera y ganadera. Desde hace más de 30 años el ELN controla prácticamente todas las actividades económicas; mediante extorsiones y secuestros; un «negocio» que le quieren arrebatar las disidencias de las FARC dedicadas también al narcotráfico, aprovechando la cercanía de la frontera con Venezuela.