Una decisión del Tribunal Constitucional del Perú otorga un Hábeas Corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori.

Fujimori, quien cumple una condena por tres casos de corrupción y una acusación considerable por delitos de Lesa Humanidad, con más de 80 años, recibió el indulto por parte del máximo tribunal de la justicia peruana, después que sus abogados defensores presentaran un informe médico, donde indican que el expresidente padece fibrosis pulmonar y padecimientos cardiacos.

Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, considera que la decisión viola flagrantemente los derechos fundamentales y atenta contra los parámetros internacionales sobre el derecho.

«Lamentablemente, podemos confirmar esta información, la libertad de Fujimori implica que habrá anulado, por lo menos, dos sentencias de la Corte Suprema referidas al indulto», dice Rivera.

Sobre el expresidente Fujimori pesan tres acusaciones de peculado doloso, asociación para delinquir y corrupción. Pero las más significativas son las acusaciones por homicidio y violación de derechos humanos.

Los expedientes obedecen a la Matanza de la Cantuta en julio de 1992, donde un profesor universitario y nueve estudiantes fueron secuestrados y asesinados por un comando especial a la orden del Fujimori.

Posteriormente, una corte militar otorgó la absolución de los implicados, entre ellos el expresidente Fujimori.

En noviembre de 1991 un grupo paramilitar, formado por efectivos de las fuerzas armadas, ejecutó a quince personas, entre ellos un niño de ocho años, los cuales fueron vinculados con el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Durante el hecho, cuatro personas resultaron heridas.

Los diferentes medios peruanos han llevado a cabo una pulsación de la opinión pública. Muchos consideran que la decisión del Tribunal Constitucional es completamente ajustada a Derecho y debe respetarse, sin darle un tinte político.

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Otros, entre ellos gran parte de los seguidores del actual presidente peruano Pedro Castillo, consideran que el fallo es una «bofetada» al derecho internacional y a la justicia peruana.

La organización Amnistía Internacional en Perú rechazó por completo la decisión del Tribunal Constitucional.

«El Tribunal Constitucional del Perú ha dado la espalda a las víctimas y sus familiares, quienes llevan décadas exigiendo verdad, justicia y reparación. Instamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dar pronto seguimiento a los pedidos de las víctimas y sus familias, incluidas las medidas provisionales solicitadas por sus representantes. La justicia debe prevalecer por encima de cualquier interés», dice parte del comunicado.

Después de conocerse la decisión del máximo tribunal peruano, el presidente Pedro Castillo, llamó a su tren ministerial a una reunión al palacio presidencial.

Desde la Casa de Pizarro el mandatario inca expresa a través de las redes sociales, su opinión sobre dicho fallo judicial. «La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del tribunal. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho, deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo».

La defensa de Alex Saab, liderada por Baltasar Garzón, introdujo en la Corte Suprema de Cabo Verde un “habeas corpus” al haberse excedido el periodo de prisión provisional.

Según el documento presentado, “el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de 80 días».

«Saab lleva casi 5 meses privado de su libertad. Han pasado 89 días, es decir, 9 días más del máximo permitido”, agrega.

El equipo legal, considera que estos nueve días de exceso, “materializan la detención arbitraria” contra el denominado testaferro de Nicolás Maduro.

Saab está detenido desde el 12 de junio, cuando aterrizó en una avioneta en Cabo Verde para cargar combustible.

“El día de ayer, Dr. José Manuel Pinto Monteiro, abogado principal en Cabo Verde, presentó una solicitud de Habeas Corpus.

Este documento «está dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, con miras al retorno inmediato de su libertad”.

Asegura Monteiro que, “viéndose excedido el periodo máximo permitido para permanecer en prisión, el Sr. Saab se encuentra detenido ilegalmente”.

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En esta situación, precisa se requiere “la liberación para que éste permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva”.

El barranquillero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de lavar hasta 350 millones de dólares.

Asimismo, de operar bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Piden su extradición.

El ex juez español y abogado de Saab, Baltasar Garzón, insiste que su defendido es víctima de un proceso en el que violan todos sus derechos.

Insiste que es “un enviado especial de Venezuela para asuntos humanitarios” y por lo tanto “está protegido por la Convención de 1969”.

La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde negó por segunda vez la solicitud de hábeas corpus para la liberación de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro.

El portal Expressodasilhas.cv, citó «una fuente judicial» que adelantó que la decisión del Supremo ya se conocía, porque ya habían negado la primera petición. Además, las autoridades de Cabo Verde ya habrían aprobado el proceso de extradición de Saab a los Estados Unidos.

La solicitud formal de extradición se realizó a través de la Oficina del Fiscal General (PGR) de Cabo Verde y el proceso también incluirá una solicitud de autorización del Ministerio de Justicia, señala el portal.

El proceso de extradición comprende una fase administrativa, con la intervención del Ministro de Justicia, quien puede dar su aprobación o no, y una fase judicial, que en este caso corresponde al Tribunal de Apelaciones de Barlavento (segunda instancia), en la isla de São Vicente, que comienza “después de la decisión favorable de la solicitud de extradición” de ese miembro del Gobierno, explicó previamente una fuente de la PGR.

Dado que la detención preventiva de Alex Saab se ordenó con fines de extradición, dos días después de su arresto en la isla de Sal, mientras se detenía cuando, según el Gobierno de Venezuela, viajaba como su “enviado especial”, Estados Unidos tenía 18 días para solicitar su extradición. Por lo tanto, la solicitud se hizo a Cabo Verde antes del final de este período, que aún podría extenderse a 40 días.

Alex Saab, ciudadano colombiano con pasaporte venezolano, fue arrestado la noche del 12 de junio sobre la base de una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, una decisión previamente criticada por el abogado defensor.

Estados Unidos acusa al empresario de negocios corruptos con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El embajador venezolano en Cabo Verde, residente en Dakar, argumentó que el arresto del empresario Alex Saab Morán constituye una violación “grave e inaceptable” de las reglas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país.

En nombre de Venezuela, el embajador solicitó que las autoridades judiciales de Cabo Verde pongan fin a “esta situación ilícita de manera urgente”.