Un corte en el abastecimiento de agua en la cárcel El Pedregal tiene indignados a 3 mil reclusos que están al amotinarse.

Esta afectación se suma a la deficiente entrega de alimentos, por culpa del operador con el que licitó la dirección carcelaria, y que ha llevado a que los presos aguanten hambre días enteros.

La Personería de Antioquía, en reiteradas ocasiones, ha estado advirtiendo que en esa cárcel hay un hacinamiento altísimo, donde 3.000 personas sufren de mucho calor.

Este ente de control público advierte que la falta de agua y escasez de alimentos son violaciones de derechos humanos.

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Por familiares de reclusos se conoció que hacia el interior de la comunidad de reclusos se acrecientan rumores de que en cualquier momento estalla un motín.

En las cárceles colombianas se han dado varias protestas, violentas, porque los hacinamientos son altísimos, llegando a un impresionante 800% de sobrepoblación penal.

Para la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, la comisión nombrada por Nicolás Maduro en días pasados para acabar con el retardo procesal y el hacinamiento no cumplió su cometido.

La ONG elaboró el informe “60 días de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. ¿Acabar el Hacinamiento? en donde explican que la meta fijada desde el Palacio de Miraflores no se cumplió porque no lograron abarcar por completo la problemática carcelaria en Venezuela.

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Carlos Nieto Palma, miembro de dicha organización, comenta que dicha comisión de Maduro atendió 8.446 personas detenidas, que según Nieto Palma, esto representa 21,80 % de la población penitenciaria.

Explicó Nieto Palma que solamente visitaron los centros de detención policiales en 12 estados del país. Aunado a esto, hicieron acto de presencia en algunas prisiones estadales de Táchira, Lara, Monagas y Zulia.

Para el miembro de la ONG esto esta «muy lejos de acabar con el confinamiento en las cárceles».

El plazo de trabajo que tenía la comisión presidencial era desde el 21 de junio de este año, hasta el 31 de agosto. Sin embargo, se extendieron unos días más pero según UVL, no lograron el cometido.

Solamente visitaron 332 cárceles policiales, de las más de 500 que hay en toda Venezuela.

El informe de la ONG cita una estadística ofrecida por el diputado chavista Pedro Carreño, quien es el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Según Carreño, hay 38 mil 736 personas detenidas actualmente y tras las rejas de celdas policiales.

De esta cifra se desprende que 11.659 reposan en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de todo el país; 5.947 en las celdas de la Guardia Nacional y 21.130 en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, policías estadales y municipales.

La organización considera que el hacinamiento ronda el 289%. La estadística de Carreño consideran que es mayor y que hay detalles que han omitido, como por ejemplo la cantidad de menores de edad detenidos.

Para UVL los números no son claros y para que pueda haber respuesta real ante el hacinamiento, consideran que deberían primero, desde los organismos de seguridad y el propio ministerio del Interior y Justicia, hablar con cifras reales.

Las cárceles en Venezuela se convirtieron en fábricas de corrupción, enfermedades y delincuentes.

El retardo procesal y la paralización de los tribunales, trajo como consecuencia el hacinamiento de las cárceles que llega al 190% en todo el país.

Según el informe de la ONG, Observatorio Veneolano de Prisiones, hay 37.500 presos, cuando la capacidad instalada es para 26.238 en el país.

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Enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición se cobraron la vida de 90 presos en el año 2020 y en lo que va de 2021, ya van más de 20.

La periodista Rosalí Hernández nos presenta en un reportaje para Testigo Directo que la “precariedad y la crueldad” es lo que se vive en las cárceles de Venezuela.  

El abogado José Santoto denunció este domingo la crítica situación de hacinamiento que existe en los recintos carcelarios en Venezuela, específicamente en el estado Anzoátegui.

El jurista ha hecho seguimiento al tema desde enero de este año y ha podido constatar la flagrante violación a los derechos humanos en los calabozos de la región.

Santoyo advirtió, por ejemplo, que las personas están presas sin distinción de delitos, sexo o enfermedades.

Y aseguró que se ha constatado el embarazo de privadas de libertad que han tenido relaciones sexuales con otros internos debido a que los reos no están separados por género.

Además, «los detenidos de la  comunidad LGBTTIQ, quienes tienen una orientación sexual distinta y no deben permanecer con los detenidos comunes, están gravemente afectados».

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El abogado anexó detalles del estado de hacinamiento en el que se encuentran actualmente los recintos.

La situación en las cárceles de en Venezuela se le está escapando de las manos al régimen de Nicolás Maduro. Expertos en la materia aseguran que la muerte de más y más reclusos a causas de enfermedades y del hacinamiento hace cada vez más mella entre la población carcelaria.

“El gobierno central debe dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias en las cárceles. Es lamentable que se estén muriendo los presos. Ellos son familiares, seres humanos, es prácticamente un delito de lesa humanidad que se está cometiendo con ellos».

La afirmación la hizo para la Voz de América, el criminólogo Luis Alfonso Martínez.

En un video difundido por el portal, se puede observar celdas abarrotadas de presos literalmente en los huesos. Además, los recintos están sucios y faltan servicios básicos como agua.

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 Ya el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió recientemente un informe donde advierte del incremento de internos fallecidos «por motivos de salud». Enfermedades como tuberculosis, VIH y COVID-19 aumentan exponencialmente en los calabozos.

Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que, desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud. La mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que es de 167%.

«Debemos tomar en cuenta que durante los primeros seis meses superamos la cantidad de muertos en el 2019. Esta cantidad de muertos son por tuberculosis y desnutrición. Esto se está incrementando de una manera importante y alarmante. Lamentablemente los presos no están en el sistema integral para la lucha en contra de la tuberculosis porque no han sido diagnosticados”, señala Girón.

Migrantes venezolanos se encuentra detenidos desde mayo en un centro gestionado por la guardia costera de Aruba; sin embargo los mantienen expuestos al COVID-19 y no les dan respuesta sobre su liberación.

Al menos cuatro protestas han realizado estos venezolanos que exigen sean enviados de regreso a Venezuela.

Sin embargo es poca la información que se conoce al respecto al caso, ya que organizaciones humanitarias no han podido tener acceso al caso, reportó Human Rigth Watch.

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Los medios de comunicación y algunas organizaciones de derechos humanos han podido tener acceso y denunciaron las condiciones deficientes de estos centros que incluyen hacinamiento, violencia por parte de guardias y falta de artículos básicos de higiene.

Un migrante detenido manifestó que no reciben visitas ni alimentación adecuada, y que sólo se les permite hablar por teléfono esporádicamente, por unos pocos minutos, con sus familiares en Venezuela.

Las autoridades no permiten los vuelos ni el tráfico marítimo entre Aruba y Venezuela desde febrero de 2019.

En la práctica, esto ha frenado los procesos de deportación, y los migrantes venezolanos permanecen detenidos, en una medida que claramente viola el derecho internacional. Algunos han estado detenidos por más de seis meses.

Exigen que la isla libere a los migrantes que no pueda deportar de inmediato a su país de origen. Disponer la liberación de los venezolanos detenidos no solo es una medida consistente con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que además constituye un paso importante para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, expuso HRW.

Al 21 de agosto, en esa entidad había 1.387 casos confirmados de Covid-19 y 6 muertes por esta enfermedad. Las autoridades no han indicado si se registraron casos confirmados o muertes dentro de establecimientos de detención de la GNC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las “personas privadas de la libertad posiblemente sean más vulnerables al brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que conviven por períodos prolongados”.

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura ha instado a los gobiernos a reconsiderar de la detención.

Insistió que deben evitar los campamentos y centros aglomerados para que no se registren focos de contagio por COVID-19.