Al finalizar el 2023, el Ministerio de Interior y Justicia publicó en su balance del año que fueron liberados 20 mil presos que se encontraban hacinados en calabozos policiales.

Para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), lo que “el Ministerio mostró como un gran logro”, es todo lo contrario porque, como es habitual, persiste la opacidad de información por parte de los organismos responsables en materia penitenciaria”.

«No hay una información precisa sobre la liberación de estos 20 mil presos. No indican en qué estados lo hicieron y muchos menos informan cuántos privados de libertad quedan en los recintos policiales», denuncia el OVP.

«No sabemos si estás personas salieron bajo libertad a través de los planes que ha inventado el régimen, incluso algunos de ellos que van en contra de lo que es el sistema de justicia venezolano», agrega.

La ONG indica que han recibido denuncias acerca de que «los presos que son beneficiados en estos planes, son obligados a renunciar a la defensa privada, y a su vez aceptan el acompañamiento de un defensor público que no hace más que presionar al recluso para que admita un delito, quedando así sin derecho a la presunción de inocencia y a su legítima defensa».

Por si fuera poco, agrega que «se han otorgado libertades por órdenes de gobernadores y parlamentarios de la Asamblea Nacional. Esta arbitrariedad solo le ocasiona un problema mayor al recluso, quien ante la justicia venezolana queda como una persona evadida o solicitada, considerando que la libertad de un preso solo debe ser otorgada por mandato de un tribunal».

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En otro orden de ideas, el OVP alerta que «lejos de resolver el problema, continúa el hacinamiento en los calabozos policiales, por lo que aún son miles los presos que sobreviven en condiciones inhumanas y degradantes en celdas en las que no deberían permanecer durante más de 48 horas, según lo establece nuestra Carta Magna».

Esto aunado a que la custodia de los presos está bajo responsabilidad de funcionarios policiales, quienes no están capacitados para el tratamiento de personas privadas de libertad y mucho menos con perspectiva de género, en el caso de las mujeres que permanecen en estos calabozos.

«En los calabozos policiales no cuentan con acceso a agua potable, no hay baños para tanta gente, no cuentan con una ventilación adecuada, no tienen atención médica ni acceso al sol. Tampoco tienen permitidas las visitas conyugales ni de niños, y el tiempo de visita de sus familiares es máximo de una hora», asevera el observatorio en una nota.

«El sistema penitenciario en Venezuela está colapsado por la corrupción, el retardo procesal, hacinamiento crítico y condiciones inhumanas para los presos»

La denuncia corresponde al balance que hizo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), acerca del sistema penitenciario del país, durante el 2023.

A través de un hijo en su cuenta en X, el OVP dice que «ante la mirada cómplice del régimen, los presos viven en condiciones deplorables, sin acceso adecuado a alimentos, atención médica y servicios básicos».

«La violencia y desidia en las cárceles afectan no solo a los reclusos, sino también a sus familias y a la sociedad en general», asegura.

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Por ello, hace un llamado a «abordar la crisis» en estos centros a través de un «enfoque integral» que «incluya medidas de rehabilitación y reinserción social».

En las cárceles se registró un hacinamiento de 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 privados de libertad sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas, según datos del OVP.

No obstante, tras la intervención y cierre de siete penales, en medio de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, la ONG denunció que el hacinamiento carcelario aumento a 300%

Desde hace más de 24 años, el sistema penitenciario en #Venezuela está colapsado por la corrupción, el retardo procesal, hacinamiento crítico y condiciones inhumanas para los presos sociales y políticos. 2023 no fue la excepción. pic.twitter.com/KI4SlsCZFb