La Policía de Bolivia aprehendió a Manuel A.Z., un hombre de 25 años de edad que el fin de semana apuñaló a tres jóvenes en la puerta de una reconocida discoteca de La Paz y provocó la muerte de uno de ellos.

Según consta en los registros de las cámaras de seguridad, el hombre estaba disfrazado de un personaje de cómics cuando atacó a sus víctimas, reseñó el medio Infobae.

Los tres jóvenes, de entre 19 y 21 años, fueron atacados cerca de las 05:00 del domingo, y uno de ellos, que trabajaba como guardia de seguridad de la discoteca, perdió la vida al mediodía. En tanto, otro de los heridos -hermano del fallecido- fue sometido a una cirugía y se encuentra terapia intensiva, según informó el padre de los jóvenes a los medios locales.

El lunes, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron dar con el paradero del hombre y su pareja en un inmueble ubicado en la calle México, en el centro de La Paz, donde fueron aprehendidos. Él está acusado de homicidio y la mujer de homicidio en grado de complicidad, y se investiga si contaron con el apoyo de otras personas.

Según las investigaciones preliminares, el atacante se había disfrazado del personaje Joker, un supervillano de la serie de Batman -conocido también como Guasón-, para trabajar como animador infantil en un restaurante donde se celebraba el Día del Niño.

Tras concluir el evento, pasada la medianoche, acudió a la discoteca Forum, ubicada en el barrio de Sopocachi, donde consumió bebidas alcohólicas hasta la madrugada.

“Al momento de le hecho se lo ha encontrado con el disfraz propiamente dicho, del Joker, y efectivamente se ha podido percatar la Policía Boliviana que contaba con manchas hemáticas”, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

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El fiscal agregó que el hombre atacó a las víctimas sin “motivo aparente” y que van a pedir su detención preventiva por un plazo de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la ciudad de El Alto.

Con información de Infobae

Dos cuerpos sin vida de un hombre y una mujer fueron localizados en el sector Aguas Calientes de la parroquia Mariara, en el estado Carabobo, con varios disparos de bala. 

Las víctimas identificadas como Edwin Cossío y Marleny Díaz, según los reportes, quienes fueron cruelmente asesinados a tiros en una calle del sector antes mencionado, reseñó el medio regional Notitarde.

Al parecer fueron víctimas de grupos criminales de la zona, ya que junto a sus cuerpos se localizó una nota en la cual los responsables del crimen escribieron el mensaje “por sapos”.

Entre las hipótesis que se manejan, de acuerdo a las condiciones en las que se registró el violento acto, es que el móvil del crimen sería la venganza personal.

Al parecer ofrecían información confidencial a las autoridades policiales sobre la actuación de la banda hamponil en esa comunidad.

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Transcendió que vecinos se sintieron alarmados por las ráfagas de tiros que se escucharon. No obstante, prefirieron callados.

Una especia de ley del silencio forzada.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas continúan las investigaciones para identificar a los responsables de este doble homicidio y determinar los motivos exactos del crimen.

El director del Cicpc, Douglas Rico, anunció el esclarecimiento de varios homicidios ocurrido en los últimos meses y que conmocionaron a las comunidades donde ocurrieron.

Estos casos ocurrieron en Miranda, Lara y Portuguesa. El primero de ellos es el sicariato del comerciante José Assuad Ibrahim (40), ocurrido en diciembre del 2023.

Funcionarios del organismo policial detuvieron al autor intelectual, quien era socio de la víctima.

Este sujeto fue identificado como Eduardo Teles (33), quien le pagó 37 mil dólares a Erasmo Brito (32), para que le quitaran la vida a su amigo, por cuánto tenía sospechas que la víctima lo estafaba.

Erasmo ubicó a Alonso Vera (36), Edward Arreaza (54) y, José Andrade (27), alias Chemito, este último aún por detener, para ejecutar el hecho.

Estos siguieron al comerciante, simularon un accidente de tránsito y aprovecharon el momento que la víctima descendía de su vehículo para cegarle la vida.

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Por otro lado, en Los Teques, estado Miranda, fue detenido Samuel López (38), tras quitarle la vida a Henry Santa Cruz Velasco (59), motivado que la víctima no le había cancelado un dinero.

López acudió a la vivienda de Santa Cruz y tras sostener una fuerte discusión, le propinó varias puñaladas y lo mató.

Asimismo, en el estado Lara, la Coordinación Estadal de Supervisión de Investigaciones de Homicidios del Cicpc, esclareció el homicidio de Leonel Antonio Escalona Querales (33).

Este se encontraba en compañía de su hermano en Quíbor, cuando fueron sometidos por José León (25), Steven Freitez (23) y Oscar Freites (21), quienes por rencillas viejas los sometieron y les dispararon.

En la misma entidad, también resolvieron el homicidio de Carlos José Sandoval (64), ocurrido en Iribarren, donde fue sometido por Ángel Colmenares (28), quien ingresó a su vivienda para despojarlo de sus pertenencias, este opuso resistencia y Ángel optó por quitarle la vida.

Finalmente, en el estado Portuguesa, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra Las Personas de la Delegación Municipal Acarigua, detuvieron a Andreína Lugo (31), quien se produjo un aborto y luego que su bebé nació, lo enterró en la parte trasera de la vivienda, aun con vida, motivada porque no deseaba tenerlo a su cuidado.

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Dos personas que fueron halladas muertas en plena vía pública del barrio Villas de Granada, en la localidad Engativá; así dio a conocer Carolina Valencia Lucas en Caracol.

A la medianoche, los habitantes de la carrera 113 con calle 77 escucharon un estruendo. Un carro particular chocó contra un taxi que terminó dentro de un local.

Al ver el accidente, un guarda de seguridad rescató a los tres ocupantes del vehículo de color verde, pero se llevó una sorpresa. La mujer que iba en la parte de atrás del vehículo y el conductor tenían impactos de bala. Los dos murieron, mientras que el copiloto resultó ileso.

Todo parece indicar que desde una motocicleta, y calles más hacia el sur, sujetos en moto les habían disparado.

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Se desconoce el móvil de este doble homicidio en Bogotá, pero las autoridades dicen que puede tratarse de deudas pendientes con bandas del sector dedicadas al microtráfico, ya que dos de las víctimas tenían anotaciones y uno acababa de salir de prisión.

El único sobreviviente de este doble homicidio en Bogotá será el encargado de informarle a la Policía Metropolitana quiénes pueden ser los responsables del crimen.

El instituto de Medicina Legal de Colombia reveló información sobre las causas de muertes de  venezolanos en ese país  por accidentes de tránsitos, suicidas y homicidios entre otros, cifra que se eleva a 1.193 muertes relacionadas con estos eventos.

Los expertos del instituto llaman la atención pues el mayor número de muertes es a causa de los homicidios, ya que solo entre enero y octubre de este año, registraron 754 muertes de este tipo.

Las cifras tiene un respaldo científico ya que desde el año 2017, el Instituto de Medicina Legal ha venido haciendo un conteo con respecto a las muertes violentas de migrantes venezolanos en Colombia, indica El Tiempo.

Según este trabajo que realiza el instituto se  han reportado 7.084 muertes relacionadas con homicidios, accidentes de tránsito, suicidios, desde 2017.

Balance fatal y causas de muerte

De los 754 venezolanos muertos por homicidios, 682 son hombres y 72, mujeres. 144 perdieron la vida por ataque con armas blancas, 559 por arma de fuego y 51 homicidios se dieron en riñas.

Aunque la cifra es alarmante, cabe destacar que es menor en comparación con 2022 cuando hubo 873 en el mismo periodo analizado.

La entidad también reporta que 144 de las muertes violentas se registraron en Bogotá, 98 en Norte de Santander, 45 en Atlántico y 14 en La Guajira.

Las muertes por accidentes de tránsito también experimentaron una baja, de acuerdo a las cifras de Medicina Legal que reporta que este año se han registrado 235 casos, a diferencia de los 295 ocurridos en el mismo periodo de 2022.

Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados a puñaladas entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en Nueva York por uno de sus parientes, que luego hirió a dos agentes de policía en el lugar, antes de ser muerto a tiros, anunciaron las autoridades. 

Los investigadores aún no han determinado las razones de actuar del sospechoso, que parecen indicar una disputa familiar del momento, reseñó la AFP.

La tragedia tuvo lugar en un barrio alejado del centro de la megaciudad, Far Rockaway, donde la policía fue llamada por una de las víctimas, «una joven que decía que un primo iba a matar a miembros de su familia», describió un oficial de policía, Jeffrey Maddrey. 

Al llegar cerca de la residencia, dos agentes encontraron a un hombre y lo interrogaron. Luego, el hombre de 38 años los atacó y los hirió con un cuchillo, antes de que uno de los policías le disparara y lo hiriera mortalmente. 

Un hombre mata a cuatro de sus familiares en Nueva York. Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados a puñaladas durante la noche del sábado al domingo en Nueva York por uno de sus parientes, que luego hirió a dos agentes de policía en… https://t.co/zoUmUqKBKs

En el lugar, la policía descubrió primero a un niño de 11 años gravemente herido frente a la casa, que luego murió en el hospital. En el interior, en dos habitaciones, fueron encontradas otras tres personas fallecidas, «un niño de 12 años, una mujer de 44 y un hombre de unos 30 años», dijo el jefe de los inspectores de la policía de Nueva York, Joseph Kenny. 

Otra víctima, de 61 años, gravemente herida, fue hospitalizada. Los policías heridos también fueron hospitalizados pero sus vidas no corren peligro, según la policía. 

El sospechoso, residente en el distrito del Bronx, era conocido por la policía por un caso anterior de violencia doméstica.

Con información de AFP

Al menos seis hombres, en una acción tipo comando, identificándose como presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), asesinaron de múltiples disparos a dos personas.

Se supo una de las víctimas era el padre de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la otra un taxista.

Este hecho se registró la noche de este lunes 11 de septiembre, informó el medio El Siglo.

De acuerdo al reporte oficial, el doble homicidio ocurrió entre las 8:00 y 9:00 de la noche en la calle Miranda del sector Las Colinas, frente a la casa marcada con el número 19, en San Joaquín de Turmero del municipio Santiago Mariño, en el estado Aragua.

Las víctimas fueron identificadas como Domingo José Páez Brito, venezolano, natural de Maracay, de 54 años de edad, de oficio obrero. El mismo falleció cuando estaba siendo traslado a la Emergencia del Hospital Central de la capital aragüeña.

Se conoció preliminarmente que el ciudadano era el padre de Edenson Javier Páez Rondón, quien es funcionario de la PNB, adscrito al DAET, con la jerarquía de primer oficial.

Se dijo que Edenson Páez (28) se encontraba en la residencia de su progenitor, recuperándose de una lesión sufrida en una intervención legal registrada en horas de la madrugada del domingo 10 de septiembre en la Invasión Coropo, cerca de la empresa Servipork, en la parroquia Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara. Según los médicos, el oficial de la PNB le apreciaron una herida por el paso del proyectil a nivel del abdomen, y en ese hecho resultó herido su compañero de armas, el inspector José Francisco Acuña González, de 31 años de edad, a quien le observaron un disparo en el muslo derecho.

Mientras que la segunda víctima del tiroteo de San Joaquín de Turmero, se trataba de José Francisco Zerpa Zorrilla, venezolano, natural de Maracay del estado Aragua, de 41 años de edad, de oficio taxista y padre de un hijo. El ciudadano murió en el sitio de los hechos producto de múltiples disparos.

Relata El Siglo que Domingo Páez se encontraba sentado en la acera frente a la vivienda número 19 y poco después se acercó su vecino, José Zerpa. Entre ellos entablaron una conversación.

Transcurridos unos minutos, los delincuentes se presentaron a la citada comunidad en al menos tres vehículos y uno de ellos correspondía a una camioneta de color gris. La vecindad vio descender del misterioso vehículo seis hombres fuertemente armados e inmediatamente se identificaron como funcionarios del Cicpc.

Luego accionaron sus armas cortas y largas contra la humanidad de los dos hombres. Sin perder tiempo, los delincuentes les arrebataron a sus víctimas dos celulares y otros objetos de valor. Una vez consumado el acto, los homicidas emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Más tarde se activaron los dispositivos de seguridad, mientras que Domingo fue trasladado de urgencia al HCM. Sin embargo, falleció en el traslado.

Por su parte, el taxista dejó de existir en el sitio. Su cuerpo quedó tendido en plena vía pública.

Los antisociales actuaron con mucha saña y por la forma como sucedieron los hechos, el móvil del suceso se orientaría hacia un presunto acto de venganza.

Extraoficialmente, se conoció que los antisociales iban por el funcionario herido en la Invasión de Coropo y sabían donde vivía. No obstante, esa versión está bajo investigación de los sabuesos de la Coordinación de Homicidios de Turmero.

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Una vez que ejecutaron el acto criminal, los delincuentes emprendieron la huida a toda velocidad. La zona de San Joaquín y demás sectores como La Julia, Cagua y la Intercomunal Turmero fueron tomadas por las autoridades del Cicpc, PNB, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Mariño y la Policía de Aragua, en la búsqueda de los pistoleros.

A través de fuentes vinculadas con las investigaciones, se tuvo conocimiento que el grupo hamponil estuvo liderado por un sujeto conocido como “El Charra” de Charal, en Santa Rita, a quien presuntamente se le atribuye una serie de delitos.

Se presume que se enconcharon en un sector del municipio Zamora.

Al parecer, estos delincuentes fueron quienes hirieron de gravedad en el abdomen a Edenson Páez, y al inspector José Francisco Acuña González, en el muslo de la pierna derecha.

Con información de El Siglo / Luis Antonio Quintero

El Fiscal Designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, manifestó este domingo que se ha registrado una disminución en los homicidios en Venezuela.

Durante una entrevista en la cadena de noticias Globovisión, el fiscal dijo que las estadísticas que lleva el Ministerio Público, muestran una disminución de casi un 63%, en comparación a los números que manejan desde el año 2017 hasta el 2022.

Según el fiscal, en el 2017 hubo 30.069 investigaciones por homicidio, mientras que en 2022 la cifra fue de 11.102 casos.

Para William Saab, dicha disminución obedece a la «actuación en tiempo real del Ministerio Público».

Por supuesto que el fiscal designado por la ANC no dejó de criticar los números de organizaciones no gubernamentales sobre asesinatos en el país, donde también hablan de ejecuciones extrajudiciales y ajusticiamientos.

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«Las cifras que yo pueda dar son matemáticamente incuestionables, porque los otros que las dan las tiran al aire y mienten», dijo el fiscal.

A pesar delos diversos señalamientos de organismos internacionales en lo que a violación de los derechos humanos se refiere, Tarek William Saab dice que ha habido una disminución de un 38% en este tipo de delitos.

Exalta que de 13.234 denuncias de este tipo en 2018, pasaron a 8.177 en 2022.

«Hemos logrado una cifra realmente impactante: 465 sentencias condenatorias contra violadores de derechos humanos en este país que han cometido lamentablemente este tipo de hechos, eso es algo realmente relevante», expresa el fiscal.

A medida que pasan las horas, cobra fuerza la hipótesis del robo como el motivo del asesinato de los tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ocurrido en la autopista Francisco Fajardo, este lunes por la tarde.

En el hecho perdió la vida el detective jefe Kleiber Vera.

Nuestro compañero Santiago Gutiérrez dijo que son claves las cámaras de video para la identificación y captura del hombre quien huyó del lugar tras cometer el crimen.

Tanto Vera como dos compañeros del mismo cuerpo policial iban en sus motos cuando sujetos los interceptaron y se generó un enfrentamiento.

#8Ago ? ¡POSIBLE ROBO!Son claves las cámaras de video para la identificación y captura del hombre quien huyó después de interceptar y matar a dos funcionarios del Cicpc y a una mujer en el distribuidor de La California en Caracas?: @S_GutierrezVV pic.twitter.com/81B7cWJ34r

#Caracas En el hecho murieron 3 funcionarios del Cicpc, identificados como Enrique López y Kleyber Vera. La mujer, identificada como Jennifer Medina, también Cicpc, murió al ingresar al Hospital Domingo Luciani. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, una… https://t.co/yNafPwAZlW

#Caracas Hace minutos un funcionario del Cicpc, identificado como Detective Jefe Kleiber Vera, perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho en la Av. Santiago de León, en la salida del Distribuidor La California de la Autopista. Presuntamente, según información preliminar,… pic.twitter.com/CODXRvEy8m

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Según información preliminar, el detective Enrique López y la también agente Jennifer Medina fueron gravemente heridos con impactos de bala y al ser trasladados al Hospital Domingo Luciani de El Llanito ingresaron sin signos vitales.

En el sitio quedaron dos motos KLR, donde presuntamente se desplazaban las víctimas.

Hasta el momento se desconoce mayores detalles de los hechos, pero una versión preliminar indica que sujetos en una camioneta los interceptaron y les dispararon.

Funcionarios de la Delegación Municipal Zaraza lograron dar con la ubicación y captura de César David Chipamo Gómez (28), apodado Noni, solicitado autor del delito de homicidio intencional calificado por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial de Valle de la Pascua del estado Guárico.

Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Señaló que al ahondar en las pesquisas, se encontró que el detenido estaría involucrado en el homicidio de Carlos Enrique Blanca, ocurrido el 19 de abril de 2022.

Se determinó que alias Noni; en compañía de José Daniel Montalbán Castillo, apodado Charmelo -el cual falleció durante una intervención legal con funcionarios de la GNB-; Jonathan José Bastardo, alias El Rojo; Jesús Alberto Rebolledo, alias Chúo; y José Antonio Ramos, apodado Chopi, estos tres últimos aún por aprehender; sostuvieron una fuerte discusión con la víctima, motivado a que estos le debían un dinero y se negaron a cancelar la deuda. Al contrario, le propinaron diversos disparos, causándole la muerte de manera inmediata.

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El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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Jimmy Santiago Castillo Suárez, alias «El Negro Panqueca» fue detenido por funcionarios deñ Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cocpc), la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Oeste, en Caracas.

La información la suministró el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

La detención fue ejecutada en Gramoven, sector San Pedro, municipio Libertador, tras demostrarse que presentaba ocho solicitudes por diferentes juzgados.

El sujeto de 33 años quedó a la orden de la Fiscalía 38º del Ministerio Público luego de  demostrarse que está solicitado por los Juzgados Séptimo 17º y 25º de Control del AMC; por el Juzgado 33º de Control del AMC, por secuestro agravado y asociación; por el Juzgado 23º de Control del AMC, por homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautor.

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Pero su historial delictivo no termina ahí. También tiene dos requerimientos por el Juzgado 25º de Control del AMC, por homicidio calificado ejecutado con alevosía por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva y ante la División de Homicidios por homicidio intencional.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelantan las pesquisas de un doble crimen, ocurrido en el sector Guaranache Segundo, en la parroquia San Juan del municipio Sucre, del estado Sucre.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco José de la Rosa Castillo (60) y Francisco José de la Rosa Cardozo (34), quienes serían padre e hijo. Fueron baleados en una zona boscosa adyacente a su residencia.

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Sobre el doble homicidio se supo que el sexagenario presentó tres heridas por arma de fuego a en la cabeza en la región occipital.

Mientras que su hijo recibió tres disparos en la frente.

Por la forma cómo acabaron con sus vidas, las autoridades presumen cómo móvil la venganza o ajuste de cuentas. Sin embargo, no descartan otras hipótesis.

Al menos cinco personas murieron y otras ocho resultaron heridas este domingo cuando tres hombres abrieron fuego dentro de una vivienda en Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la criminalidad y el narcotráfico en Ecuador, informó la policía.

«Hasta el momento tenemos cinco personas fallecidas y ocho personas heridas, las cuales se encuentran en diferentes centros de salud de la ciudad», declaró a la prensa el coronel de la policía Fabary Montalvo Calderón.

Uno de los fallecidos, detalló Montalvo, es un policía que recibió varios impactos de bala en la cabeza. Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados en el exterior de la vivienda donde, de acuerdo a medios locales, se celebraba una fiesta, reseñó la AFP.

El coronel señaló que, según testigos, tres hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sector de Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, se bajaron del vehículo y entraron en el domicilio, donde «realizaron varias detonaciones con arma de fuego».

«En el lugar se encontraron más de 10 indicios balísticos los cuales están siendo investigados para verificar su procedencia», informó Montalvo.

Las autoridades no han precisado los motivos de este nuevo ataque en Guayaquil.

Isla Trinitaria es uno de los enclaves más desfavorecidos de Guayaquil, ciudad de unos 2,8 millones de habitantes. Tras la balacera, las calles de ese barrio popular, formado en su mayoría por construcciones informales, quedaron bloqueadas por autos de la policía y forenses.

Guayaquil, una ciudad sumida en la violencia de las bandas dedicadas al narcotráfico, se ha convertido en escenario de matanzas en calles y cárceles.

En abril pasado, otra balacera dejó una decena de muertos y tres heridos. Y en la vecina ciudad de Durán esta semana fue asesinado un fiscal que llevaba casos de homicidios.

Entre enero y mayo en las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón (suroeste) hubo más de 1.000 asesinatos, según la policía.

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En Ecuador la tasa de asesinatos casi se ha duplicado de un año a otro, pasando de 14 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25 en 2022, según las autoridades.

En las cárceles, desde febrero 2021, se han reportado más de 420 reclusos muertos en medio de violentos choques entre bandas rivales ligadas al narcotráfico. Las autoridades ecuatorianas atribuyen estos enfrentamientos, que dejan cuerpos desmembrados y quemados, a la lucha de territorio para el transporte de la droga.

Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el transporte de droga hacia Estados Unidos y Europa. Localizado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, sufre desde el año pasado un aumento de la violencia criminal y del narcotráfico.

En 2022 las autoridades incautaron más de 200 toneladas de drogas, la mayoría de cocaína. En lo que va de 2023, la policía ha decomisado 87 toneladas de droga, de las cuales 44 fueron incautadas en Guayaquil y ciudades vecinas.

Con información de AFP

Autoridades tratan de esclarecer el asesinato de tres personas entre ellas una mujer en el centro poblado de Zuluaga zona rural de Garzón en el centro del departamento colombiano Huila. Además, en el violento hecho una cuarta persona resultó herida.

Según Caracol, de acuerdo con las primeras versiones esta situación se registró en medio de una riña entre la mujer y las personas que la acompañaban quienes minutos antes se encontraban consumiendo estupefacientes en una zona boscosa.

“Estas personas al parecer y, según la hipótesis principal, de acuerdo con los testigos es que se encontraban consumiendo estupefacientes en la zona boscosa de la periferia del barrio y se presenta una disputa entre ellos, una riña. La persona que está herida fue identificada como Andrés Verdugo García conocido como alias «Hidrogo», indicó el coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de la Policía del Huila.

Dos de las personas que resultaron muertas producto de las múltiples heridas ocasionadas por arma corto punzante y quienes ya fueron identificadas habían llegado a la zona procedente del del departamento del Cauca y una más del municipio de Garzón.

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“Una vez se registra el hecho y de acuerdo con las investigaciones uno de los fallecidos es de Garzón, las otros dos no tienen arraigo en el municipio, no los conocen en la zona, ya tenemos las identidades y al parecer habrían llegado el Cauca”, agregó el oficial en declaraciones dadas a Caracol.

«Hidrogo», quien fue remitido a un centro asistencial sería responsable del triple homicidio. Este hombre registra 11 anotaciones judiciales, por lo delitos de fuga de presos, lesiones personales y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Dos hermanos fueron asesinados la madrugada de este domingo 23 de abril en la avenida Francisco de Miranda, frente a un bodegón en el sector Lebrún de Petare.

La información la dio a conocer el periodista de sucesos Román Camacho en su cuenta de la red social Twitter.

El doble homicidio de Elvis José León Figuera (37 años) e Ignacio León Figuera (21 años), ocurrió frente al local La Zeta. Allí un grupo consumía bebidas alcohólicas cuando se generó una discusión y un sujeto sacó un arma de fuego disparando contra los hermanos. El pistolero huyó del sitio.

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En tanto las personas que se encontraban en el lugar los llevaron al Hospital Pérez de León II, a solo unos 50 metros, pero ingresaron sin signos vitales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), investigan los hechos.

La Zeta a las 3am. En el sitio estaban consumiendo bebidas alcohólicas un grupo de personas, cuando se genera una discusión y un sujeto sacó un arma de fuego disparando en contra de los hermanos. El pistolero huyó del sitio. Personas que se encontraban en el lugar los

Dos de los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad de Matamoros, en el noreste de México, fueron hallados muertos este martes. Así lo informaron las autoridades mexicanas, que desplegaron un operativo para repatriar a las víctimas.

El hallazgo fue confirmado por el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, en una llamada telefónica durante la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció la detención de un sospechoso, informó la AFP.

«De los cuatro hay dos de ellos fallecidos», dijo el gobernador de este estado fronterizo, quien informó de que los otros dos secuestrados están vivos, uno de ellos herido. 

Las autoridades siguieron sin identificar a las víctimas. 

Villarreal no detalló las circunstancias del hallazgo, que se produjo en una zona suburbana de Matamoros, a unos 15 kilómetros del centro y cerca de una carretera que une la localidad con la playa Bagdad, según un colaborador de la AFP.

Horas después, una caravana de unos 20 vehículos entre ambulancias y camionetas de distintas agencias de seguridad se trasladó desde la sede de la fiscalía hasta uno de los puentes fronterizos que unen Matamoros con la ciudad estadounidense de Brownsville.

«Corporaciones federales y estatales, con personal de Consulado #EUA en #Matamoros entregaron en puente internacional a 2 ciudadanos de aquel país, localizados hoy [martes] luego que fueron privados de su libertad el pasado 3 marzo», escribió el fiscal estatal, Irving Barrios, en Twitter.

El funcionario no precisó si los extranjeros entregados fueron los sobrevivientes o los fallecidos.

«Vamos a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso», declaró el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a periodistas.

Durante el secuestro, ejecutado por hombres armados, también murió una ciudadana mexicana, según habían anunciado el lunes las autoridades.

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López Obrador lamentó la muerte de los rehenes. «Enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias (…). Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz, la tranquilidad», afirmó.

El mandatario, que había recibido el lunes en su despacho al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, prometió castigo para los culpables.

«Se va a buscar a los responsables, se va a castigar, como se hizo cuando lamentablemente asesinaron a mujeres y niños (…) de la familia LeBarón, Miller, Langford. Se detuvo a todos los involucrados», advirtió. 

López Obrador se refería a la masacre de seis menores y tres mujeres de una comunidad mormona mexico-estadounidense, asentada en el estado de Sonora (norte), en noviembre de 2019.

México acumula unos 350.000 homicidios y decenas de miles de desaparecidos desde que en 2006 fue desplegado una polémica ofensiva antidrogas, con participación militar y apoyo de Estados Unidos.

Los estadounidenses fueron raptados tras cruzar la frontera el pasado viernes para comprar medicinas, según el presidente mexicano.

Las víctimas habían arribado en una furgoneta blanca con matrícula de Carolina del Norte, de acuerdo con un informe previo de la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense, FBI, que ofrecía 50.000 dólares por ayudar con el rescate y detener a los captores.

«Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon contra los pasajeros del vehículo. Los cuatro estadounidenses fueron introducidos en un auto y sacados del lugar por hombres armados», indicó la agencia policial.

Matamoros es una de las localidades más golpeadas por la violencia vinculada con el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

Las carreteras de Tamaulipas están consideradas entre las más peligrosas de México.

De hecho, desde hace varios meses Estados Unidos mantiene una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a ese estado, debido a los raptos y otros crímenes.

Según esa advertencia, la actividad del crimen organizado allí incluye tiroteos, asesinatos, robos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y agresiones sexuales.

Al respecto, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, recordó este lunes a sus ciudadanos que la alerta de viaje para Tamaulipas sigue vigente.

«No viajen. Alentamos a los estadounidenses a prestar atención a este consejo», sostuvo.

El personal de los consulados tiene prohibido incluso viajar por las carreteras secundarias de la región.

Con información de AFP

En el caluroso sur de México, una pequeña bodega almacena miles de osamentas no identificadas. Sin ventanas ni climatización, en su oscuridad palpita la crisis de un sistema forense saturado por la criminalidad.

Es la morgue de Chilpancingo (estado de Guerrero), vecina de un cementerio de autos y colmada de cadáveres como otras de este país, donde hay unos 52.000 cuerpos sin identificar.

La situación es crítica incluso en la capital. «Esto se está cayendo a pedazos porque los muertos no paran de llegar y las personas siguen desapareciendo», lamenta Nuvia Maestro, una de las seis antropólogas del Instituto Forense de Ciudad de México.

Detrás de esta situación están la violencia y la precariedad, constató la AFP durante un recorrido por las morgues de Chilpancingo y Acapulco (Guerrero), y diálogos con médicos legistas de otros servicios forenses.

«Nos sentimos muy cansados (…), pareciera que esto no va a tener fin», confiesa Maestro junto a dos estufas que ella y compañeros compraron de su bolsillo. Allí hierven costillas para retirarles tejidos y determinar la edad de un fallecido.

En redes sociales, Maestro, de 36 años, declara su amor por Clementina -su gata a quien llama «rayo de luz»-, el ciclismo, las chamarras de colores, el vino… Todo lo que le ayude a sobrellevar su labor.

Pese a sus limitaciones, las morgues son la esperanza de familiares de desaparecidos como Guadalupe Camarena, de 62 años, quien da una nueva muestra de ADN para encontrar al menos restos de sus cinco hijos en el estado de Jalisco (oeste), también atestado de cuerpos.

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'The dead keep coming': violence overwhelms Mexico's morgues.The morgue in Chilpancingo in Guerrero state is full of anonymous human remains — like many others in a country struggling to process a backlog of tens of thousands of bodieshttps://t.co/8R6ju0YFR0 pic.twitter.com/mdrlQeS0mk

En el servicio forense de Chilpancingo, un empleado ojea en un cuaderno los ingresos de cadáveres. Encoge los hombros cuando se le pregunta por qué no están digitalizados para que los puedan consultar a nivel nacional.

Ventiladores y carretillas dañadas atiborran los pasillos oscuros hacia los frigoríficos, llenos de bolsas plásticas con restos anónimos, observó un equipo de AFP en septiembre. El incienso que queman empleados no oculta el mal olor ni espanta a las moscas.

«Los estudios para confronta (de ADN) pueden tardar meses. Mientras, los cuerpos están en nuestros refrigeradores y la familia dice ‘no nos los quieren dar’. Esto crea frustración», reconoce Alfonso Ramírez, coordinador de la entidad.

México, de 126 millones de habitantes, triplicó su tasa de homicidios desde 2006, cuando arreció la lucha antidrogas. Pasó de 9,6 a 28 asesinatos por 100.000 personas en 2021 (35.625 casos).

Los «desaparecidos y no localizados» también se dispararon de 265 en 2006 a 10.366 en 2021, para un total de 108.000 desde 1964. Muchos estarían en tanatorios o cementerios públicos.

El gobierno, que entre enero y octubre reportó 26.119 homicidios (7,1% menos en el comparativo interanual), atribuye la mayoría de crímenes a guerras entre delincuentes.

El colapso también se explica por déficits presupuestales, de personal, de laboratorios de ADN rápidos y de un banco único de datos forenses, según expertos.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estima que en estas condiciones serían necesarios 120 años para analizar los 52.000 cuerpos que documenta la oenegé Movimiento por Nuestros Desaparecidos, gran parte de ellos sin información básica.

«Esta mesa es como la expresión de la crisis: estaba vacía hace cinco o diez años (y hoy) la osteoteca (depósito de huesos) está rebasada. ¡Ya no cabemos!», afirma Maestro, señalando una plancha con un esqueleto en estudio.

Como agravante, algunos criminales incineran a sus víctimas o las entierran en fosas clandestinas. «Saben cuáles son las áreas que valoramos (para la identificación, como caderas o yemas de dedos) y las destruyen. ¡Es terrible!», prosigue la antropóloga, subrayando que los cadáveres más maltratados «son de mujeres».

El gobierno admite como una «omisión muy grave» la falta de un censo de «cuerpos no identificados y de identificados y no reclamados en fosas comunes».

México carece de «capacidades institucionales para atender el rezago», afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Los forenses también procesan cadáveres exhumados por orden judicial para armar sus fichas, o cuerpos que encuentran parientes en tumbas secretas.

Durante una exhumación, Guadalupe llora aferrada a las fotos de Lucero, Oswaldo, Tonatiuh, Ernesto y José, sus hijos desaparecidos en Jalisco.

«No quisiera encontrarlos así (muertos), pero si no los puedo encontrar vivos…», afirmó en mayo en el panteón de Coyula. Aún no tiene los resultados.

Empleada doméstica, no sabe de Lucero desde 2016, cuando desapareció en Guadalajara. En 2019 también perdió rastro de sus hijos varones, según ella tras ser detenidos por policías de Ocotlán.

Los presupuestos forenses regionales pasaron de 110 millones de dólares en 2015 a 122 millones en 2020, según datos oficiales. Pero la media de homicidios en ese período subió de 17,16 a 28,3 por 100.000 personas.

La nómina, en tanto, aumentó 4% entre 2019 y 2020 a 10.119 trabajadores (81% dedicados a peritajes), lo que especialistas consideran insuficiente.

El impacto de la crisis lleva a tomar terapia psicológica a peritos como Dalia Miranda, coordinadora de las exhumaciones en Coyula. «Encuentras (…) cosas muy feas», dice.

«Muchas personas pensarán que no hacemos nada, pero realmente estamos trabajando», defiende su colega René Andraca en la morgue de Acapulco, donde una ficha con el rótulo de «desconocido» cuelga de un pie.

El gobierno ha emprendido acciones como la creación de dos centros de identificación y cuatro de resguardo de cadáveres.

También avanza en la conformación de un laboratorio de genética al que Estados Unidos aportará cuatro millones de dólares. La Fiscalía tiene pendiente crear un banco de datos forenses ordenado por ley.

Mientras fructifican esas iniciativas, Guadalupe revisa semanalmente fotografías de muertos en la morgue de Guadalajara en busca de pistas de sus hijos, rutina que sobrelleva con antidepresivos. Maestro, en tanto, continúa archivando trozos de costillas en diminutos sobres que, en medio de la impotencia, exhibe como un logro

Una pareja de origen venezolana se encontraba compartiendo con unos amigos en la calle, sin sospechar que estaban a punto de perder la vida a manos de unos sicarios.

El hecho ocurrió el lunes #21Nov en plena vía pública del barrio Las Delicias, perímetro urbano del municipio de Fundación, Magdalena.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Vicmary Elena Bravo Cabarcas, mientras que la otra fue reportada como Félix Cáceres Altamar.

Los exámenes forenses indican que la causa de la muerte fue por las heridas que causaron los impactos de bala.

La versión de los testigos indica que la pareja junto con varios amigos estaba compartiendo desde tempranas horas de la noche. Todo se desarrollaba con tranquilidad, pero al filo de la media noche llegaron dos hombres, aún sin identificar en una motocicleta.

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Uno de los sujetos se bajó de la moto para ubicar a las víctimas, sacó una pistola calibre nueve milímetros con la que le propinó los impactos de bala, causándole la muerte al hombre.

Mientras que la mujer quedó en el piso en estado de inconsciencia. Los vecinos la auxiliaron y la llevaron hasta la sala de urgencias del Hospital Regional ‘San Rafael’ en donde murió, producto de las heridas.

Pese a que las investigaciones no han concluido, se presume que el móvil de doble homicidio fue por problemas de microtráfico de drogas.

La organización Monitor de Víctimas presentó esta semana su informe sobre las muertes violentas, titulado “Fuego cruzado en Venezuela”. La investigación revela que en Caracas hubo 544 homicidios el año pasado.

Indica que de ese total, 185 muertes (33,8%) se atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado, bajo las categorías de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el estudio, los funcionarios policiales fueron el principal victimario en 2021.

Asimismo, señala que en 2021 hubo una disminución de 9,2% de los crímenes con respecto al año anterior: la cifra pasó de 599 a 544.

Con respecto a los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad no hubo una disminución.

“Los 185 casos de 2021 representan 34% del total de homicidios, igual que en 2020 cuando hubo 204 casos que eran 34% de las muertes violentas”, destaca el documento.

“Los cuerpos de seguridad encargados de proteger a la ciudadanía son los principales responsables de las muertes. Los casos de resistencia a la autoridad y de ejecuciones extrajudiciales se han mantenido en una proporción más o menos igual en los últimos tres años, entre 30% y más de 40% de los homicidios”, dice el estudio.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo con más muertes por presuntas ejecuciones y resistencia a la autoridad, con 83 casos.

Luego se ubica la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, con 56. Los otros grupos de la PNB suman 31 casos.

“Los derechos humanos y, principalmente, el derecho a la vida siguen siendo vulnerados por los cuerpos de seguridad, en una proporción similar a 2020. Esto sigue ocurriendo en los barrios y zonas populares, donde las víctimas tienen siempre un mismo perfil: hombres jóvenes y pobres”.

El informe también destaca que la categoría con más víctimas son las muertes por determinar, con 88 casos (16,1%).

Se desconoce quiénes son los victimarios, pero muchos de estos crímenes ocurrieron en intervenciones policiales o en enfrentamientos con grupos delictivos.

Monitor de Víctimas le puso especial atención al fuego cruzado ocurrido en la Cota 905 entre el 7 y el 9 de julio pasado para capturar a los integrantes de la megabanda de Carlos Revete, alias “El Koki”.

Allí se contabilizaron 37 muertos, incluidas personas que no estaban relacionadas con los enfrentamientos ni con la organización criminal, que opera en otros sectores como El Paraíso, El Valle y La Vega, reseña el informe.

Se trata de tres de las cinco parroquias del Distrito Capital que registraron más homicidios, ya suman 130 casos (23,8%).

También fueron escenario de “la masacre de La Vega”, en enero de 2021, cuando hubo una matanza de civiles a manos de la policía.

“La masacre de La Vega dejó 15 personas muertas, casi todas a manos de la policía y de hombres vestidos de negro, cuya identidad no se conoció. La acción se prolongó por dos días, entre el 8 y el 9 de enero de 2021. Además, estuvo seguida de una ola de violencia y asesinatos en la misma parroquia, cuyos móviles nunca fueron precisados por las autoridades”, destaca.

Otros de los móviles que se precisan en el informe destacan: los ajustes de cuentas, con 57 casos; riñas o peleas, con 44 casos; bala perdida, con 35 casos.

Le siguen la violencia de género, con 15 casos; enfrentamientos entre bandas, con 12 casos; funcionarios muertos en servicio, con 9 casos; violencia contra niños, con 3 casos; crimen de odio y linchamiento, con 2 casos; y secuestro y sicariato, 1 caso cada uno.

En 2021 Fundaredes reportó al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, en los que 439 personas murieron, lo que representa 45% del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones.

La información la suministró la organización en su informe anual, correspondiente al año 2021 que presentó esta semana la organización.

«Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», reza el documento.

La coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, la abogada Clara Ramírez, en entrevista a EFE dijo que estas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales.

También entre grupos armados irregulares, que no son «exclusivamente la guerrilla sino también bandas con alto poder de fuego que operan en estados fronterizos».

El documento también incluye muertes en algunas ejecuciones extrajudiciales «que las quieren hacer pasar por enfrentamientos».

En el informe, la ONG precisó que los organismos de seguridad del Estado con más responsabilidad en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, las policías regionales y municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.

«Los grupos irregulares han coexistido con fuerzas del orden público, que mantienen en muchos casos actitud displicente ante el sufrimiento de la población», aseveró Fundaredes.

Precisó Ramírez que en el año 2021, se documentó un total de 979 víctimas de homicidio en los estados fronterizos.

De los cuales 872 eran varones y 76 féminas -39 de ellos, niños y adolescentes-, mientras que de las 31 víctimas restantes no se pudo determinar el género.

Fundaredes detalló que, aunque las armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos), también se registró el uso de armas blancas en 91 muertes.

Otras 36 personas murieron por golpes con objetos contundentes y 15 fueron estranguladas, mientras que en 33 casos no se determinó el arma utilizada.

«La consagración del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional venezolano, bajo cuyos postulados el derecho a la vida es inviolable, constituye letra muerta para muchas familias que se han visto afectadas por la situación de violencia que se vive en el contexto fronterizo venezolano», aseguró la organización.

Sostuvo que el Estado ha permitido «las acciones de grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego e incluso organizaciones internacionales del narcotráfico que, desde instancias del poder, han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas».

Refirió que los grupos armados irregulares «han tomado, para su uso, fincas de propiedad particular, las cuales convierten en espacios para sus acciones criminales».

Por otra parte, Fundaredes denunció que su fundador y director general, Javier Tarazona, «permanece arbitraria e injustamente detenido» desde julio de 2021.

Hasta la fecha de publicación del informe, «aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio».