La nueva ley de amnistía   tiene graves deficiencias que excluyen a muchas personas que han sido detenidas arbitrariamente y se está aplicando de manera que puede negar la liberación a personas que deberían ser elegibles, dijo Human Rights Watch.

La ley es, en apariencia, un esfuerzo por ayudar a Venezuela a superar años de represión política bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas  afirman que más de 8.600 personas, incluidas más de 300 que habían estado encarceladas, se han beneficiado de la ley, aunque no han proporcionado una lista. 

Sin embargo, muchos miembros de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos que habían sido detenidos arbitrariamente han quedado excluidos. Al menos 457 presos políticos permanecen tras las rejas, según la organización de derechos humanos Foro Penal.

«La nueva ley de amnistía de Venezuela dista mucho de garantizar la liberación de quienes han sido detenidos arbitrariamente por motivos políticos», declaró  Juanita Goebertus Estrada , directora para las Américas de Human Rights Watch. «Lo que es peor, su aplicación injusta y poco transparente ha socavado aún más cualquier promesa, por limitada que fuera, que pudiera haber tenido».

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🗣️ HRW CUESTIONA LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA@hrw aseguró que la nueva ley de amnistía en Venezuela “está lejos de garantizar” la liberación de personas detenidas por razones políticas y denunció que su aplicación “injusta y opaca” ha debilitado aún más su alcance pic.twitter.com/4v0aD6Gi3X

La Asamblea Nacional de Venezuela  aprobó la ley de amnistía el 19 de febrero de 2026, con el propósito declarado de "promover la paz social y la convivencia democrática" mediante la concesión de una "amnistía plena y general" para ciertos delitos cometidos entre 1999 y 2026.

 Las autoridades venezolanas deben garantizar que la ley se aplique de forma transparente y en su totalidad, y deben explorar vías legales adicionales para retirar los cargos penales contra todas las personas que han sido objeto de enjuiciamiento arbitrario, declaró Human Rights Watch.

Según la ley, los tribunales venezolanos, que carecen de independencia del poder ejecutivo, son los responsables de revisar las solicitudes individuales de amnistía.

Human Rights Watch entrevistó a 16 personas identificadas como presos políticos por Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos, cuyas solicitudes de amnistía habían sido denegadas o estaban pendientes al momento de las entrevistas. 

Los investigadores también entrevistaron a dos abogados que representaban a posibles beneficiarios, así como a miembros de varias organizaciones venezolanas de derechos humanos que supervisaban su implementación. Además, Human Rights Watch revisó diez decisiones judiciales que denegaban solicitudes de amnistía y tres apelaciones.

La presidenta Delcy Rodríguez  sugirió el 23 de abril que la ley de amnistía había cumplido su propósito y estaba llegando a su fin. 

El diputado Jorge Arreaza, quien preside una comisión de la Asamblea Nacional encargada de supervisar el cumplimiento de la ley,  aclaró posteriormente que esta seguía vigente. Sin embargo, estimó que la ley ya había cubierto la mayoría de los casos elegibles. Los dos abogados entrevistados, así como  Foro Penal , indicaron que algunos tribunales aparentemente se habían negado a aceptar nuevas solicitudes de amnistía desde el anuncio de Rodríguez.

Las autoridades han denegado la amnistía a líderes de la oposición como  Perkins Rocha y  Henry Alviarez , miembros del partido opositor Vente Venezuela; el defensor de los derechos humanos  Javier Tarazona , director de la organización de derechos humanos Fundaredes; un  grupo de líderes sindicales ; y el periodista y activista  Carlos Julio Rojas .

La ley contiene limitaciones que menoscaban seriamente su propósito declarado. Si bien afirma abarcar actos cometidos desde 1999, limita la elegibilidad a quienes fueron procesados ​​“en el contexto” de eventos específicos ocurridos en ciertos años. Además, incluye disposiciones vagamente definidas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Más allá de sus limitaciones inherentes, la aplicación de la ley ha estado marcada por importantes deficiencias. Algunas personas que solicitan amnistía, incluidas algunas que han estado encarceladas durante años, no han sido informadas adecuadamente sobre las acusaciones o las pruebas presentadas en su contra, lo que dificulta que puedan argumentar que cumplen con los ya de por sí estrictos criterios de elegibilidad establecidos en la ley.

En algunos casos, los jueces tampoco han explicado el fundamento jurídico de sus decisiones de denegar la amnistía. Asimismo, han restringido el acceso a los expedientes y a la representación legal privada.

Human Rights Watch afirmó que las autoridades venezolanas deben garantizar la liberación incondicional de toda persona detenida o procesada arbitrariamente, incluso por motivos políticos.

El nuevo Programa de Paz y Convivencia Democrática,  creado por el presidente Rodríguez, debe evaluar los casos en que se ha denegado o está pendiente la amnistía, e instar urgentemente al gobierno a conceder sin demora el indulto a las personas detenidas arbitrariamente o injustamente, y a liberarlas incondicionalmente. El programa también debe revisar los casos de personas excluidas de la ley por haber sido acusadas infundadamente de delitos violentos.

La recién nombrada defensora del pueblo, Eglée González, debe supervisar de cerca la implementación de la ley e instar a las autoridades a aplicarla de manera transparente e imparcial, respetando el debido proceso. 

El recién nombrado fiscal general, Larry Devoe, debe respaldar las solicitudes de amnistía de las personas detenidas arbitrariamente y explorar otras vías legales, conforme a la legislación venezolana, para cerrar las investigaciones arbitrarias contra los críticos.

Human Rights Watch afirmó que las autoridades venezolanas también deberían adoptar medidas más amplias para restaurar la independencia e integridad del poder judicial, incluyendo la garantía de nombramientos transparentes y basados ​​en el mérito para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. 

Asimismo, deberían reformar o derogar las leyes que han permitido el enjuiciamiento arbitrario de críticos, como la Ley contra el Odio de 2017 y la Ley contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo de 2012.

“Los gobiernos extranjeros deberían supervisar la liberación de los presos políticos y los esfuerzos más amplios para reformar el poder judicial como indicadores clave para evaluar si se está progresando en el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Goebertus.

La ley de amnistía afirma abarcar “todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas” cometidas desde 1999. Sin embargo, incluye tres conjuntos de disposiciones que excluyen a muchas personas que han sido detenidas arbitrariamente.

En primer lugar, la ley limita la elegibilidad a las personas procesadas "en el contexto" de eventos específicos, incluidas las protestas de 2014 y 2017 y los procesos electorales de 2024 y 2025, cada uno de ellos circunscrito a plazos estrictamente definidos.

En algunos casos, los jueces han denegado la amnistía a personas que habían sido detenidas arbitrariamente, aparentemente porque sus casos no se ajustaban a los supuestos hechos contemplados por la ley, aunque algunas decisiones no logran articular una base clara para denegar la amnistía.

Por ejemplo, el 5 de marzo de 2026, un juez de Caracas denegó la amnistía a cinco trabajadores sindicalizados detenidos en 2022 tras participar en protestas para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales en el sector público. Entre otras razones, el juez alegó que su detención no guardaba relación con los hechos específicos contemplados en la ley. En 2023, fueron condenados por conspiración y asociación delictiva. Fueron puestos en libertad en diciembre de 2023 con la condición de presentarse periódicamente ante los tribunales. La condena se mantiene vigente.

En segundo lugar, la ley contiene disposiciones de amplio alcance que permiten a los jueces excluir a personas que hayan sido detenidas arbitrariamente por actos que constituyen libertad de expresión protegida. En particular, la ley excluye a cualquier persona acusada de “promover, instigar, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o violentas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela”.

En tercer lugar, la ley excluye a las personas acusadas de “rebelión militar”, ciertos delitos violentos como el homicidio y violaciones de derechos humanos. Algunas de estas exclusiones son razonables en principio y, hasta cierto punto, incluso exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, algunas personas en Venezuela han sido procesadas y condenadas arbitrariamente por tales delitos y deberían ser liberadas incondicionalmente. 

Las autoridades venezolanas deberían explorar otras vías para garantizar que estos casos se revisen adecuadamente, que los afectados sean liberados y que se retiren los cargos en su contra, con base en un análisis más amplio de las pruebas que no se base únicamente en los delitos de los que fueron acusados ​​o condenados.

Entre otros, las autoridades deberían analizar los casos de más de 180 miembros de las fuerzas armadas a quienes el Foro Penal considera presos políticos, junto con aquellos que involucran acusaciones de intento de asesinato contra Nicolás Maduro.

En un caso, Carlos Julio Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y acusado, entre otros delitos, de intentar asesinar a Maduro, acusaciones que, según él, eran falsas. Fue liberado en enero de 2026 con la condición de presentarse periódicamente ante un juez. Declaró a Human Rights Watch que fue detenido por sus críticas al gobierno de Maduro y por su labor como periodista y defensor de los derechos humanos. En abril, un juez denegó su solicitud de amnistía.

La ley también exige a los beneficiarios que cesen su presunta conducta delictiva, si bien muchos han sido procesados ​​por el ejercicio legítimo y lícito de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Esto subraya la urgente necesidad de reformar o derogar leyes, como la Ley contra el Odio de 2017, que han posibilitado dichos procesamientos.

También exige a las autoridades que eliminen de sus registros toda información relacionada con las personas que se benefician de la amnistía. Si bien esta medida puede eliminar las consecuencias formales del enjuiciamiento para los beneficiarios, no prevé la conservación ni el uso de dichos registros para futuras investigaciones o esfuerzos de búsqueda de la verdad. Human Rights Watch afirmó que las autoridades deben eliminar los registros de los expedientes personales de las personas, garantizando al mismo tiempo su conservación.

Human Rights Watch identificó deficiencias que han socavado la capacidad de las personas para argumentar que cumplen con los criterios establecidos por la ley.

Los tribunales también han excedido con frecuencia el plazo legal de 15 días para dictar resoluciones sobre las solicitudes de amnistía. Human Rights Watch habló con varias personas que habían esperado más de dos meses para obtener una decisión sobre sus casos o que aún seguían esperando. 

Abogados y algunos solicitantes afirmaron que los funcionarios judiciales justificaron estas demoras alegando falta de “instrucciones superiores”, lo que sugiere una posible injerencia política o de otro tipo.

Muchas de las personas entrevistadas afirmaron no haber sido informadas adecuadamente de las acusaciones o las pruebas en su contra, lo que les dificulta, si no les imposibilita, argumentar que sus casos cumplen con los requisitos de la ley de amnistía. En algunos casos, las autoridades tienen acceso limitado a los expedientes, que los abogados necesitan para preparar solicitudes de amnistía adecuadas y representar eficazmente a sus clientes.

Durante años, los tribunales también se han  negado a aceptar documentos en los que los acusados, críticos, opositores políticos y otros, designan a un abogado privado, lo que obliga de hecho a los acusados ​​a ser representados por un defensor público. Varias personas que solicitaron amnistía afirmaron que los tribunales continúan con esta práctica, lo que dificulta que las personas preparen y presenten sus solicitudes.

«Intenté nombrar a mi propio abogado», declaró un miembro de la oposición. «Me pusieron muchos obstáculos, diciéndome que no me preocupara porque el defensor público podía tramitar la solicitud». Sin embargo, cuatro personas cuyas solicitudes de amnistía fueron denegadas, junto con dos de sus abogados, afirmaron que los defensores públicos no solicitan la amnistía ni apelan las decisiones negativas. «Estamos en total indefensión», expresó uno de ellos.

Con frecuencia, los tribunales no han logrado fundamentar claramente sus decisiones de denegar la amnistía. Algunas sentencias revisadas por Human Rights Watch se limitan a citar varios artículos de la ley, sin especificar qué requisitos, a juicio del juez, no se habían cumplido.

Esta práctica ha propiciado decisiones que son, o parecen ser, inconsistentes. En un caso documentado por Human Rights Watch, un juez concedió amnistía a seis de los ocho acusados, pero se la negó a los dos restantes, incluido Perkins Rocha (el único que seguía bajo arresto domiciliario), a pesar de que todos ellos enfrentaban los mismos cargos derivados de hechos y períodos de tiempo aparentemente similares contemplados en la ley. En otro caso, el juez le dijo al detenido que su solicitud de amnistía había sido rechazada porque había sido acusado de "terrorismo", aunque otras personas acusadas del mismo delito sí habían obtenido amnistía.

En al menos 10 casos documentados, los jueces no proporcionaron o demoraron la entrega de copias escritas de las decisiones que denegaban la amnistía. «Les pedí una copia de la decisión, pero no me la dan», dijo una persona. Sin una resolución formal por escrito, las personas afectadas ven seriamente limitada su capacidad para apelar. 

Con información de HRW.

Juan Pappier, subdirector para las Américas     Human Rights Watch (HRW) se pronunció este martes sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas.

El activista por los DD. HH. calificó el hecho como “una aberración”, luego de que se conocieron los detalles de su detención y fallecimiento mientras permanecía bajo custodia del Estado.

Entrevistado por el periodista Jorge Agobian, comparó lo ocurrido con los métodos represivos aplicados por las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980.

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“El caso de Víctor Quero es una aberración, es un caso típico de las dictaduras del cono sur en los años 70 y 80 en nuestro continente”, expresó Pappier.

El representante de la organización también cuestionó que Quero Navas fuera arrestado “sin ningún motivo” y denunció que posteriormente habría sido víctima de desaparición forzada.

“Es aberrante saber que primero fue detenido sin ningún motivo; segundo, que fue víctima de desaparición forzada, lo cual obligó a su madre, Carmen Teresa, de 82 años, a buscarlo de forma desesperada por los distintos centros penales del país”, sostuvo.

#AHORA🚨 Human Rights Watch (@hrw_espanol) se pronuncia sobre el caso de #VictorQuero: "Es una aberración, es un caso típico de las dictaduras del cono sur en los años 70 y 80", nos dice @JuanPappierHRW👇https://t.co/diuwLOcfoW pic.twitter.com/meCYD2PO7h

La ONG Human Rights Watch (HRW) urgió este miércoles al gobierno de, Delcy Rodríguez, a desmantelar el "aparato represivo" del Estado y a emprender reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de elecciones libres y no solo "simulen" una transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

"Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva a los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano", advirtió en un comunicado publicado este miércoles por la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

La organización denuncia la celebración de "elecciones injustas" en Venezuela en la última década y afirma que los análisis de las actas electorales en los comicios de 2024 apuntan que la oposición liderada por Edmundo González y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debería haberse impuesto en esa ocasión.

"Las autoridades venezolanas deben adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas", insistió.

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​La ONG reclamó revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, restaurar la independencia del poder judicial, destituir al fiscal general Tarek William Saab y derogar aquellas leyes que han permitido violaciones de derechos humanos.

HRW destacó también la reciente excarcelación de centenares de presos políticos, que calificó como "un alivio importante", pero subrayó que los mecanismos utilizados para detenerlos siguen en pie.

Según organizaciones de derechos humanos venezolanas, unas 400 personas (en torno a la mitad de las que Caracas asegura que han sido excarceladas desde diciembre) han sido liberadas recientemente, pero apuntan que, pese a que las excarcelaciones se han acelerado tras la captura en enero de Maduro por parte de Estados Unidos, otras 600 continúan detenidas por motivos políticos.

"El gobierno de Rodríguez debe permitir a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la FFM (siglas en inglés de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso sin restricciones a Venezuela para documentar la situación", exigió HRW.

Entre ellas, la organización pidió también a la Administración de la exvicepresidenta chavista que permita al alto comisionado de la ONU restablecer su oficina en el país, cerrada en 2024.

Con información de Efe

A lo largo de 2025, mientras actualmente derrocado Nicolás Maduro comenzaba su tercer período como presidente de Venezuela, la “brutal represión” a los opositores políticos se mantuvo como un rasgo constante en el país, donde están en riesgo todos los derechos,   de acuerdo con el reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo elaborado por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

El informe, publicado este miércoles, señala que algunas de las prácticas gubernamentales que prevalecieron durante el año pasado fueron las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los abusos contra las personas detenidas y la intimidación a periodistas, activistas y manifestantes.

HRW dice que estas acciones represivas se intensificaron después de las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, cuando Maduro fue proclamado ganador, la oposición rechazó los resultados y consideró ganador al exembajador Edmundo González Urrutia —hoy asilado en España— y muchas personas salieron a las calles a protestar.

"Las autoridades venezolanas reprimieron brutalmente a quienes protestaron por los resultados e intensificaron las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos de opositores políticos, críticos y extranjeros.Una parte significativa de la población del país vive en pobreza multidimensional, con acceso inadecuado a bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicamentos. Las duras condiciones económicas y la persecución gubernamental han obligado a 8 millones de personas a huir desde 2014", dice la introducción del informe de la ONG sobre Venezuela.

Anteriormente, el Gobierno de Venezuela ha negado que en el país se cometan abusos a los derechos humanos como los señalados por HRW, otras organizaciones civiles e incluso instancias de la ONU desde hace más de una década.

En su más reciente reporte, HRW señala que desde las semanas posteriores a las elecciones de 2024 y durante 2025 el Gobierno de Venezuela desplegó “una campaña nacional de intimidación y represión”, en la que participaron fuerzas de seguridad y grupos armados a favor del Gobierno conocidos como “colectivos”. Tras este despliegue, dice HRW, al menos 24 personas murieron y muchas más fueron arrestadas.

“Miles de críticos, incluidos niños, opositores políticos y extranjeros, han sido detenidos arbitrariamente y acusados en audiencias virtuales con cargos vagos como ‘incitación al odio’ y ‘terrorismo’”, menciona el informe.

Agrega que muchos de los arrestados han denunciado haber estado incomunicados, que se les negaron visitas o el derecho a la defensa legal, así como torturas, golpes, asfixia, hacinamiento y violencia sexual.

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El reporte de HRW se da a conocer poco más de un mes después de que el 3 de enero Estados Unidos realizara un operativo militar en Caracas para capturar a Maduro, a quien llevó a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza.

Tras el derrocamiento de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y comenzaron una serie de medidas que, según el Gobierno, buscan resolver las tensiones políticas en Venezuela y hacer un llamado al diálogo.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy, anunció el 8 de enero que “un número importante” de personas saldría de prisión, mientras que el 30 de enero la presidenta encargada propuso una ley de amnistía general que abarque casos desde 1990.

El Gobierno dice que se han realizado más de 800 excarcelaciones mientras, en contraste, la organización no gubernamental Foro Penal tiene registro de solo 344 hasta el 1 de febrero y familias de quienes siguen presos denuncian que el proceso avanza con lentitud. En tanto, la ley de amnistía aún está por discutirse en la Asamblea Nacional, donde se espera que el tema sea abordado de manera urgente.

HRW no incluye en su reporte estos sucesos recientes, pero sí advierte que en el pasado las autoridades de Venezuela han llevado a cabo otras excarcelaciones que no han implicado el cierre de investigaciones penales y han significado restricciones para quienes salen de prisión.

“Muchos han sido forzados a firmar documentos que les prohíben dar información sobre su arresto o procedimientos legales, y algunos han sido obligados a grabar videos en los que dicen que sus derechos fueron respetados mientras estuvieron en detención”, dice el informe.

El reporte de HRW también señala que las acciones del Gobierno contra activistas continuaron en 2025. Dice que tan solo en la primera mitad del año se registraron 321 casos —que incluyeron intimidación, acoso y detenciones arbitrarias— y recuerda que para el 5 de septiembre había cinco defensores de derechos humanos detenidos: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda y Eduardo Torres.

Por otra parte, el informe resalta que desde 2024 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una legislación que establece sanciones para quienes apoyen algún tipo de sanción contra el país, según el criterio de la Justicia. Hoy, destaca HRW, quienes sean condenados por estos hechos pueden recibir sentencias de hasta 30 años de prisión.

En cuanto a la libertad de expresión y de prensa, HRW señala que el trabajo de periodistas y medios independientes fue “estigmatizado, acosado y reprimido” a lo largo de 2025.

Con base en datos de la organización no gubernamental Espacio Público, HRW dice que entre enero y agosto del año pasado se registraron 167 actos de censura, intimidación y restricciones administrativas.

“Autoridades usaron plataformas en línea para intimidar, estigmatizar y vigilar a posibles críticos, facilitando arrestos. Publicaron datos personales de ellos para amenazarlos”, dice el reporte, y agrega que para agosto había 15 periodistas detenidos en Venezuela.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) dice que, al día de hoy, son seis los periodistas que siguen privados de la libertad.

Con información de HRW y CNN

Lejos de contener el embate de Donald Trump contra el sistema global de derechos humanos, varios gobiernos latinoamericanos utilizan las políticas del mandatario estadounidense como excusa para cometer abusos, advirtió este miércoles la oenegé Human Rights Watch (HRW).

"Con Estados Unidos socavando el sistema global de derechos humanos, ¿quién se alzará en su defensa?", preguntó el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion, en la introducción del informe mundial 2026 de la organización, que se presentará en Ciudad de México y Washington.

De momento, la respuesta no proviene de América Latina, según se desprende del reporte.

"Distintos países de la región están usando tanto las políticas como la retórica de Trump como excusa para cometer abusos" contra nacionales y extranjeros, dice a AFP Juanita Goebertus, directora para la división de las Américas de HRW.

Como ejemplo, el informe menciona que El Salvador recibió a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y los detuvo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo "documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas", añadió Goebertus en entrevista telefónica.

La abogada lamentó que países "que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica" hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos "sin ninguna justificación".

Un año después del regreso de Trump a la Casa Blanca, "el gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa" en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano "es muy desafortunado", afirmó.

El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto "supremamente grave" en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

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Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes "para el cierre arbitrario de organizaciones" de derechos humanos, aprovechando el "debilitamiento" de las oenegé.

HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos.

El informe sostiene que la administración de Bukele cometió "detenciones arbitrarias y masivas", "tortura" y "desaparición forzada" para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en "ejecuciones extrajudiciales" y "desapariciones forzadas", según HRW.

En ese marco, la derecha continúa afianzándose en América Latina luego del triunfo de la conservadora Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica el domingo pasado.

Incluso México, gobernado por la izquierda, vive una "militarización" de la seguridad pública, explica a AFP Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum "no queda exento de haber tomado otras medidas (...) regresivas" como la reforma que instauró la elección popular de jueces, añadió Sánchez, quien consideró que la presión de Trump para frenar la migración irregular y el narcotráfico en México agravó la situación de derechos humanos en el país.

Con información de AFP

 Human Rights Watch pidió el martes a los aliados de Estados Unidos que condenen los ataques de Washington contra supuestos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que la oenegé considera "ilegales".

Más de 80 personas han muerto en la campaña de la administración Trump contra presuntos narcotraficantes, que comenzó en septiembre. Las autoridades estadounidenses no han aportado pruebas específicas de que los barcos atacados transportaran drogas.

Los gobiernos que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico deberían evaluar si el intercambio en materia de inteligencia "corre el riesgo de convertirlos en cómplices de los ataques", declaró la organización en un comunicado, en el que calificó los ataques de "ejecuciones extrajudiciales ilegales".

"El orden internacional basado en normas depende de que los países se pronuncien contra las violaciones, incluso cuando son cometidas por aliados poderosos", dijo Sarah Yager, directora de Human Rights Watch en Washington.

HRW incluyó a Canadá, Reino Unido, Francia y los Países Bajos entre los países que, según la organización, deberían condenar más enérgicamente la campaña, que ha dividido a los legisladores en el Congreso estadounidense y ha puesto bajo presión a altos funcionarios.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el gobierno de Trump son objeto de críticas en particular por un segundo ataque de las fuerzas estadounidense contra una embarcación, que ultimó a dos sobrevivientes de un primer misil.

Según la Casa Blanca, fue un almirante estadounidense bajo el mando de Hegseth quien ordenó ese segundo ataque.

La oenegé señaló que Francia, Reino Unido y los Países Bajos "tienen una influencia significativa en el Caribe" y deberían "actuar con la debida diligencia y evaluar su cooperación marítima" con la campaña militar de Washington.

"Según el derecho estadounidense e internacional, los acusados de delitos deben ser detenidos y juzgados, no ejecutados sumariamente", afirmó la organización de derechos humanos.

Con información de AFP

Decenas de presos políticos en Venezuela llevan semanas, meses y, en algunos casos, más de un año detenidos en régimen de incomunicación, denunciaron  Human Rights Watch y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE).

“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“Los gobiernos extranjeros no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”, agregó.

Human Rights Watch y el CLIPPVE documentaron 19 casos de detención en régimen de incomunicación. Las organizaciones entrevistaron a familiares de los detenidos y revisaron documentos y solicitudes presentadas por las familias y sus abogados ante las autoridades venezolanas para pedir derechos de visita, todas ellas sin respuesta.

En la mayoría de los casos documentados, las personas detenidas tenían vínculos con partidos políticos de la oposición y se les ha impedido recibir visitas o realizar llamadas telefónicas desde el día de su detención.

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Algunos casos

El 24 de agosto de 2025, las autoridades venezolanas liberaron a 13 presos políticos, algunos de los cuales habían permanecido en régimen de incomunicación. Entre ellos se encontraba Américo De Grazia, líder opositor del estado Bolívar y miembro del equipo de campaña de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Hombres encapuchados lo habían privado de la libertad el 7 de agosto de 2024, cuando se dirigía a una cita médica. Su familia pasó más de 380 días sin poder comunicarse con él.

La mayoría de los detenidos en régimen de incomunicación están en el centro de detención del Helicoide, un antiguo centro comercial de Caracas que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas ha concluido que el Helicoide cuenta con salas de tortura.

Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, permanece incomunicado desde que unos hombres encapuchados lo privaron de la libertad el 30 de julio de 2024. 

El 6 de agosto, un funcionario del SEBIN en el Helicoide confirmó que se encontraba allí. Su esposa dijo que solo sabía que estaba vivo porque los guardias de la prisión le entregaban su ropa sucia y pequeñas notas escritas por él, en las que le pedía que le lleve artículos de primera necesidad. 

El 31 de agosto de 2025, su esposa fue informada extraoficialmente de su traslado junto con Roland Carreño, periodista del mismo partido incomunicado desde el 2 de agosto de 2024. Las autoridades no han confirmado su paradero.

Otros presos políticos están recluidos en Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en el estado Miranda. Los presos políticos, incluidos los extranjeros, recluidos allí, han pasado meses en régimen de incomunicación. Sin embargo, en mayo se permitió a algunos de ellos hacer una llamada telefónica.

El gobierno los ha negado 

En muchos casos, las autoridades negaron de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional. 

Esto obligó a las familias a buscar a los detenidos en centros de detención e incluso en morgues. Muchas familias lograron conocer el paradero de sus seres queridos solo a través de pistas extraoficiales, cuando los guardias del centro de detención aceptaban recibir sus pertenencias personales, o mediante llamadas de los defensores públicos, a menudo varios días después de la detención.

Incluso cuando las familias lograron conocer el paradero de los detenidos, se les negó sistemáticamente el derecho a visitarlos. Muchos familiares afirmaron que la única prueba que tienen de que sus familiares siguen vivos son la ropa sucia y las notas escritas de puño y letra por los detenidos que reciben en la cárcel. 

Algunas familias que viven en otros estados del país deben viajar cientos de kilómetros hasta Caracas solo para mantener estos mínimos contactos.

Enfermos y desatendidos

Algunos presos padecen enfermedades preexistentes que requieren tratamiento médico, mientras que otros parecen haber desarrollado problemas de salud durante su detención. Los familiares dijeron que no han recibido información oficial actualizada sobre su estado de salud ni recetas médicas formales para medicamentos.

Muchos de los presos se enfrentan a cargos de “terrorismo” e “incitación al odio”. Se les acusa de financiar o promover “actos desestabilizadores” y de conspirar contra el gobierno de Maduro. 

En muchos casos, fueron acusados en audiencias virtuales, en las que se les negó el derecho a un abogado de su elección. En algunos casos, las familias presentaron escritos designando abogados particulares, pero estos fueron rechazados porque los detenidos no podían firmarlos, ya que se encontraban recluidos en régimen de incomunicación. A menudo, los familiares solo fueron informados de estas audiencias después de que se llevaron a cabo.

“La única forma que tenemos de demostrar nuestro amor y que pensamos en ellos es enviándoles comida, ropa y medicamentos”, dijo un familiar. 

Pero el 4 de agosto de 2025 las autoridades del Helicoide restringieron las entregas de comida y artículos personales a los viernes, poniendo fin a las entregas diarias de alimentos y a los envíos de paquetería que antes podían hacerse varios días a la semana.

En otros casos, las autoridades penitenciarias permitieron las visitas durante un tiempo, pero luego las denegaron de manera arbitraria durante semanas o meses. Josnars Baduel, detenido en 2020 por su supuesta participación en un fallido ataque marítimo destinado a derrocar a Nicolás Maduro, lo que su familia niega, permaneció incomunicado durante los primeros cinco meses de 2025, y desde agosto se le ha vuelto a negar toda comunicación con el exterior.

Equivale a tortura

La detención prolongada en régimen de incomunicación puede equivaler a tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que aislar a los detenidos del mundo exterior causa sufrimiento psicológico, los coloca en una posición vulnerable y aumenta el riesgo de abusos en las prisiones.

Los gobiernos extranjeros deben aprovechar los foros regionales e internacionales para exigir el respeto de los derechos de los presos políticos, afirmaron Human Rights Watch y CLIPPVE. Entre ellos se encuentra la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), que se celebrará en Colombia en noviembre.

El Vaticano también debería aprovechar la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos, prevista para octubre, para presionar por el fin de la detención en régimen de incomunicación y la liberación incondicional de todos los presos políticos. Los gobiernos extranjeros también deberían presionar a las autoridades venezolanas para que permitan que profesionales médicos independientes evalúen las condiciones de salud de los detenidos.

“La falta de comunicación y la denegación de visitas se han convertido en una forma de tortura, que inflige sufrimiento no solo a los que están tras las rejas, sino también a sus familiares”, afirmó Sairam Rivas, coordinadora del CLIPPVE y pareja del preso político Jesús Armas. “Nos vemos obligados a vivir en una angustia e incertidumbre constante, aferrándonos a señales de vida tan mínimas como la ropa sucia o una solicitud de medicamentos”.

Con información de HRW

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió el martes que el envío a África de personas detenidas en Estados Unidos como parte de «acuerdos opacos» viola el derecho internacional y debe ser rechazado.

Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur han aceptado los últimos meses a personas expulsadas por Estados Unidos en un programa del gobierno de Donald Trump de expulsar a migrantes indocumentados.

HRW indicó tener conocimiento del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el pequeño reino africano de Esuatini, el cual no se ha hecho público y que prevé una ayuda financiera de 5,1 millones de dólares.

A cambio, Esuatini aceptó recibir hasta a 160 personas, dijo la oenegé en un comunicado.

Ese país recibió en julio un grupo de cubanos, jamaiquinos, laosianos, vietnamitas y yemenitas que habían sido condenados por crímenes en Estados Unidos.

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Permanecen encarcelados en la prisión de alta seguridad de Matsapha, tristemente célebre por su sobrepoblación y por albergar presos políticos.

Abogados y grupos de la sociedad civil de Esuatini recurrieron a la justicia para rechazar la legalidad de esas detenciones y exigir al gobierno publicar los términos del acuerdo con Washington.

HRW dijo también haber tomado conocimiento del acuerdo con Ruanda, que aceptó recibir hasta 250 personas y que prevé una ayuda financiera estadounidense de unos 7,5 millones de dólares.

«Los acuerdos opacos que facilitan estas transferencias se enmarcan en un enfoque político de Estados Unidos que viola el derecho internacional (…) y que busca instrumentalizar el sufrimiento humano como medio de disuasión de la migración», declaró HRW.

 La organización exhortó a los gobiernos africanos a negarse a aceptar personas expulsadas de Estados Unidos y cancelar los acuerdos vigentes.

«Esos acuerdos convierten a los gobiernos africanos en cómplices de violaciones horribles de los derechos humanos de los migrantes cometidos por el gobierno de Trump», declaró Allan Ngari, de HRW.

Con información de AFP

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció  este jueves que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra dos embarcaciones supuestamente usadas por narcotraficantes en aguas de Venezuela suponen ejecuciones extrajudiciales.

Por ello, la ONG alertó que los intentos de la Casa Blanca de expandir su autoridad en este tipo de operaciones,  podría derivar en nuevas violaciones de los Derechos Humanos.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas”, dijo la directora de HRW en Washington, Sarah Yager.

“El problema de los narcóticos que entran en Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario”, agregó.

Esta semana, relatores de la ONU también acusaron a la administración de Donald Trump de cometer ejecuciones extrajudiciales en esta zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 2 de septiembre que un bombardeo en aguas internacionales contra una pequeña embarcación que habría salido de Venezuela había matado a once personas, a las que acusó de ser miembros de la banda organizada Tren de Aragua, designada por Washington como una organización terrorista extranjera.

Posteriormente, publicó imágenes aéreas de la explosión, un vídeo que ha permitido a HRW confirmar que había al menos seis personas a bordo de la embarcación, si bien la ubicación de la misma y el momento del ataque siguen sin verificación alguna.

Trump anunció el 15 de septiembre un segundo ataque contra otra embarcación que también habría salido de Venezuela, igualmente en aguas internacionales, y afirmó que tres personas habían muerto. HRW ha indicado que las imágenes del ataque muestran a dos personas en el bote antes de la explosión, sin que se haya podido verificar su ubicación y el momento del ataque.

El mandatario estadounidense publicó en su cuenta en la red social Truth Social un mensaje advirtiendo con la posibilidad de nuevos ataques. «Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos», dijo.

HRW ha insistido en que el uso de fuerza letal contra supuestos narcotraficantes en estos bombardeos viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha recordado que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Washington ha ratificado, proteger el derecho a la vida.

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Violación de los DD. HH.

Además, ha esgrimido que los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos contemplan que las autoridades deben buscar minimizar los daños y preservar la vida en sus operaciones, pudiendo usar la fuerza letal únicamente cuando sea inevitable para protegerse de una amenaza inminente de muerte o heridas graves.

Por ello, ha hecho hincapié en que las autoridades estadounidenses no dieron estos pasos en estos bombardeos, incluida la negativa a intentar detener a los sospechosos, y ha agregado que la propia descripción de los hechos por parte de Washington implica que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

 La organización ha reseñado además que los ataques «tuvieron lugar en medio de los esfuerzos de la Administración Trump para desmantelar los mecanismos internos de supervisión en el seno del Ejército» y ha sostenido que «protecciones clave para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional han sido vaciadas de contenido».

Yager ha apuntado que «el Ejército estadounidense debería detener inmediatamente cualquier plan para futuros bombardeos ilegales y garantizar que todas las operaciones militares cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario».

 «El Congreso debería abrir una investigación rápida y transparente sobre los procesos de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluidos los razonamientos legales y la cadena de mando», ha zanjado.

Con información de Europa Press

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes una campaña de represión sistemática por parte del Gobierno venezolano contra críticos y opositores, al cumplirse un año de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue reelegido en medio de fuertes denuncias de fraude.

En un nuevo informe, HRW detalla un patrón de persecución política que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, señalando que las recientes liberaciones de presos políticos no reflejan mejoras reales, sino una estrategia de "puerta giratoria" para mantener la represión bajo control.

"Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Las recientes excarcelaciones de personas detenidas arbitrariamente no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos siguen tras las rejas”, agregó.

Desde la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024, HRW señala que el gobierno ha intensificado una campaña represiva denominada “Operación Tun Tun”, que busca sembrar miedo y silenciar voces disidentes, especialmente en sectores populares que alzaron su voz tras los comicios.

La organización enumera múltiples violaciones, incluyendo torturas como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, aislamiento prolongado y confinamiento en celdas de castigo insalubres. 

HRW destaca casos de opositores incomunicados por meses, como Freddy Superlano, Perkins Rocha, Jesús Armas, Enrique Márquez y Eduardo Torres, acusados de delitos vagos como “incitación al odio” o “terrorismo”, castigados con penas de hasta 30 años de prisión.

📢 “VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE DD. HH.”A un año del 28Jul, Human Rights Watch denunció que “las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de DD.HH. contra sus críticos”. Señalan detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. pic.twitter.com/z8oZeLOwA4

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Según cifras de la ONG Foro Penal, hasta el 21 de julio había 853 presos políticos en Venezuela. Aunque el gobierno anunció la excarcelación de 80 personas el pasado 18 de julio, HRW alerta que estas medidas son parte de una estrategia calculada. Desde entonces, al menos 40 nuevos críticos han sido detenidos, según información de Vente Venezuela, lo que refuerza el patrón de represión continua.

“Los gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”, sostuvo Goebertus.

El informe también señala que, en paralelo a estas liberaciones, el régimen de Maduro logró la excarcelación de 10 ciudadanos estadounidenses a cambio de la deportación y posterior reclusión en una megacárcel salvadoreña de 252 migrantes venezolanos por parte de Estados Unidos.

HRW instó a la comunidad internacional a aprovechar foros internacionales como la cumbre UE-CELAC en Colombia y la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos por parte del Vaticano, para exigir avances reales en el respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.

“La comunidad internacional debe contrarrestar el sistema de incentivos del régimen de Maduro, que premia la lealtad de sus fuerzas represivas y castiga a quienes defienden la democracia, incluso dentro de sus propias filas”, concluyó el informe.

Con información de Efe

Los grupos armados ilegales en Colombia mataron a 18 policías y militares en las últimas dos semanas, advirtió el lunes la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) y urgió a reevaluar la política de paz del presidente Gustavo Petro.

Colombia atraviesa su mayor ola de violencia desde la firma del histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016. Las autoridades denuncian una nueva ofensiva de rebeldes y narcos contra los uniformados al estilo del difunto barón de la cocaína Pablo Escobar en los años noventa, cuando lanzó su guerra abierta contra las el Estado.

«Seguimos con preocupación la violencia de actores armados. En dos semanas, 18 miembros de la fuerza pública han sido asesinados, incluso durante la suspensión de operaciones militares contra uno de los grupos armados», escribió en la red X Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.

El domingo, siete soldados murieron cuando un pelotón en el convulso departamento de Guaviare fue «emboscado y atacado» por un grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) que actualmente mantiene diálogos de paz con el gobierno.

En lo que va del año, han muerto 47 militares, según el Ministerio de Defensa. Algunos de ellos estaban en días de descanso cuando fueron atacados.

«Cobardemente se camuflan entre la población, se visten de civil y atacan a traición», aseguró la cartera en un comunicado y ofreció el equivalente a 48.000 dólares «por información que conduzca a la captura de los sicarios responsables».

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La Procuraduría, la entidad que supervisa a los funcionarios, envió una solicitud al Ministerio de Defensa para que envíe un informe sobre las «acciones sistemáticas de violencia» contra la fuerza pública.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro intensificó su ofensiva contra los grupos armados y nombró a un ministro militar en Defensa, en momentos en que la mayoría de procesos de paz se frustraron o están estancados.

El viernes el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que la política de paz de Petro «no ha salido bien».

Apenas hay diálogos con dos de las cinco facciones disidentes de las FARC y un frente poco numeroso del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las conversaciones no progresaron con el grueso del ELN, con el cartel del Clan del Golfo y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC que lidera «Iván Mordisco», el criminal más buscado del país.

La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó este viernes a Estados Unidos y El Salvador de la “desaparición forzada y detención arbitraria” de más de 200 venezolanos y les exige que hagan públicas sus identidades y paradero.

A través de un comunicado, la organización defensora de los DD.HH. exige a estos gobiernos revelar el paradero de los venezolanos.

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El 15 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde fueron inmediatamente transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel conocida por sus condiciones abusivas.

Desde entonces, los venezolanos permanecen incomunicados. Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han divulgado la lista oficial de las personas trasladadas al CECOT.

Sin embargo, el medio estadounidense CBS News publicó una lista filtrada de los nombres. Familiares de las personas que aparentemente fueron trasladadas a El Salvador dijeron a Human Rights Watch que los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y que las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares.

“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.

Las autoridades estadounidenses deben hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador. El gobierno salvadoreño debe confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior.

Hasta el momento, Human Rights Watch ha entrevistado a 40 familiares de personas aparentemente trasladadas a El Salvador.

Human Rights Watch envió una carta a las autoridades salvadoreñas el 5 de abril para solicitar información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones de detención en el CECOT y el fundamento jurídico de su detención. El gobierno de El Salvador no ha respondido.

Todos los familiares de detenidos que fueron entrevistados por Human Rights Watch dijeron que las autoridades estadounidenses de migración avisaron a sus familiares que serían devueltos a Venezuela. A ninguno le dijeron que serían enviados a El Salvador.

El 17 de marzo, las autoridades estadounidenses anunciaron que 238 venezolanos habían sido expulsados y habían llegado a El Salvador.

El gobierno de El Salvador publicó un video en el que aparecían los rostros de algunos de ellos, pero ninguno de los dos gobiernos publicó una lista de las personas enviadas y detenidas en el CECOT, ni aclaró el fundamento jurídico, si es que lo hay, para mantenerlos allí.

El mismo día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que 137 personas habían sido deportadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma arcaica y rara vez utilizada que permite al presidente de Estados Unidos ordenar la detención y expulsión de personas relacionadas con una “nación o gobierno hostil”.

Leavitt dijo que otros 101 habían sido expulsados en virtud del Título 8, de acuerdo con los procedimientos regulares de migración.

El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros contra el “Tren de Aragua”, un grupo del crimen organizado venezolano. Sin embargo, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que establezca una relación entre las personas expulsadas y el Tren de Aragua.

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que “muchos” de los deportados a El Salvador “no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”.

Además, muchos de los familiares de las personas enviadas a El Salvador compartieron con los investigadores de Human Rights Watch documentos gubernamentales que indican que no tienen “antecedentes penales” en Venezuela ni en otros países de América Latina donde habían vivido durante los últimos años.

ICE cuenta con un Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés), que abogados y familiares utilizan para encontrar a personas detenidas durante procedimientos de migración. Human Rights Watch verificó los números de expediente de algunos de los deportados y confirmó que habían sido eliminados del sistema.

ICE indica en su página web, actualizada por última vez el 7 de abril de 2025, que el “ODLS únicamente tiene información de los extranjeros detenidos que están actualmente bajo custodia de ICE o que fueron liberados de la custodia de ICE en los últimos 60 días”.

Esto parece indicar que los nombres de los venezolanos cuyos familiares Human Rights Watch entrevistó fueron borrados antes de lo que es habitual en los procedimientos de ICE.

Algunos familiares nos contaron que, cuando llamaron a los centros de detención estadounidenses o a las oficinas de ICE para preguntar por el paradero de sus familiares, los funcionarios les dijeron que no podían brindarles ninguna información, que sus familiares ya no aparecían en el sistema de localización o que se desconocía su paradero.

En unos pocos casos, los funcionarios les informaron que sus familiares habían sido expulsados de Estados Unidos, pero no les dijeron a dónde habían sido enviados.

El 20 de marzo, CBS News obtuvo y publicó una lista interna del gobierno estadounidense con los nombres, sin número de identificación, de las personas enviadas a El Salvador.

Ni las autoridades salvadoreñas ni las estadounidenses han confirmado la autenticidad de la lista, pero Human Rights Watch encontró en ella todos los nombres de los casos que ha documentado.

Muchos de los familiares entrevistados nos dijeron que no están familiarizados con el sistema legal de El Salvador y que no saben a qué autoridades deben dirigirse para obtener información sobre sus parientes.

Algunos nos contaron que enviaron correos electrónicos al comisionado presidencial de El Salvador para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, pero solo recibieron una respuesta automática de acuso de recibo o un mensaje que indica que su petición había sido remitida a las “instituciones competentes”.

Un abogado salvadoreño que representa a varios de los detenidos dijo a Human Rights Watch que no se le ha permitido reunirse o hablar con sus clientes.

Los entrevistados por Human Rights Watch señalaron que creían que sus familiares se encontraban en El Salvador por algunas evidencias que habían podido reunir.

Algunos identificaron los rostros de sus familiares o partes de sus cuerpos en un video publicado por las autoridades salvadoreñas. Otros descubrieron que los nombres de sus familiares habían sido eliminados del ODLS el 16 de marzo o por esos días o encontraron el nombre de su familiar en la lista publicada por CBS News.

El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe.

Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

Según el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero. Esta violación de derechos humanos es especialmente grave porque deja a las personas por fuera de la protección de la ley y hace probable la comisión de nuevos abusos.

“Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”, afirmó Goebertus.

“Las autoridades salvadoreñas deben revelar urgentemente los nombres y la ubicación de todos los detenidos trasladados desde Estados Unidos y permitir que se pongan en contacto con sus familiares”.

Desde Venezuela a Nicaragua, pasando por Haití, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú o Argentina, el deterioro democrático en América Latina fue «rampante» en 2024, según la ONG Human Rights Watch (HRW) que este jueves publicó su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo.

El informe mundial 2025, en el que a lo largo de cerca de 550 páginas HRW repasa la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en más de un centenar de países, recuerda que la «reticencia cobarde» de muchos gobiernos para defender a los más pobres supone la «erosión» de las normas internacionales. 

En América Latina, lejos de mejorar, «avanzó de manera rampante» el autoritarismo y el deterioro de la democracia, junto con la corrupción, la pérdida de independencia judicial y el crecimiento del «fenómeno paralelo» del crimen organizado, dice a la AFP Juanita Goebertus, directora para la región de HRW.

Y Venezuela es uno de los casos documentos por la organizacion que defiende los DD.HH.

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? "ESTE AÑO ESTUVO MARCADO POR EL FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA"Durante el 2024, "América Latina sufrió ataques a la independencia judicial, el aumento del autoritarismo y la expansión del crimen organizado", denunció @hrw_espanol en su nuevo Informe Mundial 2025 pic.twitter.com/RCziTAmqZV

A continuación replicamos el capítulo que la ONG publicó sobre Venezuela, en su informe anual:

La toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el 10 de enero, pese a los indicios de fraude en las elecciones del 28 de julio, «es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo en Venezuela», dice.

«En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio, las autoridades intensificaron la represión contra defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición, mediante detenciones, inhabilitaciones y un endurecimiento de las restricciones al espacio cívico», destaca el escrito.

«Tras las elecciones, los observadores internacionales expresaron serias dudas sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que Nicolás Maduro había sido reelegido como presidente. Cuando miles de manifestantes salieron a las calles, las autoridades respondieron con una brutal represión, que incluyó asesinatos, detenciones y otras tácticas represivas», agrega.

El 28 de julio, un gran número de venezolanos votaron a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos, que incluyeron detenciones de miembros de la oposición e inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores, incluyendo la líder opositora María Corina Machado.

La noche de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral declaró que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con más del 51 % de los votos. Hasta la fecha, el consejo no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana que exige la ley.

El panel de expertos electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones por pedido de la autoridad electoral, afirmaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado. En cambio, indicaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición son fiables y que, según el Centro Carter, indicaban que el candidato opositor Edmundo González había ganado las elecciones por un margen significativo.

El 2 de septiembre, un juez dictó una orden de aprehensión contra González por “conspiración”, “instigación a la desobediencia” y otros delitos. González se vio obligado a huir del país.

Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos instaron a Maduro a hacer públicas las actas de escrutinio, a realizar una “verificación imparcial” de los resultados y a respetar la voluntad del pueblo.

Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han promovido conversaciones con el gobierno venezolano, con resultados limitados.

Venezuela experimentó un aumento de la represión antes de las elecciones, que incluyó detenciones de miembros de la oposición, muchos de los cuales permanecen detenidos arbitrariamente, en algunos casos sin que se conozca su paradero. El gobierno también realizó inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico.

En enero, el gobierno ordenó activar el plan “Furia Bolivariana” con el supuesto objetivo de enfrentar intentos golpistas y terroristas. Poco después, personas no identificadas vandalizaron las oficinas de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y partidos de la oposición. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas, incluidos militares, defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración.

Tras el anuncio de los resultados electorales, miles de manifestantes salieron a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Los venezolanos, incluso en zonas de bajos recursos tradicionalmente partidarias del chavismo—el movimiento político creado por el difunto presidente Hugo Chávez—protestaron de forma masiva. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios y acoso a críticos.

Human Rights Watch recibió informes creíbles de 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificó pruebas que implicaban a las fuerzas de seguridad y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, en varios de estos asesinatos.

La organización de asistencia legal pro-bono Foro Penal, reportó más de 1.900 “presos políticos” detenidos desde el 29 de julio, incluidos 42 adolescentes, de entre 14 y 17 años, que permanecían tras las rejas a finales de noviembre. Estas detenciones contribuyen a un total de 17.882 detenciones por motivos políticos desde 2014, según Foro Penal.

Muchas de las detenciones se produjeron en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad que el gobierno denomina “Operación Tun Tun”, que implica detenciones masivas de manifestantes, arrestos selectivos de críticos y el uso de las redes sociales por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad para infundir miedo en la población.

El gobierno también llamó a los ciudadanos a denunciar a los manifestantes a través de aplicaciones como Ven App, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas abusivas, especialmente en sectores populares.

Los fiscales han imputado a cientos de personas, utilizando en muchos casos delitos definidos de forma amplia, que conllevan largas penas de prisión, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.

Con frecuencia las autoridades mantuvieron a los detenidos en régimen de incomunicación durante semanas, les negaron el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y los presentaron en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración de justicia. Según algunos reportes, varias personas, incluyendo adolescentes, han sido golpeadas y sometidas a otros malos tratos mientras estaban bajo custodia.

La oficina del Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) y algunos expertos independientes de la ONU criticaron la represión postelectoral.

La FFM dijo que el gobierno actuó de “forma consciente y planificada” y desplegó “la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión” generando un “clima de miedo generalizado en la población”.

El poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, el Tribunal ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de los críticos del gobierno. La OACNUDH reportó que persisten retrasos en las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas y en las operaciones de seguridad y afirmó que las investigaciones “no han abordado la cadena de responsabilidades”.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció su decisión de suspender las actividades de la OACNUDH en el país. Esta decisión se produjo después de que la oficina expresara su preocupación por la detención de la reconocida defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, señalando que esta podría equivaler a una desaparición forzada.

El 1 de marzo, una sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal estableció una oficina en Caracas para facilitar la colaboración con las autoridades venezolanas, en caso de que estas lleven a cabo sus propias investigaciones.

En septiembre, un juez argentino citó y emitió órdenes de captura contra Maduro, su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y una docena de funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, para asegurar su testimonio en un caso presentado contra ellos con arreglo al principio de jurisdicción universal, por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución propuesta por varios gobiernos de la región—Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay—que renovó el mandato de la Misión de determinación de los hechos por un periodo de dos años. El Consejo instó a la Misión a investigar la represión postelectoral, incluida la violencia perpetrada por “colectivos”.

A lo largo de 2024 se denunciaron medidas represivas contra la labor de los defensores de los derechos humanos, registrándose más de 592 agresiones en el primer semestre de 2024, un incremento del 92 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades han cancelado los pasaportes de dirigentes políticos, críticos, defensores de los derechos humanos, y periodistas independientes, impidiéndoles salir del país. En agosto, la CIDH informó de 36 casos, aunque es probable que la cifra total sea mayor.

El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó un proyecto de ley que otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales. La ley, que al momento de redactar este informe aún no había entrado en vigor, exige a todas las organizaciones que operan en el país registrarse y presentar documentos detallados al poder ejecutivo. Las vagas y ambiguas “prohibiciones”, “ilícitos” y causales de disolución de organizaciones incluidas en la ley socavan gravemente la libertad de asociación.

Al momento de redactar este informe, seguían detenidos los defensores de los derechos humanos Rocío San Miguel, arrestada en el aeropuerto de Caracas en febrero, y Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, entre otros.

Las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación, cerrando con frecuencia aquellos medios que son críticos del gobierno.

La organización de sociedad civil Espacio Público registró 507 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión ocurridas entre enero y agosto, incluyendo casos de intimidación (168), censura (101) y hostigamiento judicial (65). La mayoría de los casos se registraron en julio, en el contexto de las elecciones.

En el mismo periodo, Espacio Público informó que las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 trabajadores de la prensa, la autoridad nacional de telecomunicaciones cerró 15 emisoras de radio, y las autoridades gubernamentales bloquearon al menos 35 páginas web de medios digitales y de ONG, plataformas web de contenidos políticos y plataformas como X, Wikipedia y la aplicación de mensajería encriptada Signal.

Más de 20 millones de venezolanos, de una población de 28,8 millones, viven en pobreza multidimensional—es decir, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos—debido a la precariedad económica y los deficientes servicios públicos, lo que ha provocado la pérdida irreversible de sus medios de vida. Además, 14,2 millones enfrentan necesidades críticas, según la plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil HumVenezuela.

En marzo, la organización humanitaria venezolana Convite estimaba que al menos algunos medicamentos esenciales no estaban disponibles en el 28,4 % de los dispensarios farmacéuticos del país, y varios de los disponibles eran inasequibles para muchos venezolanos.

Los venezolanos se enfrentan al hambre, que afecta a 5,1 millones de personas. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación señaló que las sanciones económicas generales y la instrumentalización política de programas estatales de entrega de medicamentos son factores que obstaculizan la realización del derecho a la alimentación.

La actual crisis humanitaria obliga a muchos a adoptar estrategias de sobrevivencia extremas, como estirar el presupuesto, aumentar la carga de trabajo, saltarse comidas, intercambiar sexo por alimentos o huir del país.

El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU sigue estando gravemente desfinanciado y, para inicios de diciembre, contaba con menos del 28 % de los fondos requeridos.

Desde 2014, alrededor de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, de los cuales aproximadamente 6,5 millones se han trasladado dentro de América Latina y el Caribe. Tras las elecciones, una encuesta local reveló que el 43 % de los venezolanos encuestados consideraba abandonar el país. Muchas personas, incluidos políticos, miembros de mesas electorales y votantes, huyeron luego de las elecciones.

Una combinación de factores, como las difíciles condiciones económicas y la persecución, impulsa a los venezolanos a huir del país.

Las restricciones de movimiento, como la exigencia de visados impuestas por otros países y promovidas por Estados Unidos, junto con el acceso limitado al refugio, las deficientes políticas de la regularización e integración y la discriminación y xenofobia en los países vecinos, empujan a muchos hacia rutas peligrosas como el Tapón del Darién, una selva en la frontera entre Colombia y Panamá, donde se exponen a abusos. Entre enero y octubre, más de 198,000 venezolanos cruzaron la selva.

Los grupos armados—incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—operan sobre todo en estados fronterizos con Colombia e imponen brutalmente normas que regulan la vida cotidiana.

Los “colectivos”, grupos criminales y grupos armados habrían intimidado a candidatos y votantes de la oposición durante la campaña electoral, sobre todo en zonas fronterizas y mineras.

El aborto está penalizado excepto cuando la vida de la persona embarazada está en peligro.

El acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención materna, la planificación familiar y el acceso a los anticonceptivos, sigue siendo insuficiente.

La ONG Centro por la Justicia y la Paz (Cepaz) documentó 127 femicidios y 51 femicidios frustrados entre enero y septiembre. El gobierno no ha publicado datos sobre femicidios desde 2016.

Los pueblos indígenas siguen “careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada”, según un experto de la ONU, y sufren de forma desproporcionada los efectos de “malnutrición y la pobreza extrema, así como por la exposición a enfermedades y la degradación medioambiental, en parte debido a las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios”. Las actividades mineras ilegales y la violencia generada por la presencia de grupos armados y criminales en sus territorios han causado el desplazamiento forzado de muchas comunidades indígenas.

La minería, junto con la agricultura, es una de las principales causas de la deforestación en la Amazonía venezolana. Al parecer, las fuerzas de seguridad colaboran con mineros ilegales, proporcionándoles mercurio para la extracción de oro y atacando a civiles con un uso desproporcionado de la fuerza. El oro extraído ilegalmente en Venezuela se trafica hacia Brasil, Colombia y la República Dominicana, desde donde se exporta a otros países.

Los gobiernos del continente americano implementan políticas «limitadas» y «deficientes» que llevan a los migrantes a cruzar la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos ante crisis como las de Venezuela y Haití, denunció la oenegé Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.

«Los esfuerzos por regularizar la migración en la región a menudo han sido insuficientes debido a una combinación de plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos onerosos en cuanto a documentación y retrasos administrativos», indica el reporte.

HRW analizó las directrices de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú e identificó desafíos para generar «oportunidades reales de integración socioeconómica» de los migrantes antes de huir a Estados Unidos por el Darién.

Esa situación, según el informe, ha impulsado a miles de personas a atravesar esa jungla de 575.000 hectáreas entre Panamá y Colombia, pese a enfrentar peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales.

HRW criticó el convenio alcanzado entre Estados Unidos y Panamá para expulsar vía aérea, con financiamiento de Washington, a los migrantes llegados por ese corredor: «Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región».

Según cifras recabadas por la oenegé, en el último año y medio más de 700.000 personas han cruzado el Darién huyendo de la violencia, la persecución y las crisis humanitarias. De ellos, 477.000 son venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos.

«Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias», afirmó en el reporte Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW.

Desde el 28 de julio, Venezuela está inmersa en una crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro entre denuncias de fraude de la oposición, con protestas espontáneas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y 2.400 detenidos. Su rival Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria, tuvo que exiliarse en España.

HRW destaca un sondeo de la firma Megaanálisis en el que 43% de los encuestados estaba considerando la posibilidad de abandonar Venezuela.

Haití también vive una debacle política y de derechos humanos luego de que en febrero varias de las pandillas que controlan la capital se aliaron para derribar al controvertido primer ministro Ariel Henry, que finalmente fue sustituido por un gobierno de transición.

La violencia de esas bandas, acusadas de asesinatos, saqueos, violaciones y secuestros, ha dejado casi 600.000 desplazados internos entre enero y junio de 2024 y ha llevado a 5,5 millones de personas, casi la mitad de la población, a sufrir necesidades humanitarias, según HRW.

La oenegé pidió a los gobiernos americanos «implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable».

También «crear un mecanismo regional equitativo» para tramitar las solicitudes de refugio.

Las autoridades venezolanas están cometiendo «violaciones generalizadas de los derechos humanos» contra manifestantes, transeúntes, opositores y críticos tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.

«La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal», afirma Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, citada en el reporte sobre las presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude, y la crisis desatada desde entonces.

HRW «ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como ‘colectivos’, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno», señala el documento, reseñado por AFP.

Tras el anuncio de la reelección de Maduro para un tercer mandato, estallaron en todo el país manifestaciones espontáneas, con un saldo de 27 muertos -dos de ellos militares- y 192 heridos, mientras que unas 2.400 personas fueron detenidas, según fuentes oficiales.

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«Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos. En otros casos, los responsables parecen ser grupos de ‘colectivos'», añade el informe.

Para la oenegé, esos grupos armados progubernamentales «llevan años intimidando y acosando a críticos e informando sobre ellos al gobierno, especialmente en las zonas populares».

«La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado», completa Goebertus.

Además, HRW instó a los gobiernos del mundo a «imponer sanciones individuales a los miembros de las fuerzas de seguridad, ‘colectivos’, jueces y fiscales responsables de graves violaciones de derechos humanos».

La organización, que se mostró partidaria de verificar el detalle de los resultados electorales, pidió también «ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional» para los venezolanos «que se ven forzados a abandonar su país».

Maduro, cuya victoria fue validada por el Tribunal Supremo el 22 de agosto, fue declarado vencedor con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha difundido las actas electorales como obliga la ley, alegando ser víctima de un ataque informático.

La oposición encabezada por la líder María Corina Machado publicó lo que define como copias de las actas de votación y afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo más del 60% de los sufragios.

Gran parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, no reconoce la reelección de Maduro y rechaza una orden de arresto dictada el lunes contra el candidato opositor.

La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó este martes la propuesta de los presidentes de Brasil y Colombia para repetir las elecciones presidenciales en Venezuela como salida a la crisis desatada por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

«Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla» a la democracia, afirmó la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una carta firmada en Bogotá. 

«Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar», enfatizó Goebertus en la misiva, dirigida a Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, presidentes de Colombia y Brasil, respectivamente, reseña AFP.

Junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien también se dirige la carta, Lula y Petro promueven una negociación entre el gobierno de Maduro y los sectores de oposición.

López Obrador no se ha pronunciado frente a la propuesta de repetir las elecciones, rechazada de plano tanto por Maduro como por la oposición. 

El mandatario mexicano se ha limitado a decir que esperará la difusión de actas de voto para reconocer la victoria de Maduro. 

Según el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), Maduro ganó la elección con el 52% de los votos, aunque no ha publicado el detalle del resultado. 

HRW cuestionó la imparcialidad de la justicia y las autoridades electorales de Venezuela y pidió a los tres mandatarios que «insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial». 

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HRW también cuestionó la propuesta de Petro de ofrecer una «amnistía general» en Venezuela.

Dicha iniciativa «violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades», advirtió Goebertus.

Con información de AFP

Human Rights Watch (HRW) atribuyó este jueves parte de la responsabilidad por la crisis humanitaria en la selva del Darién a la restrictiva política migratoria de la Administración de Joe Biden en Estados Unidos.

Así se desprende del nuevo informe que la organización publicó y presentó en Washington sobre la crisis del llamado Tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá donde cruzan miles de migrantes en dirección a Estados Unidos.

La organización señaló que “muchos migrantes huyen de crisis de derechos humanos en las Américas, incluyendo de violencia, persecución y pobreza, y arriesgan sus vidas en esta selva” debido a la falta de vías seguras y legales para migrantes y solicitantes de asilo.

Según el documento, el 97 % de las personas que llegan al Tapón del Darién consideran que es el camino más duro hacia Estados Unidos por los graves abusos -incluyendo violencia sexual- que padecen al intentar cruzarlo.

HRW especificó que, en el lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo “regula las rutas y extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio”, mientras que criminales y delincuentes “cometen de forma rutinaria robos y abusos sexuales en el lado panameño”.

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El documento, de 63 páginas y titulado «Este infierno era mi única opción», insiste en que las restricciones de movimiento, a menudo promovidas por Estados Unidos, son “políticas fallidas que empujan a los migrantes hacia rutas peligrosas”.

«Existe una correlación entre las decisiones de política pública migratoria de Estados Unidos y la forma en la que esto impacta en las decisiones de los migrantes», aseguró en la presentación la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

En ese marco, HRW encontró también evidencias de que los requisitos de visado impuestos por los Gobiernos de México y Centroamérica a venezolanos y ecuatorianos en 2021 y 2022 han contribuido a que el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se haya disparado.

“Hay que apostar por procesos de integración socioeconómica en América Latina, puesto que dar oportunidades a las comunidades puede hacer disminuir la migración, ignorarlas, no”, añadió Goebertus.

La directora señaló que mecanismos complementarios al régimen de protección internacional de refugiados, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Colombia, han funcionado, por lo que apuntó a “aprender de las lecciones positivas” para evitar que algunos colectivos quieran irse a los Estados Unidos y que se queden en sus regiones.

En este sentido, HRW indica que los Gobiernos de las Américas “deberían tomar medidas para establecer políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos”, como la creación de vías seguras y legales para migrar y garantías para solicitar asilo.

Con información de EFE

Para Juanita Goebertus, la directora para las Américas de Human Rights Watch (HWR), la maniobra de Nicolás Maduro de propiciar la caída y mesa limpia en el Consejo Nacional Electoral, es «una jugada peligrosísima» de esa administración para controlar aún más al organismo comicial.

Ante la renuncia de los rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral (CNE),alertó este jueves que la decisión de modificar la composición del ente electoral podría afectar la elección primaria de la oposición.

«Esta decisión podría modificar la composición más equilibrada del CNE (con participación opositora), y permitir a Maduro cooptar la institución como lo hizo antes», aseveró la vocera en su cuenta de Twitter.

«Además, podría afectar las primarias de la oposición programadas para octubre», agregó.

También aseveró que las reformas para garantizar el derecho al voto y la participación, tanto de los ciudadanos como de los dirigentes y partidos serán perjudicados por la crisis institucional en el Consejo.

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«Sin un CNE equilibrado será imposible implementar las reformas que hacen parte de la agenda de México y que se requieren para avanzar en elecciones libres y justas en 2024 y 2025. Estas reformas son fundamentales para garantizar el derecho al voto y a la participación política», sostuvo.

Por estas razones Goebertus pidió a los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Inácio Lula Da Silva, respectivamente, utilizar su cercanía con Nicolás Maduro para frenar la maniobra.

Los rectores principales y suplentes afectos al chavismo: Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Leonel Parica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaino, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés, renunciaron a sus cargos este jueves, pero no lo hicieron Roberto Picón y Enrique Márquez, cercanos a la oposición.

Luego, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aceptó esas renuncias y comenzó el proceso para la designación de los nuevos rectores, con la conformación del comité preliminar para la futura elección de la directiva del Consejo.

“Los rectores oficialistas del CNE renunciaron a sus cargos y la Asamblea Nacional chavista designará nuevos miembros. Esto genera gran preocupación frente a los procesos electorales, en los que el CNE juega un rol fundamental”, dijo Goebertus.

Venezuela ??| ? Peligrosísima jugada del gobierno para controlar el Consejo Nacional Electoral.@petrogustavo y @LulaOficial deberían aprovechar su acceso a Maduro para frenar esta maniobra si quieren contribuir a restablecer la democracia.Abro hilo ??? pic.twitter.com/WiYAJzSS76

Irán anunció la sentencia capital para un hombre, tras las protestas que se llevan a cabo hace unos meses, por el cambio del régimen islámico y la represión policial, que lleva ya supuestamente unas 326 muertes.

Medios iraníes anunciaron lo que sería una segunda pena capital debido a las protestas. No identificaron al acusado, pero si indican que es un hombre y que el mismo estaría acusado de haber quemado una institución gubernamental y mancillado al gobierno de Irán.

Hay otras cinco personas que ya han recibido condenas de prisión por las manifestaciones que se llevan a cabo en Irán desde octubre de este año, tras la muerte en manos de la policía iraní de Masha Amini, una joven que manifestaba por la igualdad y los derechos de la mujer y murió en los calabozos de la policía.

El portal de noticias Infobae indica que actualmente hay unas dos mil personas detenidas por las manifestaciones y esperan una sentencia.

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Los medios iraníes indican que el hombre acusado, el cual no ha sido identificado, podría apelar la decisión ante un tribunal superior en los próximos días.

Diversos medios internacionales señalan que durante las protestas en irán han muerto alrededor de 326 personas, de las cuales 43 son menores de edad.

La organización Human Right Watch denunció este lunes en Oslo, Noruega, que el gobierno de Irán podría llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y rápidas, con el fin de minimizar las protestas en su contra.

«La comunidad internacional debe advertir con firmeza a la República de Irán de las consecuencias de ejecutar a manifestantes. Llamar a sus embajadores e implementar medidas de derechos humanos más efectivas contra funcionarios son algunas consecuencias a considerar», dice parte de un comunicado de HRW.

Debido a las diversas denuncias, así como informes de organismos multilaterales en donde Venezuela es señalada como una nación en donde se han violado los Derechos Humanos, la organización Human Right Watch pide a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que le nieguen un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.

Para el próximo 11 de octubre, durante la venidera Asamblea General de la ONU, los 193 países llevarán a cabo la elección de 14 miembros postulados para conformar dicho consejo y entre los postulados se encuentran otros también cuestionados como Venezuela.

Actualmente, el consejo lo conforman 43 países y hay 14 vacantes para el periodo 2023-2025. Se han postulado 17 países, entre ellos Venezuela, Vietnam y Afganistán.

La organización de derechos humanos manifiesta que estas tres naciones tienen cuentas pendientes con la justicia internacional, en torno a la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, pero sobre todo hizo énfasis en Venezuela.

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«La brutal arremetida contra opositores en Venezuela hace que el país no tenga las credenciales para pertenecer al máximo órgano de derechos de la ONU… Darle a este gobierno abusivo un lugar en el consejo debilitaría la credibilidad de la ONU, dado que equivaldría a premiar a las autoridades venezolanas, permitiéndoles juzgar la situación de los derechos humanos de otros países cuando Venezuela trata brutalmente a su población», sostuvo Louis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son escogidos para representar a las respectivas regiones de donde son.

En el caso específico de Venezuela, entra en la región de América Latina y el Caribe, donde los otros dos postulados para la elección el 11 de octubre son Chile y Costa Rica.

– El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue reprimiendo a opositores y críticos. Al mes de septiembre, había 244 presos políticos en el país, según cálculos de una organización local. Muchas de esas personas se encuentran en centros de detención administrados por los servicios de inteligencia, a los cuales la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas ya no tiene acceso. Las personas detenidas han sufrido descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violencia sexual y otras torturas. Dice HRW.