Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los problemas que ya tiene el sistema penitenciario de Venezuela se pueden incrementar aún más, como consecuencia de los «desalojos» que la administración de Nicolás Maduro está haciendo de los penales más grandes de Venezuela.

Y es que uno de los problemas que se avecina es el aumento del hacinamiento carcelario que será de «más de 300 %, en están recibiendo a los reclusos desalojados de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala.

«Esto puede derivar en un desastre. El Estado ha venido cerrando centros penitenciarios en varias regiones del país con la excusa de realizar reparaciones, pero ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto es la inversión que no la dicen?”, preguntó Prado, en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.

Por otro lado, el activista por los DD.HH. denunció «los niveles de complicidad” en el sistema carcelario, que van «desde el ministerio de Asuntos Penitenciarios, la Guardia Nacional Bolivariana, los jueces de ejecución, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo».

Lo hizo, en referencia a que “ninguno de estos organismos ha hecho nada” por solucionar los verdaderos problemas de las cárceles.

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Y, aunque podría calificarse como «importante la intervención a través de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro», todo tiene un “pero”: «Desalojan un recinto y movilizan a los reclusos a otro lugar con los mismos vicios y prácticas», lamentó.

Igualmente, habló acerca de la figura de los «pranes» en las cárceles y criticó que el OVP lo ha advertido desde hace años.

«Desde el año 2010 el observatorio denuncia la figura de los pranes en las cárceles, quienes, a través de bandas, someten a la población reclusa y sus familiares», dijo.

“Estos pranes cobran un impuesto al que denominan ‘la causa’ que consiste en pechar con 5, 10 o 15 dólares semanales a los reos”, expresó.

Por ello, el director del OVP exhortó a las autoridades a presentar a los cabecillas de estas organizaciones y acusarlos de todos los delitos cometidos.

“¿Cuántos homicidios realizaron? ¿Cuántos hirieron y extorsionaron? ¿Cuántos secuestros dirigieron desde las cárceles?”, interrogó.

Humberto Prado, representante para los derechos humanos de Juan Guaidó, entregó este lunes, a organizaciones internacionales, un informe sobre la violación de los DD.HH. en Venezuela.

Prado documentó desde la realidad de los presos y las torturas a las que los someten, hasta la libertad de prensa «bajo ataque». Además de las acciones «ilegales» de cuerpos de seguridad del Estado, entre otros derechos vulnerados por la administración de Nicolás Maduro.

El documento está en manos de Esmeralda Arosamena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y José Manuel Vivanco, director Human Rights Watch. Además, también lo entregó a Ángela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy y a Geoff Ramsey, director de Washington Office on Latin America (WOLA).

Se trata de un compendio donde Prado plasmó datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

«Ante el aumento de violaciones de DD.HH. y la ausencia de respuestas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de los venezolanos», señala el escrito.

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El documento destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos. Habla de la precariedad en la atención deficiente a la pandemia, la «desnutrición» de los presos, y los homicidios y feminicidios.

En el informe se reseña que la pobreza en Venezuela se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó 76,6%. Se señala que la inseguridad alimentaria se redujo de 6,6% a 5,8%. Sin embargo, la inseguridad alimentaria leve tuvo un ascenso a 34,5%.

Sobre los servicios públicos, el documento destaca cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. La ONG denuncia que únicamente 24,9% de los venezolanos recibe agua potable sin restricción alguna. Mientras que 56% de los entrevistados catalogaron de forma negativa el servicio eléctrico.

Asimismo, resalta que el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que durante el primer semestre de 2021, fallecieron 170 personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva del país, 72% de las muertes se asociaron a condiciones de salud, principalmente: desnutrición y tuberculosis.

 Con la información recabada, Prado concluyó que «lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los últimos 25 años. La falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones que se evidencian en todo el territorio nacional».

El comisionado para DDHH de la administración de Juan Guaidó, Humberto Prado, aseguró que Nicolás Maduro y sus funcionarios no cumplen con las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

En nota de prensa, Prado explicó que en Venezuela la administración de Maduro continúa realizando actos de ejecución extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática.

En materia judicial, señala que los jueces y los fiscales carecen de independencia.

«Son actores políticos designados para ejecutar las órdenes del gobierno de facto», dijo.

La Fiscalía y los jueces, incluido el TSJ, son utilizados como mecanismo de persecución a la sociedad y mecanismo de impunidad frente al delito; especialmente las violaciones a los derechos humanos.

Prado advierte que las erradas políticas económicas han destruido la producción nacional y el empleo.

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“Hay una hiperinflación que afecta a toda la población golpeando especialmente a los sectores más pobres en su acceso a la comida”.

Igualmente, no son actos para garantizar los servicios públicos esenciales como la salud, las medicinas, el agua potable o la electricidad.

“Ello coloca a la población en general y a los más pobres en una situación de extrema vulnerabilidad que afecta no sólo su salud sino su integridad personal y hasta su vida”.

Ante la pandemia causada por el Covid-19 el régimen ha utilizado políticamente el contexto de la enfermedad para redoblar esfuerzos.

Esto con el objetivo de restringir las voces independientes en el país y el derecho a defender derechos humanos.

Venezuela es el país de Suramérica que ha administrado menos dosis de vacunas contra Covid-19 en relación con su población.

“Dos meses después de iniciada la vacunación en el territorio tiene una proporción de 0,8 dosis por cada 100 habitantes”, según la OPS.

La ONG Médicos Unidos de Venezuela alertó sobre la muerte de 15 trabajadores del sector de la salud por COVID-19.

Esto eleva la cifra total de fallecidos a 537 desde el comienzo de la pandemia.

Además, la cifra de fallecidos en el país sobrepasan las dos mil muertes frente al colapso del sistema hospitalario.

La oposición que encabeza Juan Guaidó llamó a los ciudadanos a documentar y denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Humberto Prado, activista por los DD.HH. Dijo que la impunidad hace provoca el aumento de las violaciones a los derechos. Por ello instó a «desenmascarar a un régimen».

«Hay que seguir denunciando, documentando, y resistiendo en la defensa de los derechos humanos. Debemos continuar desenmascarando a un régimen que solo genera impunidad», dijo Prado.

«La dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado el informe emitido por la Misión Internacional de los Hechos en Venezuela», agregó.

Además, dijo que la Misión de Determinación de Hechos «asegura que se ha ampliado la persecución. También el concepto de enemigos internos en el país. Esto deriva en el aumento de violaciones a los derechos humanos».

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Asimismo, recordó que la misión alertó sobre la continuidad de procedimientos penales. También denunció que hay 110 casos de «detenciones arbitrarias» contra disidentes políticos y militares.

Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela. recordó Efe. Dijo que las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre.

La Misión Internacional fue aprobada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo hizo por iniciativa de varios países latinoamericanos del llamado Grupo de Lima. En septiembre de 2020, determinó que algunas violaciones de derechos humanos por parte de la administración de Maduro «constituyeron crímenes de lesa humanidad».

El activista de DD.HH., Humberto Prado, presentó un balance sobre la situación de Venezuela en esa materia. Informó que durante el 2020 las FAES ejecutaron a 525 personas, 125 de ellas aún están por identificar.

«Existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos», dijo Prado. Y aseguró que esto se debe «a la militarización de la seguridad ciudadana.

Dijo que la cantidad de ejecuciones del 2020 se suman a a las 2.500 registradas por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante la reunión de la Comisión Delegada de la AN de Juan Guaidó, dijo que el año pasado hubo más de 100 detenciones arbitrarias. Destacó que 69% de las detenciones se produjeron contra trabajadores de la prensa. De ellas 31% acompañadas de procesos judiciales.

Humberto Prado indicó que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se violaron en el 2020 en el contexto de la pandemia. «Al menos 79,3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema».

«Solo 13% de la población tiene agua potable de forma ininterrumpida. En cuanto a la alimentación, 27% de los venezolanos se encuentra en estado de mendicidad. Mientras 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle. Otro 35% consumió alimentos que preferirían no haber comido».

Además, la canasta básica ronda los $300 dólares americanos, lo que equivale a 230 salarios mínimos.

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En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró que los trabajadores de la salud son los más afectados. «297 trabajadores de la salud fallecieron por COVID-19 hasta diciembre del año 2020. Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud. La mayoría son mujeres».

Prado documentó un total de 212 femicidios en el país, además de otros 56 que se reportaron en el extranjero. La ONG de Prado hizo un estudio. «Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto del año 2020». El mismo arrojó que 86,4% de mujeres encuestadas reporta que siempre o casi siempre fuer víctima de acoso sexual.

Al mismo tiempo, destacó que cerca de 10 millones de mujeres están afectadas por la falta de acceso a anticonceptivos. Esto ocurre por el costo o por escasez. “Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, resaltó.

Sobre las personas privadas de libertad, confirmó que ocurrieron al menos 299 ejecuciones extrajudiciales en el 2020 en cárceles nacionales. Además, el 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial. Mientras que 33% de muertes ocurrieron debido a desnutrición y condiciones de salud.

En relación con la comunidad LGBTI, la oficina confirmó que hasta el año 2017, 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual y para el año 2020 se confirmó que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Apuntó que permanecen vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo de personas.

La situación de emergencia de la cárcel de Tocuyito será denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El anuncio lo hizo el experto en materia carcelaria, Humberto Prado. Lo hizo a propósito del motín protagonizado por los presos de ese penal, por hambre.

«Ante la situación que se presenta en el centro de reclusión Tocuyito», Prado dijo que está «informando sobre esta situación a la ACNUDH y @CIDH para la documentación del hecho».

«El 2021 arrancó con hambre y miseria en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”#Carabobo. Es por esta razón que los presos se alzaron en protesta. Los custodios revenden la poca comida que les llega y los privilegios que gozan algunos reos», publicó en Twitter.

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Destaca que «se han realizado dos llamados urgentes. Indica que el 2021 inicia con la realidad de las cárceles venezolanas, Si quieres conocer un país, visitas sus cárceles, allí podrás sacar la verdadera situación qué hay en Venezuela”, lamentó.

También recordó que la cárcel de Tocuyito «es uno de los centros penitenciarios reformados por el régimen de Nicolás Maduro a finales del año 2016».

Agregó que «desde sus inicios ha presentado problemas de hacinamiento, agua y alimentación, los cuales no han sido escuchados por las autoridades competentes».

El motín comenzó la noche de 01 de enero, con la quema de colchones. Los presos denuncian la mala alimentación, el retardo procesal y otros atropellos.

Para Humberto Prado, defensor de los Derechos Humanos, el reciente anuncio de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela es una advertencia al régimen. Explicó que las palabras de Fatou Bensouda indican que la investigación contra el régimen en la corte entró en la Fase III.

 «La Fiscalía anunció la culminación exitosa del análisis correspondiente a la eventual jurisdicción que tendría la CPI para conocer de los mismos (delitos de lesa humanidad). En consecuencia, el avance a la fase III del examen preliminar», dijo Prado en un comunicado.

Aclaró que para la CPI ya hay elementos para considerar que en Venezuela se cometieron: asesinatos, encarcelamiento, violencia sexual, persecución. Además de desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos». Todo desde el 2014, lo cual para él es un avance muy importante en el proceso en la CPI.

Agregó que «la Fiscalía deberá examinar criterios de admisibilidad, integrados por: la gravedad de los crímenes y la complementariedad». Este último criterio se refiere a que la CPI debe constatar que la justicia venezolana ha castigado a los responsables de esos crímenes.

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Para ello tomará en cuenta cuatro factores. «La escala del crimen: evaluando la extensión geográfica, duración y número de víctimas afectadas por el mismo. Naturaleza: considerándose especialmente graves los crímenes de asesinato y violación. Forma de comisión: estimándose particularmente graves los crímenes cometidos con abuso de poder (de iure o facto) contra víctimas especialmente vulnerables. Impacto: para lo cual deberá tenerse en cuenta el daño social, económico o ambiental causado por los crímenes.

Humberto Prado confía en que la fase III del examen preliminar sobre Venezuela será completada con éxito para, finalmente, iniciar una investigación formal por los crímenes ocurridos.

«Urgimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tratar con celeridad la situación de Venezuela, pues, solo en la medida que eso suceda, podrá obtenerse una verdadera justicia», dijo.

Para Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los DDHH, la Alta Comisionada Michelle Bachelet le dio un “jaque mate” al régimen de Nicolás Maduro con la actualización del informe sobre graves violaciones en Venezuela.

“Primero por el informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela y ahora el informe de la Alta Comisionada”, escribió Prado en Twitter.

Expresó que lo expuesto, “ratifica las violaciones de DDHH en el país denunciadas anteriormente por la Oficina de la Alta Comisionada”.

Además, reitera que en Venezuela continúan “las detenciones arbitrarias, la represión en protestas pacíficas, deficiencia de servicios público, escasez de gasolina”.

Asimismo, resalta “la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad, restricciones a la libertad de expresión, ataques contra defensores de DDHH y periodistas y estigmatización contra los migrantes que retornan al país”.

La madrugada de este viernes, la expresidenta de Chile presentó ante la ONU una actualización del informe.

En el documento expresa su preocupación por el incremento en las muertes de jóvenes en operativos de seguridad.

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Precisa que de junio a agosto se registraron «711 muertes» en operativos de seguridad. “Han llegado a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”.

En las 21 páginas de esta actualización, la Misión señala a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, presentó este lunes el informe “Venezuela, entre la oscuridad y la esperanza”, el cual describe la violación de los DD.HH del régimen contra los venezolanos, entre ellos, los privados de libertad.

“Al menos 149 privados de libertad murieron en centros de detención preventiva de 15 estados monitoreados y el hacinamiento en los centros de detención preventiva incrementó 500%”, denunció.

Enfatizó que el 2019 se caracterizó por «una marcada agudización de conflicto político y crisis social en Venezuela, donde los derechos fundamentales de la población fueron fuertemente vulnerados».

En este sentido, destacó la persecución contra los medios de comunicación, periodistas, parlamentarios, funcionarios de seguridad y todo ciudadano que no coincide con la ideología del régimen de Nicolás Maduro.

Sobre la situación de los parlamentarios, detalló que  “18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución, 33 han sido exiliados, se contabilizaron 4 refugiados en embajadas, 5 en la clandestinidad y 14 fueron despojados de su pasaporte”.

En cuanto a la actuación de las FAES, ratificó que es «el grupo de exterminio de la dictadura», cuyos funcionarios » tuvieron una alarmante actuación en el 2019 debido a que, entre enero y mayo, se contabilizó que 1.560 personas fueron asesinadas bajo el calificativo de resistencia a la autoridad”.

También hizo un reporte de la baja calidad de los servicios como agua y electricidad, entre otros, lo que también constituye una violación de los DD.HH.

“En cifras, al menos 4.3 millones de venezolanos no tienen acceso al agua potable de calidad y en casi todos los estados del territorio nacional existen racionamientos eléctricos o  apagones prolongados”, lamentó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió mantener las medidas de protección otorgadas hace 11 años para Humberto Prado, actual comisionado para la defensa de los DD.HH de la presidencia encargada y las extendió a su grupo familiar.

La resolución de la Corte se produce a raíz de los repetidos «actos de hostigamiento y amenazas realizados por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro» y otros individuos.

Esta decisión de la Corte IDH se basa en una campaña de ataques y desprestigio en contra de Humberto Prado y su entorno que recrudeció a partir del año 2014.

«Entre 2015 y 2020 hubo más de 20 señalamientos contra Prado en medios públicos, sobre todo en el programa televisivo Con el Mazo Dando, conducido por Diosdado Cabello en VTV, además de acciones de hostigamiento en aeropuertos venezolanos, intervención y exposición pública de comunicaciones privadas, amenazas de invalidación de documentos de identificación», señala el documento.

El alcance del hostigamiento constante también afectó a Carolina Girón, esposa del también Comisionado «quien ha sido víctima de vigilancia en su lugar de residencia y persecución. Además de ser acusada sin prueba alguna por Diosdado Cabello, el 26 de octubre de 2016, de tener una compañía en Panamá dedicada a la compraventa de material bélico», destaca el escrito.

Es importante recordar que «estas medidas provisionales fueron otorgadas en 2009 y reiteradas en 2011, 2012 y 2015, en las que se exhorta a la dictadura venezolana a que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Humberto Prado” y poner fin a todo tipo de hostigamiento y a la campaña de desprestigio en contra de Prado y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela».

En torno a todo lo anterior, entre otras pruebas presentadas, la Corte IDH determinó que la situación de riesgo del defensor sigue vigente y “las medidas provisionales deben permanecer en vigencia en tanto la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y la prevención de un daño irreparable a los derechos de aquéllos protegidos por tales medidas».

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, pidió que el Parlamento Europeo (PE) organice una visita «urgente» a Venezuela, para que constate cómo han arreciado las violaciones de los DD.HH por parte del régimen.

Prado hizo la petición en la madrugada de este martes, cuando intervino en una reunión del PE para los DD.HH, en la cual presentó el informe sobre el incumplimiento, por parte de Nicolás Maduro, de las recomendaciones que hizo hace un año la alta comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet.

EL comisionado destacó, en primer lugar, la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que, a pesar de que Bachelet recomendó que fueran eliminadas, continúan sus acciones, con impunidad.

En este sentido, Prado dijo que las Faes habrían ejecutado extrajudicialmente a 972 personas, desde julio del 2019, hasta la actualidad.

Prado explicó, que las personas privadas de libertad por motivos políticos, deben ser puestas en libertad, esto al referirse a un grupo de diputados, que el propio Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, ha solicitado liberar. Entre ellos Gilbert Caro y Juan Requesens, así como el jefe de despacho de la Presidencia encargada, Roberto Marrero.

A los presos políticos se les tortura y muchas veces deben comerse sus propias heces y vómitos

Denunció el continuo asedio contra organizaciones defensoras de DD.HH en Venezuela como Provea que “ha sido atacada por el régimen a través de medios de comunicación”.

Prado también presentó evidencias de los ataques contra periodistas, cuya profesión califica como de alto riesgo. «Los periodistas no pueden cubrir noticias sobre protestas por acceso al agua, salud en hospitales y falta de alimentos, porque corren el riesgo de ser detenidos, recluidos y simplemente los imputan crímenes en tribunales militares”, destacó.

En relación con las cárceles, el comisinado precisó que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha registrado que desde 1999 han muerto en Venezuela 7.270 personas, y en lo que va de 2020, van más de 104 reclusos fallecidos, 66 de ellos por desnutrición y tuberculosis.

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Denunció que en las cárceles de Venezuela hay un hacinamiento del más del 120%. “En los calabazos policiales es peor porque hay 400% de hacinamiento. En lo vinculado con servicios en las cárceles, no existe la figura de médicos (…) Los calabozos especiales son para un máximo de 48 horas, pero duran allí hasta 3 años y deben ser alimentados por sus propios familiares, pero en lugar de darles los alimentos temprano se la dan en la tarde y ya está descompuesta y genera amibiasis”.

Diputados perseguidos y migrantes

En cuanto a los diputados aclaró que son perseguidos. «En mi país la Asamblea Nacional elegida por más de 14 millones de venezolanos fue sacada del Palacio Legislativo. No dejan que los diputados vayan a legislar donde se supone que deben hacerlo”.

Indicó que han aparecido personas que dicen ser quienes dirigen el Parlamento venezolano, pero no cuentan con esa cualidad. “Los diputados fueron elegidos, pero no pueden entrar al palacio legislativo, por lo que deben hacer las reuniones vía internet, velándose ese derecho en particular”, dijo.

Sobre la situación de lo venezolanos que decidieron dejar el país por motivos económicos, sociales y políticos y que han tenido que regresar, empujados por la pandemia, dijo que sostenidamente se violan esos derechos humanos. “Tenemos más de 5 millones de venezolanos fuera del país que se han visto obligados a irse por falta de condiciones de vida adecuadas y ahora que regresan más de 40.000 de esos venezolanos, son estigmatizados y se les viola su dignidad, porque son considerados armas biológicas” dijo Prado.

Explicó que desde la llegada de la pandemia miles de venezolanos se han visto obligados a regresar al país caminando desde Ecuador, Perú y Colombia, pero al llegar son aislados en hospitales centinelas donde no se les da ni agua ni comida.

Prado hizo peticiones específicas: que emitan un comunicado público donde exijan que se cumplan las recomendaciones de los órganos internacionales de protección, en especial respecto de la protección de periodistas y defensores de DD.HH.

También solicitó al Parlamento Europeo que la Sub Comisión de DD.HH. venga a Venezuela y así puedan ver con sus propios ojos los centros de reclusión como «la Tumba y la Casa de los Sueños», donde se tortura e inclusive los presos deben comerse sus propias heces y vomito. Por eso les pido que integran una comisión que venga y vea lo que pasa en Venezuela, tienen la legitimidad para hacerlo”, ratificó.

Por último, solicitó que se emita una comunicación suscrita por el pleno del Parlamento Europeo y que se remita a la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para exigir la desarticulación de las Faes con urgencia.

“No olviden a mi país, Venezuela, los diputados tienen que legislar de forma clandestina, los que están legitimados y elegidos son perseguidos. Hay una situación grave respecto a quienes piensan diferente porque los someten a torturas”, finalizó Prado.

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro no acató ninguna de las recomendaciones que desde el año pasado hizo la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, por el contrario, las violaciones a estos derechos han arreciado.

«Tenemos que agradecer que en Venezuela haya una comisión de las Naciones Unidas», pero, lamentablemente, «la creación de la oficina del Alto Comisionado en el país no ha sido posible, solo hay tres representantes, cuya su acción es muy limitada», denunció Prado.

«Es importante la constitución de esa oficina para que realice la tarea encomendada por la alta comisionada», agregó Prado, durante la presentación del informe “Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”.

Prado recordó que Bachellet, por ejemplo, pidió «agotar las vías para el acceso de la población a los alimentos, agua y medicamentos». Sin embargo, recordó que gran parte de las «protestas que hubo el año pasado fueron para reclamar por la falta de servicios, principalmente de agua y electricidad», lo cual demuestra que las peticiones de la funcionaria de la ONU no fueron escuchadas.

Torturas, detenciones y ejecuciones

Sobre la tortura, violaciones a los DD.HH, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, el informe de Bachelet fue contundente, en cuanto a que que cesen estas prácticas y sobre todo pidió la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

En este sentido, Prado remarcó que en el país sigue habiendo gran cantidad de denuncias contra las actuaciones de esas fuerzas y los representantes de la ONU han documentado estos delitos.

«Es un tema muy delicado, porque las Faes siguen actuando. A estas fuerzas se le atribuyen 972 ejecuciones extrajudiciales. En cualquier país del mundo esto tiene que llamar la atención, pero en Venezuela se siguen presentando estos delitos», aseveró.

«La alta comisionada pidió que se disuelvan las Faes y que se investiguen las ejecuciones, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas sean reparadas, lo cual no se ha cumplido. Se han dado casos excepcionales, como el del asesinato del escolta de Iris Varela, los demás casos han sido invisibilizados», denunció Prado.

«Este fenómeno es particularmente grave si se tiene en cuenta que muchas de las recomendaciones no acarreaban complicaciones administrativas importantes, por el contrario, la disolución de la Faes es algo que se ha podido ejecutar», agregó.

Otro punto importante del informe de la alta comisionada se refiere a la exigencia de liberación de los presos políticos. «Bachelet pidió que libere a los presos políticos y paren las detenciones arbitrarias, pero esto tampoco se ha cumplido. El grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias se ha pronunciado en torno a varios casos, como el de Juan Requesens y Gilber Caro, pero el régimen ha hecho caso omiso de esas peticiones», subrayó el comisionado.

«Han aumentado las detenciones arbitrarias y las medidas cautelares que impiden a los detenidos hablar y salir del país», alertó.

Hizo un comentario aparte sobre la situación de los medios de comunicación y los periodistas, a quienes se les pretende intimidar por cumplir con su deber de informar.

Sobre la petición de «garantizar la imparcialidad de la Fiscalía y de la Defensoría, tampoco se ha acatado, al contrario, estas instituciones han incrementado la persecución», lamentó.

Las torturas y los tratos crueles, condenados por leyes internacionales, siguen siendo el método usado por los organismos de seguridad del régimen para infundir miedo en quienes piensan diferente. Como consecuencia, más de 70 personas han muerto por esta práctica amparada por Nicolás Maduro.

La denuncia la hizo el comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, Humberto Prado, quien estuvo acompañado en una rueda de prensa online, por el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Esta rueda de prensa fue «saboteada por el régimen», denunció denunció el Centro de Comunicación Nacional.

“La tortura persiste en Venezuela y tan solo en 2019 los casos incrementaron en más del 526%”, denunció Humberto Prado, mientras que Vecchio, aseguró que “Nicolás Maduro y sus torturadores deben responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los venezolanos”.

El encuentro se hizo para conmemorar el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En este contexto, Prado resaltó como los represores en Venezuela han hecho de esta una práctica común.

“Desde la llegada de Maduro, en 2013, han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, de acuerdo a cifras de la ONG PROVEA que también señalan que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior. Los cuerpos de seguridad CICPC, DGCIM y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares”, afirmó Prado.

Por su parte, Carlos Vecchio recordó la muerte del «capitán Rafael Acosta Arévalo, los concejales Fernando Albán y Carlos García, y Rodolfo González (El Aviador), quienes son solo algunas de las víctimas fatales de Nicolás Maduro y su práctica de la tortura como política terrorista Estado para sostenerse en el poder”.

Prado detalló que, Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Mientras que el Instituto Casla afirma que en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

Denunció que «en algunos casos los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos de detención o zonas militares», egún testimonios de las víctimas.

Prado señaló la importancia de investigar los casos de torturas y sancionar a sus responsables. “En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado investigue, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”.

Recordó que según las leyes internacionales «toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”.

En este sentido, dijo que «el régimen de Maduro tiene compromisos pendientes con la prohibición de la tortura. Entre ellos, la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ratificación de este instrumento permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones, a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad”.

Mientras que Vecchio citó «el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde se han confirmado persistentemente las terribles violaciones de DDHH en Venezuela, por lo que Maduro debe responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo venezolano».

Humberto Prado, Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, exigió mediante un comunicado la liberación de los periodistas Luisa Mimi Arriaga y Marco Antoima, acusados de administrar cuentas anónimas en Twitter.

Tras varias horas detenidos sin acceso a sus abogados, el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) otorgó medida sustitutiva con arresto domiciliario, prohibición de salida del país, prohibición a declarar ante los medios de comunicación y el uso de redes sociales.

A continuación el comunicado íntegro:

Estimado Jesús Maria, me dirijo respetuosamente a usted con el propósito de efectuar un llamado urgente sobre las detenciones de Luisa Mimi Arriaga y Marco Antoima, así como los allanamientos ilegales a sus hogares. A continuación, se procederá a analizar el contexto en el que estos hechos se vienen materializando y las particularidades de la situación concreta objeto de esta denuncia, a efectos de que sean valoradas por su distinguida Oficina acuse de recibo del presente llamado urgente.

Emita un comunicado público dirigido a sectores relevantes en derechos humanos y sociedad civil en toda la región para que tengan en cuenta las detenciones arbitrarias contras los periodistas en el contexto del estado de alarma.

Evalúe con especial atención la situación de los trabajadores de la prensa Rita De Martino y Rafael Garrido, quienes corren el mismo riesgo de ser detenidos arbitrariamente toda vez que, al igual que los periodistas Garrido y Antoima, fueron mencionados en el tweet que dio lugar a la persecución política incoada por los funcionarios del régimen.

Coloque esta información en conocimiento del Grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, el Grupo de Trabajo contra la Discriminación de Mujeres y Niñas, Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Funcionarios de la dictadura detuvieron a ambos periodistas la pasada semana, realizando allanamientos a sus viviendas y permaneciendo más de 24 horas detenidos sin derecho a la defensa tras ser acusados, sin pruebas, de manejar cuentas anónimas en redes sociales.

Humberto Prado, Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, rechazó este viernes la detención arbitraria de la periodista y coordinadora del portal informativo 800 Noticias, Mimi Arriega, por parte de funcionarios del CICPC.

Prado dijo que presentará la denuncia ante la oficina de la Alta Comisionada Para los DDHH, Michelle Bachelet, ante la Comisión Interamericana de DDHH y en el Sistema Universal.

«Rechazo la detención arbitraria de la periodista Mimi Arriaga”, sentenció Prado a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

La detención arbitraria de periodistas por cumplir con su trabajo se ha convertido en el mecanismo del régimen para atentar contra la libertad de expresión y amedrentar a los comunicadores sociales por cumplir con su deber de informar.

En las últimas semanas, varios periodistas han sido detenidos y presentados en tribunales y les han imputado varios delitos, entre ellos instigación al odio.

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, envió una carta a la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet para pedirle que continúe con el monitoreo de los presos políticos que inició al publicar su primer informe sobre la situación en Venezuela.

Mediante el comunicado le notificó y detalló las más recientes violaciones a los derechos humanos por parte del régimen a los presos políticos venezolanos.

«Dra. Michelle Bachelet, si el documento de entendimiento contempla que los oficiales de la ONU tendrán libertad para acceder a las cárceles del país, donde, dicho sea de paso, hay más de 400 presos por razones políticas, nos preocupa inmensamente que a la fecha a pesar del compromiso adquirido con el régimen de facto no existen registro ni noticias de visitas a los Centros de detención que hemos referido«, insistió.

A continuación, la carta íntegra:

Caracas, 7 de junio de 2020

Ciudadana, Sra. Michelle Bachelet Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH)Palacio Wilson52 rue des PâquisCH-1201 Ginebra, Suiza

Estado: Venezuela (República Bolivariana de) Ref.: Memorando de Entendimiento Asunto: Incumplimiento por parte de las autoridades de facto en la supervisión del ACNUDH sobre Centros de DetenciónVíctimas: Privados de Libertad en la sedes del DGCIM, SEBIN (Helicoide), Centro de detención de Plaza Venezuela (la Tumba) y la casa de los sueños (Fuerte Tiuna)

Yo, Humberto Prado Sifontes, en mi condición de Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por el Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, me dirijo muy respetuosamente a su persona, y por su intermedio, a su Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de reiterar a su loable autoridad la necesidad de cumplir y hacer cumplir el memorando de entendimiento que fue suscrito entre el ACNUDH y las autoridades del Poder Fáctico que actualmente controla las instituciones democráticas del país, a través de las cuales, hasta el momento, se ha gestionado todo lo relativo a la supervisión de la situación de derechos humanos, la cual no hace falta recordar que se ha agudizado desde que presentaron en julio del año pasado (2019) el informe país que había solicitado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En fecha 6 de junio de 2020, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos del Gobierno Interino encabezado por el Presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, obtuvo noticias de una denuncia verbal manifestada durante una entrevista por la Sra. Molly De la Sotta, hermana de Luis de la Sotta, preso político recluido en los denominados “sótanos del DGCIM”, quien habría sido torturado y sometido a condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. La Sra. De la Sotta solicitaba pronunciamientos ya que estimaba que la actual situación que enfrenta su hermano y toda la población carcelaria bajo la custodia del Grupo de Exterminio conocido como Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) es por lo más grave y requiere de medidas urgentes.

Sobre el particular, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha denunciado esta deleznable circunstancia en múltiples ocasiones ante su oficina. Así, el 16 de abril de 2020 reportamos que un componente de la DGCIM intentó ingresar en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde sin que se reparase en las medidas de higiene y prevención necesaria para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, que al igual que como ocurre en el resto del mundo, afecta de manera diferenciada y muy particular a los privados de libertad en nuestro país. El 30 de abril de 2020 recordamos que en noviembre de 2019, miembros del DGCIM detuvieron arbitrariamente a la periodista Ana Belén Tovar.

El 1 de junio de 2020 interpusimos un llamado urgente ante su oficina donde denunciamos que en fecha 25 de abril de 2020, un grupo de funcionarios de los Grupos de Exterminio conocidos como DEGIM y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), interceptaron a Maryfranci Marcano y Ana Pernía (hermana y vecina de un militar que participó en la operación libertad, respectivamente), en la autopista Guarenas-Guatire y, sin mediar palabras, procedieron a detenerlas arbitrariamente sin orden judicial ni en acto de flagrancia alguno y a trasladarlas a la sede de la DGCIM, lugar donde permanecen hasta la fecha.

El 2 de junio de 2020 emitimos una Comunicación Publica en la que lamentamos el fallecimiento del Sargento Segundo de la Guardia Nacional, Luis Armando Monsalve Estaba, quien murió el 31 de mayo en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, tras sufrir un paro respiratorio.

El Sr. Monsalve estaba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde mayo de 2019, por presuntamente planificar la fuga del exministro de la usurpación Miguel Rodríguez Torres. Difícilmente su muerte pueda ser atribuida exclusivamente a causas naturales.

La Comisión Presidencial para Derechos Humanos considera que su deceso presuntamente habría sido producto de una ejecución extrajudicial continuada, en la que perennemente se le suministraron drogas con diversas sustancias psicotrópicas por negarse a obedecer las órdenes dictadas por el coronel Hannover Guerrero, de conformidad con lo que han alegado los familiares.

De acuerdo con la versión del Poder Fáctico, el año pasado Monsalve habría intentado suicidarse saltando desde el piso 5 del DGCIM, empero, sus familiares contradicen esta hipótesis.

Cualquiera que fuere la causa, lo único cierto es que el Sargento quedó cuadripléjico, estando en custodia del DGCIM, motivo por el cual opera la presunción de responsabilidad que aplica en estos casos a la luz de la jurisprudencia reiterada de Tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un caso icónico que no puede dejar de referirse por más conspicuo que fuere es el de la ejecución extrajudiciales del Capitán de Corbeta, Rafael Ramón Acosta Arévalo. El Sr. Acosta Arévalo fue detenido por efectivos del Grupo de Exterminio DGCIM el 22 de junio de 2019.

Estuvo sometido a desaparición forzada durante 6 días en los cuales sus familiares nunca tuvieron noticias de su paradero. No fue hasta el 26 de junio que fue anunciado por el Ministro del Poder de facto para la Comunicación, el Sr. Jorge Rodríguez, que este había sido detenido e imputado de tipos penales en blancos como traición a la patria.

Supuestamente esto se debía que el Capitán de Corbeta estaba involucrado en la planificación de un Golpe de Estado que buscaba asesinar a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. La defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, denuncio que estando bajo custodia de la DGCIM, fue trasladado a un lugar boscoso a las afueras de la Ciudad de Caracas donde fue atado desnudo a un árbol, siendo vendados sus ojos con un trozo de cartón. Fue denunciado que le golpearon con palos y piedras, e inclusive se disparó un proyectil muy cerca de su oído.

No queda ninguna duda que a algunos actos inhumanos tuvo que haber estado sometido el Capitán toda vez que el día 28 de junio de 2019 cuando fue trasladado al Tribunal Militar a donde arribó en silla de ruedas y con indicios muy claros de golpizas. La audiencia no pudo finalizar y esa noche Acosta Arévalo falleció en un Hospital Militar. La Comisión Presidencial tuvo noticias de que ese día y el siguiente se bloqueó en la Red Social Twitter cualquier búsqueda de la etiqueta “DGCIM”.

Pues bien, ante este panorama, la Comisión Presidencial nota que la situación de privación de libertad de presos comunes y políticos lejos de mostrar signos de mejoría, se ha agudizado profundamente.

Las prácticas de ejecuciones extrajudiciales, el sometimiento de torturas y a otros tratos y penas crueles e inhumanos siguen ocurriendo, muy a pesar de la existencia de un informe emitido por su oficina en donde Grupos como la FAES son vistos como amenazas a la vida y a la integridad personal, y por lo tanto se sugirió su disolución. Vistas las prácticas recientes por parte de la DGCIM, parece cónsono con las necesidades de protección de los venezolanos que esa calificación y recomendaciones de desarticulación subsecuentes se hagan extensivas hasta este.

Sobre ello, es oportuno traer a colación que en las más recientes observaciones preliminares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita in loco de ese organismo regional a la frontera entre Colombia y Venezuela, se diagnosticó que existe un componente agravado de crueldad dirigido específicamente contra militares disidentes.

Particularmente, en cuanto al caso de los detenidos en custodia del Grupo de Exterminio DGCIM, la CIDH emitió el 21 de marzo de 2019 la Resolución 14/19 contentativa de Medidas Cautelares No. 178-19, donde se determinó que las personas (militares y civiles) detenidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM respecto de Venezuela existían circunstancia de gravedad urgencia e irreparabilidad debido a posibles sometimientos a torturas, así como consecuencia de las condiciones de detención.

La Comisión Presidencial recuerda que los reportes sobre violaciones graves acaecidas en centro de detención han tenido lugar en instalaciones no solamente administradas por el Poder de facto, sino custodiadas por Grupos de Exterminio. A saber:

? Sede del DGCIM (Sótanos del DGCIM)? Sede del SEBIN (Helicoide)? Centro de reclusión en Plaza Venezuela, Caracas (conocida como la Tumba)? La casa de los sueños (Ubicada en Fuerte Tiuna)

Ahora bien, es de nuestro conocimiento que en fecha 23 de septiembre de 2019 se suscribió un Memorando de Entendimiento entre las autoridades de facto y el ACNUDH. Asimismo, en el reporte de seguimiento del mes de marzo de 2020 su Oficina hizo actualizaciones alrededor de su informe de julio de 2019, en donde dio cuenta del incumplimiento parcial del Memorando de entendimiento.

Dra. Michelle Bachelet, si el documento de entendimiento contempla que los oficiales de la ONU tendrán libertad para acceder a las cárceles del país, donde, dicho sea de paso, hay más de 400 presos por razones políticas, nos preocupa inmensamente que a la fecha a pesar del compromiso adquirido con el regimen de facto no existen registro ni noticias de visitas a los Centros de detención que hemos referido.

En consecuencia, nos preguntamos ¿Porque no han podido visitar los centros arriba mencionados? la información que tenemos es que los oficiales no se les ha permitido ingresar en esos recintos carcelarios, cosa que genera inquietud sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Se trata de graves violaciones de derechos humanos, que no pareciera que quieren que sean constatadas por el Poder Fáctico. Pasa el tiempo y las familias no tienen respuesta, estimada señora, es hora que su oficina exija ese cumplimiento de ese compromiso.Tenga en cuenta, distinguida Alta Comisionada, que desde que se suscribió el acuerdo han transcurrido cerca de nueve (9) meses, y hasta el día de hoy no existen reportes ni registros de visitas a esos Centros de reclusión. En términos generales, esa cantidad de meses es muy grande. Pero para Venezuela, y especialmente para los presos y sus familiares, es una eternidad. El que sus oficiales vislumbren con sus propios ojos el drama que se vive a lo interno de esos penales puede ser determinante para la vida e integridad personal de todos ellos.

Si bien es cierto que el ACNUDH ha logrado visitar determinados centros de detenciones a nivel nacional, lo cierto es que estos centros de reclusión enunciados ut supra, donde se manejan reportes más graves, no presentan evidencia de visitas recientes.

La Comisión Presidencial comprende que el Alto Comisionado seguramente ha agendado esto como parte de su trabajo en terreno en Venezuela, y que el hecho de no haber podido visitar estos centros de reclusión concretos donde la situación es más dramática responde a un impedimento derivado de la agenda política de la usurpación, la cual no ha respetado los términos del Memorando de entendimiento y no ha permitido el ingreso de oficiales de su Oficina.

A pesar de lo anterior, como lo hemos demostrado en la presente comunicación, es claro que la situación se ha visto agudizada, especialmente en la sede administrada por el Grupo de Exterminio de DGCIM.

En estos escenarios es cuando más resulta necesario el escrutinio internacional, y no uno cualquiera, pues, no se agota su labor con simplemente mantener presencia en el terreno, sino que se completa holísticamente cuando acuden a espacios donde se reportan situaciones más graves de derechos humanos.

Con independencia de la verdad material sobre estas alegaciones, lo cierto es que el Estado debe permitir que sus oficiales ingresen en todos aquellos lugares donde ustedes soliciten entrar, de lo contrario, objetivamente, ello supone un incumplimiento de los compromisos asumidos lo cual contraviene el contenido del artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados que consagra el principio del pacta sunt servanda.

La Comisión Presidencial para Derechos Humanos considera que preliminarmente existen indicios claros de la inobservancia al contenido de reglas internacionales para la protección de reclusos, tales como las Reglas Mandela y las Reglas Bangkok. En cuanto a las primeras, se verifica transgresiones al contenido de la Reglas No. 12 y siguientes.

En cuanto a la segunda, es evidente que el trato inhumano ajeno a medidas positivas en favor de la población femenina recluida, contradice disposiciones como las Regla 29 y siguientes.

En síntesis, luce ineludible que esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos respetuosamente exhorte a su Oficina a que haga un llamado a las autoridades del Poder de facto a honrar sus compromisos contraídos en septiembre, se supone, de buena fe, ya que de lo contrario el contenido del Informe de julio de 2019 quedaría relegado a meras cartas de intenciones desprovistas de cualquier posibilidad de ejecución, cuestión que de ninguna manera es admitida o tolerada por el derecho internacional de los derechos humanos moderno en cuanto a crisis humanitarias se refiere.

PETITORIO

La Comisión Presidencial para Derechos y Atención a las Víctimas solicita nuevamente a su encomiable Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se pronuncie sobre la situación de privados de libertad, siendo propicio para ello el reporte de seguimiento sobre informe de julio de 2019 que corresponde hacer en las semanas venideras de estos meses de junio y julio, máxime, cuando se cumpliría un año desde ese informe

Estamos convencidos que la diplomacia tiene límites. Respetamos que se haya efectuado un acuerdo con las autoridades de facto. Precisamente porque la prioridad son las personas y sus derechos. Sin embargo, no es tolerable que no se honren los compromisos contraídos por la usurpación.

La falta de apego a las clausulas pactadas no puede sino merecer un llamado de atención que invite a la reflexión, la rectificación y, en consecuencia, a la implementación de políticas destinadas a garantizar que sus oficiales logren entrar a los centros de reclusión donde existen más reportes de violaciones graves, los cuales han sido suficientemente detallados en esta comunicación.

Cabe destacar que no es la primera vez que la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino solicita respetuosamente a esta Oficina del ACNUDH que busque alternativas que permitan cumplir con su mandato de monitoreo en centros de reclusión.

Ciertamente, estamos muy agradecidos con las conquistas alcanzadas hasta el momento, pero al mismo tiempo nos resulta difícil comunicar que es ahora cuando corresponde afrontar el camino más difícil en este proceso de escrutinio internacional, ya que hace falta incursionar en los Centros de Reclusión de donde se han derivado un mayor volumen de denuncias en ocasión de violaciones graves, sobre los cuales la usurpación teme nuevos reportes que develen las condiciones infrahumanas y distópicas que padecen las poblaciones carcelarias que allí yacen.

La Comisión Presidencial remite esta comunicación con la esperanza que ella inspire en su Oficina la necesidad de mensajes más contundentes, donde se reproche, en los límites que la diplomacia internacional impone, pero con la mayor vehemencia posible, la falta de voluntad de las autoridades de facto por cumplir y hacer cumplir los compromisos contraídos con usted en el Memorando de Entendimiento suscrito en septiembre del año pasado (2019).

Hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y estima.

HUMBERTO PRADO SIFONTES

Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas