El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a un  migrante venezolano acusado por varios delitos y por presuntamente ser miembro del Tren de Aragua.

En las redes sociales del ICE, se informó, además de la detención de otros 13  “extranjeros ilegales criminales en todo el país, condenados por crímenes despreciables que incluyen agresión sexual a un menor, trata de personas con fines de servidumbre sexual, solicitud sexual a un menor, violación, secuestro y otros delitos atroces”.

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Según detalló el Departamento de Seguridad Nacional, se trata de Samir Alejandro Flores De León, quien es un “condenado por falsificación, hurto y robo con allanamiento de morada” que “se encuentra bajo custodia del ICE”.

“Es un asociado conocido del ‘Tren de Aragua’ y cuenta con una orden final de expulsión emitida en 2024”, l señala el reporte.

Entre los arrestados destacan migrantes procedentes de nMéxico, Ghana, India, Nigeria, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Cuba, Colombia y Ecuador, condenados por delitos en distintos estados.

Samir Alejandro Flores-De Leon, a criminal illegal alien from Venezuela convicted of forgery, larceny and burglary, is in ICE custody.He’s a known Tren de Aragua associate and has a 2024 final order of removal on the books. pic.twitter.com/glTLMhoYL0

Un médico venezolano especialista en medicina familiar fue detenido el pasado 6 de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza en un punto de chequeo en Texas por supuestamente haber violado los términos de su visa, denunciaron   sus familiares, quienes incluso desconocen dónde se encuentra retenido.

El doctor Ezequiel Véliz había ingresado legalmente a Estados Unidos, pero perdió su permiso de trabajo cuando venció su estatus migratorio, mientras intentaba renovar su visa.

 Fue detenido durante un control en carretera a pesar de explicar que estaba en proceso de regularizar su situación y que estaba casado con un ciudadano estadounidense, ha asegurado su familia.

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El galeno había sido reconocido como “residente del año” en 2025 en UT Health, Rio Grande Valley, y atendía pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

 Hasta la fecha, su familia no sabe en que centro de detención esta. Ha podido hacer un par de llamadas, de apenas 1 o 2 minutos, a su mejor amiga, pero no ha podido hablar con su esposo, ni con sus abogados, ni con su mama, publicó la cadena Telemundo.

"No he sabido nada de mi hermano. [...] Yo no sé cómo está mi hermano. Honestamente, no sé en qué centro específicamente está ya que, a pesar de que han pasado 48 horas, aún no le han dado un número de caso", dijo en conversación con Noticias Telemundo su hermana, Génesis Véliz.

Con información de Telemundo.

Agentes del ICE en Seattle, Estados Unidos, detuvieron a un migrante venezolano, acusado de cometer varios delitos y ser miembro del Tren de Aragua.

“Nuestros socios federales arrestaron a Ángel Emmanuel Izarra Martínez, un delincuente inmigrante ilegal y miembro de la banda criminal terrorista Tren de Aragua, originario de Venezuela, con una orden de arresto activa en Colombia”, publicó el ICE en su cuenta en X.

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 Izarra está solicitado en Colombia por homicidio, tráfico de armas de fuego y tráfico de drogas.

Mientras que “su historial delictivo en Estados Unidos incluye un arresto en Nueva York por falsificación, conducir sin licencia y conducir bajo los efectos del alcohol”.

 Sin embargo, también “tiene orden de arresto extranjera por los siguientes cargos: tráfico de cocaína y cannabis, organización criminal, torturas y actos bárbaros y lesiones que causan la muerte”.

TDA MEMBER WANTED FOR MURDER IN COLOMBIA: DETAINEDICE @EROSeattle and our federal partners arrested Angel Emmanuel Izarra Martinez, a criminal illegal alien and Tren de Aragua terrorist criminal gang member from Venezuela with an active arrest warrant in Colombia for:… pic.twitter.com/o3ArO1kvAl

La policía migratoria de Estados Unidos detuvo a un venezolano señalado por cometer varios delitos y ser integrante del Tren de Aragua, informó el ICE.

“El ICE @HSINewark arrestó a Jeandrik Gabriel Graterol Reyes, un delincuente inmigrante ilegal de Venezuela y miembro confirmado del Tren de Aragua, una organización terrorista designada, durante una operación de control selectivo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el 8 de marzo”, publicó el organismo en su cuenta en X.

Indica que “los antecedentes penales de Graterol Reyes incluyen una condena relacionada con la cocaína”.

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ICE ARRESTS TdA TERRORIST AT NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT ICE @HSINewark arrested Jeandrik Gabriel Graterol Reyes, a criminal illegal alien from Venezuela and confirmed member of Tren de Aragua — a designated terrorist organization — during a targeted enforcement… pic.twitter.com/eAuN8t7pGx

Asimismo, anuncia que el sujeto “permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación”.

Indica también que “el Grupo del Aeropuerto de Newark de ICE HSI inició la investigación tras recibir información de que el extranjero viajaba en un vuelo nacional procedente de Orlando”.

Agrega que  “el ICE HSI recibió asistencia fundamental de la Oficina de Operaciones de Fugitivos de ICE ERO Newark, la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE y el Servicio Federal de Alguaciles Aéreos de la TSA”.

Gaby Duarte creía que Estados Unidos ofrecería protección a su familia después de que huyeran de la persecución política en Venezuela.

 “Allá vamos a sentirnos seguros, vamos a estar bien, vamos a estar a salvo en Estados Unidos”, recuerda, entre lágrimas, al describir cómo su esposo, Carlos García —exalcalde venezolano y opositor al gobierno del derrocado Nicolás Maduro— la convenció de mudarse a Ohio.

Esa sensación de seguridad se derrumbó el viernes, cuando García fue encarcelado, no por fuerzas de seguridad venezolanas, sino por autoridades de inmigración estadounidenses. Fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una revisión rutinaria de su estatus migratorio y ahora espera juicio en la cárcel del condado de Butler, en Hamilton, Ohio.

En 2017, la pareja huyó de la ciudad donde ambos crecieron, la ciudad andina de Mérida, en el occidente de Venezuela, donde García se desempeñó como alcalde desde 2013, y se trasladó a Colombia. Cinco años después, se reasentaron en Estados Unidos mientras solicitaban asilo político.

En Venezuela, García enfrentaba hasta 15 meses de prisión por oponerse al entonces presidente Nicolás Maduro.

Duarte teme que, si pierde su caso, García pueda ser deportado de regreso a Venezuela, ahora gobernada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

“Una deportación pondría en riesgo su libertad y su vida, así como la vida de nuestra familia”, dice Duarte a sus seguidores en un video publicado en Instagram poco después de la detención de García.

En declaraciones a CNN, Duarte relató que vio a dos agentes de ICE vestidos de civil entrar a la sala donde su esposo estaba siendo interrogado, antes de llevárselo esposado.

“Solo me dijo: ‘No te preocupes, todo va a estar bien…’, y luego se lo llevaron”, cuenta, y agrega que todavía intenta entender por qué su propia entrevista, minutos antes, terminó sin incidentes.

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En un comunicado, ICE informó a CNN que García fue detenido por primera vez en febrero de 2022 tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos y que posteriormente fue liberado. La agencia señaló que García “permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos migratorios y recibirá el debido proceso”.

Duarte dijo a CNN que cruzaron el río Bravo y se entregaron voluntariamente a las patrullas fronterizas al llegar a Estados Unidos. Aseguró que su esposo presentó de inmediato la solicitud de asilo. Los hijos de la pareja, Carlota, de 7 años, y Carlitos, de 5, no fueron detenidos.

“Son tan pequeños que tuvimos que decirles que papá se va a quedar unos días fuera para resolver unos asuntos del papeleo, pero que volverá pronto”, dice Duarte, temerosa de que llegue el momento en que tenga que romper esa promesa y explicarles una eventual deportación de su padre.

Con información de CNN

 Estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance el sábado para denunciar la muerte de un hombre estadounidense, baleado en Mineápolis por agentes federales de inmigración.

La actriz Olivia Wilde, que se encontraba en Park City, Utah, para el estreno de "The Invite", afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas tres semanas a manos de agentes federales era "inconcebible".

"No me puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle", dijo a AFP.

"Estos valientes estadounidenses que salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, 'agentes' del ICE, y ver cómo los asesinan (...) es inconcebible. No podemos normalizar eso".

Los comentarios de Wilde llegan tras el asesinato del enfermero de la UCI Alex Pretti, de 37 años, quien murió tras ser inmovilizado contra el suelo y recibir múltiples disparos por parte de agentes federales.

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Su muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

Wilde, que llevaba una insignia con el mensaje "ICE OUT", dijo que la violencia del gobierno estadounidense contra personas que ejercen su derecho a la libre expresión es "antiestadounidense".

"Puede que tengamos un gobierno que de algún modo esté intentando buscar excusas y legitimar esto, pero nosotros [los estadounidenses] no", sostuvo.

Por su parte, la actriz Natalie Portman, que promocionaba "The Gallerist", se emocionó al explicar cómo se sentía, dando cuenta de un "día horrible"

"Lo que está ocurriendo en nuestro país es simplemente obsceno", declaró a AFP en Park City.

"Lo que le están haciendo [el presidente Donald] Trump y [la secretaria de Seguridad Nacional] Kristi Noem y el ICE a nuestros ciudadanos y a las personas indocumentadas es indignante y debe terminar".

Con información de AFP

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación.

La muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a "un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta" en una "operación selectiva", según un comunicado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que las autoridades estatales dirigieran la investigación.

"No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto", dijo el gobernador.

Un video que circula en redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción "POLICÍA", rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

En rueda de prensa, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó al presidente Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración, que ha provocado masivas manifestaciones, algunas violentas.

"Este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación", subrayó.

El presidente Trump acusó a los dos políticos del Partido Demócrata, de "incitar la insurrección".

"El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El jefe de policía, Brian O'Hara, dijo que la situación después del tiroteo era "increíblemente volátil" y llamó a los residentes a evitar la zona.

Los agentes, que declararon a la nueva protesta como una reunión ilegal, desplegaron gases lacrimógenos mientras la multitud crecía y se utilizaron contenedores de basura para crear barricadas en un concurrido barrio del sur de Mineápolis, conocido por sus restaurantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en X que "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm" y que sus agentes intentaron desarmar al hombre, quien, según afirman, "se resistió violentamente".

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar", dijo el DHS.

O'Hara dijo que la policía creía que la víctima era un "propietario legal de armas con permiso de porte". Minnesota permite el porte de armas de fuego si se tiene autorización.

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🚨 DISTURBIOS EN MINNEAPOLIS TRAS TIROTEO DE ICESe registran disturbios masivos en Minneapolis luego de que agentes de inmigración mataran a tiros a un hombre durante una operación federal. Las tensiones estallaron mientras manifestantes reclamaban el fin de las redadas pic.twitter.com/sky8q8xLiK

Walz había denunciado poco antes "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales, en momentos en que Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

"Minnesota ya está harta. Esto es repugnante", dijo Walz en X.

"El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", agregó.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas.

Mineápolis ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good, de 37 años, el 7 de enero.

Una autopsia concluyó que fue un homicidio, lo cual no significa automáticamente que se haya cometido un delito. El oficial responsable de los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado.

La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia.

"Donald Trump y todos sus subordinados que ordenaron este despliegue del ICE: vean el horrible video del asesinato de hoy. El mundo está mirando", dijo en X la senadora demócrata Amy Klobuchar.

Trump ya ha amenazado antes con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota, donde continúan las protestas por la campaña antiinmigración del gobierno federal.

Con información de AFP

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron este viernes al exalcalde de  Mérida Carlos García, en un operativo en Cincinnati, Estados Unidos.

La presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, alertó que García «corre peligro» si es deportado de Estados Unidos a Venezuela.

En su cuenta en X, Martínez explicó que García, quien fue alcalde del municipio Libertador del estado Mérida entre 2013 y 2017, tenía asilo y permiso de trabajo «vigente hasta 2030», pero, a pesar de esto, fue detenido por «dos funcionarios que se lo llevaron esposado, sin causa alguna».

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 «Su vida corre peligro en el caso de ser deportado. Carlos es un ciudadano trabajador, ejemplar, sin récord criminal, padre de familia», indicó Martínez.

García salió del país luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo destituyera de su cargo.

#URGENTE Alertamos sobre la detención de Carlos García, exalcalde de Mérida y perseguido político del régimen venezolano, por parte del @ICEgov en Cincinnati.A pesar de tener asilo y permiso de trabajo vigente hasta 2030, fue detenido hoy #23Ene, por dos funcionarios que se lo… pic.twitter.com/JsmCzxW5Ol

 Un agente federal de inmigración disparó este miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron "mantener la calma" una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad.

El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

"Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad del Medio Oeste en la red social X.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

"Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo.

Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.

"Esto no es sostenible", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: "Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos".

"Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos", insistió.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad".

Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".

Con información de AFP

Miles de manifestantes salieron este sábado a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis.

En esta ciudad del norte del país, los manifestantes portaron pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, desafiando el frío de -7 grados durante una concentración en un parque cercano al lugar de la tragedia.

La movilización tuvo como consigna "ICE, fuera para siempre", que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

Al inicio de la protesta, una voz gritó: "¡Digan su nombre!". Y la multitud respondió: "¡Renee Good!". Para el domingo se planearon más protestas.

"Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria", dijo a la AFP Drew Lenzmeier, de 30 años, en la protesta en Mineápolis.

"Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto", añadió.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. "El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable", dijo Torcaso.

Los organizadores informaron de más de 1.000 eventos planeados en todo el país.

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, bastión demócrata, sino entre una población preocupada por la política antiinmigración de Trump.

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El sábado por la mañana, tres legisladoras demócratas del estado de Minnesota en la Cámara de Representantes se dirigieron a un edificio federal en las afueras de Mineápolis donde opera la policía de inmigración, entre ellas Ilhan Omar, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí.

Pero poco después de entrar, les pidieron que se marcharan, según contaron. "Lo que ocurrió hoy es un intento flagrante de impedir que miembros del Congreso ejerzan su misión de control", lamentó Ilhan Omar.

El gobierno sostiene que el agente actuó en legítima defensa. Según la versión de la administración, Good quiso atropellar al agente implicado, Jonathan Ross, y es una "terrorista doméstica".

En un video de celular se ve a Good en el volante, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al vehículo, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga del carro, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

La Casa Blanca ha insistido en que las imágenes dan peso al argumento de la legítima defensa. Pero desde el miércoles han circulado videos tomados por testigos que sugieren que el agente no habría estado en peligro, sino que se ve cómo Good intenta evadirlo.

En la noche del viernes, cientos de personas realizaron manifestaciones frente a hoteles de Mineápolis donde se cree que se hospedan los agentes del ICE. Veintinueve personas fueron detenidas, multadas y luego rápidamente liberadas, indicó la policía de la ciudad.

Funcionarios y residentes del estado de Minnesota han cuestionado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación del FBI sobre la muerte de Good.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación.

Con información de AFP

El correo electrónico de un funcionario de inmigración de Estados Unidos presentó a Kelly y Yerson Vargas ante una dura elección: aceptar la deportación a su natal Colombia o arriesgarse a ser acusados ​​de un delito y separados de su hija de 6 años, María Paola.

 Los Vargas, recluidos en un centro de detención de Texas, ya habían recibido una orden de deportación y habían sido presionados para abordar vuelos a Colombia. 

Se habían resistido porque habían presentado solicitudes de visa como víctimas de trata de personas, alegando que enfrentaban trabajos forzados y amenazas de muerte por parte de miembros de cárteles en México durante su tránsito hacia Estados Unidos.

En el correo electrónico , el oficial de inmigración amenazó con procesarlos por no cumplir con la orden de deportación, un estatuto rara vez utilizado y que podría llevar a 10 años de prisión.

Su caso ilustra cómo la vasta ofensiva inmigratoria del presidente estadounidense Donald Trump se basa cada vez más en amenazas de separar a las familias y otras tácticas agresivas para presionar a las personas a aceptar la deportación, incluso si han presentado reclamos legales que en administraciones anteriores les habrían permitido permanecer en el país, según inmigrantes, abogados, funcionarios actuales y anteriores y registros judiciales revisados ​​por Reuters.

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Estas tácticas incluyen amenazas de penas de cárcel por resistirse a una orden de deportación o cruzar la frontera ilegalmente (delitos que antes rara vez se procesaban y que llevarían a la separación de los niños), así como detenciones prolongadas sin oportunidad de buscar la liberación y deportación a terceros países lejanos, encontró Reuters.

Reuters habló con 16 abogados de inmigración, que en conjunto tienen cientos de clientes, y otras personas con amplia visibilidad sobre el creciente uso de tácticas duras por parte de la administración Trump para obligar a los inmigrantes a aceptar las deportaciones.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió el enfoque de la administración Trump.

«Estamos usando todas las herramientas a nuestro alcance», declaró Homan a Reuters en una entrevista. «Todo lo que hacemos es legal».

Los Vargas decidieron abandonar sus solicitudes de visa y abordar un vuelo de deportación en noviembre, en lugar de correr el riesgo de ser separados y colocar a María Paola en un sistema de refugio federal para niños migrantes no acompañados.

“Tenía miedo de que me metieran preso y cumplieran todas las amenazas que me hicieron”, dijo Kelly Vargas.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Tricia McLaughlin, afirmó que la familia recibió una orden de deportación en 2024, la cual fue denegada en apelación y se les brindó el debido proceso. No hizo comentarios sobre la solicitud de visa para víctimas de trata de personas.

Cuando se le preguntó sobre el caso de Vargas y otra familia amenazada con cargos federales y separación, McLaughlin dijo que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no «amenazan» a las personas y les informaron apropiadamente que podrían enfrentar cargos federales.

«Estos inmigrantes ilegales violaron la ley y se les advirtió que enfrentarían las consecuencias de sus crímenes», dijo.

Los defensores de la inmigración y otros críticos afirman que los Vargas y otras personas con posibles solicitudes legítimas de residencia en Estados Unidos se encuentran en una situación prácticamente desastrosa. La administración Trump ha declarado su objetivo de deportar a un millón de personas al año, pero es probable que no lo alcance, dadas las tendencias actuales.

El DHS dijo el miércoles que la administración Trump había deportado a más de 605.000 personas desde que Trump asumió el cargo, lo que lo coloca en camino de menos de 700.000 deportaciones para fin de año.

Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, que representó a la familia Vargas, dijo que la «crueldad calculada» de la administración Trump estaba obligando a las personas a elegir la deportación.

«Mis clientes detenidos desde Nueva Jersey hasta Texas denuncian condiciones de detención hacinadas, inhumanas y degradantes, algunas de las cuales son tan insoportables que están desistiendo de sus casos de inmigración», dijo.

A medida que la administración Trump ha presionado para que haya más deportaciones, ha tratado de detener a más inmigrantes mientras se resuelven sus casos.

El número de personas detenidas por ICE ha aumentado alrededor de un 70% desde que Trump asumió el cargo en enero a casi 66.000 en noviembre de 2025, según muestran datos del gobierno.

Anteriormente, aquellos que no tenían antecedentes penales tenían buenas posibilidades de ser liberados en espera de decisiones sobre sus solicitudes de asilo y otras solicitudes.

ICE cambió su postura en julio para argumentar que esencialmente todos los inmigrantes que arrestó no eran elegibles para la fianza, un pago reembolsable hecho al gobierno para asegurar la liberación de alguien.

Un juez federal de California bloqueó la nueva interpretación de la ley por parte del ICE en noviembre. Sin embargo, algunos inmigrantes, a quienes se les advirtió que podrían enfrentar meses o años de detención mientras su caso avanzaba en los tribunales de inmigración, que ya estaban atrasados, ya habían acordado salir del país, según informaron a Reuters inmigrantes deportados y sus abogados.

Entre los que renunciaron a sus casos se encuentran una trabajadora agrícola guatemalteca que dejó a su marido y a su hijo en Florida tras ser detenida en una redada en su lugar de trabajo, un paisajista venezolano que vivía en Texas, un trabajador de la construcción ecuatoriano en Nueva York, una trabajadora social mexicana en Alabama y una estudiante de enfermería hondureña en Carolina del Norte.

La administración Trump también ha enviado a cientos de personas a terceros países con los que no tienen vínculos, una táctica que el gobierno rara vez ha empleado en el pasado. La amenaza de deportación a un tercer país, incluyendo países donde podrían ser encarcelados, llevó a algunos a abandonar sus casos, según informaron a Reuters inmigrantes, familiares y abogados.

Lourival Paulo da Silva, ciudadano brasileño, llevaba más de dos décadas viviendo en Estados Unidos cuando fue detenido por agentes de inmigración en Florida en septiembre, según su hijastra, Karina Botts. Estaba casado con una ciudadana estadounidense y, según documentos, estaba legalizando su estatus migratorio, un proceso largo debido a que había entrado ilegalmente a Estados Unidos.

Después de semanas en detención de inmigrantes, incluso en el remoto campamento de los Everglades de Florida llamado Alligator Alcatraz, donde enfermó y dio positivo para tuberculosis, da Silva se dio por vencido, dijo Botts.

Un juez le concedió la salida voluntaria -una decisión discrecional que facilita el regreso en el futuro- y salió de Estados Unidos el 10 de octubre. Botts dijo que da Silva estaba teniendo dificultades en Brasil, pero espera que su visa de inmigrante conyugal sea aprobada el próximo año para poder regresar.

Los datos de la corte federal de inmigración compilados por Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de investigación sin fines de lucro, muestran un aumento en las salidas voluntarias aprobadas por la corte.

El número de personas a las que se les concedió la salida voluntaria mientras estaban detenidas se multiplicó por más de cinco, alcanzando más de 16.000, en los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, según los datos. Esta cifra no incluye a quienes desistieron de sus casos y se ordenó su deportación.

Héctor Grillo, un venezolano de 31 años que fue detenido en Texas a principios de este año antes de ser deportado a Venezuela, dijo que pidió que lo enviaran a casa porque le aterraba terminar en una prisión en El Salvador. Un juez ordenó su deportación.

“Esa fue la manera más rápida de salir de esa tortura”, dijo Grillo.

Con información de Reuters

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó la cadena NBC News el domingo (07.12.2025).

El canal cita datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, en Berkeley, obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y procedentes de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

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Esos 75.000 detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220.000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como Los Ángeles este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Según los detalles de los datos del 'Deportation Data Project', cerca del 90 % del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23.000 figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.

Con información de agencias y DW

  Una amplia redada contra una operación de trata de personas y explotación sexual vinculada a miembros del Tren de Aragua (TdA) en San Antonio, Texas, dejó al menos 150 inmigrantes indocumentados detenidos.

 Según el ICE, de estos detenidos, al menos 27 pertenecen a la banda criminal.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott, confirmó que la redada formó parte de una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y organismos federales y locales, como parte del mandato federal emitido por el presidente Donald Trump el 20 de enero para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La operación coincidió con la creación de un Grupo de Trabajo Regional de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo desmantelar carteles de droga, organizaciones terroristas extranjeras y redes dedicadas al tráfico de personas, contrabando de estupefacientes y lavado de dinero.

 De acuerdo con Fox News, en el operativo   fueron arrestados más de 150 inmigrantes ilegales provenientes de Venezuela, Honduras, México y otros países de Sudamérica, todos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

La redada reunió a múltiples agencias, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Jonathan Pullen, agente especial a cargo de la División de Campo de Houston de la DEA, afirmó que el nuevo grupo de trabajo permitirá a la agencia aportar “sus sofisticadas técnicas de investigación, que han sido fundamentales para capturar a las organizaciones de narcotráfico más violentas de Estados Unidos y del mundo”.

“Esperamos trabajar de la mano con nuestros homólogos federales y estatales para acabar con los narcotraficantes que envenenan nuestros vecindarios y devastan nuestras comunidades", agregó.

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🚨 OPERATIVO CONTRA EL TREN DE ARAGUA EN TEXAS@ICEgov informó que, en un operativo conjunto con el FBI, fueron detenidos 27 presuntos miembros del Tren de Aragua durante un allanamiento en un club nocturno. En total, 150 migrantes en situación irregular fueron arrestados. pic.twitter.com/tkB9oGKWbt

El representante demócrata por Texas, Joaquín Castro, pidió al Departamento de Justicia y a las autoridades locales más información sobre la redada. Recordó que en operaciones similares en otros estados se han detenido ciudadanos estadounidenses e inmigrantes sin antecedentes criminales, por lo que exigió claridad sobre los procedimientos aplicados.

La jornada se produce mientras en Houston, según Fox News, el ICE arrestó a 3,500 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales durante el cierre del gobierno de 43 días.

 Entre los detenidos figuran 13 personas condenadas por asesinato, 51 depredadores de menores, 67 delincuentes sexuales y 23 miembros de pandillas, incluido un integrante de la MS-13 acusado de un triple homicidio en Dallas.

ICE and FBI Texas team-up at Tren de Aragua nightclub takes down 27 suspected TdA gang members among 150 illegal aliens arrested:Law enforcement also seized cocaine, three firearms and about $35,000. pic.twitter.com/cxPIEHFKGx

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este viernes una iniciativa para verificar que unos 450,000 de los menores de edad inmigrantes que entraron solos a EE. UU. y fueron entregados bajo custodia de familiares o patrocinadores se encuentren seguros.

 Las autoridades migratorias contarán con el apoyo de las policías locales que hayan suscrito el programa de colaboración 287(g) para echar adelante la 'Iniciativa de Verificación de Seguridad', como se ha bautizado el plan.

 ICE indicó en un comunicado que el objetivo de esta medida es realizar verificaciones de bienestar en los hogares de unos 450,000 menores de edad para garantizar su seguridad y que no estén siendo explotados.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Tricia McLaughlin dijo en la nota de prensa que la Administración del presidente Donald Trump ya ha realizado visitas domiciliarias a más de 24,000 niños que ingresaron solos al país y fueron entregados a sus familiares o patrocinadores.

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“Hemos intensificado nuestros esfuerzos para rescatar a los niños víctimas de trata sexual y laboral, trabajando con nuestros socios de las policías estatales y locales para localizarlos”, subrayó McLaughlin.

 La iniciativa comenzó a implementarse a comienzos de esta semana en el estado de Florida y se extenderá gradualmente con otros socios del programa 287(g) en todo el país.

Como parte de esta medida, ICE arrestó al menos tres hondureños en Florida que tenían acusaciones por delitos criminales, aunque no relacionadas con el cuidado de los menores.

Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que estos controles podrían llevar al arresto de familiares indocumentados de los menores que residan con ellos, a pesar de que no tengan récord criminal.

Con información de Efe

El juez principal del condado de Cook firmó una orden que prohíbe al ICE arrestar a personas en los tribunales. El condado de Cook incluye Chicago, que ha sido escenario de una ofensiva federal contra la inmigración en los últimos meses.

Detener a residentes afuera de los juzgados ha sido una táctica común para los agentes federales, quienes han estado estacionados afuera de las cortes del condado durante semanas, realizando arrestos y atrayendo multitudes de manifestantes.

La orden, firmada el martes por la noche y vigente desde este miércoles, prohíbe el arresto civil de cualquier parte, testigo o posible testigo durante un procedimiento judicial. Incluye arrestos dentro de los juzgados, estacionamientos, aceras y entradas.

“La administración justa de justicia requiere que los tribunales permanezcan abiertos y accesibles, y que los litigantes y los testigos puedan comparecer sin temor a ser arrestados civilmente”, afirma la orden.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendió la práctica de realizar arrestos en los tribunales, calificándola de “sentido común”.

“No somos un reino medieval; no existen santuarios legales donde uno pueda esconderse y evitar las consecuencias de infringir la ley”, declaró el DHS el miércoles. “Nada en la constitución prohíbe arrestar a un infractor donde se encuentre”.

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Activistas protestan

Defensores legales y de inmigración locales, incluyendo la oficina del defensor público del condado, han solicitado una orden como esta, alegando que sus clientes evitaban los tribunales por temor a ser detenidos.

La oficina ha confirmado al menos una docena de arrestos por inmigración en los juzgados del condado o en sus inmediaciones desde finales de julio, cuando los representantes afirmaron haber visto un aumento en la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera de las cortes.

“He tenido numerosas conversaciones con clientes que se enfrentan a una difícil decisión: faltar a la corte y recibir una orden de arresto o presentarse en la corte y arriesgarse a ser arrestados por ICE”, dijo Cruz Rodríguez, defensor público adjunto de la división de inmigración de la oficina, en una conferencia de prensa a principios de este mes.

Las organizaciones de defensa de víctimas de violencia doméstica también firmaron una petición a principios de este mes solicitando que el juez principal del circuito del condado de Cook, Timothy Evans, emitiera la orden.

La solicitud se llevó a cabo después de que los defensores afirmaran que una mujer fue arrestada por ICE el mes pasado al ingresar al juzgado de violencia doméstica.

Alexa Van Brunt, directora de la oficina de Illinois del Centro de Justicia MacArthur, que presentó la petición, dijo que estaba “satisfecha” por la orden de Evans.

“Esta es una acción necesaria y esperada para garantizar que los habitantes del condado de Cook puedan acceder a los tribunales sin temor”, dijo en una declaración el miércoles a The Associated Press.

Evans indicó que la justicia “depende de la capacidad de cada individuo de comparecer ante el tribunal sin temor ni obstrucción”.

“Nuestros juzgados siguen siendo lugares donde todas las personas, independientemente de sus antecedentes o circunstancias, deberían poder participar de forma segura y confiada en el proceso judicial”, dijo Evans en un comunicado.

Las tácticas de ICE  se ven en todo el país

La táctica de detener a personas en los juzgados del área de Chicago forma parte de un aumento mayor en los arrestos por inmigración en tribunales en todo el país.

La oleada de operativos de control inmigratorio en los juzgados ha sido condenada por funcionarios judiciales y organizaciones legales, y ha generado demandas de algunos estados y la aprobación de proyectos de ley que buscan bloquear esta práctica.

En junio, la administración del presidente Donald Trump demandó al estado de Nueva York por una ley de 2020 que prohíbe a los agentes federales de inmigración realizar arrestos en tribunales estatales, municipales y de otras ciudades.

Con información de CNN

A sus 31 años, Gregory Sanabria nunca pensó regresar al encierro. En Venezuela pasó casi cuatro años en El Helicoide, una prisión conocida por violaciones a los derechos humanos, en represalia por su activismo político estudiantil. 

Diez años después, tras rehacer su vida en el exilio, fue detenido nuevamente, esta vez en un centro para migrantes en Texas.

En junio fue arrestado durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias en Houston y permaneció casi cuatro meses bajo custodia federal, temiendo que lo entregaran en las manos del mismo gobierno del que huyó.

La semana pasada, un juez le concedió asilo y ordenó su liberación. "Estoy agradecido por esta segunda oportunidad, es como un nuevo comienzo", dijo a EFE tras salir del centro Montgomery, a unos 70 kilómetros al norte de Houston.

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Su historia

Sanabria llegó a Estados Unidos en 2022. Atravesó la selva del Darién, cruzó la frontera con México desde Matamoros y se entregó a la Patrulla Fronteriza.

Pasó la entrevista de "miedo creíble" y recibió permiso para quedarse, presentándose periódicamente ante las autoridades mientras esperaba la respuesta a su solicitud de asilo. Fue en una de esas citas cuando lo detuvieron

El Departamento de Seguridad Nacional lo acusó de permanecer "ilegalmente" en el país, en aplicación retroactiva de cambios impuestos por el Gobierno de Donald Trump, según explicó su abogado Juan Molina.

El arresto de Sanabria se enmarcó en la ofensiva republicana para acelerar las deportaciones y detenciones de migrantes. Ese mismo mes se alcanzó un récord de casi 60.000 detenidos en centros de ICE, la mitad sin antecedentes penales, según datos citados por CBS News.

El día de su traslado a Montgomery, Sanabria inició una huelga de hambre. "Tenía miedo de que me mandaran de manera exprés a Venezuela. Quería ver a un juez, explicarle lo que estaba pasando", relató. Tras varios días, un guardia le aseguró que sin firmar una orden de deportación no podían enviarlo de regreso y volvió a comer de nuevo.

Al hablar de sus meses en detención, Sanabria no puede evitar compararlo con su experiencia en Caracas, durante la que sufrió torturas y fuertes golpizas: "Esto para mí era como un hotel cinco estrellas. Me cuidaban, me daban comida. En Venezuela eso era un sueño", dijo.

Aun así, insiste en que haber estado privado de libertad "no debió haber pasado".

El centro Montgomery ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por hacinamiento, aislamiento prolongado y abusos físicos.

Sanabria asegura no presenciar dichos tratos, pero “Human Rights Watch” consideró su caso “un ejemplo del uso abusivo e innecesario de la detención de solicitantes de asilo, agravado bajo el Gobierno Trump”, según señaló a EFE Juan Pappier, director para las Américas de esta organización.

La audiencia final, celebrada el 18 de septiembre, marcó un punto de inflexión. El juez aceptó su solicitud de asilo presentada en 2022. Para Sanabria, fue un momento en el que la justicia prevaleció: "Toda mi vida ha sido una lucha contra la mentira, y esta vez ganó la verdad".

Durante casi cuatro años en EE. UU., logró construir una vida desde cero. Llegó con lo puesto,"un short, una camisa y unas chanclas", y consiguió empleo como lavaplatos.

Aprendió inglés en el restaurante donde trabajaba y luego se desempeñó en construcción, electricidad y aire acondicionado, hasta obtener un puesto en servicios de datos relacionado con sus estudios de ingeniería eléctrica en Venezuela.

Debido a la detención perdió el contrato de alquiler, la matrícula del coche, acumuló deudas y llamadas de cobradores.

"Había hecho un lugar seguro; hoy ya no lo tengo", reconoce. Aun así, mantiene intacta su convicción de volver a empezar: "Lo he perdido todo antes y lo he vuelto a hacer muchas veces"

Sanabria asegura que su mayor sueño sigue siendo trabajar por una Venezuela libre. "Dios tiene algo para mi vida. ¿Se imagina cuántas veces pensé que ahí se acababa todo? No me veía saliendo del Helicoide, ni siquiera llegando a los 31 años. Pero aquí estoy, comenzando otra vez".

Con información de Efe

Los rumores de que la aplicación de leyes de inmigración federales era inminente resonaron en Chicago durante este fin de semana, mientras se posponían eventos públicos y los activistas repartían volantes recordando a las personas sus derechos frente a un agente de inmigración.

Este, domingo, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que existen planes para que agentes federales de inmigración se dirijan a Chicago y otras ciudades santuario esta semana, llamándolas “áreas problemáticas”.

El aviso es consistente con señales de la administración Trump de que las redadas aumentarían y se produce después de un fin de semana de temores que se apoderaron de varios estados.

“Se puede esperar acción en la mayoría de las ciudades santuario de todo el país”, dijo Homan.

El anuncio coincide con una operación masiva de inmigración en una extensa planta de fabricación de Hyundai en el sureste de Georgia el pasado jueves, donde cientos de personas fueron detenidas, muchas de ellas surcoreanas.

Si bien no se llevó a cabo en una ciudad santuario, la redada fue la mayor realizada hasta la fecha por la administración Trump y, según declaró Homan a CNN, un anticipo de las medidas de control más amplias que se avecinan.

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Autoridades pendientes

Las autoridades de Chicago han estado monitoreando durante días las advertencias sobre la proximidad de redadas federales, y aunque la ciudad se preparó para ellas durante el fin de semana, la escalada se extendió más al este.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva iniciativa federal de control migratorio en Massachusetts, centrada en la deportación de delincuentes que ingresaron al país ilegalmente.

“ICE lanzó ‘Patriot 2.0’ para atacar a los peores criminales extranjeros ilegales que viven en el estado de Massachusetts, luego del éxito de la Operación Patriota en mayo”, dijo un portavoz del DHS a CNN el domingo.

La declaración culpó a la alcaldesa demócrata de Boston, Michelle Wu, por las llamadas políticas de ciudad santuario que, según dijo, “no solo atraen y albergan a criminales, sino que también colocan estas amenazas a la seguridad pública por encima de los intereses de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, y prometió que el DHS arrestará a los criminales liberados por las autoridades locales.

Las operaciones de Boston y las planificadas para Chicago se están modelando según los arrestos de inmigrantes en Los Ángeles en junio que dieron lugar a una serie de batallas legales contra la administración.

Las ciudades responden a las amenazas de Trump

Ante la amenaza de una nueva ola de redadas migratorias, algunas ciudades se preparan para la posibilidad de que el presidente despliegue tropas de la Guardia Nacional como parte de sus esfuerzos por combatir la delincuencia.

El domingo, el presidente Donald Trump anunció que su administración decidiría adónde enviar las tropas “en uno o dos días”.

En Washington, donde más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional armados han deambulado durante semanas, los funcionarios han presentado una demanda contra la administración Trump, en la que acusan al presidente de violar la Constitución y la ley federal al enviar tropas a la ciudad sin el consentimiento de los líderes locales.

La demanda, presentada el jueves por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, afirma que los militares, muchos de fuera del estado, han sido designados por la oficina de alguaciles de EE.UU. y están patrullando vecindarios, realizando búsquedas y haciendo arrestos, a pesar de las leyes federales que generalmente prohíben que los uniformados actúen como policía local.

La administración Trump ha promocionado sus esfuerzos en la capital, señalando una marcada disminución de la delincuencia violenta desde que reforzó las fuerzas federales el mes pasado.

Sin embargo, los críticos argumentan que el despliegue de la Guardia Nacional es innecesario y costoso, ya que los contribuyentes pagan aproximadamente US$ un millón al día, mientras que se ve a las tropas tomándose fotos con turistas, recogiendo basura y colocando cubierta vegetal.

 Trump también ha criticado repetidamente a la cercana Baltimore por su criminalidad, a la que ha llamado un “agujero infernal”, sugiriendo que la Guardia Nacional podría ser desplegada allí próximamente.

“No necesitamos una ocupación”, declaró el domingo el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, a Manu Raju de CNN. Scott afirmó que exploraría todas las opciones cuando se le preguntó si firmaría una orden como la de Chicago que obliga a la policía local a no cooperar con las fuerzas federales del orden en caso de ser desplegadas.

Este domingo por la noche, Trump declaró a la prensa que Chicago es un lugar “muy peligroso”, lo que aumentó la expectativa de que las tropas se enviadas allí. Aseguró que podría “resolver el problema de Chicago muy rápidamente”, pero no llegó a comprometerse a desplegar la Guardia Nacional.

La Ciudad del Viento se ha estado preparando durante más de una semana para los inminentes despliegues de la Guardia Nacional y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde el gobernador, que anticipa una pelea judicial, hasta los organizadores del desfile en honor a México, que terminaron posponiéndolo.

Los temores se apoderaron de Chicago 

Las comunidades de toda la ciudad se están preparando para la presencia de ICE repartiendo volantes que recuerdan a las familias que tienen derecho a permanecer en silencio, que no están obligados a dar su consentimiento para un registro y que pueden negarse a compartir su lugar de nacimiento o estado de ciudadanía, entre otros derechos.

En Pilsen, el barrio se reunió este fin de semana para celebrar la cultura latina, eligiendo la alegría a pesar del miedo.

“Creo que ahora más que nunca es cuando necesitamos demostrar que estamos unidos y somos una comunidad”, manifestó Araceli Lucio, residente de mucho tiempo en el área.

Alison Main, Samantha Waldenberg y Gabe Cohen de CNN contribuyeron a este informe.

Con información de agencias y CNN

Desde Washington D. C. hasta California, el regreso a clases ha estado empañado por la presión migratoria de la Administración Trump. 

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han estado llevando a cabo violentos arrestos en las inmediaciones de las escuelas públicas, pese a que el director interino de la agencia federal, Todd Lyons, dijo que este tipo de operaciones solo serían ejecutables en el marco de “circunstancias especiales” o “situaciones urgentes”. 

Los padres y representantes afectados, así como los maestros y directivos de los centros educativos, no han tardado en elevar la voz de protesta.

 El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles —uno de los más grandes del país con más de 500.000 alumnos y unos 7.500 carentes de estatuto legal— Alberto Carvalho, se anticipó a la situación e instó a las autoridades a no llevar a cabo actividades de control migratorio en un radio de dos manzanas alrededor de los colegios, desde una hora antes del inicio de la jornada escolar y hasta una hora después de la culminación de las clases

. “No queremos que nadie se quede en casa por miedo”, expresó; pero esto es justo lo que está sucediendo en varias zonas del país.

Inasistencia a mansalva

El absentismo escolar de este nuevo año académico se cuenta por miles. Los condados de Miami-Dade y Broward, dos de los más poblados de Florida, registraron una baja significativa en sus matrículas. 

En el primero, el número de estudiantes pasó de 326.279 el año pasado a 313.220 este 2025, es decir, 13.059 estudiantes menos.

 En el segundo, se matricularon 236.548 estudiantes este año, 11.379 menos que en 2024.

 Un estudio realizado por la Universidad de Stanford y publicado en junio ya reflejaba que las ausencias estudiantiles a causa de las redadas del ICE estaban causando estragos en las escuelas. 

En el Valle Central de California, una zona agrícola que alberga a muchos trabajadores inmigrantes, las ausencias en los salones de clases aumentaron un 22% el semestre pasado.

Si bien la restricción de ordenar redadas en las llamadas “zonas sensibles” (como escuelas, iglesias y hospitales) se levantó a finales de enero, nunca ha sido aplicada del todo porque la Cuarta Enmienda de la Constitución protege a todas las personas de búsquedas irrazonables. 

Durante una sesión informativa de las escuelas públicas de la capital del país, las autoridades del distrito aclararon a los padres que el ICE solo puede entrar a las escuelas con la autorización de un tribunal. 

“Cualquier acción de las fuerzas del orden en los terrenos de una escuela solo puede llevarse a cabo con una orden válida o una orden judicial. Si agentes del ICE llegan a una escuela, los administradores tienen claro qué hacer en consecuencia”, afirmó Lewis Ferebee, canciller del distrito. 

Los agentes tampoco pueden acceder a los registros y expedientes de los estudiantes, según lo establecido en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés).

Lo que sí pueden hacer los oficiales migratorios sin necesidad de una orden judicial es instalarse en lugares abiertos al público, como estacionamientos, accesos y paradas de autobús.

 Los vestíbulos de entrada de las escuelas también se consideran espacios públicos, por lo que no son zonas seguras. En este sentido, la comunidad educativa ha decidido organizarse para hacer frente a las operaciones del ICE en sus inmediaciones. En varias ciudades del país, los maestros se están ubicando alrededor de la manzana de la escuela para escoltar y tranquilizar a los estudiantes y sus familiares a su llegada.

Washington D. C.

Desde hace un mes, la capital del país está lidiando con una ofensiva migratoria inédita agravada con el despliegue de la Guardia Nacional en sus calles. Solo en la primera quincena del mes de agosto, agentes federales arrestaron a más de 300 personas por asuntos vinculados a su estatus migratorio, y las escuelas del distrito no han quedado fuera del asedio.

En escuelas como CommuniKids, donde el 90% del personal es inmigrante, la directiva ha recomendado a los maestros portar sus pasaportes en todo momento. Los colegios con mayoría de estudiantes latinos están creando protocolos para responder a una eventual visita del ICE, instruyendo a los docentes a contactar a la dirección escolar y la policía.

El clima de intimidación ha escalado a un punto que muchos padres y maestros hispanohablantes temen expresarse en castellano para no ser objeto de perfilamiento por parte de los agentes. La CNN difundió que una escuela pública chárter (centros sin matrículas y con inscripción abierta a todos los estudiantes) destinó fondos de su presupuesto anual para rentar un autobús privado que lleva a los alumnos desde y hacia estaciones de metro para evitar que sean emboscados por agentes del ICE en el camino a la institución.

 California

Desde el reinicio de las clases, las escuelas de Los Ángeles y San Diego han documentado al menos diez arrestos en sus inmediaciones. Uno de los casos más sonados fue la detención de Baldemar Gutiérrez, un alumno de 15 años de San Fernando High School, que sufre discapacidad al hablar, y no pudo ser identificado por sus dificultades expresivas. El superintendente, Alberto Carvalho, catalogó la acción como “injustificable”; mientras el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado para aclarar que los agentes cometieron un error mientras “realizaban un operativo para detener al criminal indocumentado Cristian Alexander Vásquez Alvarenga”.

Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles han reportado la presencia del ICE en los alrededores de cuatro grandes escuelas: Bakewell Primary Center, Harte Prep Middle School, Cortines School of Visual & Performing Arts, Victory Boulevard Elementary. 

En medio de estos operativos, resultó detenido el mexicano Juan José Martínez Cortés frente a la primaria Linda Vista, cuando iba a recoger a su hijo. El distrito difundió un comunicado para tratar de tranquilizar a las familias y reiterar que las escuelas siguen siendo “espacios seguros”; pero a las afueras de la preparatoria Montgomery, en el distrito escolar Sweetwater Union High, agentes del ICE detuvieron al padre de un estudiante antes del inicio de la jornada escolar.

Florida

En uno de los Estados con mayor población inmigrante de origen latino, las actividades de las autoridades migratorias cerca de las escuelas simulan tener otra intención, pero siempre acaban con extranjeros detenidos. Un operativo de tránsito cerca de Apopka High School ―una institución con casi 3.500 estudiantes en el noroeste del condado de Orange―, terminó con cinco migrantes arrestados. La escuela activó el protocolo “hold/secure”, en el que maestros y alumnos permanecen dentro de las aulas mientras se verifica la seguridad del campus.

Con información de El País

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a casi 200.000 personas en los primeros siete meses de la administración del presidente Donald Trump, según un alto funcionario de Seguridad Nacional.

Esto coloca a la agencia federal en camino a su tasa más alta de deportaciones en al menos una década, pero aún por debajo del objetivo de deportación establecido por la administración, informó CNN.

La última cifra es solo una muestra del total de deportaciones realizadas durante el gobierno de Trump. 

El gobierno ha registrado casi 350.000 deportaciones desde que el presidente asumió el cargo en enero. 

Las demás deportaciones de este año incluyen repatriaciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y la Guardia Costera, así como personas que optaron por autodeportarse.

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Antes del regreso de Trump

Antes de que Trump asumiera el cargo, el ICE ya había registrado alrededor de 71.400 deportaciones entre octubre de 2024 y finales de diciembre. Con estas, el ICE podría superar las 300.000 deportaciones en el año fiscal 2025, que finaliza el 30 de septiembre. 

La última vez que la agencia registró tantas deportaciones fue durante la presidencia de Barack Obama, cuando alrededor de 316.000 personas fueron expulsadas en el año fiscal 2014.

La administración ha reclutado a varias agencias federales para reforzar sus operaciones de control de inmigración en todo el país, especialmente ejerciendo su presencia en ciudades como Los Ángeles y Washington.

La CBP, la agencia responsable de la seguridad fronteriza, registró más de 132.000 deportaciones este año. 

El departamento también ha registrado alrededor de 17.500 autodeportaciones. Sumada a las acciones del ICE, esto equivale a casi 350.000 deportaciones en los primeros siete meses del segundo mandato de Trump.

“Ante un número histórico de órdenes judiciales emitidas por jueces activistas, el ICE, la CBP y la Guardia Costera de EE. UU. han logrado un progreso histórico para cumplir la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados que han invadido nuestro país”, declaró el alto funcionario del DHS en un comunicado.

 “Además, los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje: véanse ahora o afronten las consecuencias”.

Sin embargo, en privado, altos funcionarios de Trump siguen frustrados con la agencia, que sigue rezagada en los arrestos por inmigración. 

Si bien se han duplicado aproximadamente en comparación con la administración Biden, los arrestos en el interior del país han fluctuado entre 1000 y 2000 arrestos diarios, según datos internos, por debajo del objetivo de la Casa Blanca de 3000 arrestos diarios.

La campaña de Trump

Trump hizo campaña con la deportación masiva, prometiendo que expulsar a inmigrantes indocumentados sería la máxima prioridad de su administración, que se ha fijado la meta de un millón de deportaciones al año. 

Y si bien el número de deportaciones hasta la fecha representa un aumento significativo con respecto a los últimos años, la tarea de expulsar a personas en cantidades históricas ha resultado difícil debido a la escasez de recursos y personal.

Ahora, el ICE se prepara para recibir una inyección masiva de fondos, lo que probablemente impulsará sus operaciones. 

Cuando Trump promulgó su proyecto de ley durante el verano, convirtió al ICE en la fuerza policial mejor financiada del gobierno federal durante los próximos cuatro años.

Solo el ICE recibirá casi US$ 75 mil millones hasta 2029, incluyendo unos US$ 45 mil millones que se reservan específicamente para aumentar la capacidad de los centros de detención migratoria.

 Los casi US$ 30 mil millones restantes se destinarán a la aplicación de la ley y la deportación, una ganancia extraordinaria que se destinará a las operaciones de primera línea del ICE, que consisten en arrestar a inmigrantes y trasladarlos a los centros de detención.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha promocionado repetidamente sus esfuerzos para alentar a las personas a abandonar el país voluntariamente, utilizando campañas publicitarias multimillonarias y ofreciendo incentivos financieros. 

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, promocionó estas cifras en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca esta semana, y elogió al presidente por su “contundente mensaje”.

Con información de CNN

Un ciudadano venezolano buscado por intento de feminicidio en un ataque al estilo de la ruleta rusa fue detenido en Texas, informó  el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

ICE identificó al sospechoso como Raúl Enrique Pargas Rodríguez, de 31 años, buscado por una orden de detención, en Venezuela, por presuntamente torturar e intentar matar a una mujer en el juego mortal, informó FoxNews.

"Este peligroso delincuente extranjero supuestamente golpeó, humilló y torturó a una joven en una retorcida versión de la ruleta rusa y luego huyó a Estados Unidos cuando su intento de asesinarla fracasó", declaró Joshua Johnson Joshua Director en funciones de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO) ICE Dallas . 

“Gracias a un chivatazo de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., pudimos localizarlo y detenerlo de forma segura para que pueda ser repatriado a Venezuela y se enfrente a la justicia por sus presuntos delitos”, dijo.

La orden judicial dice que Pargas Rodríguez atrajo a la mujer a su taller el 24 de febrero de 2021, donde supuestamente estalló en una violenta diatriba antes de insultarla y agredirla.

En un momento dado, según ICE , sacó una pistola, se la puso en la cabeza, extrajo las balas y volvió a cargar. Volvió a apuntarle con la pistola antes de que ella consiguiera escapar.

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Entró ilegalmente a EE.UU.

ICE dijo que Pargas Rodríguez huyó de Venezuela tras el ataque y entró ilegalmente en Estados Unidos cerca de Eagle Pass, Texas , el 10 de agosto de 2022.

Aunque fue detenido, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. dejó en libertad bajo fianza a Pargas Rodríguez el mismo día, a la espera de que se resolvieran sus procedimientos de inmigración, señaló ICE .

El ICE también se encontró con Pargas Rodríguez en la cárcel del condado Dallas el 28 de noviembre de 2023, tras ser detenido por agresión. 

En última instancia, no fue detenido debido a la discreción del fiscal como resultado de las prioridades de aplicación de la ley de inmigración en ese momento, dijo ICE .

A principios de este mes, ICE recibió una remisión de investigación de la Patrulla Fronteriza que sugería que Pargas Rodríguez vivía ilegalmente en el norte de Texas y era buscado en Venezuela por intento de feminicidio con agravantes.

 El sujeto permanece detenido a la espera de los procedimientos de inmigración.

Con información de FoxNews