Un venezolano que recibió un disparo de un agente de inmigración en Texas fue sometido este jueves a una cirugía en la que le extrajeron la bala que llevó alojada cerca de su columna desde el 20 de septiembre, reportaron sus abogados.

Wilber Garcés, de 28 años, resultó herido en la espalda durante una operación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, cuando trabajaba como repartidor en su vehículo. El miércoles ya había quedado bajo detención criminal federal, tras una audiencia donde un juez le negó la fianza.

"Hoy (jueves) fue operado y se encuentra en recuperación", informó en una nota de prensa el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), organización civil que forma parte de su equipo legal.

El hecho se suma a otros incidentes recientes registrados durante operativos migratorios impulsados por el presidente republicano Donald Trump, criticados por legisladores demócratas y organizaciones humanitarias por el uso de la fuerza.

La fiscalía acusó penalmente a Garcés de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, delitos castigados con hasta 20 años de cárcel. Garcés había estado bajo custodia de ICE y luego pasó a una prisión federal.

"Estos son cargos que el gobierno suele utilizar como represalia contra personas que se han resistido, protestado o han sido agredidas por el ICE. Existen numerosos ejemplos de esto", aseguró su abogada Kate Lincoln-Goldfinch, en sus redes sociales.

Lea también: ALERTA: migrante venezolano baleado por el ICE enfrenta ahora cargos con amenaza de 20 años de cárcel

El juez federal de Texas Dustin Howell negó la fianza a Garcés, por riesgo de fuga, y por "las pruebas en vídeo que muestran al acusado huyendo de un control de tráfico y atropellando a un agente del orden público con su vehículo durante su intento de fuga".

Según el testimonio de los agentes involucrados, Garcés huyó de una primera intervención, golpeando a uno de ellos con el espejo retrovisor de su auto. Cuando logran alcanzarlo, el agente con las iniciales L.G. dijo que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó.

El acusado asegura que había pedido a los agentes que le permitieran estacionar su auto en un lugar seguro antes de entregarse, pero se lo negaron, lo embistieron y luego se produjo el disparo que le alcanzó por la espalda.

"El testimonio del investigador del gobierno plantea serias dudas. Según él, L.G., el agente que disparó, no llevaba cámara corporal. D.F., el otro agente que persiguió a Wilber, apagó su cámara a mitad del encuentro, antes de hablar con su compañero, por lo que no tenemos constancia de la conversación. El público se queda sin un relato completo de cómo terminó esto en un tiroteo", consideró la organización TCRP.

AFP

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, considera que, ante las violaciones de derechos humanos que a su juicio comete el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), la única decisión que puede tener un impacto positivo es su eliminación.

«Como organización de derechos humanos nos especializamos en reformas (…) no solo durante un año, ni solo durante dos años, sino durante décadas. Llega un momento en que tenemos que decir que las reformas no van a funcionar, porque no han funcionado y es poco probable que lo hagan», afirma en una entrevista con EFE en Bogotá.

A renglón seguido añade: «Lo único que puede suceder que tenga un impacto tangible en la violación masiva de los derechos humanos que se está cometiendo en este momento es que se elimine por completo el ICE».

 En un informe publicado el viernes pasado, AI detalla situaciones que considera irregulares durante las operaciones de control de la inmigración de esta agencia del Gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington.

La lista de acusaciones de AI es extensa: «Homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento, que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas», entre otros.

«Si Donald Trump no está dispuesto a hacerlo, esperemos que haya cambios en el panorama político y que las nuevas autoridades tomen las pruebas que se están presentando sobre las violaciones masivas cometidas por el ICE, que se hagan cargo de esas pruebas y digan: ‘Ya basta, tenemos que abolirlo'», agrega la secretaria general de AI.

Lea también: Congresista demócrata criticó la política migratoria de Trump hacia Venezuela y pidió restablecer el TPS

Por otra parte, Callamard considera que bajo la influencia de Trump, hay varios gobiernos de todo el mundo, muchos de ellos latinoamericanos, que están adoptando políticas que buscan destruir la protección de los derechos humanos y los avances en temas como equidad racial y de género, y justicia.

«Están tratando de socavar los esfuerzos por reconocer los derechos universales, eso es lo que está sucediendo en este país (Colombia). En Latinoamérica, hay varios líderes recientemente elegidos que están adoptando las maneras y la visión de Donald Trump», alerta.

En opinión de AI, el mandatario estadounidense es «un depredador, que busca destruir con el fin de controlar» con aliados que «creen en su ideología y están dispuestos a hacer tratos con él para obtener algunos beneficios».

«Así que la región se encuentra realmente en una encrucijada, una encrucijada peligrosa (…) esta tendencia actual de líderes populistas que adoptan las maneras y la política de Donald Trump es extremadamente destructiva de todo lo que se ha construido en las últimas dos o tres décadas», señala Callamard.

Esto no quiere decir, según la secretaria general de AI, que esa organización no vea los problemas que hay en países como Cuba o Venezuela.

«Amnistía Internacional lleva cuatro años denunciando las violaciones cometidas por las autoridades cubanas. Lo mismo ocurre en Venezuela, donde hemos argumentado que las autoridades de ese país han cometido crímenes de lesa humanidad y deben rendir cuentas», concluye.

Con información de Efe

Desde hace cinco días, la madre de Wilber Garcés Pérez, Flor Pérez, ha tenido la tensión arterial alta y dolores de cabeza de saber que su hijo está detenido, todavía con la bala en la espalda que le disparó un agente migratorio el domingo. Al mismo tiempo, busca explicaciones que darle a su nieto de siete años, que insiste en que quiere hablar con su padre.

“Mis pensamientos, mis oraciones, mi corazón, mi alma, todo está con él”, dice a EL PAÍS Flor Pérez en un mensaje de voz. “Estoy orando para que salga de ahí y me lo operen, que es lo que a mí me importa más en este momento”, comenta ella desde la ciudad de Barquisimeto, a cinco horas al oeste de Caracas, la capital de Venezuela, donde se encuentra visitando al hijo de Wilber.

 “Quiere sentirse cerca de su hijo al estar con su nieto”, cuenta la hermana de la señora Flor, Jacqueline Pérez.

El domingo 20 de septiembre, después de ser perseguido por agentes migratorios en Austin, Wilber llamó a su mamá por video. Ya había recibido el disparo de un agente de inmigración mientras iba de camino a entregar un pedido de la aplicación DoorDash. Lo recuerda angustiado, con dolor: “Esto me ha afectado enormemente”.

Desde ese día, Wilber, de 28 años, ha estado en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al sur de Texas, en la desolada ciudad de Pearsall.

Desde ese día, ella no ha podido hablar directamente con su hijo. Se entera de las noticias por la abogada de inmigración, Kate Lincoln Goldfinch, que lo representa, o por la pareja de Wilber.

Lea también: Amnistía Internacional denuncia al gobierno de Trump por violar DD. HH. con operaciones migratorias entre

Jacqueline Pérez asegura que su sobrino Wilber Rafael es tranquilo, que “nunca se ha metido en problemas”; que mientras estuvo en Venezuela, solo se dedicó a estudiar y trabajar para apoyar a su padre con los gastos de la casa.

“Le iba bien en sus estudios, no tenía que hacer mucho esfuerzo”, cuenta. Su gran pasión, dice, eran el béisbol y el fútbol. “Siempre ha sido apasionado de los deportes. Era exagerado. Se lastimaba para meter un gol, se raspaba las piernas, y yo le decía que si creía que iba a un mundial”.

Wilber fue parte de un equipo de fútbol en su pueblo natal, Yaritagua, una ciudad en el Estado de Yaracuy. Pero tuvo que retirarse cuando la crisis política y económica del país comenzó a vaciar los bolsillos de los venezolanos. Para ese tiempo, antes de 2014, cuando emigró a Estados Unidos, también tuvo que dejar sus estudios en un instituto de formación en carreras administrativas.

Su único hijo, de siete años, también lo recuerda con admiración. En un mensaje de voz enviado por WhatsApp a EL PAÍS, su abuela Flor le preguntó: “¿Quién es el hombre a quien tú más amas en este mundo?”. Y él respondió, sin dudar: “A mi papá”.

Flor Pérez dice que desde el domingo, el niño ha pedido cada noche llamar a su padre, como es habitual. Ella ha tenido que decirle que está ocupado, que no puede hablar por ahora. La noche del martes, el niño insistió en mandarle un audio a su padre para tocarle una canción con la flauta que la abuela le había regalado.

Vivir en Estados Unidos le permitió a Wilber tener un mejor salario que en Venezuela. Para el padre, esto es primordial: quiere darle mejores condiciones a su hijo, que sufre un trastorno neuromuscular de nacimiento que le dificulta el caminar. Por eso ese domingo hacía una entrega de DoorDash, porque su hijo requiere terapias físicas costosas para poder mejorar su movilidad. Y en efecto, dice la tía, ha mejorado.

La abogada Lincoln ha explicado que Wilber fue admitido en Estados Unidos por autoridades migratorias en 2024. Pidió asilo. Su caso se complicó porque la corte le envió una notificación para una audiencia a su antigua dirección de domicilio, pese a que él había notificado de su mudanza. Al no asistir a la cita, el juez ordenó su deportación en ausencia. El ICE aseguró que esa orden lo convirtió en objetivo de la agencia y que por eso lo detienen.

La familia de Wilber no puede creer lo que vive. Su tía Jacqueline Pérez asegura que desde el domingo “han sido días de infarto”. Ella dejó de leer y escuchar noticias sobre el caso y ahora solo busca lo que diga la abogada Lincoln. Cuando ve los videos de la detención y la respuesta de las autoridades, llora: “Es muy doloroso ver lo que le están haciendo. Tenemos el pecado de ser venezolanos”.

Desde el domingo, Wilber ha sido evaluado por tres médicos. La primera revisión fue justo después del operativo de su detención el domingo, cuando recibió el disparo. Su abogada, Kate Lincoln Goldfinch, denunció que fue dado de alta en menos de cuatro horas, para ser trasladado al centro de detención del ICE.

En esa ocasión, la bala no fue removida de su espalda, aunque los médicos le habían dicho a Wilber que lo prepararían para una cirugía. En esa visita también supo que el proyectil había fracturado su clavícula y que se había alojado en la parte alta de la espalda, cerca de su columna vertebral.

La segunda visita al médico fue el lunes por la noche: el congresista texano Joaquín Castro dijo entonces que estaba perdiendo la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo y que había sido trasladado a un hospital bajo extremo dolor. En ese momento, tampoco se le retiró la bala y fue devuelto a medianoche al centro de Pearsall.

La tercera visita de Wilber a un médico especialista fue el miércoles. Coincidió con la visita del congresista de Austin, Greg Casar, al centro del ICE en Pearsall. El médico le confirmó que requería una cirugía para extraerle la bala “o la movilidad de su brazo podría verse afectada de por vida”, dijo este jueves en un correo la oficina de la abogada Lincoln. Sigue teniendo un dolor intenso pese a estar recibiendo analgésicos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió en un comunicado en su cuenta de X a Casar que “los procedimientos médicos son competencia exclusiva del hospital” y que la agencia federal “no dio ni dará instrucciones al personal hospitalario sobre cómo realizar su trabajo”.

Para Jacqueline Pérez, el trato de los agentes hacia Wilber Garcés y sus respuestas le dan la sensación de que en Estados Unidos “si eres migrante, no tienes derechos”. Desde Venezuela, Flor Pérez asegura que solo les queda confiar en Dios, porque “él todo lo puede”.

El País

Las redadas de ICE en EE. UU. han cambiado la vida cotidiana de todos los migrantes. La zona de El Doral, ubicada en el condado de Miami-Dade, está prácticamente desolada, el miedo se apoderó de la gente. en una ciudad donde cuatro de cada diez residentes son de origen venezolano, la incertidumbre se siente en las calles, las aulas y la economía.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

El martes 25 de agosto, estaba previsto que fuera una tranquila mañana de vuelta a las clases para los niños de la localidad de Danbury (Connecticut), pero terminó siendo "siniestra".

Con este término ha calificado el senador Chris Murphy lo que está ocurriendo. Alertó en redes sociales de que "ICE arrestó a padres en las paradas de autobús escolar. Pero la cosa es aún más siniestra", advirtió.

"ICE esperó a que los niños subieran al autobús para que, al final del día, cuando estuvieran en la escuela, quedasen solos y aterrorizados por no encontrar a sus padres", escribió en un mensaje en el que añadió que se dirigía a la localidad.

Las familias con menores en edad escolar serían los objetivos de una política antiinmigración que no solo dirige sus operativos a ellas, las familias con escolares. En las últimas 48 horas se han multiplicado los arrestos a inmigrantes tanto en Danbury, como en Stamford (Connecticut).

En los videos difundidos se puede ver cómo los arrestados vestían con ropa de trabajo y cómo los agentes apuntaban hacia ellos tratando de reducirlos con lo que parece ser un artefacto taser.

En una de las secuencias, aparecen varias personas esposadas en la calle, antes de ser trasladadas en vehículos.

También se ve cómo los vecinos quedan impactados ante la escena y los agentes les tienen que decir que continúen su paso.

Y cómo uno de los vecinos que se topa con el operativo graba con su celular mientras les pide a los agentes que se identifiquen y que muestren la orden de búsqueda. El mismo vecino se dirige a los arrestados, en tono cómplice, para que recuerden no decir su nombre, no firmar nada. Y le grita a los agentes: "¡Sois unos j*** nazis!".

Ante la situación de varios arrestos concentrados en pocas horas, el alcalde Roberto Alves llegó a publicar en sus redes sociales un video en el que reconocía que "la comunidad está asustada en su día a día, les da miedo ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio, manejar hacia casa... Por estos operativos de ICE en el primer día de clases".

 El alcalde, quien también es el presidente estatal del Partido Demócrata, contó una anécdota muy personal y reveló que no pudo estar presente porque había viajado para celebrar el 100 cumpleaños de su abuela, pero que ya está de regreso para hacer "lo poco" que, reconocía, "podemos hacer las autoridades locales frente a operativos de ICE".

"Parece que iban simplemente seleccionando gente por su apariencia de inmigrante. Están particularmente persiguiendo a los latinos de Centro y Suramérica".

En el video que publicó en Facebook denunció que no eran operativos dirigidos, con órdenes de búsqueda. "Parece que iban simplemente seleccionando gente por su apariencia de inmigrante. Están particularmente persiguiendo a los latinos de Centro y Sur América", criticó.

En su discurso en video mostró una iniciativa local, la llamada 'Tarjeta Conoce tus Derechos', una tarjeta roja que condensa recomendaciones sobre qué hacer si se encuentran con un operativo migratorio; y recordó brevemente que hay que recordarles a los vecinos que no abran la puerta si los agentes no tienen una orden de búsqueda, que no se suban al coche ni firmen nada.

Lea también: Cuatro muertos en ataque de EE. UU. a supuesto barco narcotraficante en el Caribe 

Reconoció que la situación es grave. "Va a haber niños hoy que no encuentren a sus padres al salir de clase y necesitan nuestra ayuda (...) Tenemos que ayudar a nuestros vecinos", expresó haciendo un llamamiento a la unidad y a que la población inmigrante contribuye y son parte de la comunidad.

 La falta de información pública ha llevado a activistas comunitarios a recabar toda la información posible para cuantificar las detenciones y brindar apoyo a los arrestados y sus familias.

 Según Carolina Bortolleto, de las organizaciones Greater Danbury Area Unites for Immigrants y CT Students for a Dream, en los últimos dos días se han producido más de 20 detenciones en Danbury.

En Stamford, la portavoz de la organización Standford Norwalk Unido por los Inmigrantes Marcella Branca confirmó que se han producido al menos seis detenciones.

Branca aseguró que en la mañana del martes vio a hombres con chalecos antibalas del ICE en dos vehículos frente a una parada de autobús escolar en Stamford, mientras los niños esperaban a que los recogieran.

Ante estos operativos que afectarían a escolares que acaban de empezar las clases, las escuelas públicas de la localidad hicieron público un comunicado que decía: “Queremos reiterar que las Escuelas Públicas de Stamford dan la bienvenida a todos los niños, independientemente de su raza, religión, género, discapacidad, origen socioeconómico o estatus migratorio”, declaró la portavoz, Kathleen Steinberg, en un comunicado.

“Agradecemos a nuestros colaboradores comunitarios y al personal del Centro de Bienvenida de las Escuelas Públicas de Stamford, quienes trabajan arduamente para brindar apoyo a los estudiantes y sus familias afectados por la reciente actividad del ICE”, comunicaron solidarizándose con las familias afectadas.

Protestas de calle

En uno de los escenarios de la redada masiva, el Kennedy Park, se ha organizado un acto que ha contado con la presencia de representantes políticos y organizaciones sociales.

 Acudieron el gobernador Ned Lamont, el senador Chris Murphy, la representante Jahana Hayes, la vicegobernadora Susan Bysiewicz, el alcalde de Danbury, Roberto Alves, y representantes de Danbury Unites for Immigrants (Danbury se une por los Inmigrantes).

Lamont condenó el aumento de las medidas de control y cuestionó si los operativos estaban centrados en personas que representan una amenaza para la seguridad pública.

"Recientemente hablé con el secretario Mullin y le dije: 'Estoy indignado'", declaró Lamont. "Son los primeros días de regreso a clases de nuestros hijos y hay gente patrullando alrededor de nuestros juzgados y escuelas. ¡Manténganse alejados!", pronunció en el escenario habilitado.

El gobernador afirmó que los funcionarios de Connecticut tienen autoridad limitada para impedir que los agentes federales lleven a cabo labores de control migratorio, pero aseguró que el estado continuará trabajando para proteger los derechos de los residentes y exigir responsabilidades a las autoridades federales.

El senador Murphy también condenó los arrestos multitudinarios de los últimos días. "Se están llevando a gente que está aquí legalmente, con permisos de trabajo siguiendo su proceso migratorio", criticó. "ICE debe depurar responsabilidades, y el Congreso no puede destinar un solo dólar más a ICE".

La polémica de la Casa Blanca: 'El autobús mágico de la deportación'La vuelta a las aulas, marcada por una intensificación de los operativos de ICE, coincide con una publicación reciente de la Casa Blanca en redes sociales en la que la que caricaturiza la popular serie infantil de los años 90 'El autobús mágico'.

La ilustración muestra el tradicional autobús amarillo convertido en un vehículo de deportación. En su interior aparecen varias personas esposadas, mientras que al frente se observa a la conductora del programa animado. La publicación está acompañada por la frase “Please let this be a normal field trip…” (“Por favor, que este sea un viaje escolar normal…”).

En el hilo de la publicación refieren además a una noticia reciente sobre una "operación masiva en Washington DC" que se saldó con el arresto de unos 1,328 inmigrantes en dos semanas.

Con información de Univisión

Las autoridades de Estados Unidos, a través del ICE, arrestaron en las últimas horas a 1.328 inmigrantes ilegales en Virginia y Maryland en una amplia operación de aplicación de la ley, informó la cadena Fx News.

La información, aseguran que fuentes federales describen como una de las operaciones más exitosas de la agencia hasta la fecha. 

Lea también: EE. UU. promete asfixiar económicamente a Irán

Agrega que casi 400 de los arrestados tienen condenas penales o cargos pendientes, según ICE. 

En la operación también fueron capturados presuntos miembros de MS-13, Tren de Aragua y la Pandilla de la Calle 18. 

“Entre los detenidos se encuentra un nacional salvadoreño arrestado en Richmond, a quien las autoridades dicen que se le busca por una orden de captura por asesinato”, asegura el boletín.

ICE arrested more than 1,300 illegal aliens in a two-week operation across Maryland and Virginia, including about 400 with criminal convictions or pending criminal charges for crimes, including: • A Salvadoran national with a murder warrant • A Haitian national with a… pic.twitter.com/6GhzSWgS9n

Los planes para dotar a los agentes de migraciones de Estados Unidos con guantes capaces de propinar descargas eléctricas aumentan la preocupación por posibles abusos de parte de un cuerpo que, según sus críticos, actúa con celo excesivo y carece de la formación adecuada.

"Como si no bastara con agredir y disparar a personas en las calles", declaró en X el representante demócrata Maxwell Frost. "Ahora gastan 20 millones de dólares en dolorosos guantes de descarga eléctrica para sus matones enmascarados que actúan al margen de la ley".

"Hay que frenar al ICE", afirmó Frost en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia encargada principalmente de ejecutar el plan del presidente Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

El ICE ha sido objeto de críticas debido a una serie de tiroteos mortales durante operaciones de control, incluidos los casos de dos ciudadanos estadounidenses en Minesota, ocurridos en enero, que participaban en protestas contra la agencia.

Los críticos han centrado su atención en la mano dura empleada por los agentes del ICE para detener a inmigrantes y en una supuesta rebaja de los estándares de formación para los nuevos reclutas.

El plan de adquisición de estos guantes —informado inicialmente por Associated Press— contempla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia matriz del ICE, gaste entre 10 y 20 millones de dólares en dispositivos descritos como herramientas de "distracción y desescalada".

El dispositivo GLOVE (siglas en inglés de Emisor de Voltaje de Baja Intensidad Generado) es fabricado por Compliant Technologies, una empresa con sede en Kentucky que se presenta en su sitio web como proveedora de "herramientas no letales de última generación para empoderar y proteger a quienes sirven".

El GLOVE propina una descarga menos potente que la de una pistola Taser, otro dispositivo utilizado por las fuerzas del orden para reducir a sospechosos.

En respuesta a consultas sobre los guantes, el DHS declaró que el ICE "evalúa constantemente las necesidades de sus agentes sobre el terreno para garantizar que dispongan de las herramientas y el equipo necesarios para detener y expulsar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales".

"Cada decisión se toma tras un análisis minucioso y se revisa adecuadamente para asegurar que cualquier tecnología utilizada por el ICE sea coherente con todas las políticas y normas aplicables a las fuerzas del orden", afirmó el DHS en un comunicado.

John Sandweg, quien se desempeñó como director interino del ICE bajo la presidencia del demócrata Barack Obama, declaró en una entrevista con MS NOW que los agentes del ICE tienen un "trabajo increíblemente difícil", pero expresó su preocupación por los guantes de descargas eléctricas.

"Desplegar esta tecnología —que, hay que reconocer, es menos que letal— en una época en la que realmente no tenemos mucho interés en capacitar a los agentes sobre cómo utilizarla, resulta verdaderamente alarmante", afirmó Sandweg.

"No hace falta mucha imaginación para visualizar el uso de esta tecnología contra una madre que, tal vez, solo ofrece una resistencia mínima al verse separada de sus hijos", señaló. "Es demasiado fácil que se haga un uso indebido de ella contra una población que no representa ninguna amenaza".

La representante demócrata Pramila Jayapal expresó inquietudes similares.

"El ICE ha puesto en el punto de mira a manifestantes y ciudadanos comunes que se dirigían al trabajo o a llevar a sus hijos a la escuela", escribió en X.

"Esto no aumentará la seguridad de nadie; de hecho, simplemente dota al ICE de otra herramienta peligrosa para actuar contra ciudadanos (estadounidenses) e inmigrantes por igual".

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció en julio que presentó más de 50 demandas contra el gobierno federal en nombre de personas y familias presuntamente perjudicadas por actos de agentes de inmigración en 17 estados y en Washington.

También en julio el ICE detuvo a más de 51.000 personas por infracciones migratorias en todo el país —la cifra más alta en un solo mes desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025—, según informaron medios estadounidenses citando fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

AFP

La futbolista venezolana Claudia Rodríguez, de 28 años, fue liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) luego de permanecer detenida durante casi tres semanas tras ser arrestada cuando intentaba viajar al estado de Carolina del Norte.

La liberación se produjo días después de que familiares y dirigentes políticos locales realizaran una protesta frente al centro de detención de Pompano, en Florida, donde exigieron su excarcelación.

Gabriel Domínguez, primo de la joven, explicó que Rodríguez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2017 y solicitó asilo. Según relató, posteriormente obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y se encontraba a la espera de la audiencia de su caso migratorio.

 Lea también: Rubio agradece a Paraguay el apoyo al proceso de transición en Venezuela

«Ella llegó en el 2017 legalmente, somos venezolanos, pidió su asilo. En el proceso le aprobaron el TPS y estaba esperando su día de corte. No tuvo ninguna infracción ni crimen y, aun así, la detuvieron», afirmó.

La congresista por Florida Debbie Wasserman Schultz también cuestionó el arresto de la venezolana y aseguró que Rodríguez no posee antecedentes penales. Además, denunció las condiciones en las que permaneció recluida durante los primeros ocho días en el centro de transición de Miramar.

«Claudia no tenía ningún tipo de récord criminal. Su detención es inaceptable. Pude hablar con ella y nos contó las terribles condiciones que vivió mientras estuvo detenida», expresó la legisladora.

 Su primo denunció que la joven durmió en el piso, perdió aproximadamente 15 libras de peso y permaneció en una celda con unas 75 personas, sin acceso adecuado a duchas durante varios días.

Domínguez describió a Rodríguez como una deportista ejemplar y una joven dedicada a sus estudios, quien en 2025 culminó una maestría en Administración de Empresas.

«Mi prima es una de las mujeres más impresionantes que conozco. Ama a su familia y a los deportes. No podemos dejar que el miedo nos quite la humanidad», afirmó.

Por su parte, ICE informó que entre el 1 y el 26 de julio fueron detenidos 5.605 inmigrantes indocumentados en el área de Miami. Sobre la situación de los venezolanos con TPS, el organismo recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin al Estatus de Protección Temporal para Venezuela el 20 de noviembre de 2025.

«Temporal significa temporal. El TPS nunca fue concebido como un programa de amnistía de facto; sin embargo, así es como administraciones anteriores lo utilizaron durante décadas. La administración Trump está restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración para mantener segura nuestra patria y a su población. Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado», señaló ICE en un comunicado.

Con información de Telemundo 51

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a un  migrante venezolano acusado por varios delitos y por presuntamente ser miembro del Tren de Aragua.

En las redes sociales del ICE, se informó, además de la detención de otros 13  “extranjeros ilegales criminales en todo el país, condenados por crímenes despreciables que incluyen agresión sexual a un menor, trata de personas con fines de servidumbre sexual, solicitud sexual a un menor, violación, secuestro y otros delitos atroces”.

Lea también: MUERE OTRO PRESO por deterioro de su salud y falta de atención 

Según detalló el Departamento de Seguridad Nacional, se trata de Samir Alejandro Flores De León, quien es un “condenado por falsificación, hurto y robo con allanamiento de morada” que “se encuentra bajo custodia del ICE”.

“Es un asociado conocido del ‘Tren de Aragua’ y cuenta con una orden final de expulsión emitida en 2024”, l señala el reporte.

Entre los arrestados destacan migrantes procedentes de nMéxico, Ghana, India, Nigeria, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Cuba, Colombia y Ecuador, condenados por delitos en distintos estados.

Samir Alejandro Flores-De Leon, a criminal illegal alien from Venezuela convicted of forgery, larceny and burglary, is in ICE custody.He’s a known Tren de Aragua associate and has a 2024 final order of removal on the books. pic.twitter.com/glTLMhoYL0

Un médico venezolano especialista en medicina familiar fue detenido el pasado 6 de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza en un punto de chequeo en Texas por supuestamente haber violado los términos de su visa, denunciaron   sus familiares, quienes incluso desconocen dónde se encuentra retenido.

El doctor Ezequiel Véliz había ingresado legalmente a Estados Unidos, pero perdió su permiso de trabajo cuando venció su estatus migratorio, mientras intentaba renovar su visa.

 Fue detenido durante un control en carretera a pesar de explicar que estaba en proceso de regularizar su situación y que estaba casado con un ciudadano estadounidense, ha asegurado su familia.

Lea también: Habrían trasladado a Josnarse Baduel a la enfermería de El Rodeo I "por una crisis" 

El galeno había sido reconocido como “residente del año” en 2025 en UT Health, Rio Grande Valley, y atendía pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

 Hasta la fecha, su familia no sabe en que centro de detención esta. Ha podido hacer un par de llamadas, de apenas 1 o 2 minutos, a su mejor amiga, pero no ha podido hablar con su esposo, ni con sus abogados, ni con su mama, publicó la cadena Telemundo.

"No he sabido nada de mi hermano. [...] Yo no sé cómo está mi hermano. Honestamente, no sé en qué centro específicamente está ya que, a pesar de que han pasado 48 horas, aún no le han dado un número de caso", dijo en conversación con Noticias Telemundo su hermana, Génesis Véliz.

Con información de Telemundo.

Agentes del ICE en Seattle, Estados Unidos, detuvieron a un migrante venezolano, acusado de cometer varios delitos y ser miembro del Tren de Aragua.

“Nuestros socios federales arrestaron a Ángel Emmanuel Izarra Martínez, un delincuente inmigrante ilegal y miembro de la banda criminal terrorista Tren de Aragua, originario de Venezuela, con una orden de arresto activa en Colombia”, publicó el ICE en su cuenta en X.

Lea también: DENUNCIAN nueva forma de hostigamiento contra Josnars Baduel

 Izarra está solicitado en Colombia por homicidio, tráfico de armas de fuego y tráfico de drogas.

Mientras que “su historial delictivo en Estados Unidos incluye un arresto en Nueva York por falsificación, conducir sin licencia y conducir bajo los efectos del alcohol”.

 Sin embargo, también “tiene orden de arresto extranjera por los siguientes cargos: tráfico de cocaína y cannabis, organización criminal, torturas y actos bárbaros y lesiones que causan la muerte”.

TDA MEMBER WANTED FOR MURDER IN COLOMBIA: DETAINEDICE @EROSeattle and our federal partners arrested Angel Emmanuel Izarra Martinez, a criminal illegal alien and Tren de Aragua terrorist criminal gang member from Venezuela with an active arrest warrant in Colombia for:… pic.twitter.com/o3ArO1kvAl

La policía migratoria de Estados Unidos detuvo a un venezolano señalado por cometer varios delitos y ser integrante del Tren de Aragua, informó el ICE.

“El ICE @HSINewark arrestó a Jeandrik Gabriel Graterol Reyes, un delincuente inmigrante ilegal de Venezuela y miembro confirmado del Tren de Aragua, una organización terrorista designada, durante una operación de control selectivo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el 8 de marzo”, publicó el organismo en su cuenta en X.

Indica que “los antecedentes penales de Graterol Reyes incluyen una condena relacionada con la cocaína”.

Lea también: EE.UU. arresta a líder del Tren de Aragua implicado en el asesinato de Ronald Ojeda en Chile

ICE ARRESTS TdA TERRORIST AT NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT ICE @HSINewark arrested Jeandrik Gabriel Graterol Reyes, a criminal illegal alien from Venezuela and confirmed member of Tren de Aragua — a designated terrorist organization — during a targeted enforcement… pic.twitter.com/eAuN8t7pGx

Asimismo, anuncia que el sujeto “permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación”.

Indica también que “el Grupo del Aeropuerto de Newark de ICE HSI inició la investigación tras recibir información de que el extranjero viajaba en un vuelo nacional procedente de Orlando”.

Agrega que  “el ICE HSI recibió asistencia fundamental de la Oficina de Operaciones de Fugitivos de ICE ERO Newark, la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE y el Servicio Federal de Alguaciles Aéreos de la TSA”.

Gaby Duarte creía que Estados Unidos ofrecería protección a su familia después de que huyeran de la persecución política en Venezuela.

 “Allá vamos a sentirnos seguros, vamos a estar bien, vamos a estar a salvo en Estados Unidos”, recuerda, entre lágrimas, al describir cómo su esposo, Carlos García —exalcalde venezolano y opositor al gobierno del derrocado Nicolás Maduro— la convenció de mudarse a Ohio.

Esa sensación de seguridad se derrumbó el viernes, cuando García fue encarcelado, no por fuerzas de seguridad venezolanas, sino por autoridades de inmigración estadounidenses. Fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una revisión rutinaria de su estatus migratorio y ahora espera juicio en la cárcel del condado de Butler, en Hamilton, Ohio.

En 2017, la pareja huyó de la ciudad donde ambos crecieron, la ciudad andina de Mérida, en el occidente de Venezuela, donde García se desempeñó como alcalde desde 2013, y se trasladó a Colombia. Cinco años después, se reasentaron en Estados Unidos mientras solicitaban asilo político.

En Venezuela, García enfrentaba hasta 15 meses de prisión por oponerse al entonces presidente Nicolás Maduro.

Duarte teme que, si pierde su caso, García pueda ser deportado de regreso a Venezuela, ahora gobernada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

“Una deportación pondría en riesgo su libertad y su vida, así como la vida de nuestra familia”, dice Duarte a sus seguidores en un video publicado en Instagram poco después de la detención de García.

En declaraciones a CNN, Duarte relató que vio a dos agentes de ICE vestidos de civil entrar a la sala donde su esposo estaba siendo interrogado, antes de llevárselo esposado.

“Solo me dijo: ‘No te preocupes, todo va a estar bien…’, y luego se lo llevaron”, cuenta, y agrega que todavía intenta entender por qué su propia entrevista, minutos antes, terminó sin incidentes.

Lea también:Agentes del ICE detienen al exalcalde de Mérida Carlos García: PJ alerta que puede ser deportado a Venezuela

En un comunicado, ICE informó a CNN que García fue detenido por primera vez en febrero de 2022 tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos y que posteriormente fue liberado. La agencia señaló que García “permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos migratorios y recibirá el debido proceso”.

Duarte dijo a CNN que cruzaron el río Bravo y se entregaron voluntariamente a las patrullas fronterizas al llegar a Estados Unidos. Aseguró que su esposo presentó de inmediato la solicitud de asilo. Los hijos de la pareja, Carlota, de 7 años, y Carlitos, de 5, no fueron detenidos.

“Son tan pequeños que tuvimos que decirles que papá se va a quedar unos días fuera para resolver unos asuntos del papeleo, pero que volverá pronto”, dice Duarte, temerosa de que llegue el momento en que tenga que romper esa promesa y explicarles una eventual deportación de su padre.

Con información de CNN

 Estrellas de Hollywood aprovecharon su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance el sábado para denunciar la muerte de un hombre estadounidense, baleado en Mineápolis por agentes federales de inmigración.

La actriz Olivia Wilde, que se encontraba en Park City, Utah, para el estreno de "The Invite", afirmó que la muerte de un segundo manifestante en apenas tres semanas a manos de agentes federales era "inconcebible".

"No me puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle", dijo a AFP.

"Estos valientes estadounidenses que salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, 'agentes' del ICE, y ver cómo los asesinan (...) es inconcebible. No podemos normalizar eso".

Los comentarios de Wilde llegan tras el asesinato del enfermero de la UCI Alex Pretti, de 37 años, quien murió tras ser inmovilizado contra el suelo y recibir múltiples disparos por parte de agentes federales.

Lea también:Agentes del ICE matan a tiros a otra persona en Mineápolis

Su muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

Wilde, que llevaba una insignia con el mensaje "ICE OUT", dijo que la violencia del gobierno estadounidense contra personas que ejercen su derecho a la libre expresión es "antiestadounidense".

"Puede que tengamos un gobierno que de algún modo esté intentando buscar excusas y legitimar esto, pero nosotros [los estadounidenses] no", sostuvo.

Por su parte, la actriz Natalie Portman, que promocionaba "The Gallerist", se emocionó al explicar cómo se sentía, dando cuenta de un "día horrible"

"Lo que está ocurriendo en nuestro país es simplemente obsceno", declaró a AFP en Park City.

"Lo que le están haciendo [el presidente Donald] Trump y [la secretaria de Seguridad Nacional] Kristi Noem y el ICE a nuestros ciudadanos y a las personas indocumentadas es indignante y debe terminar".

Con información de AFP

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Mineápolis el sábado, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación.

La muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados.

El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a "un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta" en una "operación selectiva", según un comunicado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que las autoridades estatales dirigieran la investigación.

"No se puede confiar en el gobierno federal para liderar esta investigación. El estado se encargará de ello, punto", dijo el gobernador.

Un video que circula en redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción "POLICÍA", rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

En rueda de prensa, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó al presidente Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración, que ha provocado masivas manifestaciones, algunas violentas.

"Este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación", subrayó.

El presidente Trump acusó a los dos políticos del Partido Demócrata, de "incitar la insurrección".

"El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El jefe de policía, Brian O'Hara, dijo que la situación después del tiroteo era "increíblemente volátil" y llamó a los residentes a evitar la zona.

Los agentes, que declararon a la nueva protesta como una reunión ilegal, desplegaron gases lacrimógenos mientras la multitud crecía y se utilizaron contenedores de basura para crear barricadas en un concurrido barrio del sur de Mineápolis, conocido por sus restaurantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en X que "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm" y que sus agentes intentaron desarmar al hombre, quien, según afirman, "se resistió violentamente".

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar", dijo el DHS.

O'Hara dijo que la policía creía que la víctima era un "propietario legal de armas con permiso de porte". Minnesota permite el porte de armas de fuego si se tiene autorización.

Lea también:Agentes del ICE detienen al exalcalde de Mérida Carlos García: PJ alerta que puede ser deportado a Venezuela

🚨 DISTURBIOS EN MINNEAPOLIS TRAS TIROTEO DE ICESe registran disturbios masivos en Minneapolis luego de que agentes de inmigración mataran a tiros a un hombre durante una operación federal. Las tensiones estallaron mientras manifestantes reclamaban el fin de las redadas pic.twitter.com/sky8q8xLiK

Walz había denunciado poco antes "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales, en momentos en que Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

"Minnesota ya está harta. Esto es repugnante", dijo Walz en X.

"El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", agregó.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas.

Mineápolis ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good, de 37 años, el 7 de enero.

Una autopsia concluyó que fue un homicidio, lo cual no significa automáticamente que se haya cometido un delito. El oficial responsable de los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado.

La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia.

"Donald Trump y todos sus subordinados que ordenaron este despliegue del ICE: vean el horrible video del asesinato de hoy. El mundo está mirando", dijo en X la senadora demócrata Amy Klobuchar.

Trump ya ha amenazado antes con invocar la Ley de Insurrección para enviar soldados a Minnesota, donde continúan las protestas por la campaña antiinmigración del gobierno federal.

Con información de AFP

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron este viernes al exalcalde de  Mérida Carlos García, en un operativo en Cincinnati, Estados Unidos.

La presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, alertó que García «corre peligro» si es deportado de Estados Unidos a Venezuela.

En su cuenta en X, Martínez explicó que García, quien fue alcalde del municipio Libertador del estado Mérida entre 2013 y 2017, tenía asilo y permiso de trabajo «vigente hasta 2030», pero, a pesar de esto, fue detenido por «dos funcionarios que se lo llevaron esposado, sin causa alguna».

Lea también:Anulan sentencia contra estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado y ordenan nuevo juicio

 «Su vida corre peligro en el caso de ser deportado. Carlos es un ciudadano trabajador, ejemplar, sin récord criminal, padre de familia», indicó Martínez.

García salió del país luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo destituyera de su cargo.

#URGENTE Alertamos sobre la detención de Carlos García, exalcalde de Mérida y perseguido político del régimen venezolano, por parte del @ICEgov en Cincinnati.A pesar de tener asilo y permiso de trabajo vigente hasta 2030, fue detenido hoy #23Ene, por dos funcionarios que se lo… pic.twitter.com/JsmCzxW5Ol

 Un agente federal de inmigración disparó este miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron "mantener la calma" una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad.

El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

"Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad del Medio Oeste en la red social X.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

"Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo.

Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.

"Esto no es sostenible", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: "Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos".

"Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos", insistió.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad".

Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".

Con información de AFP

Miles de manifestantes salieron este sábado a las calles en Estados Unidos para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes en Mineápolis.

En esta ciudad del norte del país, los manifestantes portaron pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, desafiando el frío de -7 grados durante una concentración en un parque cercano al lugar de la tragedia.

La movilización tuvo como consigna "ICE, fuera para siempre", que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

Al inicio de la protesta, una voz gritó: "¡Digan su nombre!". Y la multitud respondió: "¡Renee Good!". Para el domingo se planearon más protestas.

"Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria", dijo a la AFP Drew Lenzmeier, de 30 años, en la protesta en Mineápolis.

"Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto", añadió.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. "El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable", dijo Torcaso.

Los organizadores informaron de más de 1.000 eventos planeados en todo el país.

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, bastión demócrata, sino entre una población preocupada por la política antiinmigración de Trump.

Lea también:  Juez ordena a TRUMP que permita "debido proceso" a migrantes venezolanos enviados a El Salvador

El sábado por la mañana, tres legisladoras demócratas del estado de Minnesota en la Cámara de Representantes se dirigieron a un edificio federal en las afueras de Mineápolis donde opera la policía de inmigración, entre ellas Ilhan Omar, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí.

Pero poco después de entrar, les pidieron que se marcharan, según contaron. "Lo que ocurrió hoy es un intento flagrante de impedir que miembros del Congreso ejerzan su misión de control", lamentó Ilhan Omar.

El gobierno sostiene que el agente actuó en legítima defensa. Según la versión de la administración, Good quiso atropellar al agente implicado, Jonathan Ross, y es una "terrorista doméstica".

En un video de celular se ve a Good en el volante, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al vehículo, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga del carro, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

La Casa Blanca ha insistido en que las imágenes dan peso al argumento de la legítima defensa. Pero desde el miércoles han circulado videos tomados por testigos que sugieren que el agente no habría estado en peligro, sino que se ve cómo Good intenta evadirlo.

En la noche del viernes, cientos de personas realizaron manifestaciones frente a hoteles de Mineápolis donde se cree que se hospedan los agentes del ICE. Veintinueve personas fueron detenidas, multadas y luego rápidamente liberadas, indicó la policía de la ciudad.

Funcionarios y residentes del estado de Minnesota han cuestionado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación del FBI sobre la muerte de Good.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación.

Con información de AFP

El correo electrónico de un funcionario de inmigración de Estados Unidos presentó a Kelly y Yerson Vargas ante una dura elección: aceptar la deportación a su natal Colombia o arriesgarse a ser acusados ​​de un delito y separados de su hija de 6 años, María Paola.

 Los Vargas, recluidos en un centro de detención de Texas, ya habían recibido una orden de deportación y habían sido presionados para abordar vuelos a Colombia. 

Se habían resistido porque habían presentado solicitudes de visa como víctimas de trata de personas, alegando que enfrentaban trabajos forzados y amenazas de muerte por parte de miembros de cárteles en México durante su tránsito hacia Estados Unidos.

En el correo electrónico , el oficial de inmigración amenazó con procesarlos por no cumplir con la orden de deportación, un estatuto rara vez utilizado y que podría llevar a 10 años de prisión.

Su caso ilustra cómo la vasta ofensiva inmigratoria del presidente estadounidense Donald Trump se basa cada vez más en amenazas de separar a las familias y otras tácticas agresivas para presionar a las personas a aceptar la deportación, incluso si han presentado reclamos legales que en administraciones anteriores les habrían permitido permanecer en el país, según inmigrantes, abogados, funcionarios actuales y anteriores y registros judiciales revisados ​​por Reuters.

Lea también: EE.UU. exigirá historial de RR.SS. a turistas exentos de visa

Estas tácticas incluyen amenazas de penas de cárcel por resistirse a una orden de deportación o cruzar la frontera ilegalmente (delitos que antes rara vez se procesaban y que llevarían a la separación de los niños), así como detenciones prolongadas sin oportunidad de buscar la liberación y deportación a terceros países lejanos, encontró Reuters.

Reuters habló con 16 abogados de inmigración, que en conjunto tienen cientos de clientes, y otras personas con amplia visibilidad sobre el creciente uso de tácticas duras por parte de la administración Trump para obligar a los inmigrantes a aceptar las deportaciones.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió el enfoque de la administración Trump.

«Estamos usando todas las herramientas a nuestro alcance», declaró Homan a Reuters en una entrevista. «Todo lo que hacemos es legal».

Los Vargas decidieron abandonar sus solicitudes de visa y abordar un vuelo de deportación en noviembre, en lugar de correr el riesgo de ser separados y colocar a María Paola en un sistema de refugio federal para niños migrantes no acompañados.

“Tenía miedo de que me metieran preso y cumplieran todas las amenazas que me hicieron”, dijo Kelly Vargas.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Tricia McLaughlin, afirmó que la familia recibió una orden de deportación en 2024, la cual fue denegada en apelación y se les brindó el debido proceso. No hizo comentarios sobre la solicitud de visa para víctimas de trata de personas.

Cuando se le preguntó sobre el caso de Vargas y otra familia amenazada con cargos federales y separación, McLaughlin dijo que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no «amenazan» a las personas y les informaron apropiadamente que podrían enfrentar cargos federales.

«Estos inmigrantes ilegales violaron la ley y se les advirtió que enfrentarían las consecuencias de sus crímenes», dijo.

Los defensores de la inmigración y otros críticos afirman que los Vargas y otras personas con posibles solicitudes legítimas de residencia en Estados Unidos se encuentran en una situación prácticamente desastrosa. La administración Trump ha declarado su objetivo de deportar a un millón de personas al año, pero es probable que no lo alcance, dadas las tendencias actuales.

El DHS dijo el miércoles que la administración Trump había deportado a más de 605.000 personas desde que Trump asumió el cargo, lo que lo coloca en camino de menos de 700.000 deportaciones para fin de año.

Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, que representó a la familia Vargas, dijo que la «crueldad calculada» de la administración Trump estaba obligando a las personas a elegir la deportación.

«Mis clientes detenidos desde Nueva Jersey hasta Texas denuncian condiciones de detención hacinadas, inhumanas y degradantes, algunas de las cuales son tan insoportables que están desistiendo de sus casos de inmigración», dijo.

A medida que la administración Trump ha presionado para que haya más deportaciones, ha tratado de detener a más inmigrantes mientras se resuelven sus casos.

El número de personas detenidas por ICE ha aumentado alrededor de un 70% desde que Trump asumió el cargo en enero a casi 66.000 en noviembre de 2025, según muestran datos del gobierno.

Anteriormente, aquellos que no tenían antecedentes penales tenían buenas posibilidades de ser liberados en espera de decisiones sobre sus solicitudes de asilo y otras solicitudes.

ICE cambió su postura en julio para argumentar que esencialmente todos los inmigrantes que arrestó no eran elegibles para la fianza, un pago reembolsable hecho al gobierno para asegurar la liberación de alguien.

Un juez federal de California bloqueó la nueva interpretación de la ley por parte del ICE en noviembre. Sin embargo, algunos inmigrantes, a quienes se les advirtió que podrían enfrentar meses o años de detención mientras su caso avanzaba en los tribunales de inmigración, que ya estaban atrasados, ya habían acordado salir del país, según informaron a Reuters inmigrantes deportados y sus abogados.

Entre los que renunciaron a sus casos se encuentran una trabajadora agrícola guatemalteca que dejó a su marido y a su hijo en Florida tras ser detenida en una redada en su lugar de trabajo, un paisajista venezolano que vivía en Texas, un trabajador de la construcción ecuatoriano en Nueva York, una trabajadora social mexicana en Alabama y una estudiante de enfermería hondureña en Carolina del Norte.

La administración Trump también ha enviado a cientos de personas a terceros países con los que no tienen vínculos, una táctica que el gobierno rara vez ha empleado en el pasado. La amenaza de deportación a un tercer país, incluyendo países donde podrían ser encarcelados, llevó a algunos a abandonar sus casos, según informaron a Reuters inmigrantes, familiares y abogados.

Lourival Paulo da Silva, ciudadano brasileño, llevaba más de dos décadas viviendo en Estados Unidos cuando fue detenido por agentes de inmigración en Florida en septiembre, según su hijastra, Karina Botts. Estaba casado con una ciudadana estadounidense y, según documentos, estaba legalizando su estatus migratorio, un proceso largo debido a que había entrado ilegalmente a Estados Unidos.

Después de semanas en detención de inmigrantes, incluso en el remoto campamento de los Everglades de Florida llamado Alligator Alcatraz, donde enfermó y dio positivo para tuberculosis, da Silva se dio por vencido, dijo Botts.

Un juez le concedió la salida voluntaria -una decisión discrecional que facilita el regreso en el futuro- y salió de Estados Unidos el 10 de octubre. Botts dijo que da Silva estaba teniendo dificultades en Brasil, pero espera que su visa de inmigrante conyugal sea aprobada el próximo año para poder regresar.

Los datos de la corte federal de inmigración compilados por Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de investigación sin fines de lucro, muestran un aumento en las salidas voluntarias aprobadas por la corte.

El número de personas a las que se les concedió la salida voluntaria mientras estaban detenidas se multiplicó por más de cinco, alcanzando más de 16.000, en los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, según los datos. Esta cifra no incluye a quienes desistieron de sus casos y se ordenó su deportación.

Héctor Grillo, un venezolano de 31 años que fue detenido en Texas a principios de este año antes de ser deportado a Venezuela, dijo que pidió que lo enviaran a casa porque le aterraba terminar en una prisión en El Salvador. Un juez ordenó su deportación.

“Esa fue la manera más rápida de salir de esa tortura”, dijo Grillo.

Con información de Reuters

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó la cadena NBC News el domingo (07.12.2025).

El canal cita datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, en Berkeley, obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y procedentes de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Lea también:  Hegseth dice que EE. UU. "apenas ha comenzado" ataques contra narcolanchas

Esos 75.000 detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220.000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como Los Ángeles este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Según los detalles de los datos del 'Deportation Data Project', cerca del 90 % del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23.000 figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.

Con información de agencias y DW