La Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) cerró su XXI Jornada con un diagnóstico severo sobre la estructura fiscal que recae sobre el consumo masivo en Venezuela. 

El encuentro, con participación nacional e internacional, puso en evidencia lo que los especialistas llaman «fiscalidad oculta»: un entramado de tributos que, lejos de ser transparentes para el ciudadano común, terminan encareciendo bienes y servicios y erosionando la competitividad de la economía.

El abogado especialista en derecho tributario, Daniel Betancourt, explicó que uno de los principales problemas es el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). 

A diferencia del IVA, este tributo es plurifásico y acumulativo, lo que significa que se aplica en cada tramo de la cadena de comercialización.

“No es cierto que el consumidor final solo paga el 3% cuando compra en dólares; lo que se acumula en la cadena es mucho más”, señaló. 

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El resultado es un efecto cascada que incrementa los costos de producción y distribución, trasladándose finalmente al precio de venta.

Aunque su aporte a los ingresos ordinarios del Estado es marginal, el IGTF se ha convertido en un obstáculo para la reducción de precios y para la competitividad empresarial. Su permanencia, advierten los expertos, genera distorsiones que afectan tanto a grandes compañías como a pequeños comerciantes.

Las jornadas también abordaron impuestos especiales al consumo y regímenes simplificados, con el objetivo de elaborar propuestas que serán discutidas en plenaria por la Asamblea de la AVDT. La meta es ofrecer recomendaciones para una eventual reforma fiscal que permita aliviar las distorsiones en el corto, mediano y largo plazo.

Betancourt subrayó que el propósito del evento fue acercar el debate tributario a la ciudadanía, más allá de los círculos técnicos. «Queremos explicar fenómenos que nos impactan todos los días, como por qué los bienes y servicios en Venezuela son tan caros», dijo.

Esa «fiscalidad oculta», explicó, multiplica los precios a lo largo de la cadena y termina restringiendo la capacidad de compra de los venezolanos, un fenómeno que rara vez se percibe fuera del ámbito especializado, pero que condiciona de manera decisiva la vida económica del país.

Con información de Finanzas Digital y Fedecámaras Radio

Aunque la derogación el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares es “un alivio”, no es una eliminación, pues en el documento la tasa quedó en cero, “lo cual implica que el impuesto pudiera regresar”.

 y aspira que sea el inicio para la comprensión sobre la importancia de una reforma tributaria general de parte del Ejecutivo.

Así lo explicó la segunda vicepresidente de Fedecámaras, Tiziana Polesel, en una entrevista en Unión Radio donde admitió que la decisión anunciada por el presidente Nicolás Maduro un gran alivio y espera que sea el inicio para la revisión sobre la importancia de una reforma tributaria genera por parte del gobierno.

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Polesel hizo el pronunciamiento luego del anuncio hecho por el presidente en una reunión de trabajo de empresarios cuando firmó un decreto donde se deroga este tributo, el cual es de 2%.

La representante Fedecámaras explicó que esta medida es útil para hacer proyecciones económicas más acertadas.

“La derogación es un punto de partida para que abordemos el tema fiscal no como no pagar impuestos, sino que sean racionales y se amplíe la base tributaria para que paguemos todos y así lo que tenga que pagar cada quien es mejor”, agregó.

Las máximas autoridades de Fedecámaras y Consecomercio se mostraron satisfechas por la derogación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, en bolívares, pues consideran que es «un alivio» para las empresas, ahogadas en una cantidad de impuestos que llegan a casi uno por día.

Cabe destacar que el presidente Nicolás Maduro tomó la medida el pasado viernes, pero solo eliminó el IGTF de 2%, en bolívares y no para los pagos en dólares, por lo que el «beneficio» no llega a los consumidores que pagan con divisas, a quienes se les cobra un impuesto de 3%.

En entrevista con Unión Radio, Adán Celis, presidente de Fedecámaras, aseguró que «la decisión responde al diálogo del Ejecutivo con el sector empresarial».

«Creo que es la conclusión de mucho tiempo que veníamos nosotros solicitando que en algunos casos se derogara y en otros casos que se flexibilizara el IGTF sobre la porción en bolívares«, expresó.

Ratificó que la derogación significa «un alivio a las empresas» que enfrentan una «carga fiscal profunda».

«Esto crea una situación un poco más relajada para que las empresas puedan tener un flujo de caja más aliviado, para poder reinvertir. Esperamos que con esto ayude a que los negocios se amplíen o hasta se monten nuevos negocios», agregó.

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Por otra parte, el presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillos, aclaró que no se trata de una eliminación del impuesto, como anunció Nicolás Maduro.

Se trata de «una reducción a tasa cero», por lo cual el impuesto sigue vigente.

“Debo aclarar que el decreto no fue eliminado ni derogado, sino que fue modificado a tasa cero. Es decir, el decreto sigue vigente y esperemos que esté en tasa cero de manera permanente y no provisional”, alertó, en nota de prensa.

Sin embargo, estima que la medida va a mejorar la rentabilidad de las empresas, puesto que «60 % de la utilidad del sector comercio y los servicios se va en pago de impuestos».

También advirtió que «queda vigente el IGTF en la porción en dólares del 3 %. Entendemos que el Gobierno quiere fortalecer las transacciones en bolívares cobrando este impuesto”, señaló.

En ese sentido, conformó que actualmente 55 % de las transacciones en el país se realizan en bolívares, a través de los diferentes medios de pago.

El decreto con la medida fue publicado el mismo viernes y entró en vigencia desde este lunes 15 de julio.

«La alícuota del IGTF quedará en 0 % para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 1 al 4, del artículo 4 de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”, dice la norma.

Asimismo, quedan exoneradas “las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras”.

Y también “las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas”.

El actual candidato presidencial independiente, Benjamín Rausseo, mejor conocido por su personaje humorístico como Er Conde del Guácharo, dice que el personaje que interpretó desde hace unos 40 años, ya colgó los hábitos.

Rausseo, quien también es abogado y empresario reconocido en Venezuela, expresó durante una entrevista en la cadena de televisión Venevisión, parte de lo que sería su campaña para llegar a la presidencia de la República.

#12May ?️?️El candidato Benjamín Rausseo afirmó que ya colgó los hábitos de ‘Er Conde del Guácharo’: “Fue un personaje que me dio todo por 40 años, pero es tiempo de Benjamín y lo primero que quiero hacer es reunificar al país”, dijo.? @moropeza_vv pic.twitter.com/zSafO2uTLN

Dice Rausseo que es necesario que el país sea unificado primeramente. Considera que es necesario recuperar la economía y para ello, es imperante que se logre una estabilización política de Venezuela.

El independiente hace énfasis en que la economía es un tema prioritario que se debe atender lo antes posible.

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Para él, las actuales políticas económicas adoptadas por la administración de Nicolás Maduro no son las idóneas. Por ende, critica las acciones emprendidas desde el estado hacia el desenvolvimiento financiero y tributario del empresariado.

#12May NO ESTÁ DE ACUERDO?️??"Ya el empresario está bien golpeado para ponerle una carga que le corresponde al Estado. Yo no estoy de acuerdo. Hay que hacer una reforma tributaria, eliminar el IGTF, propongo bajar el IVA a un 12%”, expresó @ErGuacharo. pic.twitter.com/p6fcB9At3S

Sobre el tema de la nueva carga de pensionados al empresariado, dijo que es una carga. «Ya el empresario está bien golpeado para ponerle una carga que le corresponde al Estado. Yo no estoy de acuerdo».

Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), considera que el mismo debería ser disminuido al 12%, mientras que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), ve mejor que sea eliminado.

Quienes realicen pagos con tarjetas de bancos venezolanos o extranjeros desde cuentas en divisas estarán exentas de abonar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) hasta febrero de 2025.

Esta exención beneficia a aquellos que mantienen cuentas en dólares en entidades bancarias nacionales como Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco, Bancamiga, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Banplus, entre otras.

Igualmente se benefician las personas utilizan tarjetas de fintech panameñas como Wally Tech o Zinli, clientes de bancos estadounidenses como Bank of America (BofA) o Chase Bank y turistas que visiten el país y realicen pagos con tarjetas de crédito.

La medida también incluye a las remesas recibidas a través de las casas de cambio y también la compra, venta y transferencia de títulos valores.

Las casas que sirven como intermediarias como Zoom, Italcambio o Insular tampoco tendrán que cancelar este adicional del IGTF a la hora de recibir el dinero que les envían sus familiares o amigos.

Esta exoneración implica no pagar un 3% adicional por el concepto de IGTF, un costo que sí deben asumir quienes utilizan dólares en efectivo para compras en establecimientos como supermercados, farmacias, ferreterías grandes o franquicias de comida rápida designados como sujetos pasivos especiales por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

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El decreto presidencial número 4.924, publicado en la Gaceta Oficial 42.823, de fecha 21 de febrero de 2024, entra en vigencia el 26 de febrero y se extiende por un año hasta febrero de 2025.

Esta es la tercera renovación para los pagos con tarjetas de débito y crédito, como parte de la reforma legislativa realizada por la Asamblea Nacional con el objetivo de reducir el uso de dólares en efectivo en transacciones comerciales en todo el país.

Los productores que se dediquen exclusivamente a la explotación primaria de las actividades agrícolas y otros sectores serán exonerados del Impuesto a las Grandes Transacciones financieras (IGTF) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Así lo autorizó el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y quedó aprobado en la Gaceta Oficial número 42.588 del 14 de marzo de 2023, en el artículo 5 que subscribe los sectores que no califican como contribuyentes especiales o sujetos pasivos especiales, los cuales no deben pagar quincenalmente ni IVA ni IGTF.

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 “La exoneración estará dirigida a los subsectores vegetal, avícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola. La providencia se aplica a aquellos contribuyentes que realicen la simple producción de frutos, productos o bienes que se obtengan de la naturaleza. La norma se aplica siempre que los productos no se sometan a alguna transformación o industrialización”, indica.

Otros de los sectores que no deben ser calificados como sujetos pasivos especiales son: empresas constituidas en la categoría de nuevos emprendimientos y que estén debidamente registradas ante el Seniat, las organizaciones comunitarias, comunidades organizadas y todas las instancias del Poder Popular, los sujetos pasivos con menos de un año de haber iniciado sus operaciones comerciales lo que debe estar debidamente comprobado.

Con Información El Impulso

Venezuela, donde hasta la gasolina se paga en dólares, ha aumentado en el último año el uso de la moneda local, el bolívar -pese a que se ha devaluado más de un 80 % en ese lapso-, a la vez que se redujo el manejo de divisas para transacciones en un 21 %, producto de los esfuerzos del Ejecutivo para contener el proceso de dolarización, según expertos.

De acuerdo con estudios elaborados por la firma Ecoanalítica en 10 de las principales ciudades del país, las divisas pasaron de representar casi el 66 % de las transacciones, a finales de 2021, a un 45 %, mientras que el bolívar aumentó su presencia en las operaciones comerciales de un 34 % a un 55 % desde entonces.

El economista y profesor universitario Jesús Palacios explicó a EFE que, incluso, hay sectores, como electrodomésticos, electrónica o repuestos, que “estaban muy dolarizados”, y ahora se vuelven “a ver pagos en bolívares de forma o con un peso muy importante”.

Además, señaló que, hay empresas que, a principios de 2022, “cobraban un 70 % en dólares, y ahora un 80 % en bolívares”, reseña El Carabobeño citando a EFE.

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El principal factor que ha provocado la reducción del uso de las divisas ha sido la aplicación, desde marzo del año pasado, de un impuesto que grava con un 3 % los pagos en monedas extranjeras, que los consumidores eluden pagando en bolívares.

Una encargada de un supermercado en Caracas, cuyo nombre prefirió mantener en el anonimato, dijo a EFE que la “gente prefiere pagar en bolívares para no pagar el impuesto”, que, al final, “aumenta un poquito” el precio del producto.

El sector comercio pide al Ejecutivo que estudie, con seriedad, derogar este tributo, llamado Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras” (IGTF), que -explica- tiene un impacto en cada uno de los eslabones de la cadena productiva hasta que el producto llega al consumidor, cuyo precio, por tanto, aumenta “entre un 12 y un 14 %”.

La comerciante, quien manifestó que “la gente no quiere comprar en divisas sino en bolívares”, aseguró que, en su local, el 75 % de los pagos son en moneda local y el restante 25 % en divisas, cuando hace un año era “50-50”.

En este sentido, la encuestadora Datanálisis indicó a EFE que, según sus cálculos, el 70 % de los pagos que se hacen en el país son en bolívares y los demás en otras monedas, cuando hace un año era lo contrario.

Palacios aseguró que el Ejecutivo tomó “medidas adicionales que también llevaron a que” se redujera el uso de las divisas, entre ellas la “suspensión de transferencias bancarias en dólares” y, posteriormente, el incremento de la comisión por retiro a un 3,80 %, “bastante costoso”, cuando antes “estaba por debajo del 1 %”.

Según el economista, el Ejecutivo implementó estas medidas para “no perder la capacidad de hacer política monetaria”, en la que el Banco Central de Venezuela (BCV) actúa como “financista”.

“Si el Gobierno permitía que la dolarización avanzara infinitamente, iba a perder ese poder de usar el bolívar como salvavidas, como prestamista en última instancia (…), y evita eso dándole más espacio al bolívar”, explicó.

La intención del Ejecutivo, señaló, es que “se mantenga la dolarización acotada”, pero no acabar con ella, ya que permitió que haya “dinamismo de la actividad económica y, sobre todo, la comercial, que es la que ha tenido el principal repunte”.

“Acotada significa, probablemente, por debajo del 50 o del 40 % (de las transacciones), y, sobre todo, no permitiendo que avance mucho en el sistema financiero, no otorgando préstamos en dólares y suspendiendo las transferencias en divisas”, precisó.

Pese al mayor uso del bolívar, el dólar sigue usándose para fijar los precios de los bienes y servicios y para los ahorros, ya que la moneda local ha continuado perdiendo su valor en este último año.

Entre el 10 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2023, el bolívar se devaluó un 82 % frente al dólar, cuyo precio, en ese período, subió un 457 %, al pasar de 4,33 bolívares a 24,14, según el BCV.

En lo que va de marzo, la moneda local ha alcanzado una estabilidad que, para Palacios, es “coyuntural”, ya que durante este mes -explicó- se hace la declaración y el pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR), “obligados a hacerse en bolívares”, cuya demanda, por tanto, aumenta.

Sin embargo, esta estabilidad es “difícil” de mantener, y prevé que el tipo de cambio cierre el año sobre los 50 bolívares por dólar, agregó.

Con información de EFE

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) tuvo un “impacto negativo” de cerca del 18 % sobre los costos de bienes y servicios transados en divisas y criptomonedas, durante el año que tiene de vigencia.

La afirmación la hizo Luis Eduardo Martínez, diputado de Asamblea Nacional (AN), quien dijo que este impuesto solo provocó un ingreso de 3,17 % al Presupuesto Nacional, cifra que catalogó de “irrelevante”.

El también primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la AN, aseguró que el bajo aporte del impuesto a la recaudación fiscal se debe a “una desconfianza bastante alta”, por parte de la población, por lo que adelantó que la próxima semana presentará una propuesta de reforma del IGTF ante el Parlamento.

“Nuestro planteamiento ahora es que pasado un año, procede una reforma parcial de la citada ley (…) teníamos previsto presentar la propuesta pero lamentablemente la sesión fue suspendida”, refirió, en nota de prensa.

A su juicio “si esto se modificara el efecto negativo que el impuesto ha tenido, desaparecería por eso insistimos en que los más interesados en que la situación se corrija debe ser el Gobierno”.

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Martínez detalló que actualmente el impuesto se aplica “de forma generalizada” a personas naturales y jurídicas por lo que proponen que solo se aplique a las grandes transacciones para contrarrestar los efectos negativos.

“También es importante establecer la alícuota del impuesto en el mismo porcentaje del que existe en bolívares y que el impuesto pueda ser deducible de la renta para que no haya una doble tributación”, prosiguió.

El tercer punto clave de la propuesta es que el Ejecutivo pueda garantizar con una plataforma adecuada la evasión y la erosión fiscal “para que ese monto disminuya al mínimo”, culminó.

La aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGFT) y el empeño de la administración de Nicolás Maduro en forzar el retorno de la confianza en el bolívar está cobrando factura, porque los expertos advirtieron que, a la larga, ese impuesto sería inflacionario, por decir lo menor.

A través de la firma internacional Torino Economics, se recuerda que la aplicación del IGTF fue «prematura» y «ha restado dinamismo al crecimiento impulsado por la dolarización de facto».

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A ello se agrega otro error y es el «el financiamiento monetario del déficit fiscal».

La firma también denuncia que «persisten los factores de riesgo para el incremento de precios y la desaceleración de la actividad económica».

Para mostrar estas afirmaciones, publica un gráfico que demuestra la disminución del salario, desde marzo del año pasado, cuando Maduro aumentó el ingreso a poco más de 28 dólares, como producto de la inflación y el aumento del tipo de cambio.

«El salario mínimo en Venezuela ha sufrido un marcado deterioro, pasando de USD 28,13 en marzo de 2022 a USD 5,43 en enero de 2023. La elevada inflación y la depreciación del tipo de cambio siguen siendo grandes desafíos económicos para el país», añade.

#Venezuela El salario mínimo en Venezuela ha sufrido un marcado deterioro, pasando de USD 28,13 en marzo de 2022 a USD 5,43 en enero de 2023. La elevada inflación y la depreciación del tipo de cambio siguen siendo grandes desafíos económicos para el país. #salariominimo pic.twitter.com/Zcp59nXf6t

A pocas semanas de cumplirse un año de la entrada en vigencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), propuso eliminar o reducir este gravamen.

“Esa sería una medida excelente que daría dinamismo a la economía y muchos inversionistas que todavía usan ese circuito de divisas-bolívares, bolívares-divisas para generar valor, lo van a seguir haciendo”, explicó Atencio en entrevista con VTV.

Atencio dijo que el impuesto, de permanecer, debería pasar de 3% a 0,5%, puesto que “ya cumplió su cometido”.

De paso, lamentó que a tantos meses de cobro, el impuesto aún genera confusiones, por lo que acotó que un instrumento, para que sea eficiente debe ser práctico y sencillo.

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El impuesto pecha 3 % sobre las operaciones en divisas o criptomonedas distintas al bolívar y al petro realizadas por personas naturales y jurídicas.

Desde que está en vigencia siempre hay quejas y confusión respeto al impuesto, puesto que en algunos comercios lo cobran y otros no y lo hacen aplicando distintas normas.

La administración de Nicolás Maduro insistió en que el impuesto serviría para «favorecer el uso del bolívar sobre el dólar», a pesar de que los expertos alertaron que la medida sería perjudicial e inflacionaria.

De hecho, fue a partir de marzo que comenzó el paulatino aumento de los precios.

Por otra parte, Ítalo Atencio aseguró que en las diferentes conversaciones que han tenido con el Ejecutivo, este les ha pedido «paciencia y confianza», lo cual están dispuestos a dar, pero de manera recíproca.

“El Ejecutivo nos pide paciencia y confianza en lo que se está haciendo. Nosotros le decimos que tenemos paciencia y confianza, pero tenemos aportes que creemos serán positivos para impulsar la economía y por amor a Venezuela”, indicó.

#EnVideo?| Pdte. de la @ansa_venezuela, Italo Atencio, planteó que otra de las medidas a considerar puede ser reducir el porcentaje del IGTF de 3% a 0.5% esto con el propósito de dinamizar la economía del país.#BastaDeBloqueoCriminal pic.twitter.com/qW7IhDFCed

La economía en bolívares comenzó la semana este lunes #09May no muy bien. A través de las redes sociales reportaron diversas fallas en todo el territorio nacional en el sistema Pago Móvil, por lo que los usuarios no podían hacer transacciones interbancarias.

Recientemente, desde la administración de Nicolás Maduro hay una campaña de promoción hacia las transacciones digitales interbancarias, donde aúpan el uso de bolívares a través de transferencias, pago móvil y el uso de tarjetas de débito y crédito.

Dentro de ese plan de promoción se encuentra la puesta en marcha del IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras) el cual entró en vigencia en días pasados y ya ha promovido ciertos cambios en la economía venezolana.

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Sin embargo, este lunes los locales, comerciales, así como los usuarios del servicio y demás clientes, tuvieron problemas y reportaron las fallas, sobre todo de bancos como Mercantil, Banesco, Venezuela y Provincial.

Durante la mañana hubo personas que no pudieron entrar ni siquiera al sistema de Pago Movil. Otros reportaron que el sistema estaba muy lento y no cargaba las operaciones

Vale acotar que de las entidades financieras no se obtuvo mucha información al respecto. Se pudo conocer que el Banco Mercantil si emitió un comunicado a los usuarios, en donde manifestaba que por problemas con la plataforma de conexión el servicio estaba interrumpido.

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anuncia que en el último mes, gracias a la implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) los pagos y transacciones digitales en bolívares tuvieron un crecimiento «exponencial».

La Sudeban utiliza sus redes sociales para anunciar el incremento, el cual indica que desde el 28 de marzo, cuando fue puesto en marcha dicho impuesto, el pago móvil en todas sus modalidades tiene un crecimiento del 21%.

La modalidad del pago de persona a comercio (pago móvil) está por el orden de 27% en incremento, mientras que el C2P (pago de comercio a persona) tuvo un aumento del 10%.

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Para entender un poco más, el C2P es el vuelto que entregan los comercios a la persona natural que paga en divisas en efectivo y le dan un vuelto de dólares, pero abonado en bolívares.

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El ente fiscalizador del mundo bancario indica que en un mes registraron 24 millones de transacciones a través del sistema de Biopago, número que en comparación a otros meses ha tenido también un crecimiento exponencial.

Sobre las operaciones con puntos de ventas, la cifra manejada por la Sudeban reza que han subido en un 22%.

Nicolás Maduro anunció en días pasados que la economía venezolana estaba en franca recuperación. Parte de dicha recuperación está relacionada al incremento de estas transacciones digitales, las cuales, según Maduro, van rumbo a impulsar el Bolívar Digital

La imposición del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) no hará que el venezolano vuelva a confiar en el bolívar. Para ello, se debe ir más allá de una política impositiva, puesto que lo que más se necesita es confiar en las instituciones.

Así lo manifestó el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. En entrevista por Fedecámaras Radio, el directivo destacó que el sector primario del país no tiene insumos, tiene poco acceso a la banca y tampoco posibilidades de financiamiento. «De todas formas ha buscado la forma de ayudarse para seguir produciendo».

«No se puede ‘rebolivarizar’ la economía solo con políticas monetarias. No se puede pretender hacerlo a corto plazo, sin generar, primero, instituciones confiables», aseveró.

Destacó que tras más de dos años desde que se instauró la dolarización, «el circulante en divisas en Venezuela es cuatro veces más que el que hay en bolívares».

Por ello, cree que el «IGTF debe volver a ser lo que era, con una tasa baja, con una duración temporal». «Este impuesto, así como los otros tributos están matando al pequeño comerciante y eso es insostenible en cualquier economía», dijo.

Por otro lado, destacó que «los productores venezolanos, a pesar de los problemas que tiene el país y de los servicios públicos, están volviendo a invertir».

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Para Fernández, la recuperación económica del país va más allá de la baja del porcentaje de inflación e insiste en que la confianza en las instituciones es básica.

«A Fedecámaras le preocupa la necesidad de la reinstitucionalidad del país, porque no hay manera de recuperar la economía y de desarrollarse si no hay institucionalidad».

«Se necesitan instituciones sólidas que atraigan inversionistas, no queremos que vengan inversionistas golondrinos para aprovecharse del país», agrego.

Lamentó que «en Venezuela hay una cultura importadora y una cultura antiexportadora. Venezuela no forma parte de ningún tratado internacional que nos permita competir afuera».

Y sobre mecanismos creados por el chavismo como la Alianza Bolivariana para los Pueblos (Alba-TCP), «desde el punto de vista económico, no existen. Se generaron para apoyo diplomático» u otros fines, más que toso políticos.

En cuanto a la inseguridad que hay en el país, que afecta el desarrollo de la producción, expresó que «estamos pasando una situación muy difícil. Estamos haciendo esfuerzos en conjunto con autoridades civiles y militares para poner fin a ese tema».

Como ejemplo de la crisis por la inseguridad, citó el caso de «los ferieros que en algunos sitios han dejado de llegar. Mientras que otros dejan buena parte de la producción en las alcabalas, cada vez que deben trasladar mercancías por el país».

El Contralor General de la administración de Maduro. Elvis Amoroso, presenta este miércoles su memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional 2020.

Durante la presentación amenaza directamente a Fedecámaras y Consecomercio con sanciones para los negocios que no estén cobrando la tasa oficial en dólares del Banco Central de Venezuela.

Amoroso dice que muchos locales comerciales no quieren recibir dólares, pero si cobrar sus precios dolarizados, a una tasa que no es la oficial.

Hizo un llamado a los organismos de seguridad para coordinar en las próximas horas un operativo especial, para verificar que los negocios en todos el país, utilizan la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, agregando además que aplicará las sanciones necesarias.

También instó a Fedecámaras, Consecomercio y demás entes para que «se pongan las pilas». «Los vamos a sancionar, no se van a hacer ricos nuevamente», dijo Amoroso, resaltando que los comercios quieren aplicar lo que a su juicio hicieron en años pasados, antes de la dolarización.

Además, promete llevar la acusación formal en contra de Juan Guaidó y el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez.

Sobre Guaidó, indica que junto a los diputados de la AN 2015, hay todo un expediente sobre los fondos de la Asamblea y lo relacionado a fondos provenientes de afuera, para financiar, según Amoroso, planes desestabilizadores en contra de la administración de Maduro. También el supuesto enriquecimiento ilícito de los exdiputados y el propio Guaidó

El tema de la empresa Monómeros en Colombia, así como la filial de PDVSA, Citgo y sus expropiaciones, también estarían dentro de ese expediente en contra de Juan Guaidó.

«Esos señores estarán tras las rejas. Se robaron hasta los cables… Se robaron hasta el dinero de los trabajadores de la AN», acusa Amoroso.

Sobre el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, también manifiesta Amoroso, que hay todo un expediente que será consignado próximamente ante los entes judiciales.

La investigación que pesa sobre Ramírez está relacionada a unos 25 mil millones de dólares desviados de las arcas de PDVSA. Sobre este tema, indica Amoroso que hay algunos exfuncionarios de la estatal petrolera que se han negado a ofrecer detalles

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Indica el contralor de Maduro que en las próximas horas acudirá ante la Fiscalía General de la República, para consignar los documentos necesarios y las pruebas en contra de Guaidó, Rafael Ramírez, y otros exdiputados de la oposición.

En su Memoria y Cuenta, Elvis Amoroso habla además de los problemas con la chatarra del Guri. Dice que el Estado debe hacer una especie de auditoría y que, finalmente, el dinero procedente de esa chatarra no vaya a los bolsillos de los corruptos, sino a las arcas de la nación.

En su informe anual también habla de los casos relacionados al arco minero, los actos de la Fuerza Armada Nacional, las refinerías, las estaciones de servicio y hasta la represa del Guri.

Amoroso reconoce que actualmente existen funcionarios públicos que se han rpestado a diversos actos de corrupción. Otros se han negado a ofrecer información a la Contraloría sobre sus activos, situación que dice la llama mucho la atención.

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, desestimó por completo la versión acerca de que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) solo afectará a los más pudientes de la economía. Al contrario, sus efectos se sentirán con más fuerza en quien menos tiene.

«No es el mejor momento para aplicar la medida. El crecimiento (de la economía) sigue siendo muy limitado. Terminará teniendo un efecto negativo», aseguró, en entrevista con Unión Radio.

«Es un impuesto que es totalmente regresivo, que significa que el efecto es peor cuanto más pobre eres», aseveró.

Oliveros asegura haber recibido denuncias del cobro del impuesto en lugares como estaciones de servicio, por ejemplo.

«El impuesto no aplica a que el producto sea dolarizado, el impuesto aplica al tipo de pago que tú haces. Si usted paga en bolívares o instrumentos que debitan en bolívares, no paga impuesto», aclaró.

Indicó que los pagos realizados con tarjetas internacionales por puntos venezolanos tampoco deben pagar el impuesto. No obstante, la anarquía es tal que algunos negocios lo cobran y en otros, simplemente, suspendieron el uso de esas tarjetas, lo que afecta a aquellos que no tienen bolívares.

Recordó que este impuesto tendrá un efecto en la inflación del país. «Hay un aumento importante que tiene que ver con múltiples distorsiones y los va a seguir impactando en los próximos meses», advirtió.

El economista comentó que imponer esta medida no es la mejor forma de incentivar el uso del bolívar.

«El mayor estímulo para el uso del bolívar es la reducción de la inflación», dijo.

En Venezuela, donde más del 50% de los pagos se hacen en divisas, se empezó a aplicar un nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Pero, la mayoría de los comerciantes no sabe cómo proceder ni tiene medios para cumplir con la orden.

El desconocimiento y la falta de información, sumados a que los sistemas de cobro no están adaptados, han llevado a algunos establecimientos a suspender, temporalmente, el cobro en divisas, reseña Efe.

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, informó que «75 % de los comercios reportó que no está en capacidad de recibir pagos en divisas. No han podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto», argumentó.

Según Polesel, las máquinas fiscales de algunas empresas «no están en capacidad de adaptar o modificar su configuración para cobrar el impuesto».

Dijo de «deben cambiar los equipos, lo que cuesta mínimo 600 y hasta más de 1.000 dólares». Se trata de «un gasto difícil de cubrir ante la falta de créditos». Por ello, pidió que se suspenda o se prorrogue la orden.

Al menos hasta el 31 de marzo, cadenas nacionales de supermercados, farmacia, ropa, ferreterías y comida, además de otros negocios, aún no habían empezado a cobrar el tributo.

No tenían sistemas actualizados, principalmente porque las compañías de actualización de software «están colapsadas», explicó a Efe el encargado de un restaurante.

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Nicolás Chirinos, gerente de una ferretería, aseguró que las autoridades «tratan de tener control» sobre la dolarización.

«El mismo público está preguntando si ya estamos cobrando (el impuesto). De hecho, vino la gente del Seniat, verificó la máquina fiscal y nos preguntó si ya estábamos claros. Hay gente que está vuelta loca con eso», explicó.

Según la nueva normativa, quienes hagan una transacción en moneda extranjera con la mediación de la banca pagarán entre 2 % y 8 %, dependiendo de lo que, a futuro, establezca el Ejecutivo. Mientras que a las transacciones en divisas en efectivo, hechas a «sujetos pasivos especiales», se les gravará una alícuota que va de 2 a 20 %.

Pero -aclara la orden- «hasta tanto el Ejecutivo establezca una alícuota distinta», se cobrará el 3 % a todos los pagos hechos en monedas distintas al bolívar.

Diversos expertos económicos sostienen que, con el nuevo tributo a las transacciones en divisas, el Gobierno busca, por un lado, tratar de aprovechar más la creciente dolarización de las transacciones. Por el otro, incentivar un mayor uso del bolívar como medio de intercambio en detrimento del dólar.

Los especialistas no ven posible que la medida reviva a la moneda venezolana debido al peso que tiene la divisa en el país.

Para Norexa Contramaestre, aduanera de 71 años, el nuevo impuesto, que lo ve «bastante confuso», representa «un gran problema para el ciudadano común». No solo «porque cuesta alcanzar a los recursos», sino también porque los bolívares, con los que se podría evadir el tributo, «no aparecen».

«Si los recursos que están en el mercado se adquieren con divisas, que es lo que está imperando, y los bolívares no aparecen, estamos ahorcados. No tenemos los bolívares, no los conseguimos, y ahora 3 % para las divisas. Es muy difícil continuar adelante, para la alimentación, medicinas y servicios básicos», dijo Contramaestre.

Por otro lado, la firma Aristimuño Herrera y Asociados, alerta acerca de que «hay alarma en el comercio. La mayoría sostiene que no genera caja para pagar ajustar o adquirir máquinas fiscales y añadir a la factura el cobro del IGTF».

«Los clientes sostienen que este tributo no se justifica y, más aún, implica un cobro injusta para millones de ciudadanos», agrega.

Sostiene que «el primer problema es la construcción legal del tributo. Hace falta una ley específica, con el debido proceso de consulta pública». Todo, «en función de generar una contribución bien estructurada y que cumpliera con principios básicos de progresividad, justicia tributaria y adecuación constitucional».

La firma cree que el Ejecutivo tenía prisa «por tributar a partir de la masa de dólares de casi 3.000 millones que circula en la economía». Por ello, «generó un ejercicio de improvisación que, como es lógico, deja como saldo una masiva confusión».

Dice que es confusión es «a niveles tan básicos, como que muchos comerciantes no están claros en si son o no agentes perceptores».

El otro problema «es de oportunidad. Sin duda alguna, no es el momento de incrementar la presión tributaria ni sobre los agentes económicos, ni sobre la población en general. En un país donde alrededor de 60% de las transacciones se hace con divisas y, en su mayor parte, tienen un componente de efectivo, claro que este tributo llega hasta los estratos más pobres».

Venezuela registró en marzo pasado una inflación del 10,5%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF. El índice aumentó por primera vez en varios meses, pues desde el último trimestre del año pasado la inflación venía bajando.

El indicador también echa por tierra la supuesta recuperación económica de la que habla la administración de Nicolás Maduro.

Según el observatorio, la inflación acumulada en el año es de 17,8 % y la interanual llegó a 251 % en marzo. De esta forma, la cifra superó en 5 puntos la de mes precedente, cuando alcanzó un 246 %.

Los rubros que registraron los mayores aumentos son: equipamiento del hogar (105,9 %), servicios (15,9 %), comunicaciones (8,7 %) y alimentos (3,1 %).

«La aceleración de la inflación ocurrió en un contexto en el cual la tasa de cambio se apreció. En febrero el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar era de 4,63 bolívares por dólar. Mientras, en marzo alcanzó 4,50 bolívares por dólar, denotando una caída de 2,8 %», sostiene el OVF.

Asimismo, indicó que eso sugiere que el anclaje del tipo de cambio es «insuficiente» para abatir de forma permanente la inflación.

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«Entre los factores que influyeron en el alza de los precios se puede mencionar el anuncio y posterior aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieros (IGTF), que obviamente creó un efecto de expectativas crecientes sobre el nivel de precios», explicó la ONG.

Por eso, prosiguió, este «rebrote» de la tasa de inflación era «totalmente esperable», más aún cuando ha habido «serios problemas» para la aplicación y puesta en práctica del impuesto, que grava los pagos en divisa o cualquier moneda extranjera que se realice en el país.

«Por tanto, el aumento del salario recientemente decretado ya ha acusado un deterioro en virtud del citado aumento de precios. Así, la canasta alimentaria saltó de 353 dólares en febrero a 370 dólares en marzo, casi diez veces el salario mínimo», puntualizó.

En diciembre pasado, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio por terminada la hiperinflación en el país al registrar 12 meses con una tasa por debajo del 50 %.

Con multas exorbitantes y hasta cárcel, el Código Orgánico Tributario vigente puede castigar a las empresas y personas naturales que se nieguen a pagar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Así lo dio a entender la consultora tributaria Ana Azevedo, quien indica que las multas pueden ir desde el 100% de la transacción hasta un mil por ciento.

Algunos expertos indican que el comienzo del IGTF no ha sido el más idóneo, ya que hay todavía muchas dudas.

Por otra parte, Fedecámaras considera que se deben hacer ajustes en esta nueva normativa. Uno de esos ajustes, según la cúpula empresarial, debería ser eliminar a las personas naturales como contribuyente especial.

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También sugieren que las sanciones sean estudiadas y que existan un tiempo de gracia para que las empresas y los comercios puedan adaptarse.

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