Para el economista Leonardo Vera, el sistema tributario aumenta la desigualdad entre los venezolanos, situación que influye a la deformación del sistema de gravámenes, y el incremento de tributos que pagan los ciudadanos.

Tal es el caso del Impuesto a las Grandes Transacciones que refiere por operación se paga 3% cuando en realidad la persona puede llegar a pagar hasta 12% en la cadena.

Vera señala que los impuestos regresivos, como el IGTF y el Impuesto al valor Agregado (IVA) afectan la economía del país porque no toman en consideración el poder de compra o la situación de ingreso que tienen los ciudadanos.

El impuesto regresivo es un tipo de gravamen que es menor cuando es mayor el nivel de renta. Esto implica que los pobres pagan en concepto de dicho tributo una proporción mayor que los ricos.

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El experto asevera que el país requiere una reforma tributaria debido a que se tiene un sistema impositivo de una nación desarrollada cuando la economía de Venezuela se está recuperando y está en subdesarrollo situación que desincentiva la decisión de los inversores, considera que los encargados de ejecutar el cambio deben estar claros del contexto que se vive en la actualidad.

Expresó que el incremento de la recaudación fiscal anunciado por el SENIAT con un aumento de 50%, en apenas un año,  se debe a que el Estado incluye en este cobro a las unidades productivas petroleras, a su juicio ese aumento sería coherente con una economía que ha crecido en grandes magnitudes e insiste que no es el caso de Venezuela.

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, desestimó por completo la versión acerca de que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) solo afectará a los más pudientes de la economía. Al contrario, sus efectos se sentirán con más fuerza en quien menos tiene.

«No es el mejor momento para aplicar la medida. El crecimiento (de la economía) sigue siendo muy limitado. Terminará teniendo un efecto negativo», aseguró, en entrevista con Unión Radio.

«Es un impuesto que es totalmente regresivo, que significa que el efecto es peor cuanto más pobre eres», aseveró.

Oliveros asegura haber recibido denuncias del cobro del impuesto en lugares como estaciones de servicio, por ejemplo.

«El impuesto no aplica a que el producto sea dolarizado, el impuesto aplica al tipo de pago que tú haces. Si usted paga en bolívares o instrumentos que debitan en bolívares, no paga impuesto», aclaró.

Indicó que los pagos realizados con tarjetas internacionales por puntos venezolanos tampoco deben pagar el impuesto. No obstante, la anarquía es tal que algunos negocios lo cobran y en otros, simplemente, suspendieron el uso de esas tarjetas, lo que afecta a aquellos que no tienen bolívares.

Recordó que este impuesto tendrá un efecto en la inflación del país. «Hay un aumento importante que tiene que ver con múltiples distorsiones y los va a seguir impactando en los próximos meses», advirtió.

El economista comentó que imponer esta medida no es la mejor forma de incentivar el uso del bolívar.

«El mayor estímulo para el uso del bolívar es la reducción de la inflación», dijo.

En Venezuela, donde más del 50% de los pagos se hacen en divisas, se empezó a aplicar un nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Pero, la mayoría de los comerciantes no sabe cómo proceder ni tiene medios para cumplir con la orden.

El desconocimiento y la falta de información, sumados a que los sistemas de cobro no están adaptados, han llevado a algunos establecimientos a suspender, temporalmente, el cobro en divisas, reseña Efe.

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, informó que «75 % de los comercios reportó que no está en capacidad de recibir pagos en divisas. No han podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto», argumentó.

Según Polesel, las máquinas fiscales de algunas empresas «no están en capacidad de adaptar o modificar su configuración para cobrar el impuesto».

Dijo de «deben cambiar los equipos, lo que cuesta mínimo 600 y hasta más de 1.000 dólares». Se trata de «un gasto difícil de cubrir ante la falta de créditos». Por ello, pidió que se suspenda o se prorrogue la orden.

Al menos hasta el 31 de marzo, cadenas nacionales de supermercados, farmacia, ropa, ferreterías y comida, además de otros negocios, aún no habían empezado a cobrar el tributo.

No tenían sistemas actualizados, principalmente porque las compañías de actualización de software «están colapsadas», explicó a Efe el encargado de un restaurante.

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Nicolás Chirinos, gerente de una ferretería, aseguró que las autoridades «tratan de tener control» sobre la dolarización.

«El mismo público está preguntando si ya estamos cobrando (el impuesto). De hecho, vino la gente del Seniat, verificó la máquina fiscal y nos preguntó si ya estábamos claros. Hay gente que está vuelta loca con eso», explicó.

Según la nueva normativa, quienes hagan una transacción en moneda extranjera con la mediación de la banca pagarán entre 2 % y 8 %, dependiendo de lo que, a futuro, establezca el Ejecutivo. Mientras que a las transacciones en divisas en efectivo, hechas a «sujetos pasivos especiales», se les gravará una alícuota que va de 2 a 20 %.

Pero -aclara la orden- «hasta tanto el Ejecutivo establezca una alícuota distinta», se cobrará el 3 % a todos los pagos hechos en monedas distintas al bolívar.

Diversos expertos económicos sostienen que, con el nuevo tributo a las transacciones en divisas, el Gobierno busca, por un lado, tratar de aprovechar más la creciente dolarización de las transacciones. Por el otro, incentivar un mayor uso del bolívar como medio de intercambio en detrimento del dólar.

Los especialistas no ven posible que la medida reviva a la moneda venezolana debido al peso que tiene la divisa en el país.

Para Norexa Contramaestre, aduanera de 71 años, el nuevo impuesto, que lo ve «bastante confuso», representa «un gran problema para el ciudadano común». No solo «porque cuesta alcanzar a los recursos», sino también porque los bolívares, con los que se podría evadir el tributo, «no aparecen».

«Si los recursos que están en el mercado se adquieren con divisas, que es lo que está imperando, y los bolívares no aparecen, estamos ahorcados. No tenemos los bolívares, no los conseguimos, y ahora 3 % para las divisas. Es muy difícil continuar adelante, para la alimentación, medicinas y servicios básicos», dijo Contramaestre.

Por otro lado, la firma Aristimuño Herrera y Asociados, alerta acerca de que «hay alarma en el comercio. La mayoría sostiene que no genera caja para pagar ajustar o adquirir máquinas fiscales y añadir a la factura el cobro del IGTF».

«Los clientes sostienen que este tributo no se justifica y, más aún, implica un cobro injusta para millones de ciudadanos», agrega.

Sostiene que «el primer problema es la construcción legal del tributo. Hace falta una ley específica, con el debido proceso de consulta pública». Todo, «en función de generar una contribución bien estructurada y que cumpliera con principios básicos de progresividad, justicia tributaria y adecuación constitucional».

La firma cree que el Ejecutivo tenía prisa «por tributar a partir de la masa de dólares de casi 3.000 millones que circula en la economía». Por ello, «generó un ejercicio de improvisación que, como es lógico, deja como saldo una masiva confusión».

Dice que es confusión es «a niveles tan básicos, como que muchos comerciantes no están claros en si son o no agentes perceptores».

El otro problema «es de oportunidad. Sin duda alguna, no es el momento de incrementar la presión tributaria ni sobre los agentes económicos, ni sobre la población en general. En un país donde alrededor de 60% de las transacciones se hace con divisas y, en su mayor parte, tienen un componente de efectivo, claro que este tributo llega hasta los estratos más pobres».

El economista Ángel Alvarado, alertó acerca de las consecuencias de la aplicación de Impuesto a las Grandes Transacciones, con la confusión que reina al respecto. Hizo el alerta, porque se está gravando todas las operaciones en divisas, cuando eso no es lo que dice la norma.

«Estamos viendo que este impuesto a grandes transacciones se está aplicando a cualquier operación en dólares», insistió, en entrevista con Unión Radio.

Dijo que, de seguir así y si el Estado no corrige, este gravamen «se comportará como un impuesto más (como el IVA). Y esto puede tener un impacto sobre el consumidor y el productor».

Explicó que «cuando los impuestos son de consumo, se pagan entre el comprador y el vendedor o productor para evitar la caída del consumo».

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Estas son algunas de las dificultades que los expertos consideran que tiene este impuesto.

Dificultad interpretativa: Afecta a los sujetos pasivos especiales que vayan a un establecimiento a pagar con divisas. En este sentido en los negocios hay dos interpretaciones.

Una que dice que se cobran todas las operaciones en divisas, incluidas las que se hacen en efectivo. La otra señala que solo se cobra las operaciones con tarjetas contra cuentas en dólares.

Por otro lado, tampoco queda claro qué pasa con los pagos con billeteras digitales.

La documentación de esta operación: El Seniat ordenó que se exprese en la factura y no todos los establecimientos comerciales están en la capacidad de expresar el IGTF en sus facturas.

El gremio de los supermercados, por ejemplo, alertó que la adecuación de los equipos o la compra de uno nuevo es costoso.

Pagos mixtos: No está claro cómo será el tratamiento en nivel de la factura si el pago es combinado entre divisas y bolívares.

La Ley de Impuesto a Grandes Transacciones entró en vigencia y lo que abunda es confusión y miedo. Se veía venir y así lo ratificó Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

Al ofrecer un balance del primer día de aplicación del impuesto, aseguró que «un porcentaje mayoritario de los establecimientos no han podido ajustarse».

Como lo habían advertido los expertos, dijo que «en gran parte de los recintos las máquinas no estaban preparadas para la homologación o los comercios no habían podido adquirir nuevas».

De hecho, se supo que la empresa que produce gran parte de las máquinas fiscales indicó que de los modelos que tiene disponibles, ni la mitad se puede adecuar al impuesto. De paso, un equipo de estos cuesta entre 800 dólares y 2.000 dólares.

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Atencio aseguró que en las próximas horas tendrá otra reunión con el SENIAT, con la finalidad de lograr una mayor flexibilidad para la implementación de la ley.

«Sabíamos que iba a suceder e hicimos un esquema de comunicación para saber que estábamos haciendo», remarcó.

Recordó que al final, esta Ley a las Grandes Transacciones afecta a toda la cadena de valor, introduciendo ruido e incertidumbre.

Asimismo, explicó que hay nuevos actores en el mercado y aseguró que el sector se está adaptando.

«En la actualidad nuestros establecimientos están mejor surtidos que hace dos años. Nos hace falta mejorar la oferta que eso trae disminución de los precios», acotó, en entrevista con Unión Radio.

«Hay mayor cantidad de personas que pagan en divisas que en moneda nacional y muchos hacen operaciones mixtas», señaló.

Por ello, hay comercios, como el caso de la cadena de comida rápida Arturo’s que, «hasta nuevo aviso», decidió suspender los cobros en divisas.

Este lunes entra en vigencia la Ley de Impuesto a Grandes Transacciones que incluye, principalmente, un gravamen para las operaciones en dólares u otras divisas.

Para el economista Leonardo Buniak, la norma «ha traído confusión a los contribuyentes, quienes están confundidos. Hay muchas áreas grises en este impuesto y los sujetos pasivos no están listos para cobrarlo».

Lo que sí puede pesar, según el experto es que a partir de este lunes «la clientela venezolana evitará hacer compras y pagar en moneda extranjera».

En entrevista con Unión Radio, dijo que «el grueso de los sujetos pasivos no tiene las máquinas fiscales. Mientras que los que deben hacerle modificaciones les sale más barato comprar una máquina nueva».

«Están aplicando algo tan regresivo como un impuesto de esta naturaleza cuando la economía está dando señales de recuperación», acotó.

Explicó que la economía venezolana se abrió camino gracias a la dolarización transaccional y un proceso de dolarización en el ámbito financiero.

«Esta Ley a Grandes Transacciones traerá mayor informalidad», alertó, puesto que muchas pequeñas empresas en formación o emprendedores, van a preferir hacer sus transacciones fuera de esa norma.

«La aplicación de esta ley traerá un encarecimiento de la vida del país y una confusión y caos para los contribuyentes», remarcó.

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Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), grava las transacciones con moneda extranjera y criptoactivos distintos al petro. La normativa está publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.687, fechada el 25 de febrero de 2022.

Pese a las protestas y propuestas de distintos sectores y expertos, el texto difiere poco de la versión sancionada por la Asamblea Nacional.

No obstante, «se salvan» del pago del impuesto las siguientes operaciones.

El uso de tarjetas internacionales dentro del territorio nacional, pues el cargo se hace al tipo de cambio oficial y no corresponde a una operación dólar-dólar.

Las remesas que reciben los venezolanos del exterior.

Las operaciones de compra-venta de divisas en el mercado interbancario.

Las operaciones en dólares en efectivo en pequeños comercios y mercados populares.

El artículo 24 fija una tasa de 3% para las operaciones con moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos distintos a los emitidos por la República. Esto es tanto para las transacciones dentro del sistema bancario como fuera de este. Todo, mientras el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta».

Por lo tanto, lo que queda establecido para «las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, es una alícuota entre 2% y 8%». Esto, según el artículo 13 de la norma aprobada.

La alícuota es «por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República dentro del sistema bancario nacional».

Para estas mismas personas contribuyentes que realicen operaciones con divisas o criptoactivos distintos al petro fuera del sistema bancario, la alícuota se establece entre 2% y 20%.

La Ley, entre otras irregularidades, deja en manos del Ejecutivo el establecimiento de alícuotas para las transacciones en moneda extranjera.

Leonardo Palacios, exdiputado de la Asamblea Nacional, alerta acerca de los peligros que encierra la reforma de la Ley de Grandes Transacciones Financieras sancionada este jueves por el Parlamento chavista.

Para el experto, esta ley representa «un cerco tributario», no solo contra el empresario, sino también contra el ciudadano.

A través de su cuenta en Twitter, Palacios hizo varias consideraciones respecto al instrumento que amenaza con pechar con una tasa de entre 2,5% y 20% las transacciones en divisas.

Dice que el impuesto «va contra el venezolano que verá más mermada su capacidad de compra.Es contra el trabajador, pues los pagos que se le hacen en divisas podrán ser sometidos a un impuesto. Esto puede acelerar el cierre de empresas».

Cree que la ley atenta contra «el bienestar del venezolano, la actividad económica y los inversionistas. Además de que puede estimular la inflación».

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A su juicio, la administración de Nicolás Maduro quiere «tapar sus fallas, con el bolsillo de los venezolanos». Y, de paso, pretende restar «rentabilidad a las empresas que ya no podrán dar mejores sueldos a sus trabajadores».

Asimismo, el impuesto «genera serios problemas de imposición múltiple, pues entre otras cosas, lo desechan como gasto deducible a los efectos del pago de ISLR. Pagos de otros impuestos, tasas y contribuciones especiales generarían IGT.», alertó.

Advierte que se abre el camino para «el abuso de la utilización de las figuras de responsables de cobrar el impiesto, como los agentes de retención».

Por otro lado, «debilita las posibilidades de créditos bancarios y afecta considerablemente el ahorro o la venta de un inmueble», por ejemplo.

Advirtió también que este «nuevo impuesto a las transacciones en divisas generara un mercado negro y más evasión fiscal».

Amigo tuitero este CERCO TRIBUTARIO no solo es contra del empresario:1. Va contra el venezolano que verá más mermada su capacidad de compra.2. Es contra el trabajador pues los pagos que se le hacen en divisas podrán ser sometidos a impuesto3. Se acelera el cierre de empresas.