Tres momentos, tres tragedias y una misma imagen que persigue al chavismo: a la vez que Venezuela enfrenta muerte, represión y caos institucional, el poder aparece bailando frente a las cámaras. 

Desde Hugo Chávez durante la masacre en la prisión de Yare I en 2012, pasando por Nicolás Maduro celebrando en plena represión de 2017, hasta Delcy Rodríguez bailando mientras crecen las dudas sobre lo que pasa en Yare III.

En este análisis se expone cómo la propaganda, el espectáculo y el silencio institucional en medio de crisis que dejaron víctimas, denuncias de violaciones de derechos humanos y preguntas sin respuesta.

¿Coincidencia o una constante política del chavismo? 

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En los últimos días ha tomado fuerza un planteamiento que corre con insistencia en los pasillos políticos: el posible regreso de Miguel Rodríguez Torres al núcleo del poder en seguridad.

 Lejos de leerse como rectificación, muchos lo interpretan como una provocación. 

Fue el ministro que dirigió el aparato durante la represión de 2014 bajo la dirección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de detenciones arbitrarias y abusos, su nombre quedó ligado al modelo de inteligencia que dio vida a espacios como "La Tumba".

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En el Día Internacional para poner fin a la impunidad sobre crímenes contra los periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela “exige justicia ante los crímenes y agresiones” de los que son víctimas los comunicadores en el país.

“En Venezuela, la violencia contra periodistas rara vez encuentra justicia. Cada crimen no resuelta borra una parte de la verdad colectiva. La impunidad no solo protege a los agresores: perpetúa el miedo, distorsiona la memoria y priva a la sociedad de su derecho a saber”, dice una nota de la ONG publicada este domingo.

En este contexto, IPYS Venezuela presenta su campaña “La impunidad también censura”, una iniciativa que busca visibilizar los casos de violencia no esclarecidos, denunciar la falta de avances judiciales y exigir garantías de no repetición. La justicia pendiente para quienes informan es también una deuda con la democracia.

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Entre enero y octubre de 2025, IPYS Venezuela registró 130 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país.

 Estas cifras reflejan el deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa. 

Las agresiones más comunes fueron el hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15). 

Detrás de cada número hay un intento de silenciar una verdad incómoda y de desalentar la vigilancia ciudadana sobre el poder.

La falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio. 

Este escenario contribuye a un clima de miedo e indefensión que vulnera no solo a los periodistas, sino también el derecho colectivo de los ciudadanos a estar informados.

Actualmente, 18 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad en Venezuela. 

En nueve de estos casos, no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra. 

Estas detenciones prolongadas, sin información ni garantías procesales, configuran un patrón de desapariciones forzadas y encarcelamientos de carácter político que busca disciplinar y castigar el ejercicio informativo.

Bajo riesgo constante

La impunidad también afecta a quienes aún ejercen el periodismo dentro del país. Muchos reporteros trabajan bajo riesgo constante, sin protección ni garantías mínimas para su seguridad.

 En este contexto, documentar los abusos del poder se ha convertido en un acto de resistencia que mantiene viva la función social del periodismo. La ausencia de justicia envía un mensaje de silencio y desprotección. En Venezuela, informar sigue siendo una labor castigada.

Frente a este panorama, IPYS Venezuela reitera su llamado a las autoridades a investigar los crímenes contra periodistas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de estas violaciones. La defensa del periodismo y la libertad de expresión es una tarea urgente para preservar la memoria, exigir rendición de cuentas y sostener las bases de una sociedad democrática.

Con información de IPYS-Venezuela

Cuando las balas alcanzan a los que escaparon del miedo, el exilio se convierte en otra forma de persecución. 

El atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá confirma que la represión venezolana ya no tiene fronteras: persigue ideas, voces y cuerpos más allá del mapa. 

En un continente donde la impunidad viaja con escolta diplomática, ser defensor de derechos humanos es una sentencia sin territorio seguro. 

Hoy, junto a Desiré Borne, analizamos cómo el miedo se globalizó y por qué Colombia dejó de ser refugio para quienes se atrevieron a decir la verdad.

Esto es Venezuela en Profundidad

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El gobierno colombiano reveló el mapa de lo que llamó la impunidad en casos de corrupción en todo Colombia. Según la oficina de Transparencia de la Presidencia, las denuncias por estos casos no avanzan en la justicia.

En los 32 departamentos colombianos se encuentra una cantidad innumerable de denuncias represadas por presunta corrupción.

e 57.582 denuncias desde el 2010, el 94% están todavía sin algún tipo de condena, es decir, sin algún estudio del juez.

En cuanto a las regiones que presentan más denuncias represadas están San Andrés, con 99,1%; seguido del departamento del Guaviare, con 99%; Bolívar, 98,5%; Putumayo, 97,6%, y el departamento de La Guajira, con 97,5%. Así dio a conocer Carolina Valencia Lucas en Caracol.

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El primero es el de peculado por apropiación, con un 26%, seguido por el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (24,6%), la concusión (10,1%) y el cohecho por dar u ofrecer (9,8%).

La oposición que encabeza Juan Guaidó llamó a los ciudadanos a documentar y denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Humberto Prado, activista por los DD.HH. Dijo que la impunidad hace provoca el aumento de las violaciones a los derechos. Por ello instó a «desenmascarar a un régimen».

«Hay que seguir denunciando, documentando, y resistiendo en la defensa de los derechos humanos. Debemos continuar desenmascarando a un régimen que solo genera impunidad», dijo Prado.

«La dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado el informe emitido por la Misión Internacional de los Hechos en Venezuela», agregó.

Además, dijo que la Misión de Determinación de Hechos «asegura que se ha ampliado la persecución. También el concepto de enemigos internos en el país. Esto deriva en el aumento de violaciones a los derechos humanos».

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Asimismo, recordó que la misión alertó sobre la continuidad de procedimientos penales. También denunció que hay 110 casos de «detenciones arbitrarias» contra disidentes políticos y militares.

Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela. recordó Efe. Dijo que las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde el pasado mes de septiembre.

La Misión Internacional fue aprobada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo hizo por iniciativa de varios países latinoamericanos del llamado Grupo de Lima. En septiembre de 2020, determinó que algunas violaciones de derechos humanos por parte de la administración de Maduro «constituyeron crímenes de lesa humanidad».

Han pasado tres meses desde aquella noche en que la vida de Carla Ríos fue segada de dos disparos.

Hasta el momento no hay rastro del homicida y la investigación, al parecer, se detuvo.

Los familiares de la víctima llevan casi 100 días solicitando a las autoridades avances en las averiguaciones.

Pero más allá de la identidad del potencial sospechoso, no hay nada.

Aseguran que la fiscal que lleva el caso cerró el expediente, pues ya se fijó una orden de aprehensión contra el ciudadano Edward Chacón, quien fuese expareja de Ríos y presunto responsable del crimen.

La Dirección Nacional Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo que lleva el caso.

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Sin embargo, a la fecha no se tiene idea del paradero de Chacón.

El caso de Carla Ríos fue desestimado en varias ocasiones por el Estado. En dos oportunidades ella denunció los maltratos que sufría por parte de Edward Chacón, y a pesar de eso, nunca fue detenido.

Presuntamente, en medio de la impunidad que reinaba en el caso, él cometió el crimen y sigue sin pagar por sus actos.

Amigos, familiares y otros allegados de Carla Ríos piden a las autoridades competentes que no desistan en la investigación, y que actúen con celeridad para poder hacer justicia.

Carla Ríos fue asesinada la noche del 31 de julio en la planta baja del edificio donde vivía, la residencia Isabel, ubicada en la parroquia Altagracia de Caracas.

Las protesta antigubernamentales por la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, dejaron más de 140 personas fallecidas en el año 2017.

Al cumplirse tres años de estas manifestaciones, Impacto Venezuela presenta en un reportaje el testimonio de los familiares de las víctimas que rompieron el silencio y solo piden justicia.

El pasado 2 de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michell Bachelet, presentó el informe sobre Venezuela y aseguró que las detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, torturas y desapariciones forzadas, siguen siendo el patrón del régimen de Nicolás Maduro.

Además, Bachelet reconoció la disminución en la tasa de homicidios en 2019 pero en Naciones Unidas las preocupaciones crecen ante el número de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.

En este reportaje, realizado por nuestro reportero Ramón Veliz, contaremos la historia de los que perdieron sus vidas y sus familiares en las protestas de 2017.  

Venezuela se ubica como uno de los países más violentos e inseguros del mundo. Aunque algunas cifras revelan que los homicidios han disminuido no es precisamente por las políticas de Estado.

Hasta los delincuentes se han reinventado y sus modus operandi se han modificado. Especialistas comentan que han regresado delitos de vieja data como los hurtos a residencias, delitos de astucia, entre otros,

Impacto Venezuela ha reportado varios de los hechos violentos que se han suscitado en el país, incluso, muestra como la delincuencia organizada se ha reorganizado tomando gran parte del territorio. Están mejor armados y hasta mejor dotados que los funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.