Hace poco más de un mes Carlos Eduardo Colombo Rodríguez despertó del coma en el que quedó por el incendio en la estación del Instituto Nacional Migración (INM) del pasado 27 de marzo, y la noche del 1 de junio fue detenido acusado por la muerte de 40 migrantes, informó el portal La Verdad de Juárez.

Se trata de un venezolano de 31 años que se encontraba bajo custodia del Grupo Beta –cuerpo de protección a migrantes perteneciente al INM– en un hotel de la ciudad, donde seguía su tratamiento médico.

Después de las nueve de la noche de este primero de junio siete agentes del Ministerio Público de la Federación tocaron en una de las habitaciones del Hotel Colonial, ubicado en la zona Pronaf, para preguntar por Carlos Eduardo Colombo Rodríguez.

“Con él están hablando”, respondió el hombre después de abrir la puerta, mientras su hermano, Yordan Colombo Rodríguez, observaba desde una de las camas en el cuarto.

Yordan dijo que vió cómo los agentes federales entraron a la habitación, esposaron a su hermano y le dijeron que estaban cumplimentando una orden de detención por el delito de homicidio en contra de 40 migrantes que murieron en el incendio de las instalaciones de la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, el 27 de marzo pasado.

Apenas lo esposaron pusieron una silla para que se sentara y unas hojas sobre la cama que le quedaba enfrente, para que leyera la orden y después firmara.

“Yo soy inocente, yo soy inocente, yo no tengo que ver nada, yo soy víctima del incendio yo no tengo nada que ver, yo soy inocente. Yo no tenía nada que fuera a lesionar a nadie. Para eso hay cámaras y todo yo no tengo nada que ver”, alcanzó a decir, en la confusión, Carlos Eduardo, mientras su hermano mayor, Yordán, grababa la escena en video.

De manera oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado a conocer la detención y personal de la delegación estatal de esta corporación le informó a Yordán que su hermano no estaba ahí, que no había registro de él.

El nombre del migrante arrestado tampoco apareció en el Registro Nacional de Detenciones, al menos hasta la noche de este viernes.

Aunque autoridades federales confirmaron extraoficialmente la detención del migrante extranjero acusado de provocar el incendio de las colchonetas en la estancia migratoria instalada en la calle Rivas Guillén, entre David Herrera Jordan y Heroico Colegio Militar.

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Colombo Rodríguez, un migrante que busca llegar a Estados Unidos, de oficio albañil y padre de cuatro hijos que están en Venezuela bajo el cuidado de su abuela, pasó la noche del jueves de ser víctima a victimario para las autoridades federales.

El 27 de marzo de este año fue detenido mientras vendía dulces en un semáforo por autoridades del INM que montaron un operativo junto con elementos de la Policía Municipal, personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF).

Carlos Eduardo tenía una semana en Ciudad Juárez cuando ese lunes por la tarde lo arrestaron y llevaron a la estación migratoria del puente Reforma, lugar que, como se ha confirmado en las diversas audiencias contra funcionarios del INM, operaba como una prisión para migrantes.

“Me quitaron mis cosas antes de entrar a Migración. Yo no tenía nada que pudiera dañar a nadie. Si hubiera hecho algo me voy de paso y no sigo en su país. Estuve en coma 21 días”, dice Carlos Eduardo a los agentes federales, se escucha entre frases desordenadas en los videos que su hermano grabó al momento de su arresto.

De acuerdo con Yordan, su hermano estaba en el baño de la celda del INM en el momento en el que inició el incendio, “él cae desmayado, hasta se quiebra un diente que no le han atendido, y no despierta hasta que está en el hospital todo entubado”.

A Yordan le dijeron amigos y conocidos que su hermano había muerto en el incendio, no fue hasta que pudo comunicarse con autoridades del Gobierno de México que le comentaron que se encontraba hospitalizado en estado grave, por lo que era necesario que se trasladará a Ciudad Juárez para acompañarlo.

Elementos de rescate, bomberos y de corporaciones de seguridad en el exterior de la estación migratoria del INM siniestrada en Ciudad Juárez. Noche del pasado 27 de marzo.

Cuando Yordan llegó, dos semanas después del incendio, Carlos Eduardo estaba todavía en terapia intensiva. Una semana después despertó. Lo dieron de alta del Hospital General y los instalaron en el Hotel Colonial en donde continuó recibiendo atención médica.

“Todavía tiene problemas con la presión, con la visión de un ojo, le dan dolores de cabeza muy fuertes, además del trauma”, dice Yordan sobre su hermano.

“Él es inocente hermano, es muy religioso, él no podría atentar contra su vida ni contra la de otras personas, además a él le quitaron todas sus cosas antes de entrar, su dinero, lo que llevaba para vender, todo, ya no tenía nada”, dice el hombre entrevistado en el exterior de la delegación estatal de la FGR a donde acudió en busca de su hermano.

Yordan cuenta que tienen casi dos meses en ese hotel, junto con otros migrantes que también sobrevivieron al incendio, resguardados por el grupo Beta, sin que puedan salir a trabajar ni a entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Además, comenta que en ningún momento les tomaron declaración como parte de la investigación y no se les había mencionado que Carlos Eduardo fuera sospechoso en la misma.

De acuerdo con Yordan la meta de su hermano es llegar a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero a su familia en Venezuela.

“Él se vino por la selva del Darién, estaba en Perú, pasó Colombia, Ecuador, Panamá, todos esos países cruzó caminando. Él quiere seguir su meta de cruzar a Estados Unidos y trabajar, eso es todo y ahora resulta que de ser víctima lo acusan de matar 40 personas, eso no es justo”, dijo Yordan.

Carlos Eduardo es el segundo migrante detenido y acusado del homicidio de 40 personas.

El pasado 30 de marzo agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Jeison D. C. R., un venezolano de 28 años. También por este delito otras 9 personas están vinculadas a proceso, ocho de ellas son funcionarios del INM y otra, es un guardia de seguridad de la empresa privada, de los cuales sólo seis enfrentan el proceso en prisión.

El 4 de abril fueron vinculados a proceso Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G. por los delitos de homicidio y lesiones.

Ese mismo día también quedaron vinculados a proceso por los mismos hechos un guardia de seguridad privada que daba servicio en la estación migratoria, identificado como Alan Omar P.V., y Jeison.

El 19 de abril fueron vinculados a proceso penal Eduardo A.M. y Juan Carlos M.C., el primero de ellos se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el segundo como coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y era parte de la Unidad Interna de Protección Civil.

Unos días después, el 22 de abril, el contraalmirante Salvador G.G, extitular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, también fue vinculado a proceso por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Además Francisco Garduño y Antonio M.D., los funcionarios con el rango más altos del INM, fueron vinculados aunque a ambos no se les impuso la prisión como medida cautelar, es decir, enfrentan en libertad la investigación en su contra y aún en funciones.

El 27 de abril se cumplió un mes del incendio en la Estancia Provisional Tipo «B» del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez (México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado a actuar con debida diligencia.

Básicamente, la CIDH exige investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos, como la eliminación de la detención de los migrantes.

Ese día, el incendio ocurrido por la protesta de los migrantes, ocasionó la muerte de 40 personas, entre ellas 11 venezolanos, y lesiones a otras 27.

La comisión ratifica su solidaridad con las víctimas y sus familiares y lamentó la forma como ocurrieron los hechos, pues en el centro había al menos 80 personas bajo riesgo de detención y la amenaza de deportación, según lo reseñado por varias ONG defensoras de los DD.HH. de los migrantes.

Según video difundido en redes sociales, los guardias de la empresa de seguridad privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A de C.V. a cargo no habrían prestado auxilio luego de iniciado el incendio.

«La Comisión condena la pérdida de vidas de personas migrantes en custodia del Estado mexicano», señala el comunicado difundido por la organización en su portal web.

Al mismo tiempo, «toma nota de las acciones adoptadas por este, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias».

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Al tratarse de un suceso en el que múltiples personas migrantes perdieron la vida, la CIDH urge al Estado mexicano «aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus cuerpos sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos correspondientes».

Adicionalmente, destaca que las personas migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores.

Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado.

Además, tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos.

Lo anterior, incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.

En cuanto a la persistencia de la práctica de la privación de libertad por razones migratorias en México, la CIDH advierte que, «más allá de la forma en que se denomine a la detención, toda medida que impida a una persona migrante disponer libremente de su libertad ambulatoria constituye una detención».

Por tanto, «el Estado asume la posición de garante de derechos frente a las personas bajo su custodia».

Según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, citado por la CIDH, «el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y solo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo».

A la luz de dicho principio, agrega «la Comisión insta al Estado a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de personas migrantes en situación irregular en México».

En el entre tanto, destaca que «es su obligación garantizar que las detenciones se ajusten a los principios citados, buscando la supresión de esa práctica y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad por razones estrictamente migratorias».

El Gobierno de México inició este viernes la repatriación de los cuerpos de los migrantes fallecidos en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo.

A través de la agencia Efe se supo que las autoridades de Venezuela informaron que el próximo martes 11 de abril llegará personal especializado en huellas para identificar a los migrantes venezolanos muertos en el suceso.

Entre tanto, desde este viernes 7 de abril comenzó la repatriación de fallecidos a sus respectivos países con la llegada del cuerpo de una persona a Bogotá, Colombia”, precisó en una tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc).

Además, siete cuerpos de personas originarias de El Salvador están en traslado terrestre y se espera que este sábado estén cruzando la frontera por el sureño estado de Chiapas.

Asimismo, precisó que de las personas originarias de Guatemala que murieron en el incidente, 11 ya han sido identificadas y se tiene programado su traslado aéreo para la próxima semana, tal como lo establecieron el gobierno de Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, familiares de seis migrantes hondureños fallecidos están en el proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país de origen”, informó la Sspc.

En atención a los familiares de las víctimas, tanto fallecidas como hospitalizadas, se cuenta con un grupo especializado de apoyo jurídico y psicológico, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav)”, afirmó.

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La dependencia reiteró que “no habrá impunidad” en el caso y quienes resulten responsables “deberán responder ante la ley”.

La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

Hasta este viernes, la Secretaría de Salud federal reportó que además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los que 22 permanecen hospitalizados y hasta ahora cinco fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes.

La Fiscalía General de México inició una investigación por los hechos.

De acuerdo con el gobierno mexicano, por este caso ya se dictó prisión preventiva contra seis personas: tres agentes migratorios, dos de una empresa de seguridad privada que operaba dicho centro y un migrante señalado de iniciar el fuego.