Un juez federal en Miami otorgó 153 millones de dólares como indemnización a la familia de este preso político, un abogado venezolano exiliado que regresó a casa tras la detención de su padre solo para terminar encarcelado dos años por cargos de trabajar como un «terrorista financiero» para socavar al gobierno de Nicolás Maduro.

Este, de nombre, Carlos Marrón, presentó la demanda después de huir de Venezuela y de describir a The Associated Press (AP) las golpizas, asfixias y otros abusos que afirma haber sufrido cuando estuvo encarcelado.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró en su momento que Marrón había sido detenido arbitrariamente por presuntamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del mercado negro entre el bolívar y el dólar estadounidense.

El fallo emitido este lunes es el segundo de su tipo en los últimos meses contra el gobierno de Maduro por sus presuntos lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) bajo una ley federal estadounidense que permite que víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros embarguen los activos de sus victimarios, reseña el periodista Joshua Goodman para AP.

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En septiembre, otro juez federal otorgó 73 millones de dólares a la familia de Fernando Albán, un opositor político de Maduro que murió en 2018 después de caer del décimo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela (Sebin).

Tal como en el caso previo, Marrón acusó a Maduro en su demanda de dirigir el «cártel de los Soles», un presunto cártel de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Farc.

El tribunal condenó a la Rama Judicial y a Corfivalle, hoy Corficolombiana, a pagarle al ciudadano los 14 billones de pesos, pues la corporación no cumplió con sus obligaciones y negó al hombre tres CDTs injustificadamente.

El presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rodrigo Mazabel, le dijo al programa radial Mañanas Blu que “Hay unas obligaciones que tiene Corfivalle y que decide pagarlas al cabo de 10 años, expide unos valores y cuando el dueño va a reclamar la corporación niega esa obligación e impone unos sellos de anulado y lo denuncia penalmente”.

Según Mazabel, en primera instancia lo condenaron, luego el tribunal lo absolvió y determinó que “es importante que esos títulos sí eran válidos», que sí existía esa obligación y que, ahora, está habilitado para cobrarlos.

Así transcurrieron casi la mitad de esos 30 años, entre el proceso penal y todas las actuaciones en la justicia civil, para llegar a la instancia del fallo del Tribunal de Cundinamarca.

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El presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca detalló que hay unos intereses pactados que luego se capitalizan y se convierte en “una bola de nieve que suma y suma”. 

¿Quién quebrará a quién?

¿Los testaferros chavistas a las FARC?

¿Las FARC a los testaferros de Maduro?

¿Maduro a las FARC?

Todo pintaba a que sería igual al milenario “quién fue primero, el huevo o la gallina” dilema intentado responder por los filósofos Aristóteles, Plutarco, Macrobio, Hawking, Papineau, ilustres pensadores que nunca coincidieron ni convencieron.

Empero, por estos lares, ya sabemos “quién es quién”. La gallina vieja Cuba, más que poner, dispuso de Venezuela, a la que inoculó el susodicho socialismo.

La pollona devino en una gallina de los huevos de oro, rica fugaz, pues ya anda sin plumas y cacareando.

A la dictadura chavista-madurista le están dando tremenda desplumada. Y no solo los chinos, rusos, iraníes; el karma le está pasando factura a los otrora ricachones financiadores de terroristas.

Tanto daño se les devuelve y dándoles donde más puede dolerles a esos desalmados pagadores de maldades: perder dólares, por millones, saliéndoseles de las manos a los testaferros-lavadores que durante años han utilizado para los inescrupulosos magnates desangradores de pueblos.

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Asesorados por los Castros, Chávez y Maduro nutrieron de armas a las FARC y a los del ELN, gastándoles a manos llenas en pago a sus delincuenciales servicios.

Premiar con dólares a través de los generales chavistas que aseguran el paso y salida de cocaína hacía el mundo, por custodiarles las minas del arco minero, y presionar a los gobiernos colombianos en sus intentos de esclavizar democracias.

Pero lo que nunca calcularon fue que “el tiro se les saldría por la culata” o siendo más gráficos: los billetes verdes devendrían en bumerangs, que les golpearían durísimo.

La justicia cojea, y por eso a veces nunca llega. Sin embargo, en EE.UU. camina, avanzando, yendo a la fija.

En Colombia, la Justicia Especial para la Paz, JEP, y algunos magistrados, hubieran obstaculizado, hasta lo indecible, que víctimas de los terroristas de las FARC vieran la luz de la esperanza.   

En EE.UU. se hace valer la justicia cuando se juzga y castiga a victimarios, sus secuaces, cómplices del terrorismo, sin distingo alguno.

Tanto es así que Thomas Howes, Keith Stansell, Marc Gonsalvez, los estadounidenses contratistas que estuvieron secuestrados por la FARC y devueltos a la libertad gracias a la memorable Operación Jaque, ganaron les ganaron una batalla jurídica a esos “bolivarianos” farianos, chavistas, procubanos.

Fueron 8 años de lucha, donde tuvieron que soportar embates con la misma tenacidad con la que aguantaron aquellos cinco años sufriendo el secuestro en las selvas colombianas.

El batallar legal arrancó en noviembre del 2009, cuando iniciaron un juicio contra las FARC, demandándola por daños y perjuicios, en calidad de víctimas de terrorismo internacional, pidiendo una indemnización por 240 millones de dólares.

En 2012, un juez federal de la Florida dispuso que se les indemnizaran con 318 millones, pero no pudieron cobrar por culpa de las varias de apelaciones hechas por los defensores del empresario venezolano Samark López, uno de los testaferros chavistas, al servicio del financiamiento fariano.

Así fue hasta el 2018, cuando el presidente Trump firmó la Ley de Compensación Antiterrorista, que permite a las víctimas de grupos terroristas embargar bienes incautados por EE.UU. en virtud de la Ley Antinarcotráfico.

Esta nueva ley permitió irse tras los activos bloqueados de López en EE.UU. que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, 2 yates, un avión, y casas lujosas en Miami.

Samark López hizo una fortuna, gracias a su amistad de vieja data con el exvicepresidente venezolano Tarek El Aissami, hoy ministro del petróleo.

Ambos están sancionados por el gobierno estadounidense por lavar dólares provenientes del narcotráfico.

Aunque los abogados de López sostienen que sus vínculos con las FARC son indirectos, al ser amigo de El Aissami.

Las autoridades gringas tienen pruebas de que estos dos ayudaron a las FARC en sus traslados de cocaína a través de Venezuela.

Llegó la justicia cuando la Corte Suprema de Justicia estadounidense, manteniendo el fallo de un tribunal federal de apelaciones, ordenó que a las tres víctimas del secuestro, les sean entregados más de 53 millones de dólares de la cuenta bancaria que Samark López tiene en EE.UU.

Así las víctimas de las FARC se les están adelantando a los acreedores venezolanos y a los opositores de Maduro que aspiran a recuperar los bienes robados a través de la corrupción chavista-madurista.

Como las FARC han sido y siguen siendo aliadas del régimen chavista cómplice de sus actividades criminales, toda la plata que les cogen en EE.UU. puede ser empleada para compensar a víctimas de nacionalidad estadounidense.

Y siguiendo los pasos de los tres contratistas norteamericanos, va Lorenzo Delloye, el hijo de Íngrid Betancourt, joven nacido en California y que tiene nacionalidad norteamericana, quien ya anda tras una indemnización multimillonaria con la que busca lo compensen por lo sufrido durante el largo secuestro de su madre.

El hijo de Íngrid recién presentó una demanda contra las FARC ante el Tribunal del Distrito Medio de Pensilvania, por “daños y perjuicios” derivados de los actos de terrorismo internacional cometidos por las FARC, ya que esta guerrilla le quitó a su madre durante años causándoles angustias emocionales que todavía dice padecer.

La indemnización saldría de las fortunas de los bandidos chavistas, disfrazados de empresarios, incautadas por las autoridades norteamericanas.

Otras víctimas de las FARC piden que no solo sean indemnizados quienes tengan nacionalidad estadounidense. Lo que también abriría el camino a Clara Rojas y su hijo Emmanuel.

Si en gobierno norteamericano decide ser aún más solidario con las víctimas del terrorismo internacional y amplía el acceso a la justicia para los miles de colombianos que tanto sufrieron por la despiadada FARC, acontecerá una procesión de víctimas llegando a USA buscando las indemnizaciones económicas que en Colombia no logran.

¿Y entonces? Más millones de dólares serán quitados, por justa causa, a los testaferros chavistas.

¿Y? Podría desencadenarse una fuerte puja entre el régimen venezolano y los  cabecillas de las FARC, enfrentamiento que devendría hasta en sangrientos, y así se acabarían entre ellos mismos, porque los bandidos venezolanos estarían perdiendo muchísimos millones de dólares por culpa del monstruo guerrillero creado por Cuba y alimentado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami.

Aunque parezca insólito, podrían ocurrir esos choques entre rapiñas, desplumándose entre sí; masacre que merecen por los tantos males hechos sufrir durante lustros de sediciosa maldad.