Con lanzas, cerbatanas y pancartas con la leyenda "No nos maten" cientos de indígenas protestaron este martes en Colombia en rechazo a la violencia en la frontera con Venezuela, de donde fueron desplazados por cruentos enfrentamientos entre guerrillas.

Ataviados con prendas y joyas tradicionales del pueblo ancestral motilón-barí, los indígenas inundaron las calles de Cúcuta, capital regional y principal paso fronterizo con Venezuela.

Ellos son algunos de los más de 73.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo, fruto de la escalada violenta y los enfrentamientos que desde enero libran en la zona el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

"La guerra nos ha tocado duro en la región del Catatumbo", dijo a la AFP Alexander Dora, defensor de los derechos del pueblo barí.

Los manifestantes reclamaron al Ejecutivo de Petro por no proteger sus territorios de los grupos ilegales que siembran terror y se enriquecen con el botín de la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico en el enclave fronterizo estratégico.

"¡La comunidad se respeta!" o "¡Exigimos la presencia del presidente!", fueron algunas de las arengas de la minga, entre gritos. Algunos salieron a marchar desnudos.

Aseguraron que, hasta que no se reúnan con el presidente y su gabinete, no abandonarán Cúcuta ni regresarán a su asediada selva.

"Por el incumplimiento del gobierno nacional (...) Llevamos muchos años esperando y no tenemos respuestas positivas", dijo el manifestante motilón-barí Jhan Clok Borarishora, con una diadema de coloridas plumas.

Lea también: Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, condenado a 7 años de prisión

El Catatumbo

El Catatumbo es una de las zonas con más cultivos ilícitos de Colombia, que alcanzó un récord de 253.000 hectáreas en 2023, según Naciones Unidas.

"Queremos que nos den garantías y también territorio", dijo Juan Titira, representante legal de la comunidad motilón-barí. Aseguró que su pueblo está "cansado" de la violencia persistente.

El gobierno de Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de lograr la paz con los grupos armados, sin mayor avance hasta el momento. Los diálogos con el ELN, con fuerte presencia en la zona, están suspendidos desde el inicio de la crisis del Catatumbo.

Esta provocó el desplazamiento forzado más grande del siglo en el país, según la defensora del pueblo, Iris Ortiz.

Petro prometió mano dura con el ELN y ha anunciado la movilización de 25.000 soldados a la zona fronteriza. También habló de conversaciones con Venezuela para combatir conjuntamente a los narcotraficantes.

Con información de AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este lunes la lista de los concejales indígenas elegidos este domingo 3 de agosto,

En su canal de Telegram, el CNE informó a las organizaciones con fines políticos, así como a los candidatos participantes en el proceso electoral, que desde ya podrán acceder a la plataforma para verificar los resultados.

Asimismo, recuerda a los candidatos ganadores que deberán presentarse  en las 69 Juntas Municipales Electorales correspondientes, conforme al cronograma establecido por el ente electoral.

Lea también: CNE: 92,97% de los voceros participaron en elecciones indígenas de este 3AGO

 El CNE destacó que «la asistencia puntual es indispensable para dar inicio al proceso de adjudicación, proclamación y acreditación de los cargos, según lo establecido en la normativa electoral vigente».

 Este domingo, los pueblos indígenas de Anzoátegui, Bolívar, Apure, Monagas, Sucre, Amazonas, Delta Amacuro y Zulia participaron en la elección a concejales según sus usos y costumbres, de acuerdo a lo establecido por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida en 2020.

El CNE dio los resultados con una totalización correspondiente a 98,55% de los cargos  y con una participación de 92,97% de los voceros.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, presentó el primer  balance  de las elecciones de concejales indígenas efectuadas este 3 de agosto.

"Con una totalización correspondiente a 98,55% de los cargos en contienda, se registra una participación del 92,97% de la participación de las voceras y voceros", detalló el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero.

A través de Venezolana de Televisión (VTV), Quintero anunció que a partir de este lunes 4 de agosto el CNE adjudicará los cargos con carácter irreversible.

🗳️Elecciones indígenas en Venezuela: solo votó el 35 %🗣️Rafael Correa admite que trabaja con Nicolás Maduro🇺🇸TPS para venezolanos en EE.UU.: lo que se sabe sobre la posible extensión en 2025 🇻🇪Venezuela celebra el Día de la Bandera este 3Ago#NOTIFLASH con @halimnaim 👇🏻 pic.twitter.com/9HEwD4obuz

De esta manera, el Partido Cátedra Guaicaipuro obtuvo cuarenta (40) cargos principales que equivalen a 58 % de los concejales:

Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) conquista quince (15) cargos, para el 22,06 %

Partido Fundación para la Capacitación, Integración y Dignificación del Indígena (Fundacidi): ocho cargos (11,76 %)

Partido Federación de Indígenas del estado Bolívar (Fieb), un cargo (1,47 %)

Partido Kalaiira: cuatro concejales (5,88 %) 

"La Junta Nacional Electoral convoca a los miembros de las juntas municipales electorales de los 69 municipios ubicados en los ocho estados correspondientes a la elección de concejalas y concejales de representación indígena a dar inicio el día de mañana lunes 4 de agosto del 2025 a las 10 am al proceso de adjudicación y proclamación de los cargos", indicó Quintero.

Este domingo se llevan a cabo las elecciones de concejales indígenas en varios estados del país y para ellos, el Consejo Nacional Electoral (CNE)   habilitó 87 centros de votación.

Son en total 110 mesas electorales, distribuidas en 69 municipios de Venezuela.

Básicamente, se trata de la escogencia de los concejales indígenas de los estados Amazonas, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia. 

La tarde de este sábado, el vicepresidente del organismo, Carlos Quintero, informó que 100% de las mesas estaban instaladas.

Ratificó que, tal como ocurre con todos los proceso, la votación comienza  a partir de las 6:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde, o mientras haya electores encola.

Lea también: ¿QUIERES CONOCER a los alcaldes y concejales elegidos el 27JUL? El CNE publicó la lista completa

En estos comicios, que forman parte del proceso realizado el domingo 27 de julio.En este proceso se elegirá un total de 69 concejales.

Para ello, 6 mil 367 delegados indígenas están convocados para ejercer su derecho al voto y seleccionar a sus representantes. 

Con estas elecciones se completan los 2 mil 471 concejales del territorio nacional.

Olnar Ortiz Baré, abogado del pueblo Baré, denunció que 11 personas, de nueve pueblos indígenas, fueron detenidos por fuerzas de seguridad.

Los mismos son «señalados de cometer delitos graves» en el contexto postelectoral del 28 de julio.

Entre los detenidos se encuentran un menos de edad y dos mujeres.

El jurista hizo la denuncia a través de sus redes sociales.

Desde la palestra de X hace un llamado a la Organización de Naciones Unidas, relatores de derechos humanos y a su secretario general, Luis Almagro.

#12Ago ?️ UN MENOR DE EDAD Y DOS MUJERES ENTRE LOS DETENIDOS@olnarortizBare, abogado del pueblo Baré, denuncia que 11 personas, de nueve pueblos indígenas, se encuentran detenidos y son "señalados de cometer delitos graves" en el contexto postelectoral?Vía: @milmanrique pic.twitter.com/5yLdTNRBvc

Lea también: Aumenta a 9 las víctimas fatales por explosión de bombona de gas en Petare: DOS BEBÉS ENTRE ELLOS

Recordemos que, según lo anunciado por última vez por Nicolás Maduro, sobrepasan los 2.200 detenidos en todo el territorio nacional por estar involucrados en protestas tras los comicios electorales del 28 de julio.

Un movimiento de tierra le habría quitado la vida a dos mineros indígenas, quienes murieron tapiados en el municipio Manapiare, del estado Amazonas.

La información fue suministrada a través de las redes sociales por el Asociación Civil Kapé Kapé, encargada de los derechos humanos de los indígenas en Venezuela.

Derrumbe en mina de Amazonas deja al menos 2 indígenas fallecidosEl accidente ocurrió en una de las minas de Caño Mosquito, municipio Manapiare, en momentos cuando un grupo de personas removía la tierra buscando oro, se vino un allud que los cubrió perdiendo la vida en el hecho. pic.twitter.com/ff5et4PrYv

Según la Organización No Gubernamental, los sucesos ocurren en una mina ubicada en el Caño Mosquito, cuando varios de los mineros realizan movimientos de tierra.

Le puede interesar: Hallan con vida a mujer parapentista que cayó en el parque nacional El Ávila

Al parecer, hubo un manejo con unos deslizamientos de tierra y los dos mineros quedaron tapiados.

Sus compañeros, como pudieron, los rescataron e intentaron prestarle los primeros auxilios.

Se pudo conocer que las víctimas mortales fueron llevadas hasta la ciudad de Puerto Ayacucho, mientras que las autoridades regionales habrían dado inicio a una averiguación sobre lo sucedido.

Habitantes de la comunidad de la etnia warao en el Delta Amacuro se encuentran conmocionados por el fallecimiento de nueve niños en un lapso de 72 horas en el pasado mes de marzo por causas de una extraña enfermedad.

Los pequeños, quienes residían en las comunidades Sakoinoko y Yorinanoko, en la parroquia Manuel Renaud del municipio Antonio Díaz, tenían edades entre 4 y 9 años, comenzaron a presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza, convulsiones y malestar en el cuello. 

La zona afectada se encuentra en una densa selva, a ocho horas de navegación desde Tucupita, la capital de Delta Amacuro.

Los menores manifestaron molestias en el pecho antes de su fallecimiento, informó el cacique de la comunidad Nabasanuka, Enrique Moraleda.

Cuatro infantes fallecieron el 11 de marzo y otros cinco el 13 del mismo mes.

Lea también: ¡LAS VÍCTIMAS DEL MONSTRUO DE CARICUAO SON NIÑAS ENTRE 9 Y 16 AÑOS! Capturan a violador serial en Caracas

Es de recordar que en el año 2008 también 39 waraos, entre adultos, jóvenes y niños, perdieron la vida a consecuencia de una extraña enfermedad, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades de salud estatales y nacionales, los resultados de los análisis de laboratorio nunca fueron divulgados, situación que preocupa a los residentes de estas comunidades debido a que temen a un nuevo brote en la región.

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad denuncia que en los siete estados con población indígena en Venezuela no existen centros de detención preventiva específicos para los pueblos originarios.

Esto sucede en las entidades regionales de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia.

Por esta razón son trasladados a otras regiones, lo que dificulta el contacto con sus familias, se resalta en el informe “Indígenas en prisión: Cuando el gentilicio empeora la situación”.

A pesar de que en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en el año 2005, se establece que al indígena, estando en prisión, se le deben respetar sus costumbres y tradiciones.

#7Abr ? INDÍGENAS SUFREN PRECARIEDADES DURANTE DETENCIÓN PREVENTIVALa ONG Una Ventana a la Libertad informó que en los siete estados con población indígena en Venezuela (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia), no existen centros de detención… pic.twitter.com/BP3Q9iv3Il

También señalan que, como el resto de la población penal, sufren de hacinamiento, falta de atención médica, corrupción, retardo procesal y mala alimentación.

Por otra parte, no existen cifras oficiales sobre cuántos indígenas están privados de libertad, apunta el abogado Olnar Ortiz.

Lea también: Confirman apertura del paso vehicular por el puente internacional Unión, en frontera con Colombia

El jurista explica que a pesar de existir un marco legal sobre el tema no se ha logrado vincular la cultura de las etnias indígenas con el sistema de justicia venezolano, por lo tanto, se siguen cometiendo diversas irregularidades en estos procesos.

“Es una deuda que debe ser solventada en corto tiempo”, dice el abogado, que además es de la etnia Bare del estado Amazonas.

Un grupo de indígenas causó graves daños ambientales tras un desalojo que se llevó a cabo en la hacienda El Japio, en Santander de Quilichao, Cauca.

Como retaliación a esa acción, las personas prendieron fuego a la vegetación y afectaron viviendas de trabajadores.

Hectáreas de árboles talados, quema indiscriminada y afectaciones al ecosistema es el panorama de esa reserva natural caucana.María Luisa Camayo, ambientalista, hizo referencia al daño que causaron las llamas y tildó el hecho como “terrorismo ecológico”.

“En cuanto a bosque seco tropical, Japio cuenta con más de 460 hectáreas. Las afectadas hasta el momento han sido más de 120 hectáreas. Cuando hablo de terrorismo ecológico, me refiero a que no podemos seguir sometiendo a los ecosistemas a un daño sistemático. Ese daño lleva a que las interacciones de los ecosistemas se pierdan. Obviamente, nosotros perdemos biodiversidad y eso es un delito”, aseguró la ambientalista en declaraciones a Francesco Zucconi que dio a conocer esta información en Caracol.

Lea también: ¿SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL? Indígenas del Cauca protestan por propuesta de Francia Márquez

En medio del operativo de desalojo, los indígenas prendieron fuego en más de 10 puntos de la reserva natural. Ante la magnitud de la emergencia, soldados y policías trataron de apagar algunos puntos críticos.

Las comunidades que ocupaban la hacienda trabajaban la madera para comercializar y realizar las construcciones de las viviendas en medio del bosque.

Un libro, una cartilla y 38 audios, en lengua mɨnɨka y español, componen este kit educativo (lúdico pedagógico) creado por la comunidad de Umancia, del pueblo murui-muina que habita en Putumayo.

Se trata de sonidos, palabras y conocimientos, plasmados en un libro de narraciones ancestrales, una cartilla pedagógica interactiva y un compendio de 38 audios, describen la relación de la comunidad indígena de Umancia, del pueblo muruimuina en Putumayo, con el jaguar (conocido como janayari por la comunidad y panthera onca en nombre científico).

El kit educativo del jaguar, denominado «Ambil, Mambe y Janayari», es la segunda publicación elaborada por el equipo de monitoreo comunitario de Umancia, Jɨkanua Uai y Eroinano, con el apoyo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Resguardo Alto Predio Putumayo ACILAPP y WWF.

Este es un documento de consulta abierta para todas las personas, con narraciones escritas y registradas en audio -en lengua mɨnɨka y español-, a través del cual el pueblo muruimuina de la comunidad de Umancia comparte su sabiduría y vivencias en torno a la relación entre el humano y el jaguar.

Estas herramientas pedagógicas y comunicativas fueron creadas a partir de los conocimientos, usos y costumbres de la comunidad, y están dirigidos a niñas y niños de escuelas comunitarias y sus docentes, como una estrategia para el reconocimiento de su territorio.

La colección de materiales y su proceso de creación aportan a la gobernanza de la comunidad y al fortalecimiento de capacidades para la conservación del jaguar y el bosque.

Lea también: Colombia cuida al Jaguar, el felino más grande de América

El jaguar es el felino más grande en América y de su conservación depende el bienestar de varias especies y ecosistemas del continente.

Un legado de conocimiento para la conservación ambiental El kit educativo del jaguar es el resultado del trabajo de los monitores Jɨkanua Uai y Eroinano, una investigación que empezó aún en pandemia, pues en el largo proceso de conservación y fortalecimiento de la gobernanza que han llevado durante siete años, con el apoyo de WWF Colombia, reconstruir su historia, preservar su lengua y persistir en el manejo de su territorio ha sido una prioridad.

Asimismo, añoran registrar las historias de peces, aves y plantas medicinales, que recopilan su conocimiento sobre el manejo ambiental, y que aún ponen en práctica, lo que ha resultado en una amazonia mejor conservada en los territorios que habitan.

Con informaciones de RTVC y WWF

En el departamento colombiano Chocó, 15 integrantes de comunidades indígenas se han quitado la vida por presiones de grupos armados que se encuentran en esta zona del país.

La Defensoría del Pueblo asegura que en este departamento hay presencia, principalmente, del Clan del Golfo y el ELN, estructuras que, además, tienen disputas en algunas zonas. Los casos reportados sucedieron en seis municipios y se han dado bajo ahorcamiento y envenenamiento, según reporta lo entidad.

“Es de suma importancia actuar cuanto antes. 10 de los casos reportados corresponden a mujeres. Se requiere una atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, haciendo declaraciones en Blu Radio.

Lea también: El Chocó, el territorio colombiano abandonado y sometido por la violencia (Crónica)

La Defensoría también alertó que se están presentando casos de acoso e instrumentalización de menores de edad para la guerra, violencia sexual, confinamientos y desplazamientos recurrentes y una violencia generalizada, que está llevando a que se registren estos casos de suicidio por parte de los integrantes de las comunidades indígenas que se han registrado en Bojayá, Alto Baudó, Quibdó, Bahía Solano, Bagadó y Lloró.

Carlos Camargo Assis, fue enfático diciendo que «las víctimas, estas comunidades, están sufriendo mucho, y el Estado está en la obligación de proteger sus derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad”.

Los indígenas u’wa llevan 30 años en un conflicto con el Estado colombiano por su territorio. 

Ellos alegan que miles de hectáreas han sido usurpadas por las empresas petroleras en Colombia.

Lea también: ¡TRAGEDIA EN EL AMAZONAS! Ante avalancha de jóvenes indígenas que se quitan la vida

Entre las montañas de Boyacá, Norte de Santander y Arauca está el territorio de los indígenas u’wa, un pueblo con más de 40 mil personas y que desde 1995 entró en una batalla legal por proteger más de 500 mil hectáreas de su territorio.

“Si nosotros permitimos que continúe la exploración y explotación petrolera o de hidrocarburos en nuestra región, esto generaría un desequilibrio espiritual y cultural en nuestra cultura”, afirmó a Caracol, Juan Gabriel Jerez Tegría, el asesor jurídico de Aso U’wa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para proteger los derechos que se les han vulnerado a esta población con una cultura ancestral en riesgo de desaparecer.

Joaquín Mendieta Silguero, director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento del Guaviare, estaría investigado por la Procuraduría General de Colombia, después de que se conociese de que el funcionario público tenía conocimiento de los abusos sexuales cometidos por militares en contra de niñas indígenas.

Al parecer, Mendieta Silguero tenía pleno conocimiento de los hechos cometidos en contra de las niñas, indígenas y su despacho no llevo a cabo ninguna acción cautelar, ni tomó medidas de protección.

La Procuraduría ha solicitado al ICBF todas las diligencias llevadas a cabo en torno al tema de abuso sexual cometido en contra de mujeres indígenas, desde el 2019 hasta estos días.

Director de @ICBFColombia en Guaviare, !a responde por no desplegar medidas para proteger a menores indígenas de a usos sexuales! El funcionario señaló en entrevista que sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas. Más detalles #EsNoticia https://t.co/VL7ydRHFLt pic.twitter.com/G5faTQku5m

El 17 de noviembre, de manos del propio ejército de Colombia, se conoció la noticia de una averiguación abierta en contra de dos soldados, quienes durante su guardia se volaron de su puesto de vigilancia y acudieron a un caserío en el municipio El Retorno de Guaviare.

Los uniformados habrían entrado a una casa y uno de ellos abuso sexualmente de una menor de edad que se encontraba en el recinto.

Le puede interesar: ¡A QUEMARROPA Y POR LA ESPALDA! Sicarios masacran a tres personas en Colombia

Este caso habría destapado la olla de una serie de acontecimientos, donde militares habrían cometido diversos actos lascivos en contra de la comunidad indígena de la zona.

El ICBF reporta que durante el año 2022, la región del Guaviare se vio considerablemente afectada por un incremento en los delitos sexuales.

Según el organismo, el año pasado reportaron 192 denuncias por violencia sexual, cometida en contra de menores de edad. La estadística indica en promedio que se cometieron cuatro acciones por semana.

Al parecer, estas acusaciones no han procesado y siguen cometiéndose dichos delitos.

Uno de los pueblos indígenas colombianos más apartados, viviendo en la selva amazónica, está siendo azotado por una andanada de suicidios que resultan imparables.

Las autoridades de la comunidad Tikuna han tenido que recurrir a un encierro de cuarenta días donde han prohibido el consumo de alcohol, el no escuchar música, ni ver fútbol, en un desesperado intento de apartar a los jóvenes de la modernidad.

Es que al parecer el carecer de las «bondades» de la «civilización» lo empuja a depresiones que conllevan a que se quiten vidas.

Los indígenas tikuna de Arara organizaron un ritual con tabaco para expulsar los malos espíritus.

Además los chamanes y gobernadores impusieron entonces una “dieta” entre los 1.200 habitantes de esa etnia.

Durante 20 días se restringieron las distracciones “occidentales” para frenar los suicidios.

Los líderes espirituales destacan el alcoholismo, la drogadicción y maleficios externos entre las causas de las muertes.

Lea también: Exigen erradicar maltratos a mujeres en las jurisdicciones indígenas en Colombia

Investigaciones científicas han evidenciado que este fenómeno social también acontece en Brasil, Perú y Guyana Francesa.

Las causas parecen ser la pérdida de tradiciones, discriminación en las ciudades, falta de oportunidades y entornos violentos sumen en la depresión a los jóvenes, dicen expertos.

En la Amazonia colombiana, donde los pueblos originarios son mayoría (58%), la tasa de suicidio en 2021 fue de 9,87 por 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 5,71, según afirma el Instituto de Medicina Legal colombiano.

La comunidad indígena de la localidad de Cuninico exigió que el presidente Castillo haga presencia, asegurando que unas 2.500 personas que viven a orillas del río Marañón no pueden alimentarse ni beber del agua porque está contaminada.

Los turistas habrían sido secuestrados en el río Marañón, en la localidad de Cuninico, por lugareños que buscan llamar la atención del Gobierno tras el derrame de petróleo.

Entre los turistas hay nacionales de Francia, Suiza, Alemania, España, Brasil y Reino Unido.

En declaraciones a un canal de televisión peruano (RPP) Ángela Ramírez, una de las turistas retenidas, se quejó diciendo que no tienen agua para lavarse e informó que la comunidad indígena de la zona pretende retenerlos unos ocho días si no reciben ayuda del Estado para solucionar el problema del derrame de petróleo.

Ramírez agregó que, entre los retenidos, también hay niños, el menor de los cuales debe tener un mes, personas mayores, con discapacidad y mujeres embarazadas, calificando la situación de “crítica”.

El presidente de la comunidad de Cuninico, Watson Trujillo, dijo que los indígenas quieren llamar la atención del Gobierno para que evalúe el daño ambiental ocasionado por el derrame de 2.500 toneladas de crudo al río provocado por la ruptura de un oleoducto.

La fuga de combustible se reportó en septiembre, cuando cuatro trabajadores de la empresa estatal Petroperú fueron secuestrados y luego liberados.

Tras negociaciones con la ministra de energía y minas, Alessandra Herrera, los 150 turistas han sido liberados esta tarde, después de que la comunidad indígena de Cuninico bloquease el paso a las embarcaciones en las que viajaban en protesta por un vertido de petróleo.

El gobierno peruano se comprometió en resolver la grave situación que sufre la comunidad indígena donde dos niños y una mujer han muerto en la zona debido a derrames de petróleo de un oleoducto de 40 años de antigüedad en el río Cuninico.

Un brote de malaria ya ha cobrado la vida de cuatro niños indígenas han muerto en el municipio de Urrao, en el Norte de Antioquia.

La comunidad del resguardo Andabú asegura que ha sido víctima de confinamiento por la disputa de los armados y esto ha imposibilitado el traslado de los menores para su atención.

La Organización Indígena de Antioquia alertó que el brote de la malaria ocurrió en el último mes y que los niños muertos tenían menos de 10 años. En el resguardo de Andabú hay 400 personas confinadas por la disputa del territorio que hacen grupos armados en la región.

“Se ha afectado la salida de la gente a recibir la atención médica. El mayor ha solicitado que la autoridad de salud llegue al lugar para que la gente reciba la atención médica porque la epidemia de la malaria y el paludismo sigue avanzando. Nos preocupa mucho porque los armados no dejan salir a la comunidad de su territorio”, señaló William Pertúz, consejero de la Organización Indígena de Antioquia.

“A los grupos armados les digo nosotros somos una comunidad de paz. Pedirles que por favor respeten la vida de los indígenas y de los niños porque todos merecemos vivir una vida digna y buena en los territorios de los resguardos”, puntualizó el consejero Pertúz.

Lea también: FORO: «venezolanos que logran cruzar el Darién llegan con dengue, malaria o lesiones dermatológicas»

La Defensoría del Pueblo indicó que desde agosto pasado le pidió a la alcaldía municipal y a la Gobernación de Antioquia que activaran el mecanismo para llevar una brigada de salud hasta el territorio. Añadieron que son 95 las familias indígenas las que han sido víctimas del desplazamiento forzado.

Pueblos indígenas en la costa pacífica de Nariño, a donde nunca había llegado el servicio de energía, contarán con electricidad en sus hogares tras la construcción de redes de media y baja tensión.

El pueblo indígena Unipa Awá de los municipios de Roberto Payán, Tumaco y Barbacoas que tienen asiento en el pie de monte costero de Nariño, serán los principalmente beneficiados con construcción de estas redes eléctricas.

Históricamente estas zonas habían sido relegadas del servicio dado el difícil acceso por la espesura de la montaña y lo lejano de los caseríos.

Serían más de 716 familias las que tendrán conexión eléctrica en su resguardo indígena de las comunidades Awá.

Lea también: Exigen erradicar maltratos a mujeres en las jurisdicciones indígenas en Colombia

Se conoció que la infraestructura eléctrica ya comenzó a instalarse y gradualmente se dará conexión y fluido a estas zonas donde por primera vez podrán los habitantes acceder de manera más practica al uso de electrodomésticos, teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes usan plantas de energía portable a base de combustibles para poder trabajar y otras actividades.

Según lo reportado por Johana Morillo, subsecretaria de minas y energía de Nariño, “en las zonas no interconectadas (ZNI) o que no contaban con el servicio de energía eléctrica, ya iniciamos la ejecución de este importante proyecto y ya tenemos el suministro de materiales como los postes y cableado”.

Las comunidades indígenas del Cauca (CRIC) le enviaron una carta a Petro; misiva que es muy clara en su postulado: No se irán.

Los comuneros que han llegado a los predios en Cauca y han permanecido por varios días, continuarán en ellos hasta que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro escriture esos terrenos a las comunidades.

“Al gran jefe (Petro) también le mandamos a decir que vamos a entrar en otras fincas porque nuestra lucha no se detiene”, dice la misiva del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que los comuneros no son invasores y que, por el contrario, están recuperando una tierra que les robaron a sus ancestros.

La CRIC hace una invitación a las comunidades de otras regiones “que están haciendo la lucha directa por la tierra a que no se salgan de las fincas. Invitamos a más familias, más comunidades en el norte del Cauca y en Colombia y en el mundo a que entren en más fincas y se posesionen”.

Además, expresan su descontento con las afirmaciones y las salidas que ha dado el gobierno al ocupamiento de estas tierras, y señalan que no entienden cómo o por qué el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, los tildan de invasores.

Lea también: ¿SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL? Indígenas del Cauca protestan por propuesta de Francia Márquez

El mensaje del CRIC caló hondo, y otras comunidades campesinas de los departamentos de Cesar y Magdalena se sumaron a la iniciativa de ingresar a los predios bajo la premisa de la “democratización de la tierra”, un punto que fue bandera en la campaña presidencial del actual presidente de Colombia.

Estas comunidades campesinas se nombran a sí mismas como “liberadores de la tierra” y explican que sin su lucha “esos predios que el Estado llama baldíos, pero que deja a merced de mafias narcoparamilitares, estarían devastados. Serían el reino de palma aceitera que roba toda fertilidad a la tierra y explota al campesino sin tierra convertido, a la fuerza, en jornalero sin derechos. Serían tierras de búfalos, utilizados como instrumentos del despojo y la muerte de ciénagas y humedales cuyos nombres se perderían en la memoria de nuestros viejos”.

De la misma forma que los indígenas expresaron su indignación con el gobierno de Gustavo Petro por el tema de las tierras, las comunidades campesinas se mostraron indignadas por la posición oficial y expresaron su asombro “por las recientes declaraciones de un Gobierno que asumimos como propio, realizando afirmaciones que estigmatizan la lucha por la tierra, que criminalizan en lugar de convocar al diálogo para trazar los caminos que nos conduzcan a la reforma rural integral y popular en la que hemos puesto nuestro trabajo, nuestra vida y nuestros muertos”.

El brote de las invasiones de tierra ya ha comenzado a extenderse por otros departamentos: La Guajira, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Cesar, Huila, Córdoba y Atlántico, donde los indígenas viven en carne propia la construcción de cambuches en predios considerados privados.

“El derecho a la tierra es inviolable, pero también lo es la sana posesión» afirmó el senador del Centro Democrático Alirio Barrera.

Por su parte, el congresista del partido Comunes (de las Farc), Julián Gallo, indicó que “ante la creciente conflictividad alrededor de la tierra, proponemos al Gobierno Nacional que lidere una mesa de diálogo donde estén los partidos con representación en el Congreso, organizaciones campesinas que luchan por la tierra, étnicas, sociales y los propietarios de tierras”.

Frente a la petición de los indígenas, el Gobierno Petro recordó que ya hubo un primer encuentro con autoridades del Cauca para buscar una solución negociada.

La situación es alarmante y se agrava más podría llegar a desembocar hasta en una guerra civil. 

La Comisión de Fronteras de la asamblea Nacional pide el abordaje pide a los gobiernos de Venezuela y Colombia colocar en agenda el abordaje a los indígenas yukpas que hacen vida activa en el eje limítrofe.

Miembros de la etnia fueron captados por la guerrilla e instauraron una alcabala clandestina en La Fría para someter a la población.

Lea también: ¡LAS PRIMERAS ÓRDENES DE PETRO! Policía suspendió la erradicación forzada de coca en Colombia

Alguno de ellos tiene armas blancas y someten a la población para que pague hasta 20 mil pesos para dejarlos continuar el camino.

Autoridades aseguran que sea hecho todo para tratar de devolver a los indígenas a la Sierra de Perijá, pero siguen llegando al eje limítrofes.

Incluso la Policía Nacional Bolivariana ha intervenido, pero regresan nuevamente.

Para ampliar esta y otras informaciones de carácter nacional e internacional, puede visitar nuestro canal en YouTube.

Autoridades de Colombia están alerta ante la utilización de grupos de la etnia yukpas por parte del ELN y las disidencias de las FARC para cometer hechos delictivos.

No se sabe cuántos yukpas se han instalado en la frontera, la realidad es que mientras unos trancan la vía de La Fría en el estado Táchira para pedir dinero, en Cúcuta los investigan por acciones lícitas.

Lea también: SE ECHÓ AL AGUA DE NUEVO: Jennifer López se casó con Ben Affleck en Las Vegas

El coronel Alfonso Reyes comandante, de la Policía Nacional de Cúcuta, informó que una comisión investiga quiénes están detrás de acciones ilícitas y utilizan a los indígenas para cometerlas.

“Estamos capturando a todas esas personas que cometan delitos en el eje limítrofe”, enfatizó.