La organización Monitor de Víctimas presentó esta semana su informe sobre las muertes violentas, titulado “Fuego cruzado en Venezuela”. La investigación revela que en Caracas hubo 544 homicidios el año pasado.

Indica que de ese total, 185 muertes (33,8%) se atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado, bajo las categorías de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el estudio, los funcionarios policiales fueron el principal victimario en 2021.

Asimismo, señala que en 2021 hubo una disminución de 9,2% de los crímenes con respecto al año anterior: la cifra pasó de 599 a 544.

Con respecto a los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad no hubo una disminución.

“Los 185 casos de 2021 representan 34% del total de homicidios, igual que en 2020 cuando hubo 204 casos que eran 34% de las muertes violentas”, destaca el documento.

“Los cuerpos de seguridad encargados de proteger a la ciudadanía son los principales responsables de las muertes. Los casos de resistencia a la autoridad y de ejecuciones extrajudiciales se han mantenido en una proporción más o menos igual en los últimos tres años, entre 30% y más de 40% de los homicidios”, dice el estudio.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el organismo con más muertes por presuntas ejecuciones y resistencia a la autoridad, con 83 casos.

Luego se ubica la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, con 56. Los otros grupos de la PNB suman 31 casos.

“Los derechos humanos y, principalmente, el derecho a la vida siguen siendo vulnerados por los cuerpos de seguridad, en una proporción similar a 2020. Esto sigue ocurriendo en los barrios y zonas populares, donde las víctimas tienen siempre un mismo perfil: hombres jóvenes y pobres”.

El informe también destaca que la categoría con más víctimas son las muertes por determinar, con 88 casos (16,1%).

Se desconoce quiénes son los victimarios, pero muchos de estos crímenes ocurrieron en intervenciones policiales o en enfrentamientos con grupos delictivos.

Monitor de Víctimas le puso especial atención al fuego cruzado ocurrido en la Cota 905 entre el 7 y el 9 de julio pasado para capturar a los integrantes de la megabanda de Carlos Revete, alias “El Koki”.

Allí se contabilizaron 37 muertos, incluidas personas que no estaban relacionadas con los enfrentamientos ni con la organización criminal, que opera en otros sectores como El Paraíso, El Valle y La Vega, reseña el informe.

Se trata de tres de las cinco parroquias del Distrito Capital que registraron más homicidios, ya suman 130 casos (23,8%).

También fueron escenario de “la masacre de La Vega”, en enero de 2021, cuando hubo una matanza de civiles a manos de la policía.

“La masacre de La Vega dejó 15 personas muertas, casi todas a manos de la policía y de hombres vestidos de negro, cuya identidad no se conoció. La acción se prolongó por dos días, entre el 8 y el 9 de enero de 2021. Además, estuvo seguida de una ola de violencia y asesinatos en la misma parroquia, cuyos móviles nunca fueron precisados por las autoridades”, destaca.

Otros de los móviles que se precisan en el informe destacan: los ajustes de cuentas, con 57 casos; riñas o peleas, con 44 casos; bala perdida, con 35 casos.

Le siguen la violencia de género, con 15 casos; enfrentamientos entre bandas, con 12 casos; funcionarios muertos en servicio, con 9 casos; violencia contra niños, con 3 casos; crimen de odio y linchamiento, con 2 casos; y secuestro y sicariato, 1 caso cada uno.

El fiscal general al servicio del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, admitió este domingo que debe haber una reestructuración en las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Durante una entrevista ofrecida a Ernesto Villegas, transmitida por el canal estadal VTV, también insistió que la reestructuración debe tener lugar en todos los cuerpos policiales del país.

“Es importante que cíclicamente se haga una reestructuración, no porque haya una coyuntura, sino para mejorar”, dijo.

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Durante la conversación criticó nuevamente el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que acusa al régimen de cometer delitos de lesa humanidad.

 “Cuando se dice que el Estado comete crímenes de lesa humanidad, ignoran el concepto de crímenes de lesa humanidad”, advirtió.

Asimismo, aseguró que para que haya crimen de lesa humanidad, “como en Colombia por ejemplo, tiene que haber una política de exterminio”, afirmó.

William Saab aseveró que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela nunca le solicitó información oficial al Ministerio Público.

 “En los últimos informes de Michelle Bachelet, incluido el del viernes, ella reconoce la labor del fiscal en la judicialización de los casos”, destacó el fiscal de Maduro.

Sin embargo, aclaró que desde el Ministerio Público revisan los casos en conjunto con la oficina de Bachelet.

“Nosotros estamos revisando los casos con la Oficina de Bachelet. Porque esa comisión la creó el Grupo de Lima”, insistió William Saab.

Saab reconoció que en Venezuela sí se han cometido violaciones a los derechos humanos, pero indicó que se han imputado y condenado como corresponde.

“Agentes de seguridad del Estado, militares, funcionarios policiales, eso lo ha hecho el Ministerio Público, porque es prioridad del Estado”, finalizó.

El canciller del régimen, Jorge Arreaza, rechazó el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este documento resaltó que las fuerzas de seguridad de Maduro cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Arreaza mediante su cuenta en la red social Twitter aseguró que este informe está, “plagado de falsedades” y elaborado por una misión «fantasma».

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Además, insistió que esta “misión” es dirigida contra Venezuela y controlada por gobierno subordinados a Washington.

Insistió que ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DD.HH.

Jorge Arreaza aseguró que la cooperación del régimen de Maduro con el Consejo de DDHH  de la ONU, «se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada».

“Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la Sra. Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación”, dijo.

Arreaza reiteró que la administración chavista desde el 02 de diciembre de 2019 ha afirmado, «que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH».

Señaló, que «para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la Alta Comisionada», sentenció.

Más temprano, el informe de la ONU determinó que el régimen de Maduro adoptó conductas que «constituyen crímenes de Lesa Humanidad.

«Existían motivos razonables para creer que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición», reza parte del informe.

El panel determinó que oficiales del ejército, la policía y los servicios de inteligencia habían cometido ejecuciones extrajudiciales.

Entre ellos se encontraba el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, el general Christopher Figuera, dijo.

1/3 Reiteramos que nuestra cooperación con el Consejo de DDHH de #ONU, se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la Sra @mbachelet al anunciar la renovación de nuestra relación.

En el informe que presentó en 2019, Bachelet hizo 23 recomendaciones al régimen en las que se destaca, la petición de poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Esto no se cumplió, así como ninguna de las demás.

Este 15 de julio de 2020, salió un nuevo informe de Bachelet que para la ONG, Foro Penal, pareciera que se trata de un «borrón y cuenta nueva», pese a que se hace se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los Derechos Humanos de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco.

Sin embargo, no menciona que mantienen tras las rejas a 13 indígenas pemones, por ejemplo.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que en este nuevo documento de la Oacnudh no se establece concretamente cuáles son los resultados de la colaboración con el Estado venezolano, pues solo insta al cese «inmediato» de cualquier intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia. «Si esto no es así, entonces esta colaboración es totalmente inefectiva e ineficiente».

Romero aseguró que siguen ocurriendo casos graves de violaciones de derechos humanos en el país. «Hace falta comparar y exigir respuestas más contundentes sobre esto (…) Las condiciones de detención de presos políticos ha empeorado desde el año pasado y la gravedad de las condiciones de detención es cada día peo. Actualmente hay 410 presos políticos», dijo este miércoles en rueda de prensa virtual.

El defensor de DD.HH resaltó el caso del médico José Alberto Marulanda, uno de los presos sobre los que la Oacnudh ha urgido su liberación, y que fue detenido desde hace dos años por estar vinculado sentimentalmente a una militar acusada de presunta traición a la patria y rebelión.

«Cómo es posible que si hay un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos para exigir la liberación de estas personas, no se mencione en ninguno de los dos informes presentados este año», reiteró.

En esta ocasión la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del régimen.

Por su parte el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, insistió que «no hay continuidad en el análisis de lo que ocurre en los derechos humanos en Venezuela (…) Se formulan 21 nuevas recomendaciones sin ningún tipo de garantías que estas se vayan a cumplir. El informe 2020 presenta ambigüedades, esto es una omisión grave que presenta este informe (…) pareciera «borrón y cuenta nueva», expresó.

El Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. publicaron este viernes un informe en el que alertan que la práctica de las desapariciones forzadas, por parte del régimen de Nicolás Maduro, ha ido en aumento con los años, como una forma de amedrentar al que piensa distinto.

«Este informe aborda la práctica de desapariciones forzadas en Venezuela. Comprende concretamente el estudio de casos que ocurrieron durante los años 2018 y 2019», destaca el informe.

«En el periodo cubierto, 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se reportaron 724 desapariciones forzadas de detenidos políticos en Venezuela. En 2018 se reportaron 200 y en 2019 524», agerga el escrito.

Destaca que «si bien este informe se enfoca en los años 2018 y 2019, la práctica de desaparición forzada continúa hasta la fecha. Aún con un número más bajo de manifestaciones políticas y con medidas de confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19, según el registro del Foro Penal en lo que va de 2020 se han producido 235 detenciones con fines políticos en Venezuela. De este total de detenciones, 33 han constituido desapariciones forzadas y de estos casos, aún permanecen desaparecidas 14 personas al 31 de mayo de 2020, fecha de cierre de este informe».

Se considera como desaparición forzada toda detención o privación arbitraria de la libertad, por parte de agentes estatales, o con su aquiescencia, seguida por la negativa de brindar información sobre el paradero de la persona desaparecida, manteniéndola incomunicada, y la no presentación de dicha persona ante una autoridad judicial competente en un orgen de 48 horas desde que ocurre la detención inicial. A partir del plazo de 48 horas, y mientras se mantengan las condiciones ya mencionadas, se consideran las detenciones como desapariciones forzadas.

Lea el informe aquí: