La nueva actualización del informe sobre Venezuela que presentó este jueves la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no dejó muy bien parado a Nicolás Maduro y su administración.

#11Mar ?AHORAAlta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet, alerta que “un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”.Denunció que se ha agravado la situación humanitaria ante el limitado acceso a los servicios básicos.Vía @milmanrique ? pic.twitter.com/W0Tj37233A

El informe presentado reseña, una vez más, que continúan las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (Faes).

Esto, pese a los anuncios de los funcionarios de Maduro de una «reforma policial».

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Bachelet se refirió, específicamente, a los enfrentamientos que se suscitaron el pasado mes de enero en la parroquia La Vega, donde las Faes ejecutó a 14 personas.

“Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, enfatizó.

Asimismo, Bachelet se refirió a la muerte de presos en centros de detención preventivas por tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.

Ante esto, le dijo a Maduro que “garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”.

En este contexto, precisó que “la asistencia humanitaria es aún más esencial».

Razón por la cual, expresó preocupación antes las “restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos”.

“Pido que se reanuden los proyectos suspendidos”, enfatizó la Alta Comisionada, quien recientemente conversó amenamente  con Maduro de estos temas vía online.

Igualmente, reiteró el llamado a “la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente”.

No todo es malo, pues Bachelet acogió con beneplácito que se permitiera el nuevo acceso de su Oficina a los centros de detención policial.

Para Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los DDHH, la Alta Comisionada Michelle Bachelet le dio un “jaque mate” al régimen de Nicolás Maduro con la actualización del informe sobre graves violaciones en Venezuela.

“Primero por el informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela y ahora el informe de la Alta Comisionada”, escribió Prado en Twitter.

Expresó que lo expuesto, “ratifica las violaciones de DDHH en el país denunciadas anteriormente por la Oficina de la Alta Comisionada”.

Además, reitera que en Venezuela continúan “las detenciones arbitrarias, la represión en protestas pacíficas, deficiencia de servicios público, escasez de gasolina”.

Asimismo, resalta “la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad, restricciones a la libertad de expresión, ataques contra defensores de DDHH y periodistas y estigmatización contra los migrantes que retornan al país”.

La madrugada de este viernes, la expresidenta de Chile presentó ante la ONU una actualización del informe.

En el documento expresa su preocupación por el incremento en las muertes de jóvenes en operativos de seguridad.

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Precisa que de junio a agosto se registraron «711 muertes» en operativos de seguridad. “Han llegado a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”.

En las 21 páginas de esta actualización, la Misión señala a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

Nuevamente la Alta Comisionada  de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, describe cómo la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política.

Además, criticó las decisiones tomadas por el TSJ del régimen de Nicolás Maduro  contra la Asamblea Nacional que “ha dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales”.

Asegura que las acciones del poder judicial afectan la independencia para actuar en la protección de los derechos humanos, contribuyendo a la impunidad.

Destaca el informe presentado ante los 47 miembros del Consejo de los Derechos Humanos que las víctimas de violaciones y abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia.

Esto llevó a Bachelet a reiterar su llamado al régimen de Maduro a emprender y completar “las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «.

Asimismo, instó a que se detengan de inmediato “todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia».

«Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosada y revictimizada por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».

Para la periodista Sebastiana Barraez la respuesta de Nicolás Maduro al informe de Michelle Bachelet que denunció las detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, fue ascender a uno de los principales agentes de violación de derechos humanos de la Dgcim, el ahora coronel de la GNB,  Alexánder Enrique Granko Arteaga, como primer brigadier y alférez auxiliar.

Según un reportaje publicado en su blog Sebastiana Sin Secretos, explica que Granko está involucrado en el asesinato al piloto Oscar Alberto Pérez, durante la masacre ocurrida el 15 de enero del 2018 en El Junquito.

Granko Arteaga no solo fue premiado, sino ascendido a numero uno entre los 90 nuevo coroneles de ese componente militar.

“Representa el principal mérito, la recompensa, el estímulo más alto que recibe un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Según un comentario de un oficial Granko es uno de los hombres claves en el triángulo de terror de la Dgcim. “Cuando estaban haciendo curso antiguerrilla Lince, los distinguidos de esa promoción se alzaron contra los comandos, porque no querían que los maltrataran; entre esos estaba el distinguido Granko”,

“Nadie se explica cómo ha llegado a ser un personaje tan cruel, pero eso le ha permitido encajar perfectamente en la Dgcim, como mano derecha del general Hernández Dala. Es Granko quien ha manejado realmente la Dirección de Contra Inteligencia Militar, impone reglas, incluso por encima de los generales que han ocupado cargos subalternos en la institución”, enfatizó.

 “En el curso Lince los sargentos del grupo de comando eran quienes dirigían, por lo que en ese momento quedabas como subalterno. En ese tipo de cursos la exigencia era muy alta, pero esos distinguidos, donde estaba Granko, no aguantaron la presión y se convirtieron en los líderes de una insubordinación masiva, que les costó el regreso a la Escuela”.

En el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el patrón en Venezuela siguen siendo las detenciones arbitrarias, violaciones de las garantías del debido proceso, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas.

Según el punto 46 del informe, la mayoría de las personas detenidas por la Dgcim fueron sometidas a desapariciones forzadas, “durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez”.

La mayor parte de estas detenciones, asegura el informe que presentó Bachelet, fueron practicadas por miembros de la Dgcim y el Sebin. “Sin embargo, otras fuerzas de seguridad, tales como las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana, han incrementado su participación en esas aprehensiones”.

Carlos Correa, director de Espacio Público, considera que el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reconoce las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela.

Destaca para la ONG defensora de la Libertad de Expresión que el informe es tajante y recoge un patrón que sucede en el país desde hace varios años, las detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos y desapariciones forzadas.

“Hay un patrón que recoge este informe y que es de mucha gravedad”, enfatizó Correa, al tiempo que dijo que el documento presentado por Bachelet es clave para decir que se necesita una oficina del Alto Comisionado en el país para que se pueda documentar cada hecho”.

En exclusiva para Mesa de Análisis, Correa se refirió al tema de las detenciones en el marco de la pandemia que comenzó en Venezuela el 12 de marzo y precisó que ya hay 70 detenciones de trabajadores de la prensa y la salud sometidos a procesos judiciales por el solo hecho de protestar por las condiciones de los hospitales y en el caso de la prensa informar sobre los contagios de Covide-19.

“De las 70 detenciones, 34 son periodistas y el resto personal de salud, médico que están sometidos a procesos judiciales por denunciar las condiciones de los hospitales”.

Asegura el director de Espacio Público que esos casos están reflejados en el informe, explicando que las detenciones se hicieron sin orden de aprehensión, que fueron personas que mantuvieron desaparecidas por un tiempo y fueron sometidas a torturas y tratos crueles.

Con respecto al caso de los periodistas, Correa dijo que el proceso judicial que se les lleva “se convierte en una suerte de castigados con medidas cautelares sin condena. Una situación muy grave para la libertad de expresión”.

CNE ilegítimo en la ONU

Para Calixto Ávila, representante de Provea, el hecho de que Michelle Bachelet se saliera del contexto del informe  y rechazara ante Naciones Unidas la elección de rectores del CNE por parte del TSJ del régimen de Nicolas Maduro, “fue un hecho importante”.

“Es la Alta Comisionada diciendo que la elección de estos rectores, reducen las posibilidades de que en Venezuela exista una solución negociada para resolver la grave crisis que existe en el país”.

La madrugada de este jueves, Bachelet se refirió a la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del TSJ del régimen de Nicolás Maduro, y dijo que “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

“El TSJ nombra a nuevos rectores del CNE sin consenso de todas las fuerzas políticas e interfiere en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”, criticó la Alta Comisionada.