La persecución de la administración de Nicolás Maduro a periodistas, defensores de DDHH, líderes sindicales y líderes opositores, sigue siendo una preocupación para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Durante la presentación de un nuevo informe sobre la situación en Venezuela, Bachelet indicó que desde el mes de septiembre de 2020, su Oficina en Caracas ha documentado al menos “66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos”.

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Además, “trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”.

“Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico”, dijo.

También expresó su preocupación por que cinco activistas de DDHH, «siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero».

Esto «por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas».

Criticó que «más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares».

«Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación».

«En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones», agregó.

Considera que estas acciones, «no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario».

«La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales».

La nueva actualización del informe sobre Venezuela que presentó este jueves la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no dejó muy bien parado a Nicolás Maduro y su administración.

#11Mar ?AHORAAlta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet, alerta que “un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”.Denunció que se ha agravado la situación humanitaria ante el limitado acceso a los servicios básicos.Vía @milmanrique ? pic.twitter.com/W0Tj37233A

El informe presentado reseña, una vez más, que continúan las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (Faes).

Esto, pese a los anuncios de los funcionarios de Maduro de una «reforma policial».

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Bachelet se refirió, específicamente, a los enfrentamientos que se suscitaron el pasado mes de enero en la parroquia La Vega, donde las Faes ejecutó a 14 personas.

“Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, enfatizó.

Asimismo, Bachelet se refirió a la muerte de presos en centros de detención preventivas por tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.

Ante esto, le dijo a Maduro que “garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”.

En este contexto, precisó que “la asistencia humanitaria es aún más esencial».

Razón por la cual, expresó preocupación antes las “restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos”.

“Pido que se reanuden los proyectos suspendidos”, enfatizó la Alta Comisionada, quien recientemente conversó amenamente  con Maduro de estos temas vía online.

Igualmente, reiteró el llamado a “la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente”.

No todo es malo, pues Bachelet acogió con beneplácito que se permitiera el nuevo acceso de su Oficina a los centros de detención policial.

La Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por los altos número de muertes de jóvenes en operativos de seguridad en las barriadas de Venezuela.

Bachelet actualizó la madrugada de este viernes el informe sobre las graves violaciones en Venezuela.

#25Sep Michelle Bachelet, actualizó el informe sobre las graves violaciones en Venezuela y dijo estar preocupada por el alto número de muertes de jóvenes en operativos de seguridad. https://t.co/du0wicHrvA

Precisó que de junio a agosto se registraron «711 muertes» en operativos de seguridad.

“Han llegado a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”.

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Asegura que las cifras, están basadas “en un análisis de fuentes abiertas” que hizo la Misión de la ONU que está en Venezuela.

Dijo, además, que ha sido positiva la detención de cinco funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que le propinaron la muerte a dos jóvenes en el Zulia el pasado 21 de agosto.

Bachelet también se refirió a las declaraciones del fiscal del régimen, Tarek William Saab, a ese caso y dijo que ellas «demuestran el patrón descrito por la Misión en el informe».

“Tras ejecutar a las víctimas, los funcionarios de los cuerpos policiales las roban y manipulan las evidencias para presentar los hechos como un enfrentamiento”.

Aseguró que su oficina sigue documentando los casos de represión en protestas pacíficas, bajo el Estado de Alarma, incluyendo detenciones y dos muertes de manifestantes.

Asimismo, indicó que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión.

Criticó la aplicación de la Ley Contra el Odio y los ataques a defensores y periodistas.

En las 21 páginas de esta actualización, la Misión señala a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

La expresidenta de Chile, también expresó preocupación por los «discursos estigmatizantes» del régimen que responsabilizan a los que retornan al país de introducir el coronavirus.

“El 33% de las muertes por COVID-19 en Venezuela han sido del personal de salud, principalmente por la falta de equipos de protección y agua”, enfatizó.

Sostuvo que la pandemia se sumó a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria.

Precisó que la tasa de desnutrición aguda infantil está en torno al 15% y que algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo.

El pasado 16 de septiembre, la misión internacional de la ONU en Venezuela publicó el informe sobre su actuación. En este documento concluyen que Nicolás Maduro y sus ministros son responsables por crímenes de lesa humanidad.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos».

Algunas de esas violaciones «incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

En el informe, describen al menos 24 métodos de torturas utilizados por el régimen contra los presos políticos.

Entre ellos están “golpes fuertes dejando marcas visibles; huesos rotos y órganos dañados; esposas excesivamente apretadas; asfixia con sustancias tóxicas y en agua”.

Asimismo,  “posiciones de estrés como crucifixiones; sometimiento a luz artificial las 24 horas del día; aislamientos en celdas con poca ventilación y ojos vendados”.

Además, “mutilaciones; choques eléctricos en genitales; violaciones sexuales, privación de alimentos, consumo de excremento obligado y amenazas de muerte”.

Nuevamente la Alta Comisionada  de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, describe cómo la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política.

Además, criticó las decisiones tomadas por el TSJ del régimen de Nicolás Maduro  contra la Asamblea Nacional que “ha dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales”.

Asegura que las acciones del poder judicial afectan la independencia para actuar en la protección de los derechos humanos, contribuyendo a la impunidad.

Destaca el informe presentado ante los 47 miembros del Consejo de los Derechos Humanos que las víctimas de violaciones y abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia.

Esto llevó a Bachelet a reiterar su llamado al régimen de Maduro a emprender y completar “las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos «.

Asimismo, instó a que se detengan de inmediato “todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia».

«Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosada y revictimizada por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».

El abogado de DDHH, Omar Mora Tosta considera una “barbaridad” las declaraciones de la ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen, Iris Varela, quien dijo que están preparando a los privados de libertad para acciones bélicas. “Esta es una muestra más de las barbaridades que ha cometido el régimen a lo largo de estos años”.

“Esta declaración es terrible que se pretenda utilizar a las personas procesada y que se admita públicamente que se le entrenan, adoctrina y se le inquiere a realizar ese tipo de tarea bélica”, dijo Mora Tosta.

En entrevista exclusiva a Mesa de Análisis, el defensor de varios presos políticos en el país dijo que estas acciones del régimen de Nicolás Maduro, “confirman el sostenido plan de acabar con la institucionalidad”. Para Mora Tosta, esta acción de Varela es “prueba de la destrucción de las Fuerzas Armadas”.

Enfatizó, además, que en Venezuela “no hay separación de poderes” y por eso por eso ocurre la “persecuciones, el desconocimiento de las funciones del Parlamento venezolano, el montar una institución paralela”.

“Es muy difícil acceder a lo que está establecido en el texto constitucional y en los tratados internacionales con respecto al debido proceso, al derecho a la defensa, a transitar un proceso con garantías de vida y esto no va a ocurrir hasta que no haya un cambio político”.

Como abogado de varios presos políticos, Mora Tosta indica que las trabas para ejercer el derecho a la defensa son complejas y se transita por situaciones como: “no permitir el contacto con su familia y abogados; que no te den copia del expediente, que el expediente lo tiene el juez, que no hagan los traslados, los diferimientos reiterados, que no dejen entrar a las audiencias a la defensa y cuando les conviene aceleran los procesos”.

Se refirió al informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y dijo que sus argumentos demuestran que en Venezuela “hay violaciones a los derechos humanos” y que como venezolanos debemos rescatar al país para “devolverle la institucionalidad y la separación de poderes”.

“Como jurista siento un gran compromiso, somos personas de principios y queremos rescatar a nuestro país. Venezuela no se acaba porque Nicolás Maduro ostenta el poder, tenemos que superar esto para rescatar la institucionalidad y la separación de poderes”.

Carlos Correa, director de Espacio Público, considera que el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reconoce las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela.

Destaca para la ONG defensora de la Libertad de Expresión que el informe es tajante y recoge un patrón que sucede en el país desde hace varios años, las detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos y desapariciones forzadas.

“Hay un patrón que recoge este informe y que es de mucha gravedad”, enfatizó Correa, al tiempo que dijo que el documento presentado por Bachelet es clave para decir que se necesita una oficina del Alto Comisionado en el país para que se pueda documentar cada hecho”.

En exclusiva para Mesa de Análisis, Correa se refirió al tema de las detenciones en el marco de la pandemia que comenzó en Venezuela el 12 de marzo y precisó que ya hay 70 detenciones de trabajadores de la prensa y la salud sometidos a procesos judiciales por el solo hecho de protestar por las condiciones de los hospitales y en el caso de la prensa informar sobre los contagios de Covide-19.

“De las 70 detenciones, 34 son periodistas y el resto personal de salud, médico que están sometidos a procesos judiciales por denunciar las condiciones de los hospitales”.

Asegura el director de Espacio Público que esos casos están reflejados en el informe, explicando que las detenciones se hicieron sin orden de aprehensión, que fueron personas que mantuvieron desaparecidas por un tiempo y fueron sometidas a torturas y tratos crueles.

Con respecto al caso de los periodistas, Correa dijo que el proceso judicial que se les lleva “se convierte en una suerte de castigados con medidas cautelares sin condena. Una situación muy grave para la libertad de expresión”.

CNE ilegítimo en la ONU

Para Calixto Ávila, representante de Provea, el hecho de que Michelle Bachelet se saliera del contexto del informe  y rechazara ante Naciones Unidas la elección de rectores del CNE por parte del TSJ del régimen de Nicolas Maduro, “fue un hecho importante”.

“Es la Alta Comisionada diciendo que la elección de estos rectores, reducen las posibilidades de que en Venezuela exista una solución negociada para resolver la grave crisis que existe en el país”.

La madrugada de este jueves, Bachelet se refirió a la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del TSJ del régimen de Nicolás Maduro, y dijo que “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

“El TSJ nombra a nuevos rectores del CNE sin consenso de todas las fuerzas políticas e interfiere en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”, criticó la Alta Comisionada.

Detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, torturas y desapariciones forzadas, siguen siendo el patrón del régimen de Nicolás Maduro que genera preocupación a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet,

Este jueves en la madrugada, Bachelet presentó el informe preliminar de Derechos Humanos y diálogos interactivos sobre la situación en Venezuela, en el que reporta que continúan las detenciones  de líderes políticos, periodistas, sindicalistas y trabajadores de la salud.

Además, hace énfasis en la obstaculización del trabajo de la Asamblea Nacional y las graves violaciones a los derechos humanos.

“Mi oficina en Venezuela siguió documentado restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información”, dijo.

Asimismo, indicó que el pueblo venezolano sigue padeciendo «graves violaciones a los derechos económicos y sociales» por sus bajos salarios, los altos costos de los precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos,  electricidad, agua, escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud.

Asegura que la crisis en Venezuela se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del Covid-19.

Bachelet precisó que el próximo 15 de julio presentará ante Naciones Unidas otro informe donde tratará el tema de la independencia del poder judicial, el acceso a la justicia y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero.

#2JulEn minutos, @mbachelet presentará ante el Consejo de #DDHH de la @ONU_es un nuevo #InformeBachelet con los resultados de la investigación de posibles violaciones de los #DDHH a la vida, la libertad y la integridad física y moral en Venezuela.#VzlaNoCooperaNoCumple pic.twitter.com/7n97RAazn2

El canciller de Venezuela, Julio Borges, aseveró este jueves que el informe presentado por la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, desnuda los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro.

Instó a la comunidad internacional a tomar esta denuncia como un instrumento para fortalecer la presión contra el régimen y el proceso legal que se levanta en la Corte Penal Internacional.

«Este nuevo informe de la Alta Comisionada para los DDHH desnuda los crímenes, los atropellos y el hambre que ha generado Nicolás Maduro. El mundo debe utilizar este instrumento para elevar la presión sobre la dictadura y lograr el retorno de la democracia», aseguró en nota de prensa.

El representante de la política exterior del gobierno de Juan Guaidó también aseguró que el informe debe servir para impulsar la denuncia en la CPI contra el régimen de Maduro.

«Este informe habla de cómo la tortura es una práctica sistemática de la dictadura y también relata los asesinatos cometidos por órganos como el FAES. Es importante que esto sirva para impulsar la denuncia por crímenes de Lesa Humanidad en la CPI», advirtió.

Asimismo, manifestó que el escrito presentado por Bachelet documentó la situación humanitaria del país.

«Vemos que narra la gravedad de la crisis social, la incapacidad de los hospitales, la falta de agua y gas. Reflejó que el sueldo mínimo del venezolano es menos de 1$ y por ende, la gran mayoría está en una situación de hambre nunca antes vista», señaló.

Insistió en la necesidad de fortalecer la coalición internacional para lograr un cambio político en el país.

Por último, afirmó que es necesaria la unión entre la presión interna y la presión externa para producir una transición en Venezuela.