La presentación en Ginebra, del nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos, complementa y amplía la investigación sobre la gravedad de la situación de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela, pero, sobre todo, el documento produce efectos entre los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La afirmación la hizo la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

«Este informe tendrá efectos sobre la Fuerza Armada Nacional desde varios puntos de vista. Por una parte, produce miedo entre sus integrantes, pues reafirma que todo aquel que sea crítico del poder, puede ser torturado, asesinado o desaparecido», señala la experta, en un comunicado.

«Pero también este informe genera indignación, y debilitará el apoyo ciego de muchos militares a la autoridad de (Nicolás) Maduro, como comandante en jefe, al ser señalado expresamente como responsable de delitos de lesa humanidad», agregó.

A juicio de San Miguel, «el informe presentado por Marta Valiñas, en términos de verdad, es contundente, especialmente contra quienes desde el poder y otros sectores, señalan que en Venezuela no se han cometido violaciones graves a los DD.HH. y delitos de lesa humanidad».

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Por otro lado, San Miguel resalta que el documento «pone en evidencia cómo los servicios de inteligencia, el SEBIN y la DGCIM han sido utilizados para silenciar, desalentar y reprimir a la oposición, de manera sistemática y generalizada, con patrones de conducta atroces, por parte de perpetradores».

Pero, para ella, lo más importante es que el escrito se levantó sobre la base de testimonios, lo cual tiene más valor.

«El testimonio de más de 100 víctimas de violaciones a los DD.HH. vertidos en este informe, incluso de testigos militares que aportaron información, tienen un valor inestimable que además será tomado en cuenta por el fiscal de la Corte Penal Internacional para las investigaciones que adelanta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», asegura.

«Otro efecto es que los perpetradores civiles y militares en el poder, tenderán a radicalizarse al verse expuestos ante el mundo y eso reviste enormes peligros para todos aquellos que denuncien lo que continúa ocurriendo: las víctimas, sus familiares, los defensores de derechos humanos y los periodistas», aseveró.

Diosdado Cabello volvió manifestar que el nuevo informe sobre supuesta violación de Derechos Humanos en Venezuela, presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no genera ningún tipo de reacción en el seno de la administración de Nicolás Maduro.

«Creen que nos van a asustar… A estas alturas no le comemos chantaje a nadie. Estamos curados del chantaje», dijo Cabello durante su acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de todos los lunes.

?️¡SE BURLA! Diosdado Cabello hace chiste sobre los migrantes venezolanos que cruzan la selva del Darién"El Darién tiene mejor wifi que cualquier zona de Venezuela", dijo Cabello, quien considera "un cuento" la tragedia migratoria ? Cortesía@ImpactoVE ? pic.twitter.com/350YOCob3z

El vicepresidente del PSUV, quien es uno de los personeros de la administración Maduro, nombrado en el informe de la ONU, indica que desde los Estados Unidos hay una campaña desde hace mucho tiempo que buscar desprestigiar a la revolución chavista.

«No les quedó otra que comenzar a acusarnos a nosotros de las barbaridades que ellos cometen, que ellos son capaces de cometer: mandar a asesinar gente, torturar… eso lo hacen ellos», dice Cabello.

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“Todo lo que montaron en la ONU tiene el objetivo de dañar, de seguir perjudicando a nuestro país”.

Cabello nuevamente arremetió contra la diáspora venezolana. Considera que los venezolanos que han salido del país van engañados y que todo ha sido un montaje, incluso, los casos en donde la patrulla fronteriza de los Estados Unidos recibe a los venezolanos cruzando la frontera.

Su sarcasmo no se hizo esperar cuando habló sobre la información enviada por los que cruzan la selva del Darién.

Diosdado Cabello manifiesta que la información sobre los venezolanos que cruzan tan peligrosa selva es manejada y que los mismos cuentan hasta con un wifi «mejor que el de Venezuela» para transmitir lo que quieren decir, para poner en tela de juicio a Venezuela, según Cabello.

El dirigente del PSUV recordó que para diciembre de este año habrá elecciones presidenciales en Brasil. Manifiesta que está con algo de esperanzas ante la posibilidad de que Luis Inacio Lula Da Silva repita como presidente de la nación carioca.

Cree que las relaciones entre Venezuela y Brasil mejorarán para el 2023, después de que la derecha gobernará unos cuantos años y se rompieran los nexos entre el país del sur y Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado del continuo abuso cometido por los terroristas de las FARC y otras guerrillas contra niños en Colombia a pesar del «acuerdo de paz» firmado en 2016.

La representante especial de Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, ha remarcado que estas violaciones de derechos son sufridas, especialmente, por niñas.

Así, la ONU ha señalado que la violación de derechos más destacada es la obligación a formar parte de grupos terroristas como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Otras de las más comunes están relacionadas con violaciones y abusos sexuales, aunque estas no suelen ser denunciadas por miedo, el estigma o las represalias.

Es por esto que Gamba ha hecho especial hincapié en exigir a los grupos terroristas que cesen de inmediato el reclutamiento de niños, así como la liberación de aquellos que ya forman parte de sus filas. Gamba busca así que estos menores regresen a sus comunidades, con sus familias, y puedan adherirse a los programas de reintegración.

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En este punto, Naciones Unidas también ha apuntado que el informe sobre la situación en Colombia verifica la muerte o mutilación de 118 niños durante el periodo estudiado -desde julio de 2019 a junio de 2021-. En su mayoría, las muertes se debieron a heridas de bala y ataques aéreos, así como por minas terrestres antipersona o artefactos explosivos sin detonar.

Con informaciones de La Gaceta y la ONU en Colombia

El informe de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, ha generado reacciones a favor y en contra. A favor, lógicamente desde el punto de vista de la oposición y en contra, del titular del Ministerio Público, uno de los principales señalados como responsables de las violaciones de DD.HH. en Venezuela.

El dirigente opositor, Miguel Pizarro, por ejemplo, señala que «este nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela». Todo «a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por organismos internacionales».

Agrega que «también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de Derechos Humanos». Y agrega que «en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario».

Para Pizarro, «queda demostrado que el Ministerio Público y los tribunales han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas. El Estado venezolano no castiga las violaciones de DD.HH. y no está en disposición de hacerlo”.

Al dirigente, lo que más le llama la atención del informe es «la ausencia de investigaciones y juicios a funcionarios de alto nivel». El escrito «revela que solo los perpetradores de menor rango enfrentan un proceso penal», lo que empeora con que «las investigaciones del sistema judicial venezolano hacen caso omiso a las investigaciones más arriba en la cadena de mando».

“El informe además reafirma algo que hemos venido denunciado desde hace meses. En las instalaciones del SEBIN y la DGCIM continúan ingresando y torturando a todo aquel que denuncie y se oponga al régimen», remarcó.

Para finalizar, Pizarro dijo que «es importante continuar documentando los casos de violación de derechos humanos. Todo ello permitirá hacer justicia e iniciar un proceso de reparación de las víctimas».

Entre tanto, el fiscal de Nicolás Maduro, rechazó de plano el informe y asegura que sí hay funcionarios de organismos de seguridad y fiscales investigados.

Saab desestimó el escrito, porque procede de “una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano. Los fiscales afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas”, sostuvo.

«Rechazamos el informe de la mencionada comisión que mancilla la imagen de nuestros funcionarios. A pesar de la pandemia seguiremos trabajando día a día en pro de los derechos humanos», afirmó.

«Frente a ello debe actuar el MP, al igual que se actúa contra aquellos que atentan contra los derechos humanos supuestamente amparados por una credencial», agregó.

Aseguró que «en Venezuela tenemos a más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de derechos humanos».

«Todo lo que hemos hecho nosotros para imponer acciones judiciales oportunas ante violaciones de DD.HH. revela la necesidad de justicia de esta institución. Dudo que en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo», insistió.

«¿Qué esperaban?, ¿Qué no se actuara? ¿Cómo se puede llamar a las personas detenidas por esos hechos? ¿Son personas pacíficas? ¿Qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira? ¿Cómo se les llaman?, ¿Agentes de la libertad? No nos parece», lamentó.

Aprovechó para anunciar, «en el marco de agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones a los derechos humanos, la creación inmediata de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos”.

Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un «papel muy importante» en graves violaciones de derechos humanos contra los opositores de Nicolás Maduro. Así lo establece el informe de una misión de la ONU difundido este jueves. El mismo da cuenta de una «profunda erosión» de la independencia judicial en el país.

«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela».

La afirmación la hizo Marta Valiñas, jefe de la misión de Determinación de Hechos, en un comunicado.

El informe será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se denuncian prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura. También la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.

«Los ataques que hemos documentado están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil. También contra todos aquellos considerados como amenazas al gobierno», agregó Valiñas.

La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.

«Hemos concluido que en lugar de dar protección a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia se usa para amedrentarlos», dijo la funcionaria.

«Nuestra investigación revela un sistema de justicia comprometido y que ha violado el debido proceso por motivaciones políticas», sostiene.

«Hemos documentado acoso e intimidación contra las familias de las personas detenidas. Además, de los 90 casos documentados en el informe anterior, solo 3 han tenido avances», indicó.

Alertó que «la mayoría de los jueces de los casos documentados son provisionales. Sus asignaciones son contrarias a lo establecido en las leyes venezolanas y aplican procedimientos y decisiones contrarias a la ley».

El integrante de la misión de la determinación de hechos sobre Venezuela, en la ONU, Francisco Cox, adelantó parte de un informe que la instancia presentará, en Ginebra, en septiembre. Cox, en entrevista con CNN Chile, dijo que en el país se vulneran los derechos fundamentales.

«Las principales vulneraciones es que existe una política de Estado de persecución y aplastamiento a los líderes opositores», dijo. Explicó que esta política «se lleva a cabo a través de los órganos de inteligencia civil y militar».

También detalló «los diferentes métodos que utilizan» los organismos de seguridad del Estado para reprimir.

“Hay detenciones arbitrarias y torturas. Y en algunos casos existe la desaparición forzada de corto tiempo. Pero esa no califica como crimen de lesa humanidad», aclaró.

Sin embargo, enfatizó en que «las torturas que se practican son con: electricidad, golpes fuertes y abuso sexual de hombres y mujeres».

Incluso, dijo que «se dejaba a las personas desnudas con el aire acondicionado prendido durante uno o dos días. Dejan a la persona expuesta a un frio muy alto sin posibilidades de ir al baño o dormir”, afirmó.

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Francisco Cox destacó, como ejemplo, las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo u OLP. «Se hacían operaciones de liberación del pueblo, que consistían en operativos de fuerzas especiales donde se hacían ejecuciones extrajudiciales», denunció.

«Ahí podemos decir que hay una política de Estado de limpieza social. Las ejecuciones se producen con personas que creen que pueden ser delincuentes. Por lo tanto las ejecutan sumariamente sin proceso y dejando de lado a sus familiares”, alertó el funcionario.

Igualmente, criticó las afirmaciones de funcionarios de la administración de Maduro que dicen que se castigan esos hechos.

Cox ratificó lo que señalan los diversos informes presentados por la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, acerca de que la responsabilidad de esas violaciones también recae en la cadena de mando.

“Nosotros validamos que hay unas investigaciones. Pero esas generalmente no escalan y no ven la cadena de mando que hacen que se produzcan estas violaciones a los derechos humanos. Ellos nos respondieron a nuestro informe con cifras pero que no tienen los datos para poder respaldarlas”, respondió.

«Hay una cadena de mando y de conocimiento sobre estos hechos. Incluso, hemos conocido que ha existido la solicitud expresa del presidente Maduro de seguir a estas personas, y llevar a cabo estos actos”, aseveró.

El abogado también anticipó lo que puede ser el futuro de la relación de Maduro con la Corte Internacional de Justicia.

“Es interesante ver lo que dijo la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, que había manifestado su intención de pasar de un examen preliminar a una investigación. A veces ni siquiera se abre una causa. Pero ante esto, el gobierno venezolano interpuso una acción que fue rechazada y eso hizo que la corte le señalara al nuevo fiscal que tenía que establecer un dialogo interactivo con las autoridades. Ahora solo queda ver como avanza esa investigación”, concluyó.

Algunas de las consecuencias del cambio climático serán “irreversibles”, el fenómeno avanza más rápido de lo previsto y se agotan posibilidades de atajarlo.

El fenómeno es peor y más rápido de lo temido. Alrededor de 2030, diez años antes de lo estimado, se puede alcanzar el umbral de +1,5 ºC.

Con riesgos de desastres “sin precedentes” para la humanidad, que ya se comienzan a conocer con los incendios e inundaciones producto del aumento de calor, precipitaciones y sequías.

El planeta ya ha alcanzado los +1,1 ºC y por eso ya empieza a constatar sus consecuencias.

Tales como los fuegos que arrasan el oeste de EE.UU., Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China, termómetros que rozan los 50 ºC en Canadá.

Lo que se aproxima para la el planeta será algo “nunca antes visto”, revela el informe sobre cambio climático que dio a conocer este lunes la ONU.

Condiciones provocadas en su gran mayoría por el comportamiento humano. Los efectos de lo que sucederá con el clima serán “más frecuentes y graves”.

Por eso, los expertos de Naciones Unidas (IPCC) responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones y advirtieron de que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El primer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático en siete años, adoptado el viernes por 195 países, analiza cinco escenarios de emisiones:

Es allí donde se dice que la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de +1,5 ºC respecto a la era preindustrial alrededor de 2030, diez años antes de lo previsto en la estimación de 2018.

Antes de 2050, se superaría este umbral, e incluso se llegaría a +2 ºC si no se reducen drásticamente las emisiones.

Esto supondría el fracaso del Acuerdo de París, que pretendía limitar el calentamiento por debajo de los +2 ºC, o de +1,5 ºC si fuera posible.

“Si piensan que esto es grave, recuerden que lo que vemos ahora es solo la primera salva”, dice Kristina Dahl, de la organización Unión de Científicos Preocupados (UCS).

Por lo tanto, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma “sin precedentes” tanto en su magnitud, frecuencia, ubicación u ocurrencia, advierte el IPCC.

“Este informe debería causar escalofríos a quien lo leyera (…) Muestra dónde estamos y adónde vamos con el cambio climático: hacia un hoyo que seguimos cavando”, comenta el climatólogo Dave Reay.

Para estabilizar el clima se precisará de una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la economía descarbonizada.

“Este informe debe poner fin al carbón y las energías fósiles antes que destruyan nuestro planeta”, reclamó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“No hay tiempo para esperar, ni lugar para excusas”, insistió.

«Espero que el informe del IPCC (…) sea una señal de atención para que el mundo actúe ahora, antes de que nos reunamos en Glasgow», en la COP26 afirmó el primer ministro británico, Boris Johnson.

De cara a ese encuentro el presidente francés Emmanuel Macron pedía por Twitter sellar “un acuerdo que esté a la altura de la urgencia”.

En términos similares se manifestó el enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry: “No podemos esperar (…) Todos los países deben tomar medidas valientes”.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, aseguró que «no es demasiado tarde para frenar la tendencia».

Entre estas sombrías proyecciones, el IPCC aporta una esperanza.

En el mejor escenario, el calentamiento podría volver al umbral de +1,5 ºC si se reducen drásticamente las emisiones y se absorbe más CO2 del que se emite.

Pero las técnicas que permiten recuperar a gran escala el CO2 en la atmósfera todavía se están investigando, apunta el IPCC.

El informe indica que algunas consecuencias ya son “irreversibles”. Entre ellas están:

“No estamos condenados al fracaso”, asegura Friederike Otto, una de las autoras.

“No dejaremos que este informe se quede en un estante (…) Lo llevaremos con nosotros a los tribunales”, advierte Kaisa Kosonen, de Greenpeace.

Con información de AFP

Las fuerzas de seguridad de Venezuela perpetraron menos asesinatos extrajudiciales desde junio de 2020 hasta abril pasado, reveló el lunes un reporte de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, las acusó de mantener un patrón continuo de tortura o trato cruel a individuos.

Además de desapariciones forzadas y detenciones en aislamiento, reseñó la agencia AP.

El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a la administración de Nicolás Maduro a cesar el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Asimismo, a desarmar a grupos civiles armados progubernamentales.

También a garantizar investigaciones efectivas e independientes sobre todas las muertes a manos de las fuerzas de seguridad.

“La rendición de cuentas sigue siendo fundamental para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho”, señaló el reporte, que abarca desde el 1 de junio de 2020 al 30 de abril.

“La protección y la expansión del espacio cívico son vitales para fortalecer la democracia, fomentar el diálogo inclusivo y abordar las causas profundas de los desafíos actuales”, añade.

En respuesta, la cancillería de Maduro emitió un comunicado en el que rechazó el “contenido falaz” del reporte.

Acusó a la agencia de la ONU de basar su estudio en un “puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos”.

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Según el canciller de Maduro, Jorge Arreaza el objetivo de la agencia es desestabilizar a Venezuela.

“Este informe es el resultado de una Resolución impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos», según el escrito.

«Ellos se complotaron para satisfacer la política de ‘cambio de régimen’ impulsada por los Estados Unidos” contra Venezuela, añade.

La agencia de la ONU documentó 17 asesinatos supuestamente vinculados con las fuerzas de seguridad.

De esos asesinatos, 16 ocurrieron durante operativos de seguridad en zonas de alto índice de violencia y delincuencia, y uno más durante una protesta.

El documento no proporcionó cifras de asesinatos extrajudiciales en años previos.

En la mayoría de los casos, señaló el reporte, los perpetradores irrumpieron en las casas de las víctimas.

La mayoría de ellos hombres jóvenes o menores de edad en comunidades pobres.

Documenta también nueve casos de individuos cuyo paradero lo desconocen sus familiares y abogados desde el momento de su detención.

La agencia asegura que recibió reportes de personas golpeadas, electrocutadas, violadas o amenazadas por los agentes.

La dependencia señaló que no está al tanto de las acciones implementadas por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura.

Esta forma parte de la Defensoría del Pueblo, encabezada por funcionarios allegados a Maduro.

Los detractores aseguran que la Defensoría del Pueblo se hace de la vista gorda cuando se reportan denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Recientemente en Colombia se reglamentó la ley de cadena perpetua que castiga a asesinos y violadores de niños y varios fueron los argumentos que los gesteros tuvieron para sustentarla.

Solo en el año 2020 en el país hubo 579 muertes de niños; 56 tenían entre 0 y 4 años. En la mayoría de los casas, sus victimarios fueron sus propios padres.

«A los niños los están masacrando en sus casas. Y tenemos que decirlo así: es una violencia invisible, porque ocurre en el interior de los hogares», acotó para El Tiempo Yohana Jiménez, gestora de la ley.

Frente a las muertes violentas del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020 de las 134.515 personas que fallecieron, 11.373 eran menores de 18 años (Medicina Legal).

Solo entre enero y diciembre del 2020, quince niños entre 5 y 9 años fueron asesinados. En el rango de 10 a 14 años la cifra de homicidios asciende a 73 y crece mucho más en los de 15 a 17 años (435).

En esta edad, las muertes están asociadas a reclutamiento forzado, pandillismo, microtráfico o a hechos de violencia o jóvenes reclutados por las disidencias de las Farc.

Fueron 1.645 los menores de edad (0 a 17) los que fallecieron de manera violenta en el 2020, entre ellos, los asesinados; en el 2019 fueron 1.869 y en 2018, 1.875.

Además, frente a lesiones no letales, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020 del total de 1.4 millones de registros, 280.560 corresponden a menores de edad.

Esto representa el 19,7% del total de casos registrados por Medicina Legal, entidad que resalta que la gran mayoría (86,5%) del total de exámenes médico legales por presunto delito sexual se realizaron a menores de edad.

¿Por qué a los más pequeños? «Muchos de los casos se dan en los mismos hogares. Uno de los espacios que deberían ser más seguros, que son las viviendas, terminan siendo los más inseguros», dice Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

Asegura que el castigo físico y humillante juega un papel relevante en las razones de asesinato a niños y hace un llamado a la regulación emocional en la crianza y a la hora de corregirlos.

“Para reprenderlos los queman o les pegan tan duro hasta que la cosa se vuelve grave y terminan en un servicio médico; y muchos de esos niños terminan muriendo”, asegura.

Lo más grave es que este tipo de violencia se ha normalizado y sea tan frecuente que poco moviliza e indigna a la opinión pública.

Medicina Legal, en su informe Forensis, ha establecido que los principales asesinos de los niños pequeños (entre 0 y 12 años) están en la propia familia (papá, mamá, padrastro, madrastra, el cuidador o alguien cercano al hogar).

Aunque también hay desconocidos que aprovechan un descuido de los papás, los secuestran y en muchos casos los abusan sexualmente y después los matan.

Y duele saber que otra causa de la muerte de niños es la disputa entre las parejas, donde el niño es desaparecido por razones como no pagar una cuota alimenticia.

A los bebés, por ejemplo, los matan tras ocasionarles el síndrome del bebé zarandeado, por fracturas de cráneo o por hemorragias, producto de los golpes.

Además, hay un subregistro muy alto. Hay bebés asesinados y esos cadáveres desaparecen. Fallecen en realidad por muertes intencionales como fracturas por caídas o quemaduras o asfixias.

La psiquiatra Isabel Cuadros de la Asociación Afecto, destaca que los infanticidios han venido disminuyendo en Colombia con el paso de los años, algo que no ha ocurrido con la violencia sexual.

En el 2020, Medicina Legal practicó 15.359 exámenes por presunto delito sexual a niños y adolescentes entre 0 y 17 años (en el 2019 fueron 22.211).

Las presuntas víctimas más pequeñas (0 a 4 años) fueron 1.723 durante el año pasado; en el rango de edades entre 5 y 9 años fueron 4.063 y en el de 10 a 14 años fueron 7.257.

Se practicaron otros 2.316 exámenes a víctimas entre 15 y 17 años. En el 84 por ciento de casos de violencia sexual la víctima es una niña.

En el informe ‘Las múltiples caras de la exclusión’, publicado por la ONG Save the Children en el año 2018, Colombia ocupó el vergonzoso tercer puesto, después de Ruanda y Bolivia.

Además se les asesina por razones como «hacen mucho ruido» o no hay manera de alimentarlos. Y lo peor: no solo se les mata cuando se les quita la vida.

También cuando se los trafica, prostituye, esclaviza, abandona, o se les somete a trabajo forzado o reclutamiento ilegal.

Y en Colombia muchos de ellos mueren de hambre, por desnutrición, otra forma de maltrato.

Fuente: Boletines de Medicina Legal

La violencia contra los niños en los países en conflicto aumentó considerablemente en 2020 según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Denuncia que la violencia contra los niños en los países devastados por la guerra se disparó en 2020, agravada por la pandemia del COVID-19, según un informe anual de Naciones Unidas publicado el lunes. 

Los secuestros de niños aumentaron en un 90%, mientras que las violaciones y los abusos sexuales aumentaron en un 70% en comparación con el año anterior, según Antonio Guterres, seretario de la ONU. 

«El número global de violaciones graves siguió siendo alarmantemente alto, con 26.425», dice el informe.

Virginia Gamba, representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, dijo que «las guerras de los adultos han vuelto a arrebatar la infancia a millones de niños y niñas en 2020». 

El informe constató que la pandemia «aumentó la vulnerabilidad de los niños al secuestro, al reclutamiento y a la utilización, a la violencia sexual y a los ataques contra las escuelas y los hospitales». 

Afganistán, Siria, Yemen y Somalia fueron los lugares más peligrosos para los niños en 2020, según el informe. 

Con información de El Tiempo y AFP

Las jornadas de protestas social en Colombia han dejado 168 desaparecidos según la Defensoría del Pueblo urge encontrar.

Por eso activó un plan de búsqueda para hallar a quienes han sido reportados como desaparecidos en los últimos días en Colombia en medio de las protestas.

La Defensoría del Pueblo pondrá en marcha el mecanismo de búsqueda urgente para ubicar a estas personas.

Es así como en un trabajo junto con la Policía y Fiscalía, empezarán a hacer un barrido por URIS, CAIS, hospitales entre otros lugares para buscarlas.

De las 168 personas desaparecidas:

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La Defensoría también reporta que en 14 días de protestas ya son 42 los fallecidos.

Además, 5.219 actividades en 32 departamentos las que se han realizado, entre bloqueos, concentraciones y marchas.

Por su parte organizaciones sociales y derechos humanos reporta que ya son 489 personas heridas por acciones desproporcionadas de la Policía en cabeza del ESMAD.

De esas 489:

En ese mismo sentido Naciones Unidas alertó sobre su preocupación por las denuncias de quienes han sido detenidos en las protestas al no poder comunicarse con sus familiares y abogados.

ONU y los desaparecidos en Colombia

El reporte de desapariciones en las protestas en Colombia contrasta con un informe general de la ONU sobre personas desaparecidas en ese país.

Comité para la Desaparición forzada pide investigar todos los casos en un listado de 84.000 adultos y cerca de 10.000 niños víctimas de ese crimen.

Los datos se conocen después de que dicho Comité de la ONU publicó su informe sobre desapariciones en Colombia.

Un informe que recopila datos después de tener varias sesiones y visitas con comisiones del gobierno colombiano.

En el reporte el Comité destaca la creación de nuevos mecanismos y de un plan nacional para buscar a personas desaparecidas.

Sin embargo, al organismo internacional le preocupa la falta de esfuerzos significativos en las investigaciones de desapariciones forzadas en el conflicto colombiano.

Los cuales incluyen a 84.000 adultos y casi 10.000 niños según un listado entregado por la Fiscalía General.

Asimismo hace un llamado a los agentes del Estado para agilizar las investigaciones y realizarlas de forma imparcial e independiente.

También pide asegurar que los responsables, incluyendo a militares y agentes estatales, sean llevados ante la justicia y sancionados de forma apropiada.

La persecución de la administración de Nicolás Maduro a periodistas, defensores de DDHH, líderes sindicales y líderes opositores, sigue siendo una preocupación para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Durante la presentación de un nuevo informe sobre la situación en Venezuela, Bachelet indicó que desde el mes de septiembre de 2020, su Oficina en Caracas ha documentado al menos “66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos”.

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Además, “trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”.

“Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico”, dijo.

También expresó su preocupación por que cinco activistas de DDHH, «siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero».

Esto «por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas».

Criticó que «más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares».

«Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación».

«En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones», agregó.

Considera que estas acciones, «no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario».

«La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales».

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abrió un nuevo proceso de recepción para testimonios de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La información está publicada en el sito web del organismo. Se trata, específicamente de una petición de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.

La misión «invita a las personas, grupos y organizaciones interesados a presentar información y / o documentos relevantes para su mandato», destaca la publicación.

En particular, «está interesada en recibir información relacionada con presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales». También de «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».

Asimismo, «incluye la violencia sexual o de género, perpetrada desde 2014 en Venezuela».

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El comunicado recuerda que «el mandato de la Misión de determinación de los hechos se extendió para dos años, hasta septiembre de 2022, mediante resolución 45/20«.

La institución aclara que los interesados deben usar una planilla, adjunta al comunicado, para hacer las denuncias.

Aclara que «para preservar la seguridad y la confidencialidad de la información presentada, se recomienda enviar (la información) a través de la nube segura«. Para ello, la misión creó un espacio solo «para este propósito. Favor, cargue a la nube la plantilla, así como todos los archivos adjuntos relevantes», destaca.

Los funcionarios de la misión recomiendan «el uso de correos electrónicos seguros. Por ejemplo, tutanota, hushmail, virtru u otros correos electrónicos cifrados».

La Misión priorizará la revisión de la información proporcionada a través de la plantilla. Cabe señalar que no toda la información enviada a la FFM se reflejará necesariamente en el informe final. En particular, no se considerarán los casos que aleguen violaciones que caen fuera del mandato de la Misión.

Al cierre del mes de septiembre, la cifra de presos políticos en Venezuela es de 348 personas, según publicó la organización Foro Penal.

La ONG explicó en un informe que esta cifra se ha mantenido por encima de las 300 personas, pese al llamado que hiciera la Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, dentro del contexto de la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Sin embargo, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, explica en Twitter que al 15 de octubre se incrementó la cifra a 363; 15 personas más que están presas por fines políticos.

“9.289 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares”, escribió en su cuenta en la red social.

#13Oct Al día de hoy en el @ForoPenal registramos 363 #PresosPolíticos en #Venezuela. Además, 9289 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares. pic.twitter.com/qHXVNPqceq

Un resumen ejecutivo en su página web, precisa que las protestas de ciudadanos aumentaron y dejaron un saldo de 80 personas detenidas durante el mes de septiembre.

Indica que la mayoría de esas protestas se suscitaron por “fallas en los servicios básicos y por la escasez de gasolina”.

“La criminalización y represión de estas protestas, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, se amparan en el decreto de estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, vigente desde marzo”.

Desde que comenzó la pandemia en Venezuela, denuncia el Foro Penal, que “el acceso a los tribunales y a los centros de reclusión continúa restringido para los abogados de los detenidos”.

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Esta situación “imposibilita el derecho a la defensa y obstruye el debido proceso de estas personas privadas de libertad”.

No obstante, la Alta Comisionada Bachelet resaltó, en su actualización oral, que la Misión en Venezuela ha podido tener acceso en días recientes a centros de reclusión del SEBIN y de la DGCIM en Caracas.

Los integrantes del Grupo de Lima discutirán este martes el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Este documento presentado ante el Consejo de DD.HH. de la ONU , es una prueba de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo el presidente encargado Juan Guaidó en su cuenta en Twitter.

“Proteger a Venezuela también es proteger a la región. Seguiremos trabajando en más acciones de presión a la dictadura», dijo al referirse a la reunión.

Aseguró que la presidencia encargada seguirá «avanzando en todos los planos de lucha que nos lleven al cambio”.

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Por su parte, el diputado de la AN, Julio Borges, también se refirió a la reunión del grupo. “La región mantiene compromiso con Venezuela. Hablaremos de la necesidad de justicia universal», dijo. También de «la ley del crimen organizado y la profundización de la crisis por la COVID-19. Seguiremos articulando acciones”, agregó.

Proteger a Venezuela también es proteger a la región. En minutos comenzará la reunión del Grupo de Lima en la que seguiremos trabajando en más acciones de presión a la dictadura.Vamos a seguir avanzando en todos los planos de lucha que nos lleven al cambio en el país.

En minutos empieza la reunión del Grupo de Lima tras respaldo obtenido en la ONU. La región mantiene compromiso con??,hoy hablaremos de la necesidad de justicia universal, la ley del crimen organizado y la profundización de la crisis por Covid-19. Seguiremos articulando acciones.

El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, felicitó la resolución de la ONU que condena la violación de los DD.HH. en Venezuela y extiende el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos por dos años.

Guevara destacó la cantidad de votos a favor de la resolución. «Con 22 votos a favor se aprobó la resolución que extiende el mandato de la Misión de Determinación de Hechos de la #ONU en Venezuela», recalcó el parlamentario.

Remarcó que «los delitos de lesa humanidad de la dictadura no quedarán impunes». Y subrayó que tras este falle, «la ONU seguirá investigando y documentando para que haya justicia».

En la sesión, Argentina se mostró «preocupada por situaciones de DD.HH y la crisis. “Se necesita diálogo y cooperación de los gobiernos. El proyecto tiene mecanismos esenciales y el Gobierno debe cooperar», dijo el representante argentino.

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El embajador de la República Checa señaló que la resolución muestra la grave situación en Venezuela: “Hay un ataque generalizado y sistemático a la población civil”, denunció.

Holanda también mostró preocupación por los resultados de los informes de la misión de la ONU. “El texto de la resolución se ocupa de las dos instituciones. Venezuela debe cooperar”, dijo el embajador de esa nación.

Mientras que Brasil aseguró que la Misión renueva «la esperanza del pueblo venezolano. Afirman que falta investigar más. Señala que es posible establecer una Comisión de Investigación si sigue el deterioro de la situación. “Este proyecto trata de evitar el fraude electoral», afirmó el representante brasileño.

El comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigió «la renovación del mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela”.

A través de una carta pública, el partido se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo hizo a su presidenta y vicepresidenta, Elisabeth Tichy-Fisslberger y María del Socorro Flores Liera, respectivamente.

En la misiva, Vente asegura que es necesario «garantizar la reparación a favor de las víctimas». También reclama para que no se repitan «los graves hechos expuestos en el informe de la ONU«.

“Denunciamos que el Estado criminal de Nicolás Maduro persiste en el incumplimiento de las obligaciones», dice el escrito. Añade que «avanza con su política de represión, persecución, tortura y agresión”.

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Para el equipo de Vente DD.HH, «las violaciones de derechos humanos constituyen una política de odio y terror». Asegura que esto auspicia «la impunidad respecto a la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Reconoce el rol de las ONG, partidos políticos, víctimas, familiares y otras instancias que denuncian sin descanso estos crímenes. «Los hicieron visibles. El sistema internacional debe accionar la protección de las víctimas que son hostigados y perseguidos. 

Y agregaron: “Los venezolanos estamos decididos a no sucumbir ante los atropellos del régimen. Desde Vente Venezuela asumimos el compromiso de lograr la restauración de nuestros derechos y libertades”.

Insisten en que la renovación de la Misión garantizaría completar la documentación de estos hechos. Además de que sería un respaldo a la labor que múltiples defensores y organizaciones llevan a cabo.

Por otra parte, manifestaron a Naciones Unidas la necesidad de activar los mecanismos de justicia internacional. Deben «investigar y sancionar penalmente a los responsables de las violaciones y crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

“La prevención de conflictos que involucran graves violaciones a los DD.HH. pasa por ponerle fin a la impunidad de los perpetradores de estos crímenes. Sólo al iniciar las acciones legales contra los responsables se podrá lograr justicia para las víctimas. Hay que velar por el principio de no repetición» de estos crímenes, asegura la carta.

La ministra de relaciones exteriores de Colombia, Claudia Blum, reafirmó el llamado de varios países para que en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA se delibere sobre informe de ONU en relación con crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las próximas elecciones en ese país.

«La mayoría de países expresamos nuestra condena por las graves violaciones de derechos humanos y los ataques contra la población civil y los grupos políticos que hacen resistencia al régimen»

Aseguro que ante los hechos denunciados, que constituirían crímenes de lesa humanidad, Colombia hizo un llamado a que se evite la indiferencia internacional y se exija justicia por la grave represión del régimen de Maduro contra la población.

Asimismo solicitó que la OEA rechace y no legitime las elecciones fraudulentas que impulsa el régimen para perpetuarse en el poder.

«Esperamos que a partir de este debate la Asamblea de la OEA adopté, en octubre, decisiones firmes para exigir elecciones presidenciales y legislativas con garantías para todos».

También informó que se solicitó la presencia de autoridades electorales y judiciales imparciales.

Esto como requisito fundamental para el retorno de la democracia y la liberta en Venezuela.

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Asimismo dijo que «es urgente que el Hemisferio aborde las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes identificados por la Misión de la ONU. La OEA debe denunciar a ese régimen y advertir sobre la gravedad de legitimar las elecciones fraudulentas impuestas por una dictadura cruel, señalada por sus ataques contra la población civil», dijo.

El pronunciamiento de la ministra Blum se realizó después de la sesión extraordinaria que la Misión de Colombia ante la OEA, conjuntamente con Brasil, Estados Unidos y Venezuela, solicitaron al Presidente del Consejo Permanente de esa organización y la cual tuvo lugar este martes 29 de septiembre.

La Canciller indicó que Colombia impulsó esta solicitud ante los graves hallazgos de la Misión de la ONU que informa sobre hechos que constituirían crímenes de lesa humanidad.

A la sesión de octubre han sido invitados los integrantes de la Misión Independiente de la ONU y expertos de centros de estudio que analizan temas de elecciones y democracia.

Así mismo, participarán el secretario Luis Almagro y el presidente de la CIDH.

La misión de Colombia ante la OEA, conjuntamente con Brasil, Estados Unidos y Venezuela, solicitaron una sesión extraordinaria para debatir el informe de la ONU.

El anuncio lo hizo la canciller de Colombia, Claudia Blum. Dijo que esta sesión tendrá lugar este mismo martes. «Se analizará la situación de las precarias instituciones venezolanas. Esto, de cara a las elecciones convocadas sin garantías democráticas, por el régimen ilegítimo», dice el comunicado de la cancillería.

Blum indicó que Colombia impulsó esta solicitud «ante los graves hallazgos de la Misión de la ONU que informa sobre hechos que constituirían crímenes de lesa humanidad».

La ministra dijo que: «es urgente que el Hemisferio aborde las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes identificados por la Misión de la ONU».

Agregó que la «OEA debe denunciar a ese régimen y advertir sobre la gravedad de legitimar las elecciones fraudulentas». Dijo que las mismas son «impuestas por una dictadura cruel, señalada por sus ataques contra la población civil».

A la sesión están invitados los integrantes de la Misión Independiente de la ONU. Además de expertos de centros de estudio que analizan temas de elecciones y democracia.

Asimismo,  participarán el secretario Luis Almagro y el presidente de la CIDH.

El presidente encargado, Juan Guaidó, repudió este lunes la represión del régimen contra las gente que protesta por la falta de gasolina.

«La dictadura sigue sin entender lo que necesita nuestra gente y lo que ha generado absoluto rechazo hacia el régimen: No es gas lacrimógeno, es gas doméstico. No es plomo, es gasolina sin plomo», escribió en su cuenta en Twitter.

Se refirió expresamente a lo que ocurre en Lara, Caracas, Nueva Esparta y Sucre, entre otros estados. La gente ha salido a trancar calles y quemar cauchos, cansada no solo por los días que pasan haciendo cola por gasolina, sino por las fallas en todos los servicios.

El régimen ha reprimido varias de estas protestas con gas lacrimógeno y con detenciones arbitrarias.

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“En este momento hay al menos 27 protestas en Venezuela. Ya hay muchos detenidos injustamente”, señaló Guaidó, en el marco del foro Violación a los Derechos Humanos en América Latina: Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En este evento participaron: Julio Borges, María Teresa Romero, José Miguel Vivanco (HRW), Juan Antonio Blanco Gil (historiador cubano) y Gonzalo Carrión Maradiaga, activista por los DD.HH en Nicaragua.

Ante estas personalidades, Guaidó destacó la importancia del informe de la ONU sobre Venezuela. «Por primera vez en Latinoamérica a un régimen en el poder se le acusa de narcotraficante y violador de derechos humanos».

Alertó que el régimen quiere seguir desestabilizando a la región. «Debemos fortalecer las instituciones para que sirvan de contrapeso. Cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace”, advirtió.

“Tenemos que abocarnos no solo a denunciar sino a lograr justicia. Explorar todas las herramientas que tenemos a mano y ver qué cursos tienen esos mecanismos”, dijo.

“Debemos empuñar la bandera del cambio porque en Venezuela, así como en Cuba y Nicaragua lo que estos autócratas quieren es aniquilar la alternativa democrática. Quieren eliminar la disidencia y las voces críticas”, afirmó.

El excomisario Iván Simonovis alertó que el régimen se prepara para arremeter contra el pueblo venezolano, de manera violenta.

«El régimen se organiza para una nueva arremetida contra los ciudadanos. De sistemática pasará a ser masiva la violación de DD.HH. A fuego y sangre buscarán continuar en el poder», dijo Simonovis, en un mensaje en Twitter.

Simonovis publicó un video en la red social y llamó la atención de la Fuerza Armada Nacional. A sus integrantes les habló del informe de la ONU sobre Venezuela.

Les recordó que en sus más de 400 páginas, denuncia las violaciones de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad del régimen. «Muchos de ellos cometidos contra sus propios compañeros, como Rafael Acosta Arévalo«.

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Les dijo que al analizar el documento se den cuenta de a quién están apoyando. «Vean el informe, analícenlo y vean para quien trabajan». «Les puede tocar a ustedes», alertó.

La semana pasada fue entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe de Determinación de Hechos.

El documento contiene denuncias que demuestran que los crímenes de lesa humanidad son responsabilidad de Nicolás Maduro.

En régimen se organiza para una nueva arremetida contra los ciudadanos. De sistemática pasará a ser masiva la violacion de DDHH.A fuego y sangre buscarán continuar en el poder. pic.twitter.com/ZwWr2av5uu