Al cierre del mes de septiembre, la cifra de presos políticos en Venezuela es de 348 personas, según publicó la organización Foro Penal.

La ONG explicó en un informe que esta cifra se ha mantenido por encima de las 300 personas, pese al llamado que hiciera la Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, dentro del contexto de la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Sin embargo, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, explica en Twitter que al 15 de octubre se incrementó la cifra a 363; 15 personas más que están presas por fines políticos.

“9.289 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares”, escribió en su cuenta en la red social.

#13Oct Al día de hoy en el @ForoPenal registramos 363 #PresosPolíticos en #Venezuela. Además, 9289 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares. pic.twitter.com/qHXVNPqceq

Un resumen ejecutivo en su página web, precisa que las protestas de ciudadanos aumentaron y dejaron un saldo de 80 personas detenidas durante el mes de septiembre.

Indica que la mayoría de esas protestas se suscitaron por “fallas en los servicios básicos y por la escasez de gasolina”.

“La criminalización y represión de estas protestas, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, se amparan en el decreto de estado de Alarma por la pandemia de COVID-19, vigente desde marzo”.

Desde que comenzó la pandemia en Venezuela, denuncia el Foro Penal, que “el acceso a los tribunales y a los centros de reclusión continúa restringido para los abogados de los detenidos”.

Lea también: Régimen construye TÚNELES para resguardarse en caso de CONFLICTO BÉLICO, según Tamara Suju (+Fotos y video)

Esta situación “imposibilita el derecho a la defensa y obstruye el debido proceso de estas personas privadas de libertad”.

No obstante, la Alta Comisionada Bachelet resaltó, en su actualización oral, que la Misión en Venezuela ha podido tener acceso en días recientes a centros de reclusión del SEBIN y de la DGCIM en Caracas.

La Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por los altos número de muertes de jóvenes en operativos de seguridad en las barriadas de Venezuela.

Bachelet actualizó la madrugada de este viernes el informe sobre las graves violaciones en Venezuela.

#25Sep Michelle Bachelet, actualizó el informe sobre las graves violaciones en Venezuela y dijo estar preocupada por el alto número de muertes de jóvenes en operativos de seguridad. https://t.co/du0wicHrvA

Precisó que de junio a agosto se registraron «711 muertes» en operativos de seguridad.

“Han llegado a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”.

Lea también: Mueren los héroes: 195 trabajadores de salud han fallecido por COVID-19 en Venezuela

Asegura que las cifras, están basadas “en un análisis de fuentes abiertas” que hizo la Misión de la ONU que está en Venezuela.

Dijo, además, que ha sido positiva la detención de cinco funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que le propinaron la muerte a dos jóvenes en el Zulia el pasado 21 de agosto.

Bachelet también se refirió a las declaraciones del fiscal del régimen, Tarek William Saab, a ese caso y dijo que ellas «demuestran el patrón descrito por la Misión en el informe».

“Tras ejecutar a las víctimas, los funcionarios de los cuerpos policiales las roban y manipulan las evidencias para presentar los hechos como un enfrentamiento”.

Aseguró que su oficina sigue documentando los casos de represión en protestas pacíficas, bajo el Estado de Alarma, incluyendo detenciones y dos muertes de manifestantes.

Asimismo, indicó que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión.

Criticó la aplicación de la Ley Contra el Odio y los ataques a defensores y periodistas.

En las 21 páginas de esta actualización, la Misión señala a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

La expresidenta de Chile, también expresó preocupación por los «discursos estigmatizantes» del régimen que responsabilizan a los que retornan al país de introducir el coronavirus.

“El 33% de las muertes por COVID-19 en Venezuela han sido del personal de salud, principalmente por la falta de equipos de protección y agua”, enfatizó.

Sostuvo que la pandemia se sumó a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria.

Precisó que la tasa de desnutrición aguda infantil está en torno al 15% y que algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo.

El pasado 16 de septiembre, la misión internacional de la ONU en Venezuela publicó el informe sobre su actuación. En este documento concluyen que Nicolás Maduro y sus ministros son responsables por crímenes de lesa humanidad.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos».

Algunas de esas violaciones «incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

En el informe, describen al menos 24 métodos de torturas utilizados por el régimen contra los presos políticos.

Entre ellos están “golpes fuertes dejando marcas visibles; huesos rotos y órganos dañados; esposas excesivamente apretadas; asfixia con sustancias tóxicas y en agua”.

Asimismo,  “posiciones de estrés como crucifixiones; sometimiento a luz artificial las 24 horas del día; aislamientos en celdas con poca ventilación y ojos vendados”.

Además, “mutilaciones; choques eléctricos en genitales; violaciones sexuales, privación de alimentos, consumo de excremento obligado y amenazas de muerte”.