El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó este viernes la inhabilitación política del exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski para ejercer cargos públicos por 15 años,

La Sala Político Administrativa declaró «improcedente» el amparo solicitado por Capriles contra la Resolución Nro. 01-00-000239, de fecha 6.4.2017, dictada por el Contralor General de la República.

#26Ene #AHORA ?El Tribunal Supremo de Justicia informó mediante la Sala Político Administrativa que ratifica la inhabilitación por 15 años de Henrique Capriles Radonski (@hcapriles), para el ejercicio de funciones públicas.? Vía @johanalvarezr pic.twitter.com/dcNJSEPNS4

«SIN LUGAR las demandas de nulidad ejercidas por la representación judicial del ciudadano HENRIQUE CAPRILES RADONSKI, antes identificado, contra la Resolución Nro. 01-00-000239, de fecha 6 de abril de 2017 mediante la cual se le impuso sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince (15) años dictado por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, así como la interpuesta contra el acto administrativo de fecha 31 de marzo de marzo de 2017, emanado del Director General de Procedimientos Especiales, actuando por delegación de la referida máxima autoridad, por medio del cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra el auto decisorio Nro. 08-01-PADR-001-2017 de fecha 19 de enero de 2017, que a su vez consideró responsable administrativamente al actor y lo sancionó con multa”, señaló el fallo.

En el documento declara “FIRMES los actos impugnados, y en consecuencia, el ciudadano HENRIQUE CAPRILES RADONSKI, de acuerdo a la Resolución Nro. 01-00-000239, de fecha 6 de abril de 2017, ESTÁ INHABILITADO POR QUINCE (15) AÑOS PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS».

Por todo lo antes expuesto, la solicitud de Capriles «no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023».

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Así que deberá seguir esperando para aspirar de nuevo a la Máxima Magistratura.

Apenas conocer la sentencia del TSJ, Capriles rechazó la medida de forma contundente.

«Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos», señaló a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

No obstante, dijo convencido que “hoy más que nunca, nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto”.

Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de CAMBIO de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un… https://t.co/zyFKQCZ9gH

El camino hacia las elecciones presidenciales en Venezuela tiene su centro en en este momento en una presunta negociación entre las administraciones de Joe Biden y de Nicolás Maduro, que estaría planteando un canje de sanciones por inhabilitaciones.

Aunque no es tema nuevo, el periodista Vladimir Villegas aseguró este miércoles a través de sus redes sociales que el gobierno de los EE.UU. sería parte de esta supuesta búsqueda de negociación que tendría como principal objetivo el levantamiento de las inhabilitaciones políticas a los candidatos a las primarias.

Sobre este particular, María Corina Machado destacó que independientemente del éxito de ese escenario, ella inscribirá su candidatura ante el CNE.

Villegas aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro estaría negado a levantar la inhabilitación de María Corina Machado por haber pedido invasión y sanciones a Venezuela, escenario ante el cual algunas facciones de oposición han propuesto una sucesión de aspirantes de resultar electo un inhabilitado, algo que ha sido condenado por la candidata del partido Vente Venezuela.

Por su parte, la también candidata Delsa Solórzano invitó a la ciudadanía a ponderar esta circunstancia que rodea al menos a 3 candidatos a las primarias, lo que pareciera ser un claro mensaje para la posición de María Corina Machado, quien aseguró que no declinará en su aspiración presidencial pese a su inhabilitación.

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Nuestro compañero Edwin Prieto salió a la calle para conocer la opinión de los venezolanos sobre las  inhabilitaciones  que pesan sobre los dos candidatos elegibles en la elección primaria del próximo 22 de octubre.

La respuesta fue contundente, los venezolanos exigen a los representantes nacionales de los partidos opositores que garanticen una candidatura unitaria que permita lograr un cambio de gobierno en las presidenciales del próximo año.

Entre los argumentos de los destacan que “ya no aguantan vivir en medio de la crisis generalizada que les ha arrebatado su calidad de vida” y pese a que muchos no confían en la oposición, tiene las  esperanzas en que una candidatura unitaria pueda derrotar a Nicolás Maduro ante la baja popularidad que lo rodea.

Las desafortunadas declaraciones del alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima en donde califica de horroroso un mural realizado por niños con Asperger, fue motivo de discusión de la Asamblea Nacional chavista.

Tras revisar las palabras de Paraqueima, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo en el que piden acciones penales, administrativa e inhabilitación política en contra de Paraqueima.

Las expresiones de Paraqueima se producen a pocos días de haberse aprobado en la Asamblea Nacional, una ley que para la protección de personas del espectro autista, en la que se hace énfasis en la no discriminación de las personas con TEA.

#EnVideo?| Presidente de la AN, @jorgerpsuv mencionó que las armas de lucha de los ciudadanos son las leyes aprobadas en esta AN, e indicó que el seguimiento y cumplimiento es primordial, para que sea sólido el ejercicio de los derechos humanos.#LaSiembraPetrolera pic.twitter.com/cDqqOzTER9

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez informó que «Está AN decide iniciar una Investigación en contra del sujeto Ernesto Paraqueima y tomarse las medidas sansonatorias correspondiente».

En consonancia con la medida, se procedió a designar “una Comisión especial presidida por el Primer Vicepresidente, diputado Pedro Infante para solicitar ante el MP el inicio de las investigaciones para poner fin a tanta injusticia».

La comisión se trasladó al Ministerio Público (MP) para que inicie las acciones penales contra el alcalde Paraqueima, por violar la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

#EnVideo?| Presidente de la AN, @jorgerpsuv aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo en repudio a las declaraciones intimidatorias en contra de niños y niñas con la condición de Trastorno del Espectro Autista.#LaSiembraPetrolera pic.twitter.com/JzaKoERQo4

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#4May #AHORA La Asamblea Nacional oficilista pide acciones penales, administrativas e inhabilitación política contra el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, tras comentarios sobre niños autistas que pintaron un muro en la ciudadpic.twitter.com/tRRbUD1UKg

Los diputados de la AN argumentaron que el alcalde violó principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la nación.

Por lo tanto, solicitan tomar “Acciones penales, administrativa e inhabilitación política” en contra de Paraqueima. También se evidenció la necesidad de trabajar en el reglamento de la ley de protección de personas con TEA.

#EnVideo?| Diputado de la AN, @OmarAvilaVzla expresó su rechazo ante los malos comentarios hacia la comunidad autista y propuso invitar a @Conapdis para trabajar en los reglamentos de la Ley. #LaSiembraPetrolera pic.twitter.com/KaSyQez2DQ

Por su parte, la diputada Mercedes Sánchez aseguró que Paraqueima con sus expresiones de odio, “acaba de activar en todo el país, una bandera en contra del desconocimiento de la condición del espectro autista”.

Advirtió a todos aquellos que desean borrar murales de niños que “por cada mural que borren, hará mil murales más”.

La diputada Sanchéz, quien es madre de un niño con condición autista, repudió las expresiones despectivas que emitió el alcalde de El Tigre, Paraquiema aseguró que “Los niños con autismo no pintan con las patas. Pintan con el corazón”.

“¿Sabe que sí es horroroso e indignante? Su conducta alcalde”, recalcó.

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Revertir las inhabilitaciones políticas y devolver a los partidos de oposición a sus autoridades legítimas, es una tarea que se debe ejecutar cuanto antes. Y en esto coinciden los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón y Enrique Márquez.

En entrevistas a distintos medios, los funcionarios coincidieron en que, al cumplir esa meta, se estaría abonando el terreno de las condiciones electorales «justas».

Enrique Márquez, vicepresidente del CNE, anunció que busca allanar el camino para lograr levantar las inhabilitaciones contra unos 30 dirigentes de la oposición. Entre ellos destacan Juan Guaidó y Julio Borges, además de otros exdiputados de la AN del 2015.

En febrero de este año, el Contralor de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación por 15 años de estos dirigentes. Su despacho lo hizo, porque no cumplieron con la declaración jurada de patrimonio, al dejar el Parlamento.

En total, entre el 2019 y el 2021 la Contraloría ha inhabilitado a 150 personas.

Al respecto, Márquez dijo que está «interactuando» para conseguir una solución a las inhabilitaciones. No dio detalles de con quién es están dando esos contactos. No obstante, la reversión de las esas inhabilitaciones también forma parte de la agenda del diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición liderada por Guaidó.

Sobre las medidas contra los partidos, Márquez recuerda que, el año pasado, el TSJ de Maduro, impuso directivas «ad-hoc» a AD, PJ y VP. También lo hizo contra partidos de izquierda que se desmarcaron de Maduro, como el PCV y el PPT.

El rector sabe que las inhabilitaciones dependen de la Contraloría. No obstante, dijo que desde el CNE, «se está haciendo lo que se puede».

«Pero eso es un tema delicado, complicado. No está en manos del CNE tomar los casos que han sido previamente decididos por el TSJ», reconoce.

Por el momento, el CNE anunció que abría la puerta para que organizaciones políticas que no habían logrado validarse como partidos en años anteriores se inscribieran. Lo hizo para que participen en las megaelecciones del 21 de noviembre.

Márquez espera que «se pueda lograr un acuerdo institucional, para que entre el TSJ y el CNE construyan una ruta mucho menos ofensiva para la democracia», aseveró.

«El país no puede seguir sin que el pueblo no solo confíe en el CNE y el voto, sino que tenga estímulos para participar. En eso la oferta electoral tiene que ser máxima. En este caso, entonces, debe haber la posibilidad de que quien quiera ser candidato pueda serlo, por supuesto con las limitaciones que establece la ley», expresó.

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Por su parte, el rector Roberto Picón, aseguró este viernes que el Poder Electoral trabaja «en crear mejores condiciones para los comicios regionales». Sin embargo, aclaró que también se trata de una situación que depende del Estado.

«Las condiciones electorales no solo dependen del Poder Electoral, sino del resto del Estado. También de los que participen en el proceso, tanto partidos políticos como los ciudadanos», señaló.

Por ello, adelantó que todos los rectores del Consejo coinciden en la necesidad de generar confianza para lograr una mayor participación en las elecciones.

«Estamos tratando de que la institucionalidad del CNE le sirva a todo el país», expresó.

«Hay un acercamiento con las distintas instituciones involucradas para atender cada caso de los inhabilitados políticos», informó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Nicolás Maduro recibió este jueves de la Contraloríauna notificación sobre la inhabilitación por 15 años de Juan Guaidó y 27 funcionarios más.

Mediante un comunicado, el CNE detalló que esta inhabilitación masiva cumple con «lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal».

La ley establece que los legisladores deben presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones.

La inhabilitación de 28 diputados elegidos en el 2015 se conoció el martes tras una rueda de prensa dada por el contralor chavista, Elvis Amoroso.

Subrayó que los exparlamentarios «algo tienen que ocultar» al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.

«Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos», añadió.

Entre los inhabilitados se encuentran el diputado Julio Borges electo en 2015, y Sergio Vergara, quien fue mano derecha del líder opositor.

Guaidó y otros diputados se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado.

Esto para prolongar el mandato que entonces ejercía como presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositor, explicó el diario La Verdad.

Esta inhabilitación se suma a otra inhabilitación contra Guaidó anunciada en marzo de 2019 por la misma razón.

Entonces, Amoroso aseveró que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un costo superior a los 310 millones de bolívares.

Lo que equivale a 94.096,79 dólares a la tasa de cambio oficial del momento.

Asgeuró que no aclaró como pudo costear estos gastos.

Sin embargo, y tras la segunda medida de la Contraloría, el equipo de Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, dijo en un comunicado que el opositor suma en inhabilitaciones «más de 60 años de sentencias sin valor práctico»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la inhabilitación de 28 exdiputados de la Asamblea del 2025, incluyendo a Juan Guaidó.

«La @CIDH/#MESEVE tomó conocimiento, a partir de información pública, de que la Contraloría impuso, el #23Feb, sanciones de inhabilidad para ejercer cargos públicos a 28 diputados electos en 2015″, publicó el organismo en Twitter.

La comisión «señala que, de acuerdo con los estándares interamericanos de DD.HH., un órgano administrativo no puede aplicar sanción que implique restricción al ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegida», destacó.

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Asimismo, la «recuerda que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en 2011 por este tipo de sanciones. La @CorteIDH ordenó adoptar disposiciones de derecho interno para evitar su repetición», alertó.

El 23 de febrero, Elvis Amoroso, contralor de Nicolás Maduro, anunció la inhabilitación por 15 años. El argumento es que los afectados se negaron a presentar sus declaraciones juradas de patrimonio.

Para los exdiputados, las medidas en su contra muestran «la cobardía política de Nicolás Maduro».

#Venezuela?? La @CIDH/#MESEVE tomó conocimiento, a partir de información pública, de que la Contraloría General de la República impuso, el #23Feb, sanciones de inhabilidad para ejercer cargos públicos a 28 diputadas y diputados electos en 2015. 1

El contralor del régimen de Maduro, Elvis Amoroso informó que desde la Contraloría General de la República inhabilitaron para el ejercicio de cargos públicos por 15 años a Jonathan Marín, exalcalde del municipio Guanta, Anzoátegui y Ramón Muchacho, extitular del municipio Chacao, Gran Caracas.

Señaló que este veredicto se dio en el marco indagaciones que realizaron en contra de Marín y Muchacho, por presunta malversación de fondos.

“Lo alarmante de que se desvíen fondos otorgados para el beneficio de los ciudadanos que habitan en esos municipios y los usen los alcaldes para su enriquecimiento personal”, afirmó.

Mediante declaraciones ofrecidas este viernes destacó que en las investigaciones que se desarrollaron hace seis meses por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la CGR, se determinaron hechos de corrupción en ambas alcaldías.

#HaceMinutos ? | El Contralor General, Elvis Amoroso, indicó que que la investigación hecha desde hace 6 meses por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la #CGR concluyó que hubo hechos de corrupción en dos alcaldías Anzoátegui y Miranda.#GraciasPuebloHeroico pic.twitter.com/IbpeOnDKfJ

En 2017, Ramón Muchacho tuvo que ir al exilio, luego de que el Ministerio Público ordenara una investigación y posteriormente su detención por permitir protestas en contra del régimen de Maduro y causar daños públicos.

En 2019, Jonathan Marín, alcalde afecto al régimen chavista, también fue investigado por el Ministerio Público, por presunta malversación de fondos y utilizar el dinero de la alcaldía para el disfrute con su familia en una nueva vida, que aparentemente disfruta en México.