Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado y Henrique Capriles, las encuestadoras Delphos y Consultores 21, señalan que «70% de la población quisiera que se levanten» estas restricciones.

Así lo señalaron los presidentes de las empresas, Saúl Cabrera y Félix Seijas, respectivamente, en entrevista con Unión Radio, donde también coincidieron en que “20% de los chavistas también aspiraba a que esto fuera así, porque, para parte de esta fracción, ella debe ser la candidata y debe ser habilitada».

«No toda la gente pensaba que iba a pasar. 50% de los venezolanos pensaba que el gobierno iba a levantar las inhabilitaciones a los que eran importantes como María Corina y Henrique Capriles», añadió Cabrera.

Por su parte, Félix Seijas (Consultores 21) destacó que «el número de personas que participarán en un proceso electoral próximo aumenta si sienten que hay unas condiciones electorales mínimas».

«No se espera un CNE totalmente transparente, sino otros aspectos como la observación internacional, la ampliación del Registro Electoral en Venezuela y la publicidad”, remarcó.

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En cuanto las preferencias en las encuestas, Seijas dijo: «La aprobación de María Corina Machado está por encima de 50%, desde hace mucho tiempo esto no pasaba con ningún político en Venezuela» acotó.

También expresó que «la oposición tiene la obligación de apoyar a María Corina en todo su esfuerzo para que pueda ser candidata».

Alerta que si los venezolanos asumen que «no hay condiciones, la participación estará entre 45% y 50%. Sin embargo, si se percibe que hay una elección medianamente competitiva, los márgenes suben a 70% a 75%».

«Tanto en el escenario de poca participación y como el de mucha participación, María Corina Machado le estaba ganado a Maduro», remarcó.

«Maduro no supera la aprobación de 25%. Los venezolanos quieren que mejoren sus condiciones de vida, y sienten que no será así si no hay un cambio político» aclaró.

Finalmente, instó a Machado a “pelear” por su participación, pues la “gente siente que, aunque no pueda participar, el terreno electoral no se debe abandonar y debe haber un sustituto o fórmula para que la oposición participe en las presidenciales».

Las inhabilitaciones que la Contraloría General de la República (CGR) ha impuesto en las últimas dos décadas se han convertido en una de las principales armas del oficialismo en tiempos electorales y también en uno de los temas centrales de las negociaciones que las autoridades venezolanas mantienen no solo con un sector de la oposición, sino con gobiernos como el de Estados Unidos para lograr el levantamiento de las sanciones aplicadas en los últimos años.

Así lo señala la ONG Acceso a la Justicia, en un análisis relacionado con el procedimiento, ante la Sala Político Administratica (SPA) del TSJ, establecido entre el gobierno de Maduro y la Platadorma Unitaria, para que los inhabilitados tengan la posibilidad de inscribir en las presidenciales.

Reecuerda este procedimiento se dio a conocer el pasado 30 de noviembre, cuando expiraba el plazo dado por Washington para dar señales de que se permitiría a los inhabilitados concurrir a los próximos comicios presidenciales de 2024, así como liberar a presos políticos, so pena de volver a tomar medidas revocando o restringiendo las licencias que alivian las sanciones.

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«Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».

«El recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañado de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15, en días continuos y sucesivos».

Esto se lee en el comunicado difundido en redes sociales por la embajada de Noruega en México, visto que este país europeo funge como mediador en las pláticas entre ambas partes.

De acuerdo con el documento publicado, los interesados en competir en los comicios deberán acudir personalmente con sus abogados a la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar el recurso antes mencionado y en el mismo deberán «abstenerse de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado».

Por su parte, la instancia judicial se pronunciará «conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia».

Varios dirigentes acudieron al máximo juzgado, entre ellos la candidata opositora María Corina Machado, quien lo hizo en el último día del plazo y expresó lo siguiente:

«Fuimos al TSJ a desafiar a (Nicolás) Maduro y al régimen, a eso fuimos, y vamos a dejar claro, como allí se establece en el documento que introdujimos, que no estoy inhabilitada, que ese es un acto inexistente y, por lo tanto, el recurso que introdujimos es una demanda de reclamación por vía de hecho (…) y le corresponderá al TSJ reconocerlo también».

El recurso contencioso administrativo es un tipo de acción judicial mediante la cual se puede solicitar la nulidad (invalidez) de actos administrativos, que son actos jurídicos producto de la actividad del Estado como administración pública.

Por lo normal se identifica a la administración pública con el Poder Ejecutivo, pero puede actuar como tal otro poder del Estado que ejerce funciones administrativas, por ejemplo, la CGR, que es parte del Poder Ciudadano y dicta actos administrativos cuando sanciona a un funcionario por su gestión y además lo inhabilita políticamente, como ha ocurrido con un gran número de opositores políticos.

Sin embargo, María Corina Machado dijo que el acto de inhabilitación no existe y, por lo tanto, se trata de una vía de hecho.

Así, introdujo otro tipo de demanda: la de reclamación contra una vía de hecho, prevista en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA). En este sentido, la SPA (que es la facultada para conocer de este caso) en jurisprudencia reiterada ha explicado qué es una vía de hecho en los siguientes términos:

«El concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho administrativo francés, en el que tradicionalmente se distinguen dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder del que legalmente carece o lo haya hecho sin observar los procedimientos establecidos por la norma que le ha atribuido ese poder.

Este concepto de vía de hecho comprende todos aquellos casos en que la Administración Pública pasa a la acción sin haber adoptado previamente la decisión que le sirva de fundamento jurídico, y en aquellos otros casos, en los que en el cumplimiento de una actividad material de ejecución comete una irregularidad grosera en perjuicio de los derechos de otro u otros».

En suma, la vía de hecho es un acto inexistente, y aunque exista, la persona afectada no lo conoce, porque se dictó sin seguir procedimiento alguno, vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso.

Un buen augurio para el éxito del caso de María Corina Machado es el del actual gobernador del Zulia, Manuel Rosales, pues también hubo, entre muchas otras irregularidades, una falla de procedimiento, pues ni se le notificó del acto administrativo respectivo y menos aún se le dejó previamente defenderse.

No obstante, en el caso de Rosales, la instancia se demoró 25 meses en tomar dicha decisión, según se puede consultar en la sentencia n.º 1.169 del 30 de octubre de 2017.

De tomarse el TSJ el mismo tiempo para el caso de María Corina Machado que en el de Rosales, la candidata no podría participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del próximo año, pero al haber ejercido una demanda de reclamación contra vía de hecho, que tiene un procedimiento breve, junto con un amparo cautelar, su situación jurídica infringida podría serle restablecida de manera inmediata mientras dura el juicio y el TSJ decidir con mayor celeridad de manera definitiva sobre la actuación de la CGR.

Una vez recibida la acción, la SPA tiene tres días de despacho para informar si la admitirá.

La decisión de admitir a trámite una demanda de esta naturaleza dependerá de que se hayan cumplido los requisitos formales fijados en el artículo 33 del instrumento antes mencionado (identificación del tribunal ante el cual se presenta la solicitud, el nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, una relación de los hechos e identificación del representante y la consignación del respectivo poder, entre otros).

Luego de admitida y al tratarse de una vía de hecho, el asunto se regirá por el procedimiento breve previsto en la ley, lo cual incluye que la CGR informe sobre la causa de la vía de hecho dentro de un lapso de cinco días luego de notificada por el TSJ.

En cuanto a la decisión sobre el amparo cautelar debería producirse a los cinco días despacho siguientes a haber sido recibido.

Esto resalta la norma citada:

«En los tribunales colegiados (como la Sala Político Administrativa) el juzgado de sustanciación remitirá inmediatamente el cuaderno separado. Recibido el cuaderno se designará ponente, de ser el caso, y se decidirá sobre la medida dentro de los cinco días de despacho siguientes. Al trámite de las medidas cautelares se dará prioridad».

Un estudio realizado por Acceso a la Justicia arrojó que entre enero de 2022 y octubre de este año la SPA se demoró 1.028 días en promedio para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por los ciudadanos contra las actuaciones de la administración pública.

Como si lo anterior no fuera suficiente, no se puede ignorar el hecho de que la SPA y el TSJ en su conjunto, sistemáticamente se viene poniendo del lado del Estado frente a los ciudadanos.

Y prueba de ello es que en el período entre enero de 2022 y octubre de 2023 Acceso a la Justicia contabilizó que la instancia decidió 32 medidas cautelares en el marco de juicios por demandas de nulidad contra actos administrativos, pero de ellas apenas concedió tres a los solicitantes; es decir solo el 9,38 % de las solicitudes cautelares presentadas.

La tendencia anterior se agrava en lo relacionado con las inhabilitaciones. El máximo juzgado ha avalado tanto las polémicas sanciones que puede imponer la CGR como la manera en las que las usa.

Así, en su sentencia n.º 1.266 de 2008, la Sala Constitucional (SC) declaró la «constitucionalidad» del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la cual prevé la cuestionada medida, a pesar de que el artículo 42 de la Constitución establece claramente que «los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme».

Por su parte, en 2011, la SC volvió a defender la cuestionada sanción frente a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que mandó a Venezuela a anular esa norma de la Ley Orgánica de la Contraloría, por considerar que la misma viola el derecho fundamental a elegir y ser electo.

«La inhabilitación administrativa difiere de la inhabilitación política, en tanto y en cuanto la primera de ellas solo está dirigida a impedir temporalmente el ejercicio de la función pública, como un mecanismo de garantía de la ética pública y (…) no le impide (…) ejercer los derechos políticos consagrados en la Constitución (el sufragio activo; la rendición de cuentas; la asociación política y a la manifestación pacífica)».

Una suerte similar han corrido desde entonces el exalcalde de San Diego, Enzo Scarano; el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas o la exdiputada Adriana D’Elía, por mencionar solo algunos dirigentes opositores.

Más recientemente, la SC ha rechazado ya tres acciones, introducidas por opositores y no por María Corina Machado ni sus abogados, las cuales aparentemente buscaban permitirle participar en la carrera por la silla del Palacio de Miraflores.

Ello pese a las graves irregularidades que rodearon la imposición de la medida de inhabilitación, lo que en su momento denunciamos.

La situación de los candidatos inhabilitados que no podrían inscribirse en ningún evento electoral está lejos de ser resuelta, a decir que este viernes vence el plazo impuesto por un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, para establecer un mecanismo que permita garantizar el derecho de los venezolanos a unas elecciones libres.

“Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso-administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos”.

“La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, continúa el acuerdo.

Los párrafos anteriores forman parte del acuerdo suscrito el 30 de noviembre, entre las partes, y hasta el momento solamente dos dirigentes políticos han acudido al TSJ, en los términos establecidos en el escrito: Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal y Leocenis García.

De resto, María Corina Machado, la principal afectada por las inhabilitaciones, puesto que es la candidata presidencial de la oposición, Henrique Capriles y Freddy Superlano, no han tocado las puertas del TSJ.

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María Corina Machado ha descartado varias veces que va a acudir al TSJ, «porque no he cometido ningún delito».

«Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber lapso alguno corriendo, ¿verdad?», remarcó Machado este jueves.

Por su parte, el excandidato a la primaria, Henrique Capriles, llamó hace unos días a «todos los inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente» a acudir al TSJ. No obstante, él aún no lo ha hecho.

En su momento, Capriles recurrió su inhabilitación cuando fue impuesta. Recientemente, dijo que consultaría con sus abogados si era necesario repetir el procedimiento.

Freddy Superlano tampoco ha ido al supremo. En primer lugar, dijo que había que esperar por la decisión de Machado y luego no se ha vuelto a pronunciar.

Las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría, organismo facultado por ley para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados.

La Constitución, sin embargo, establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia, recuerda un análisis de la AFP.

Sobre este tema, el dirigente opositor, Tomás Guanipa, aseguró que «los acuerdos de Barbados deben cumplirse», independientemente del mecanismo ideado para solventar el tema de las inhabilitaciones.

#15Dic ?️ "QUEDAN HORAS PARA HABILITAR A MARÍA CORINA MACHADO (@MariaCorinaYA)"Este viernes finaliza el lapso establecido por el TSJ para la recepción de inhabilitaciones políticas, por lo que Tomás Guanipa (@TomasGuanipa), miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria… pic.twitter.com/4trQj7o2er

La negativa de Machado de ir al TSJ «pudiese empeorar las cosas dentro de la mesa de negociación», dijo a la AFP el politólogo Pablo Andrés Quintero, quien resalta que «el panorama está cargado de incertidumbre» en torno a una candidatura que «representa un riesgo para el gobierno».

Abstenerse, considera la consultora política Egleé González, podría ser «un error» para la exlegisladora tras su arrollador triunfo en las primarias opositoras.

«Se autoexcluiría», comentó a la AFP González. «Si ella piensa que esos electores van a seguirla en una vía distinta a mantenerse en la ruta electoral (…), puede significarle una caída estrepitosa».

Hasta el momento acudieron al TSJ dirigentes minoritarios como Daniel Ceballos, quien estuvo preso por cuatro años acusado de incitar a una rebelión en masivas protestas contra Maduro en 2014.

«Estoy aquí para respaldar el diálogo y el acuerdo de Barbados», dijo a las puertas del tribunal.

Según Quintero, el gobierno busca «más participantes» en las elecciones de 2024, sin poner en peligro su continuidad, con la eventual habilitación de estos dirigentes de bajo perfil.

Intentaría así evitar un escenario como el de 2018, cuando Maduro fue reelegido en unos comicios boicoteados por el grueso de la oposición -que los denunció como un fraude- y desconocidos por países como Estados Unidos.

El gobierno y la oposición acordaron en octubre en Barbados elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Estados Unidos, en respuesta, flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo y el gas de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento para levantar las inhabilitaciones.

La controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo -área de 160.000 km2 rica en petróleo que administra Georgetown y reclama Caracas en una centenaria controversia territorial- ha entrado en el debate.

Por un lado, la administración de Joe Biden respalda a Guyana cuando Venezuela reavivó sus reclamos por concesiones a la petrolera ExxonMobil en aguas en disputa. Por otro, Machado dijo temer que Maduro pueda usar una «escalada» entre ambos países para eludir las elecciones: «Preocupa enormemente».

La dirigente opositora María Corina Machado dio a entender que no asistiría ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar la revisión de su inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República.

Argumentó que su inhabilitación no es jurídica, sino política y se debería resolver de esa manera.

La reacción a la posición de Machado no se hizo esperar y el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló que el lapso establecido por el TSJ hasta el 15 de diciembre para recibir solicitud de revisión de inhabilitaciones no significa «un ultimátum», dejando abierta la posibilidad de que el proceso pudiera continuar culminado este período, observa nuestro reportero Johan Álvarez.

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Cabello también se refirió a la solicitud de órdenes de captura desde el Ministerio Público (MP) contra 15 personas vinculadas a la oposición y específicamente al equipo de María Corina Machado, por supuesta «traición a la patria».

Aseguró que el principal motivo es porque presuntamente forman parte de un «sistema de lavado de dinero con la trasnacional ExxonMobil», que se encuentra explotando recursos en el territorio en disputa del Esequibo.

Órdenes de captura de las cuales se desconoce el tribunal que las habría librado, lo que para el abogado Juan Carlos Apitz representa una violación más al debido proceso y el acceso a la información transparente que requiere cualquier ciudadano expuesto a disposición de la justicia.

El viernes 15 de diciembre vence un plazo para que los líderes de la oposición recurran inhabilitaciones que les impedirían postularse a las elecciones presidenciales de 2024, pero la cuenta regresiva corre en medio de escepticismo.

Delegados del presidente Nicolás Maduro y la oposición anunciaron el 30 de noviembre «un mecanismo» para que inhabilitados que «aspiran a postularse como candidatos» pidan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar esas sanciones, señala la AFP.

La exdiputada María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias de la principal alianza opositora, descartó en principio acudir a un TSJ, que según ella favorece a Maduro, aunque dijo evaluar escenarios «día a día».

«Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada (…); por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente», declaró el miércoles a la prensa.

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, en contraste, llamó el domingo a «todos los inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente» a acudir al TSJ.

Capriles, quien se había postulado a la primaria opositora pero renunció por la inhabilitación que pesa sobre él desde 2017, recordó que en su momento pidió al tribunal revisar la medida: «Ya tengo siete años esperando».

«No pienso ir (al TSJ) antes que María Corina y si María Corina decide no ir, tampoco iría», aseveró el también inhabilitado dirigente Freddy Superlano, quien igualmente se postuló a las primarias, pero declinó su aspiración para apoyar a Machado.

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Vieja arma del gobernante chavismo contra opositores, las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría. La ley faculta a ese organismo para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.

El gobierno y la oposición acordaron el 17 de octubre, en Barbados, elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Estados Unidos, en respuesta, flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento para levantar las inhabilitaciones.

El experto electoral y periodista Eugenio Martínez subraya que el mecanismo de revisión anunciado es el que «está previsto en la ley».

«No es una novedad», dijo Martínez a la AFP. «Lo interesante, no sé si es positivo o negativo, es que se pone un ‘deadline’ hasta el 15 de diciembre para que los interesados reclamen; aunque no pone un deadline para que el Tribunal Supremo de Justicia decida».

El experto recuerda que el TSJ nunca decidió en el caso de diputados opositores, cuya elección fue suspendida en 2015, lo que abrió una crisis que terminó con el chavismo desconociendo la entonces mayoría opositora en el Parlamento.

El consultor político Gabriel Reyes también es escéptico.

«Estamos abriendo esta ventana, aunque tal vez pueda ser una pared de concreto», advierte Reyes ante temores de que el TSJ se convierta en «una alcabala» imposible de cruzar.

«Se había planteado como una urgencia (en las negociaciones) que los inhabilitados pudieran ir a las elecciones», resalta. «Es precaria una negociación donde yo te pido el status de alguien y tú no me das ese status, sino la oportunidad de que pidas que sea revisado (…). Es una técnica dilatoria».

«El acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. El precedente con amparo cautelar está en el caso Rosales (…). ¡Seguimos!», celebró en X Gerardo Blyde, jefe negociador de la oposición, el anuncio de revisión de inhabilitaciones.

Una medida cautelar del TSJ permitió en 2017 que el excandidato presidencial Manuel Rosales se postulara en las elecciones regionales pese a estar inhabilitado y ganase la gobernación del estado Zulia (oeste).

Martínez destaca que el tribunal «tardó dos años en responder».

Altos dirigentes chavistas como Diosdado Cabello advierten que «nunca» permitirán una candidatura de Machado, a quien acusan de pedir una invasión extranjera a Venezuela y sanciones para deponer a Maduro.

A menos de 24 horas de conocerse el acuerdo para el procedimiento de revisión de las inhabilitaciones de la Contraloría de la República que llevará a cabo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expertos están emitiendo sus observaciones.

El abogado Julio César Celis, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura que el TSJ debería dar respuesta una vez se introduzca la medida cautelar de cada dirigente. Sin embargo, observa que el retardo procesal pudiera hacer que la decisión se conozca meses después, algo que pudiera afectar la aspiración ante una elección presidencial.

Por eso considera que el instrumento del amparo sería lo más adecuado.

#1Dic ?️ ANALIZA DOCUMENTO DE INHABILITACIONESEl abogado Julio César Celis (@JulioCCelis), director de la escuela de derecho de la UCV, asegura que el TSJ debería dar respuesta una vez se introduzca la medida cautelar de cada dirigente, sin embargo, el retardo procesal… pic.twitter.com/LYRhDfcaTQ

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Por otra parte, el abogado Nelson Chitty La Roche desestimó la afirmación de Gerardo Blyde con respecto a que el acuerdo del procedimiento, que señala que es un “nuevo paso” hacia las mejoras de las garantías electorales.

Considera que la medida anunciada en el documento del Reino de Noruega no garantiza la habilitación de María Corina Machado.

#1Dic ?️ “CONTINUAMOS EN ASCUAS" Abogado Nelson Chitty La Roche (@nchittylaroche) desestima afirmación de Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) en cuanto a un “nuevo paso” hacia las mejoras de las garantías electorales, puesto que la medida anunciada en el documento del Reino de… pic.twitter.com/YsGkTYawHL

Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional (AN), por Acción Democrática, sugirió a los candidatos inhabilitados y en especial a María Corina Machado, que acuda al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir «un recurso», respecto a la medida que pesa en su contra y que no le permitiría inscribirse en las presidenciales del 2024.

En entrevista con Unión Radio, Ronderos explicó que «de no acudir al máximo tribunal «sus casos quedarán firmes y nada podrá cambiarlo».

Ronderos hace esta aclaratoria, en vista de que en la sentencia del TSJ que «anula los actos» de la primaria, se señala que Machado, por ejemplo, está inhabilitada por decisión «firme», en su contra, aunque la candidata de la Plataforma Unitaria nunca ha sido juzgada ni condenada para recibir, como pena accesoria, esa inhabilitación.

«Si has recurrido ante el Poder Judicial, existe la posibilidad de que se anule el acto sancionatorio; se supone que la revisión judicial debe ser imparcial y transparente, que conozcan las causas de nulidad del que está demandando», dijo el Parlamentario.

También explicó que «el procedimiento puede ser el previsto en la ley venezolana, el ejercicio de un recurso contencioso-administrativo o constitucional al que haya lugar. Ese es el mecanismo para que las personas inhabilitadas puedan recurrir, sea revisado su caso y que la decisión se acate», señaló el parlamentario.

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Por otro lado, Ronderos se refirió al referendo del 3 de diciembre y ratificó su llamado a participar.

«No es una actividad del gobierno, de la oposición o de Fedecámaras ni de ningún otro actor político», sino de «todos los venezolanos».

Recordó que el reclamo del territorio Esesquibo fue asumido por AD, en el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), cuando se produjo la primera denuncia ante Naciones Unidas y se inició el proceso que llevó al Acuerdo de Ginebra de 1966.

«El acuerdo de Ginebra indica que la manera de llegar a una solución judicial es que ambas partes admitan la competencia de un organismo para el caso en concreto», expresó.

«Le pedimos públicamente al presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, que incida sobre el Palacio de Miraflores para el retiro de las inhabilitaciones políticas de importantes líderes de oposición y partidos democráticos del país, garantizando los derechos de participación, asociación y reunión de toda la población».

El anterior escrito corresponde a un comunicado suscrito por 60 ONG y decenas de personalidades varios sectores del país, donde aseguran que «el actual primer mandatario del hermano país conoce, en primera persona, las consecuencias de las inhabilitaciones políticas administrativas».

«Y de cómo, en su caso, fue la presión de la comunidad internacional -especialmente de los organismos de protección a derechos humanos- quienes evitaron situaciones de violencia e ilegalidad al revertir decisiones anómalas lesivas de derechos», señala el documento difundido por la ONG Provea.

Le recuerdan a Petro cómo él fue objeto de una medida igual a la que pesa sobre María Corina Machado y dirigentes políticos opositores, así como sobre partidos políticos.

«Como se recordará, en diciembre de 2013 el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, ordenó la destitución del entonces alcalde de Bogotá y su inhabilitación política por un período de 15 años. La decisión fue motivada por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana. Inmediatamente después del fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gustavo Petro, advirtiendo la necesidad de dejar sin efectos dicha medida administrativa, al considerar que era probable que se produjera un daño irreparable».

Fue en julio de 2020, cuando la Corte Interamericana de Derechos emitió una sentencia favorable al funcionario destituido, alegando que se habían restringido sus derechos políticos y que el proceso disciplinario en su contra no había respetado la imparcialidad ni la presunción de inocencia.

Los firmantes del comunicado destacan que «la actuación de estos organismos internacionales de protección restituyó los derechos políticos de Gustavo Petro, permitiéndole continuar con la carrera política que lo llevaría, años después, a la primera silla de Colombia».

Incluso, le recuerdan sus propias palabras: «Soy presidente gracias a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Petro en ese momento.

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Haciendo una extrapolación, las organizaciones le muestran al mandatario colombiana que «una situación similar de restricción de derechos políticos a través de medidas administrativas la sufren dos de los principales candidatos de oposición de nuestro país, Henrique Capriles y María Corina Machado».

A ellos se suman «otros líderes opositores y partidos políticos democráticos, incluyendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV)».

Refieren que «estos procedimientos, al igual que los promovidos contra la máxima autoridad actual de la Casa de Nariño, también vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa».

En el comunicado se destaca el valor de la primaria efectuada este 22 de octubre y cómo «por primera vez en los últimos años, los diferentes partidos políticos opositores han coincidido en la consulta democrática a los venezolanos y venezolanas».

Sin embargo, alertan que «esta posibilidad pudiera ensombrecerse si las actuales autoridades generan obstáculos e impedimentos a la resolución pacífica e institucional del conflicto, abriendo de nuevo las puertas a la violencia».

«Así como el presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente su preocupación por las consecuencias negativas de las medidas coercitivas financieras unilaterales contra nuestro país, le pedimos que incluya dentro de su agenda diplomática de incidencia el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre el respeto al espacio cívico y los derechos de libertad de reunión, asociación y participación de los venezolanos y venezolanas, especialmente el retiro de las inhabilitaciones políticas contra candidatos y candidatas opositores, otros líderes políticos y las injerencias indebidas contra los partidos democráticos del país, como entre otros casos se encuentra el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En la actual coyuntura, el presidente Petro tiene la oportunidad de aportar para el logro de la paz en Venezuela, promoviendo para otros las medidas que a él mismo lo beneficiaron, y que evitaron el escalamiento de la conflictividad interna y la resolución institucional y democrática de los conflictos», finaliza el documento

Estados Unidos espera que la administración de Nicolás Maduro, «defina un calendario» para levantar la inhabilitación de candidatos a las elecciones de 2024, así lo afirmó este miércoles el jefe de la diplomacia Antony Blinken en un comunicado.

Blinken confía que en ese mismo plazo se comience a liberar a «todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente» en el país.

Ests petición la hace el gobierno norteamericano, un día después de que se firmaron acuerdos en Barbados, uno de ellos, destaca ofrecer garantías electorales para todos y establecer las presidenciales para el segundo semestre de 2024.

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Además, deben preservar la presencia de observadores internacionales, sin embargo, no dieron razón sobre lo que harán con las inhabilitaciones políticas.

El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos «siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana».

De esta forma, María Corina Machado, la favorita para ganarla primaria, el domingo, no podría formalizar su candidatura contra Maduro pues sobre ella pesa una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.

El rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) e integrante de la Junta Nacional Electoral, Conrado Pérez, aseguró que el ente comicial no se dejará chantajear y que ningún candidato inhabilitado podrá inscribirse para las presidenciales.

«Me atrevo en nombre del presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, señalar que este CNE no es chantajeable, no es negociable, ni va a aceptar nada contrario a los principios constitucionales. El que esté inhabilitado no se va a «, expresó, en entrevista con Globovisión.

Aclaró que «el CNE no tiene potestad para inhabilitar a alguien», pero agregó que «somos absolutamente responsables», en cuanto a sus funciones y deberes.

Fue enfático en su mensaje, principalmente dirigido a la Plataforma Unitaria que se ha empeñado en no aclarar qué va a pasar si el ganador de las primarias está inhabilitado uy no se puede inscribir en las elecciones del 2024.

«Tienen la clave en el CNE que no pueden inscribirse por ninguno de los efectos y eso sí está claro desde el punto de vista legal y desarrollado en principios constitucionales. El que está inhabilitado no se inscribe para participar en las elecciones de cualquier naturaleza y rango», sentenció.

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Por otra parte, informó que «hay 1.963 personas inhabilitadas según el corte más reciente del Registro Electoral del 30 de agosto, que son penalizaciones impuestas por la presunta comisión de diferentes delitos».

Y aclaró que la medida es legal, en respuesta a los que señalan que se trata de «inhabilitaciones» por motivos políticos.

«La Ley Orgánica de Contraloría y Sistema de Control Fiscal, promulgada el 23 de diciembre de 2010, fue aprobada por unanimidad, artículo por artículo, por lo que el tema de las inhabilitaciones, es totalmente constitucional», manifestó.

Rector Conrado Pérez: Me atrevo en nombre del presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, señalar que este CNE no es chantajeable, no es negociable, ni va a aceptar nada contrario a los principios constitucionales. El que esté inhabilitado no se va a inscribir, eso si está… pic.twitter.com/XPgrINxcvd

Cuando se está cumpliendo una de las últimas etapas de las primarias del 22 de octubre, la campaña, los organizadores de la contienda tienen que resolver un asunto vital para el proceso y para la oposición en general.

Se trata del plan B en relación con la posibilidad cierta de que el ganador de la contienda esté inhabilitado y no pueda inscribirse en las presidenciales del 2024.

A juicio de Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, los candidatos con más chance de ganar las primarias: María Corina Machado y Henrique Capriles, tienen que considerar una negociación con la administración de Nicolás Maduro, para poder participar.

“Justamente la pregunta, alrededor de las inhabilitaciones acercándose a la fase final de la elección primaria, la pregunta es si, el resto de los candidatos han podido tomar alguna ventaja, si han podido capitalizar básicamente esa incapacidad que tienen los candidatos inhabilitados de poder participar en la elección presidencial”, expresó León, en entrevista con Unión Radio.

Las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos no pueden participar en las elecciones y, hasta el momento, esa condición ha sido usada para evitar que haya candidatos fuertes de la oposición para cualquier comicio.

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“Yo no sé quién va a ganar, cómo se va a resolver, lo que sí sé es que un candidato inhabilitado no pase por una negociación en la que el Gobierno lo permita, no se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La pregunta, ¿es probable que, un candidato inhabilitado, sin negociar con el Gobierno sea aceptado por el CNE? No, rotundo, cero probabilidades”, expresó.

Una de las inquietudes de los candidatos a las primarias es precisamente el plan B, ante las inhabilitaciones.

El experto aclaró que un ejemplo acerca de que un acuerdo entre opositores puede dar resultados y este es el caso de Barinas.

«Lo que ocurrió en Barinas, que es que se ponen de acuerdo entre todos, y escogen a un candidato que los represente a todos, no al ganador, sino a toda la oposición”, dijo.

Pidió a la oposición que se dé cuenta de que «los candidatos de oposición ya no son inexistentes. María Corina tiene un respaldo popular importante, no es una candidata liliputiense. Por ejemplo, Benjamín Rausseo tampoco es liliputiense en la disposición de voto presidencial, tiene votación significativa y potencial”.

Igualmente, recordó los números del oficialismo en las encuestas. «Tienen 12% un número movido en disposición de voto, en evaluación de gestión tiene 23%”.

“Es un número absolutamente movido, eso quiere decir que ya tiene un rango de movimiento, en una campaña con dinero y capacidad de movilización que lo puede llevar de 12 % a 23 %, que ha ocurrido en otras campañas en el pasado”, enfatizó.

La Procuraduría General de Colombia afirmó que de 128.208 candidatos inscritos para los comicios del próximo 29 de octubre, 676 registran información relacionada con inhabilidades para desempeñar el cargo para el cual se inscribieron.

De estos 14 aspirantes a alcaldías presentan inhabilidades; 19 para diputados, 560 tendrían impedimentos en concejo, 3 para gobernación, 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá.

La entidad publicó, por regiones, el listado de los departamentos con mayor número de candidatos con anotaciones de inhabilidades: Antioquia, 81; Santander, 66; Cundinamarca, 63; Tolima, 43 y Valle del Cauca con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron, según la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría.

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Entre los casos más destacables se destacan el de Oneida Pinto, la exgobernadora de La Guajira procesada por varias irregularidades, ahora intenta llegar una vez más a la Alcaldía de Albania, su pueblo natal. En contra de ella se han abierto varios procesos disciplinarios, fiscales y penales, los cuales le alcanzaron a costar algunos días de privación de su libertad.

También en el listado está Javier Miguel Vargas, quien aspira como gobernador en Vaupés con el aval de Fuerza Ciudadana aparece con procesos por decir palabras y expresiones ofensivas con otra persona de cuando fue alcalde de Mitú.

De igual forma, Henry Silva Meche, que quiere ser gobernador del Vichada por el Partido Demócrata Colombiano. Su nombre ha sido mencionado en expedientes judiciales de la Fiscalía. Además en Chocó está Luis Emilio Romaña, avalado por Todos Somos Colombia.

Otro de los casos que resaltan está el de Rodolfo Hernández en Santander, quien para la procuradora Margarita Cabello, no está habilitado, porque el fallo de inhabilidad por insultar a un veedor ciudadano y que lo privaría de participar, no le ha sido notificado.

Sobre Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, implicado en la investigación de Nicolás Petro y la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial de Petro. La Procuraduría General no lo menciona porque él no ha sido funcionario público, y por ende no tiene ninguna sanción de carácter disciplinario que le impida ir por la Alcaldía de Maicao; así también dio a conocer Lina Robles en Publimetro.

Por municipios, Bogotá D. C. presenta 30 inhabilitados; Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta, registra 8, y cierra el listado Barrancabermeja con 7 candidatos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este viernes sobre las nuevas políticas impuestas por la administración de Nicolás Maduro para frenar a la oposición y a los candidatos que compiten en la primaria, prevista para realizarse en octubre.

«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», dijo la comisión, en un comunicado difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que rechaza las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

La CIDH aseveró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».

Recordemos que estas medidas impuestas por los funcionarios de Maduro no impiden que los políticos venezolanos participen en la primaria, porque se trata de un asunto interno de la oposición.

Sin embargo, representaría un inconveniente para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidatos a las presidenciales, ya que la medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular.

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#Venezuela: #CIDH condena la persecución a personas por motivos políticos en el contexto preelectoral.#DerechosHumanos ?? https://t.co/lCwQ7G8N2z pic.twitter.com/bjCHqGc5cD

Por otra parte, la CIDH «registró, con especial preocupación, la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales».

De esta forma se sumaron a los «más de 20» trabajadores detenidos «en circunstancias parecidas» en lo que va de año.

Asimismo, la comisión resaltó que tanto las inhabilitaciones como las detenciones «resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico», por lo que consideró urgente que el Estado «adopte un compromiso genuino con la democracia (…) levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política».

Durante la rueda de prensa de los lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, explicó que «las inhabilitaciones no las hace el presidente Nicolás Maduro, ni siquiera las pide».

Mientras que la oposición siempre han pedido lo peor para el gobierno: «como ellos sí las piden, me explico: ellos pidieron sanciones, pidieron bloqueo a sus jefes allá, aquí hay organismo que toma las decisiones. Es público, notorio y comunicacional, la actitud de todos estos sectores de la oposición en estos últimos 10 años».

Diosdado detalló que Maduro no es «él que pide inhabilitación, Capriles está inhabilitado por corrupto, es la ley. Lo cierto del caso es que en este país pareciera que ser opositor es tener el ejercicio de la política de este sector, es el mismo de los Adecos y copeyanos porque vienen de allí, que es el ejercicio de cuanto hay para eso, y es el ejercicio de la corrupción en todos los niveles y pareciera que ellos solo esperan estar en ser presidente para acabar con todo, ya que cuando ni lo fueron entregaron a Citgo, imagínate gobernando».

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Se preguntó por qué 200.000 personas están inscritas para las primarias, de los 8 millones de venezolanos que se dice que están fuera del país.

Acto seguido, el mismo se respondió asegurando que los venezolanos exteriores están molestos con la oposición y con toda razón. ¿Será que esos 8 millones que están afuera están más molestos con la oposición?, cuestionó.

«El número de personas inscritas, en lo que ellos (la derecha) llama registro para las primarias según sus propios números, apenas sobre pasa las 200 mil personas. Y de ser así, nos preguntamos: ¿Qué ha pasado con los supuestos 8 millones de venezolanos que se fueron del país? ¿Por qué hay tal desconexión entre lo que pueda pasar en el país y esas personas que se fueron? ¿Será que esas personas están más disgustadas con la oposición que con el Gobierno? Las razones las tendrían (…) ¡Qué pena que solo sean 200 mil personas», dijo Diosdado.

Para Cabello seguramente debe ser así porque cualquiera estaría molesto con todas las acciones erráticas que ha hecho la oposición venezolana.

Los están estafando nuevamente, son las herramientas que usa la oposición para engañar a sus seguidores, dijo.

#EnVideo?| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor destacó que hay candidatos de la oposición venezolana que pretenden y creen que la solución es el camino a las elecciones en Venezuela, aun sabiendo que ellos incitaron el bloqueo y la invasión del país.#PorAmorALaPatria pic.twitter.com/JEIIc1nG4z

De excluyente y sarcásticamente calificó la propuesta de debate que realizará la oposición, al tiempo que advirtió que la oposición va “a seguir peleando”, porque siempre han actuado de la misma manera, no hay nada “que a ellos los despegue del pasado violento de este país”.

Al ser consultado sobre la negativa de Henrique Capriles de participar en el debate,  Diosdado Cabello advirtió que “tiene poco que decirle a este país y le hace un favor a este país, no asistiendo”.

Aprovechó la oportunidad para recordar que “que Capriles está inhabilitado por corrupto, no está inhabilitado porque lo están persiguiendo como ellos hacen creer al mundo”.

Cabello reflexionó sobre el proceso de transformación de la oposición. Dijo que las oposiciones en Venezuela se han venido decantando, pero que eso no ha sido de un día para otro, “han mutado”.

Dice que las oposiciones venezolanas “un día participan en una lección, al día siguiente en un mal magnicidio”, al tiempo que los tachó de incongruentes.

“La incoherencia de la oposición la ha llevado a estar donde están, no es culpa del chavismo”, dijo.

“No hay un acuerdo político entre ellos, la oposición que permita un acuerdo coherente”, agregó.

Asegura que María Corina Machado nunca ha abandonado su lenguaje violento.

#EnVideo?| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor comentó que María Corina Machado nunca ha dejado su lenguaje de violencia, así como se ha dedicado a insultar y atacar a la FANB.#PorAmorALaPatria pic.twitter.com/m91QHT0CW8

Sobre la solicitud del excandidato presidencial Luis Ratti, ante la Sala Electoral del TSJ, para solicitar precisamente la impugnación de la consulta opositora, dijo que no sabe quien es  “si me lo tropiezo no lo reconozco”.

Diosdado dice que el próximo paso de la posición es convertir la política en farándula, como una vez ya lo hicieron cuando se abrazaban con artistas que lloraban los la libertad de Venezuela.

Hizo referencia a que los atletas venezolanos que participaron en los juegos centroamericanos del Caribe no se pudieron desplazar en los aviones de Conviasa, porque “el gobierno de El Salvador dirigido por el fascismo se acoge a las sanciones y los vuelos de Venezuela no pueden aterrizar allá”.

Explicó que para el traslado de los atletas venezolanos hicieron ocho vuelos chárter.

Anunció la programación de la Ruta Live Bachiller que se realizará en varios estados del país.

#EnVideo?| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor recordó La Ruta Live Bachiller 2023, la cual recorrerá los 23 estados del país, para el disfrute de más de 330 mil jóvenes graduandos. ¡Felicidades, nuevos bachilleres; esta Patria les pertenece!#PorAmorALaPatria pic.twitter.com/ic7ROQhvGu

“El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho de la inhabilitación política por vía administrativa un instrumento para neutralizar y anular actores y organizaciones políticas que no están alineadas con sus intereses”.

La denuncia la hizo Yul Jabour, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Jabour recordó que en los últimos años el PCV “ha sido víctima de esa política” y que en las últimas elecciones regionales y municipales, las y los candidatos del Gallo Rojo fueron objeto de la mayor cantidad de inhabilitaciones arbitrarias, destaca el partido en nota de prensa.

El PCV reiteró que la inhabilitación política “hace un flaco servicio a la democracia” y su práctica “viola los derechos de actores y organizaciones políticas”.

Jabour denunció el uso demagógico del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para imponer inhabilitaciones, violentando el artículo 65 de la Constitución en el que se establece expresamente que no podrán optar a cargos públicos quienes hayan sido condenados penalmente.

“El Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de revisar este artículo y garantizar el derecho político del pueblo venezolano, se afianza este tipo de política que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, apuntó.

Tal es el caso de la dirigente María Corina Machado, sobre quien no pesa condena alguna a pesar de ser una “de los actores políticos que ha llamado a la injerencia, a la intervención extranjera en contra de nuestro país; que ha servido de funcionario en representación de un gobierno extranjero, promoviendo políticas en contra de los intereses nacionales”, dijo Jabour.

“Esto tiene que ver con una conducta permisiva del Gobierno Nacional que ha generado impunidad para diversos actores de la vida política nacional que han actuado en contra de la República”, explicó el dirigente del PCV.

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Jabour rechazó que las instituciones del Estado no hayan establecido las responsabilidades jurídicas penales sobre aquellos actores que han operado en contra de los intereses del pueblo venezolano.

“El Gobierno ha permitido que estos señores que promueven políticas en contra del pueblo venezolano y articulan con gobiernos extranjeros, entren y salgan del país como les da la gana”, criticó Jabour.

“Eso pasó con Guaidó”, recordó el dirigente comunista. “Desde que usurpó el cargo de presidente de la República, el clamor popular -del que el Partido Comunista en Venezuela también fue parte- es que lo metieran preso. ¿Pero qué hicieron? Dejar que hiciera lo que le viniera en gana, hasta que decidió irse”.

En esta misma línea de denuncia de impunidad, Jabour citó los casos de Antonio Ledezma y Leopoldo López.

“Lo que se dan son falsos discursos desde la Asamblea Nacional y no se aplica la ley”, dijo Jabour al denunciar “una componenda entre la cúpula gubernamental con sectores de esa derecha opositora que están defendiendo a agentes del imperialismo estadounidense”.

El lapso de postulaciones para la repetición de elecciones en Barinas culmina este lunes. Pero, la oposición no ha podido registrar en el sistema automatizado del CNE a ningún candidato a la gobernación, porque están «inhabilitados» para ejercer cargos públicos.

En esta «condición» aparecen tanto Aurora de Superlano, como Julio César Reyes, los candidatos con más opciones de la MUD, en esa entidad. ¿Cuál es la razón de la inhabilitación? No se sabe.

El artículo 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece que «la destitución o inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas será debidamente notificada al interesado». Además, se debe informar «a la máxima autoridad del órgano encargado de su designación a los fines de su ejecución».

En ninguno de los casos, la Contraloría de Nicolás Maduro, ha informado las razones por las cuales se inhabilita a estas personas.

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Y, en el caso de Aurora de Superlano, es peor, porque ella nunca ha ejercido cargos en organismos públicos que le generen un procedimiento que, a su vez, derive en una inhabilitación.

Sobre esta práctica de las «inhabilitaciones exprés», la exdirigente del chavismo, Maripili Hernández, dijo que las mismas «han existido desde hace muchos años».

Pero, aclara que «estas, sin el debido proceso, sin ser notificadas sino cuando alguien intenta inscribirse, solo se han producido desde que Elvis Amoroso es Contralor. Esto es una violación a los DD.HH.».

De hecho, en cuanto a Freddy Superlano, la CGR lo había inhabilitado en agosto de este año. Pero el CNE le aceptó la postulación, porque el sistema automatizado no arrojó el alerta, como si ha ocurrido con su esposa y con Reyes.