El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó la inhabilitación que impide ejercer cargos o función pública a los alcaldes Iraima Vásquez, municipio Tubores y José María Fermín, municipio Villalba.

Se trata de José María Fermín, del municipio Villalba en la isla de Coche, e Iraima Vásquez, del municipio Tubores, en el estado Nueva Esparta.

Aunque no han sido reveladas las causas de las inhabilitaciones, llama la atención que el anuncio se hace luego que de la visita de María Corina Machado, en apoyo a la candidatura Edmundo González Urrutia.

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De la alcaldesa tuborense se supo que abandonó las filas de Acción Democrática para respaldar a González Urrutia.

Mientras que Villalba acompañó a María Corina Machado en su gira por el estado Nueva Esparta.

#19Jun INHABILITAN A ALCALDES QUE APOYARON A @EdmundoGUCNE publicó que se les prohibió ejercer cargos o función pública a los alcaldes Iraima Vásquez, municipio Tubores y José María Fermín, municipio Villalba. Este último acompañó a @MariaCorinaYA en su visita a Nueva Esparta pic.twitter.com/fdZ4wdIyX2

Las nuevas inhabilitaciones anunciadas por el CNE, fueron rechazadas por la Plataforma Unitaria quienes sostienen que se trata de un nuevo capítulo de la agonía de Maduro que se ve derrotado en los comicios del próximo 28jul.

El Secretario general de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza aseguró que las «inhabilitaciones son una demostración que se usan con fines políticos y no para hacer justicia, precisamente uno de los problemas de fondo que vamos a recuperar con el cambio es recuperar la vigencia del estado de derecho».

 Barboza dijo que el gobierno continúa con la política de inhabilitaciones debido al miedo que tiene de perder el próximo 28jul, aunque sin mayor incidencia.

Cabe destacar que las  Medidas que hasta el momento han sido notificadas por el CNE y no por el TSJ de donde tiene que salir una sentencia.

«Tenemos un gobierno desesperado porque la derrota está clara, y está tratando de amedrentar, de inhabilitar, de meter presos, de amenazar…para tratar de evitar que salgamos a la calle a votar», agregó Barboza.

Extraoficialmente  se pudo conocer la tarde del miércoles, que al menos 8 alcaldes opositores más pero en el estado Trujillo fueron notificados de inhabilitación que les impediría optar a la reelección en los próximos comicios regionales del año 2025.

Por su parte, el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas  aseguró que la medida se anunció «por haberse pronunciado a favor de la candidatura de Edmundo González. He ahí ahora el uso de la Fiscalía y del Ministerio Público para perseguir a otros alcaldes en el plano penal, no solo en el plano administrativo como en el caso de Margarita».

Con información Johan Álvarez

En tiempos de campaña cada bando busca las estrategías para lograr su objetivo, y una muestra de ello es que factores de oposición vuelven a desempolvar  supuesta doble nacionalidad de Nicolás Maduro que le impediría ejercer como Primer Mandatario en Venezuela.

Es el caso que varios juristas sostienen que esta tesis es verídica y han vuelto a insistir con este argumento denunciando lo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para buscar inhabilitarlo de cara a una hipotética reelección.

Hidalgo Valero explica que “el propio Maduro introdujo en su expediente en el Consejo Nacional Electoral y esto es público fue exhibido por todos los medios de comunicación, y en  la partida de nacimiento y en ella dice que la señora Teresa Moros de Maduro es nacida en Cúcuta, sin lugar a dudas esa es una prueba irrefutable pero independientemente de esto hemos introducido otros documentos”.

Valera asegura que este sería en argumento central para solicitar la inhabilitación de Maduro ya que “la señora es colombiana de pura cepa”.

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Pero la solicitud no llegó muy lejos , pues el CNE argumenta que “el Tribunal Supremo de Justicia se había pronunciado y había dicho que Maduro es venezolano y no tiene doble nacionalidad”.Advierte que esta decisión se tomó sin ninguna prueba.

Como se recordará este argumento que fue desestimado por el TSJ en el año 2016 y no  ha vuelto a ser planteado por la oposición política del país que lo promovió como ilegítimo dos años después cuando fue reelecto por primera vez como Presidente de la Nación.

Se trata de una tesis que también ha desaparecido el espectro político una vez que fue retomada la mayoría de las relaciones diplomáticas del gobierno de Nicolás Maduro con los países que lo consideraron como tal.

#10May ?️ SUPUESTA DOBLE NACIONALIDAD DE MADURO VUELVE AL ESCENARIO POLÍTICOHidalgo Valero, coronel retirado de la GNB, informó que introdujo ante el CNE una denuncia para inhabilitar a Nicolás Maduro debido a una supuesta doble nacionalidad que aún no ha sido comprobada. El… pic.twitter.com/cfNE3LSuTW

Cinco nuevas inhabilitaciones a líderes opositores caldea nuevamente los ánimos en plena ruta electoral, toda vez que el año que viene se darán los comicios para elegir autoridades regionales.

La tarde de este miércoles la Contraloría general de la República dio a conocer inhabilitaciones de opositores, entre las cuales está Carlos Ocariz (por 15 años), Elías Sayegh (por 15 años),  José Fernández (por 15 años), Tomás Guanipa (por 15 años) y  Juan Carlos Caldera (por 12 meses).

Las reacciones no se hicieron esperar, y la medida fue calificada de arbitraria, injusta y violatoria a los procesos, y por si fuera poco sin derecho a la defensa.

Edmundo González, candidato unitario por la oposición, repudió las nuevas inhabilitaciones y llamó a los venezolanos a recuperar la legalidad del país. «Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General de la República, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país».

Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General de la República, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país. Expresamos nuestra solidaridad a los compañeros afectados por esa arbitraria medida.

Mientras que la Plataforma Unitaria, denunció que las nuevas inhabilitaciones anunciadas por la CGR, violan el derecho a la defensa a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

Asegura la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación de Venezuela que «la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos contra un miembro de nuestra delegación de negociación, viola las pautas que rigen el proceso y el debido trato que se debe a nuestros delegados».

#24Abr? "VIOLAN, ADEMÁS, EL DERECHO A LA DEFENSA": @DelegacionUVzla rechaza nuevas inhabilitacionesEn un comunicado, la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación de Venezuela resaltó que "la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos contra un… pic.twitter.com/7kxTvgJMS4

Andrés Caleca se solidarizó con los nuevos inhabilitados. “Toda mi solidaridad con nuestro Alcalde Josy Fernández, ante la irracional, arbitraria y absolutamente ilegal inhabilitación de la cual ha sido objeto. Es un atropello a todo nuestro Municipio y a sus electores. Así actúan las dictaduras”.

Toda mi solidaridad con nuestro Alcalde Josy Fernández, @josyfernandez, ante la irracional, arbitraria y absolutamente ilegal inhabilitación de la cual ha sido objeto. Es un atropello a todo nuestro Municipio y a sus electores. Así actúan las dictaduras.

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Por su parte, César Pérez Vivas, denunció un pase de factura porque estos opositores apoyaron a María Coria Machado. También envió un mensaje de solidaridad. «Expresamos nuestra solidaridad con estos compañeros cuyo único «delito» ante los ojos del régimen es respaldar el liderazgo de María Corina Machado, y la candidatura unitaria del embajador Edmundo González».

La Contraloría general de la República dio a conocer nuevas inhabilitaciones de opositores, entre las cuales está Carlos Ocariz (por 15 años), Elías Sayegh (por 15 años),  José Fernández (por 15 años), Tomás Guanipa (por 15 años) y  Juan Carlos Caldera (por 12 meses).

La comunicación indica las siguientes especificaciones:

En el documento emitido por la Contraloría General, se lee que la decisión fue emitida en resoluciones de fecha 16 de abril de 2024, sin embargo, se desconocen los motivos de estas inhabilitaciones.

Para conocer más acerca de esta y otras informaciones te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

#24Abr ¡INHABILITADOS! ?️La Contraloría General de la República emitió una lista de cinco dirigentes opositores que fueron inhabilitados a cualquier cargo desde el #16Abr:☑️Carlos Ocariz (por 15 años)☑️Elías Sayegh (por 15 años)☑️José Fernández (por 15 años)☑️Tomás Guanipa… pic.twitter.com/eiVdtnzfX9

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Tampoco hay algún pronunciamiento sobre lo que procede en los casos de los dos alcaldes en ejercicio.

Este lunes el presidente Nicolás Maduro no escatimó en elogiar la independencia de las instituciones en Venezuela, de las que dijo no puede dudarse de su autonomía. En este sentido, alabó el desempeño del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el dictamen de las sentencias sobre las inhabilitaciones políticas.

Sin embargo, al mandatario nacional se le salió que nadie mandó a los opositores a acudir ante el TSJ si sabían lo que les pasaría. Lanzó la analogía señalando que «hicieron como Chacumbele», personaje de la cultura popular conocido por su historia, en la cual «él mismo se mató».

Tal comentario lo hizo en su programa semanal «Con Maduro+»

Allí declaró que los Acuerdos de Barbados son un proceso que se construyó para tratar de neutralizar, la violencia de la extrema derecha y traerlos al camino constitucional.

En este respecto indicó que tienen que entrar por el carril, porque «ningún apellido está por encima de las leyes».

«No son las oligarquía, no son los apellidos, los que van a decidir el futuro de Venezuela», aseveró.

«Quieren pasar del Pacto de Punto Fijo al Pacto de los Apellidos, pero los vamos a pulverizar con el pueblo movilizado», sostuvo.

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Dijo que , pese a las amenazas y los chantajes, las instituciones en Venezuela han funcionado, y las sentencias sobre las inhabilitaciones son decisiones definitivamente firmes, y nadie las va a cambiar.

«Acuerdo de Barbados, decisión del Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme»

#EnVideo?| Jefe de Estado @NicolasMaduro enfatizó que ningún apellido está por encima de las leyes. "Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense las instituciones de Venezuela han funcionado".#ConMaduroMásJuventud pic.twitter.com/pxUYYgfWPb

Tal como lo anunciaba el oficialismo a voces, María Corina Machado no va a las elecciones presidenciales porque no puede ser candidata. Eso lo ratificó este viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al declarar «improcedente» su solicitud de amparo.

La Sala Político Administrativa del TSJ sentenció que se mantiene la inhabilitación política sobre la dirigente de Vente Venezuela dictada por la Contraloría General de la República.

#26Ene #AHORA ?El Tribunal Supremo de Justicia informó mediante la Sala Político Administrativa que ratifica la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado (@MariaCorinaYA), para el ejercicio de funciones públicas.? Vía @johanalvarezr pic.twitter.com/X5DO2Y5oCt

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La sentencia ratifica la inhabilitación de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de septiembre, por el lapso de 15 años.

«Se RATIFICA la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en consecuencia el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación, en ese sentido la ciudadana María Corina Machado Parisca, de conformidad con la Resolución N° 01-00-0000285 de fecha 16 de septiembre de 2021 está inhabilitada por quince (15) años por estar incurso en los hechos, ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador JUAN G. ANTONIO GUAIDÓ M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa CITGO HOLDING, INC y CITGO PETROLEUM CORPORATION con un valor aproximado de treinta y cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 34.000.000.000,00) a la empresa canadiense CRYSTALLEX por mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 1.500.000.000,00), lo que causó un daño al patrimonio de la Nación por treinta y dos mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 32.500.000,000,00). La entrega (…) de la empresa MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS, S.A., la cual fue llevada a la quiebra, el secuestro y robo de las treinta y un (31) toneladas de oro venezolano (…)».

Todo esto después que la misma opositora se negara a asistir al TJS a introducir el amparo, y que finalmente lo hizo el último día programado para hacerlo.

Sin embargo, la dirigente está convencida de que será la candidata de la oposición y que seguirá hasta el final, llueva, truene o relampaguee.

Tras esta decisión, la oposición política venezolana vuelve a quedar sin candidato oficial para las elecciones de este 2024, pues quien estaba previsto que lo fuera resultó de la primaria interna de octubre del pasado año, que ahora está definitivamente inhabilitada.

La respuesta de María Corina Machado no se hizo esperar y reacción por sus redes sociales.

Aseveró que con esta sentencia «el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados».

«Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias (…) Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas», afirmó.

Recordó a todos, y que nadie lo dude: «esto es HASTA EL FINAL».

#26Ene #AHORA ?Así reaccionó @MariaCorinaYA a la decisión del TSJ de declarar “improcedente” su solicitud de amparo.?? pic.twitter.com/85Vr38BiWH

Tal como lo prometió este mismo viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) empezó a emitir sentencias mediante la cuales la Sala Político Administrativa da el visto bueno o no a quienes solicitaron el estudio de sus expedientes para la habilitación electoral.

El primero al que habilitaron y que podrá ser candidato, si así lo desease, fue el periodista Leocenis García.

El ciudadano «queda HABILITADO para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar», reza la sentencia.

#26Ene #AHORA ?El Tribunal Supremo de Justicia informó mediante la Sala Político Administrativa la habilitación de Leocenis García (@LeocenisOficial).? Vía @johanalvarezr pic.twitter.com/v0GyXVsCEN

Acto seguido, a solo minutos, también se conoció de la habilitación del dirigente político Richard Mardo.

#26Ene #AHORA ?El Tribunal Supremo de Justicia informó mediante la Sala Político Administrativa la habilitación de @richardmardo.? Vía @johanalvarezr pic.twitter.com/3umzJJ58t1

En la sentencia de Mardo se lee:

«ADMITE la demanda por vía de hecho. -PROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar que fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023 cumpliendo con los parámetros y exigencias allí señalados. En consecuencia, el ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO queda HABILITADO para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar».

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Tras estos, vino el turno del exgobernador del Zulia Pablo Pérez, al cual la Sala Político Administrativa también otorgó la habilitación. Con ello, quedó suspendida la medida de la Contraloría que le prohibía ejercer cargos públicos por 10 años.

#26Ene #AHORA ?El Tribunal Supremo de Justicia informó mediante la Sala Político Administrativa la habilitación del exgobernador del estado Zulia Pablo Pérez.? Vía @johanalvarezr pic.twitter.com/cEjtU4vOe5

El «carnaval de habilitaciones» continuó con la concedida al ex alcalde de San Cristóbal y ex preso político Daniel Ceballos, a quien se le consideró procedente la solicitud de amparo cautelar que fue presentada en el marco del mecanismo establecido en el Acuerdo de Barbados de fecha 17 de octubre de 2023.

En esta larga jornada de sentencias del TSK, también fue habilitada para ejercer cargos públicos la exalcaldesa del municipio San Diego del estado Carabobo Rosa Brandonisio de Scarano.

#26Ene #AHORA ?TSJ habilitó a la exalcaldesa del municipio San Diego del estado #Carabobo, Rosa Brandonisio de Scarano, para el ejercicio de funciones públicas. pic.twitter.com/qmsiuQ18OK

Un caso de diferente tratamiento resultó el del ex alcalde Enzo Scarano.

La Sala Político Administrativo del TSJ remitió el expediente de Scarano a la Sala Constitucional.

Declaró inadmisible la demanda de nulidad y acá en la sentencia los argumentos:

Ahora no vale que se vaya la luz, que se están haciendo inventario en la Sala Político Administrativa o cualquier otra excusa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que, cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes, y en el marco del Acuerdo de Barbados, procederá este viernes 26 de enero a publicar las decisiones de todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes.

Sea porque vino una orden superior o ya se puede estirar más la cuerda, no hay más tiempo y se entra en el conteo regresivo: ¡en las próximas horas!

El #TSJ informa que, cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes, y en el marco del Acuerdo de Barbados, la Sala Político Administrativa procederá a publicar en el transcurso del día las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes. pic.twitter.com/pUbGxwHLsl

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Por ejemplo, el caso de la dirigente María Corina Machado, que es emblemático, por su importancia, al ser la nominada presidencial principal de la oposición, es inédito.

Sus abogados han asistido al máximo tribunal de justicia del país en innumerables ocasiones y siempre se encontraban con una excusa de la Sala Político Administrativa para no despachar. A veces sin argumentar ni el motivo.

Esperemos que ahora sí decidan, y que no sea entre medianoche y cantar de gallos de medianoche.

Justo a horas de cumplirse la vigencia del ultimátum dado por la Administración Biden al gobierno de Nicolás Maduro para facilitar la liberación de presos políticos y la habilitación política de candidatos para la elección presidencial de 2024, el jefe de la delegación madurista en la mesa de negociación de Barbados, Jorge Rodríguez, emitió un comunicado donde señala que se estudiará un procedimiento para la revisión de las inhabilitaciones ejecutadas por la Contraloría General de la República.

Así se da «un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela», reza el comunicado.

Del mismo modo, el Reino de Noruega, facilitador de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, Noruega confirma recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos.

Para saber de esta y otras informaciones te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

#30Nov #AHORA ?Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos.? @NoruegaMexCA pic.twitter.com/GY0wyErAIR

Sin embargo, en el documento se aclara que deben cumplirse ciertas condiciones para que las habilitaciones políticas sean efectivas.

El texto reza:

Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución.

(…) Las Partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República:

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Dicho procedimiento de revisión de las habilitaciones también fue compartido en las redes sociales por Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora Plataforma Unitaria, en señal de estar de acuerdo con la medida iniciada.

El Acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. El precedente con amparo cautelar está en el caso M. Rosales otorgado con la admisión del recurso. Seguimos! https://t.co/uyq1By0jma https://t.co/ilWvA4kZV8

Las estrategias que funcionan, por lo general, se repiten. Y es que en la política todo se vale o por lo menos pareciera que a eso jugó la administración de Maduro al sacar una vieja arma en el arsenal del gobernante chavismo, la inhabilitación política de rivales.

Todo apunta de nuevo contra la fracturada oposición venezolana de cara a las presidenciales de 2024 en las que Nicolás Maduro buscará un nuevo mandato.

La radical exdiputada María Corina Machado engrosó la semana pasada una amplia lista de dirigentes inhabilitados para ejercer cargos públicos en Venezuela. 

Aún excluida, Machado aspira a convertirse en la candidata de la oposición para las presidenciales, a través de unas primarias previstas el 22 de octubre. Otros de los principales aspirantes en estas internas, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y Freddy Superlano, también están impedidos de ejercer cargos públicos.

«Era muy esperable que esto viniese y yo no siento que vaya a terminar aquí, va a escalar», comenta a la AFP el doctor en ciencias políticas y profesor universitario Daniel Varnagy.

La ley faculta a la Contraloría a inhabilitar a funcionarios por vía administrativa, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.

«El candidato que gane las primarias será el candidato que reconocerán los venezolanos y la comunidad internacional», lanzó el martes Machado, de 55 años, que aparece favorita en las encuestas.

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El tema fue punto álgido en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en México, en pro de acuerdos que permitiesen a los inhabilitados postularse, pero las conversaciones llevan más de seis meses congeladas sin señales de deshielo.

Las inhabilitaciones envían un «mensaje opuesto» a «elecciones libres y justas», criticó el jueves el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, recordando que la Casa Blanca ha mostrado disposición a levantar progresivamente sus sanciones contra Venezuela si hay avances hacia comicios presidenciales limpios.

Ya la primaria había recibido un golpe con la renuncia en bloque de los directivos vinculados con el chavismo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El oficialista Parlamento designará nuevas autoridades: la esposa de Maduro, la diputada Cilia Flores, está en la comisión para iniciar el proceso de postulaciones.

Y en carpeta está un recurso judicial contra el proceso: Luis Ratti, empresario disidente del chavismo que aspira a postularse en 2024, lo impugnó al cuestionar la imparcialidad de los organizadores, que anunciaron una votación manual, sin apoyo técnico del CNE, tras las dimisiones.

Diputada entre 2011 y 2014, Machado fue inhabilitada por 12 meses por la Contraloría en julio de 2015.

Ese mismo organismo notificó el viernes pasado que extendió la sanción a 15 años al vincular a la exparlamentaria con acusaciones de «corrupción» contra Juan Guaidó, opositor reconocido por Washington entre enero de 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por denuncias de «fraude» contra la reelección de Maduro en 2018. 

Resaltó, a la vez, sus pedidos de intervención extranjera.

Este argumento «abre la ventana» a que «la mayoría de los precandidatos con algún tipo de posibilidad de acumular votos en las primarias puedan ser objeto de una inhabilitación», dice a la AFP Eugenio Martínez, periodista y experto electoral.

«Son aplicables a todos los diputados que integraron la (opositora) Asamblea Nacional de 2015» y «a todas las personas, dirigentes políticos o no, que integraron el gobierno interino» o «apoyaron su agenda», expresa Martínez.

Igual que Estados Unidos, la Unión Europea criticó las inhabilitaciones al alegar que bloquean «derechos políticos» básicos. 

Maduro justificó las inhabilitaciones con una referencia a la declaratoria de inegibilidad por ocho años contra el expresidente Jair Bolsonaro en el vecino Brasil.

«Lo inhabilitan porque él cuestionó la confiabilidad del sistema electoral brasilero en público y frente a unos embajadores. ¿Ah? Saquemos conclusiones», dijo en su programa en la televisión estatal. «Imagínense ustedes a aquellas personas que llaman a la invasión de Venezuela, a aquellas personas que llamaron a sanciones criminales contra la economía y contra la sociedad venezolana, a aquellas personas que usurpan cargos».

Martínez recordó que negociaciones paralelas a las de México permitieron postular inhabilitados a la elección de gobernadores y alcaldes de 2021, aunque destacó que «la dimensión de la presidencial de 2024 tiene otro tenor».

«El gobierno está apuntando a candidatos opositores, fantoches, marionetas, para enfrentar a Maduro», cree Varnagy.

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, advirtió que 17 aspirantes postulados a las elecciones regionales que se celebrarán el 21 de noviembre, han sido inhabilitados por la Contraloría General.

En un mensaje en su cuenta en Twitter, el funcionario aseguró que, desde mayo, recibieron 24 inhabilitaciones políticas. De ellas 17 corresponden a ciudadanos postulados a los próximos comicios.

«Reiteramos que el uso discrecional de la inhabilitación para ejercer cargos públicos quebranta derechos políticos del ciudadano. La constitución establece que solo los pueden suspender tras ‘sentencia judicial firme en los casos que determine la ley’, cosa que no sucede», explicó Picón.

El artículo 65 de la Constitución refiere que «no podrán optar a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones».

Además, Picón subrayó la necesidad de solucionar, «al menos parcialmente», el problema de las inhabilitaciones políticas.

Para ello, el rector instó a los partidos políticos a realizar las sustituciones de los inhabilitados. Esto, para evitar que los votos contados a ellos sean nulos.

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«Instamos a los partidos a completar las sustituciones, y a todos los afectados a reclamar el debido proceso ante las instancias competentes», especificó.

En septiembre, Picón había rechazado el uso de la sanción de inhabilitación a aspirantes a los comicios.

«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», expresó Picón entonces.

Venezuela escogerá, el próximo 21 de noviembre, a los gobernadores de 23 estados y a los alcaldes de 335 municipios. También a los representantes de los Consejos Legislativos.

Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón y Enrique Márquez, rechazaron las inhabilitaciones contra varios aspirantes a alcaldes y gobernadores que se elegirán el próximo 21 de noviembre.

«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral». Así lo denunció Picón en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

«Casos recientes evidencian cómo las condiciones constitucionales son obviadas», aseveró.

Se refiere a los casos de Leocenis García y Eduardo Samán, aspirantes a la alcaldía de Caracas. A ellos se les impidió formalizar su candidatura por esta sanción.

«Los ciudadanos mencionados anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular». Pero, los sorprendieron con «decisiones de última hora» que no les notificaron oportunamente.

Picón recordó el artículo 65 de la Constitución. Allí se establece que no puede optar a un cargo de elección popular quien haya sido condenado por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Esa circunstancia pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político.

«Con tales previsiones constitucionales, se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esto, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa», indicó.

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El rector dijo que la exigencia de la sentencia definitiva «pretende tutelar el derecho al debido proceso. Este incluye el derecho a la defensa, tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas. Todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución», unos preceptos que, a su juicio, se obviaron en estos casos.

«Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mutan en su diseño constitucional. Pasan de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos», alertó.

Agregó que a eso se suma «la agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla». Esto se agrava con el hecho de que esa decisión discrecional da «un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional». Los efectos de la misma, incluso, «violan los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales».

Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también compartió la postura de Picón. Agregó, en su cuenta de Twitter, que «el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos».

La aplicación de las inhabilitaciones se producen en momentos en que oficialismo y oposición llevan a cabo conversaciones en México, para tratar de solventar la crisis del país.

Incluso, en medio de este proceso, la oposición agrupada en el G4 accedió a participar en los comicios, pese a que no se ha anunciado que hayan mejorado las condiciones electorales.

El contralor general de la administración de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, defendió las inhabilitaciones políticas impuestas contra ciertos dirigentes de oposición.

Aseguró que son correctas contra aquellos que participaron en actos de “desestabilización” y “corrupción”.

“En ninguna parte del mundo un partido político se le permite hacer desestabilización contra su propio país, contra el Estado”, dijo en declaración televisiva.

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También destacó que menos se permite participar en “componendas para asesinar a los mismos venezolanos“.

«Cuando uno ve una persona que ha sido quemada viva por un partido político y los dirigentes de esos partidos apoyan esos delitos, yo creo que ningún venezolano estaría de acuerdo con que ese partido funcione», añadió.

Mencionó el caso particular de Juan Guaidó y Julio Borges, a quienes acusó de poseer mansiones y yates en el exterior. 

«Los hechos de corrupción son totalmente evidentes», afirmó sin mostrar pruebas.

Amoroso aseguró que la Contraloría General de la República respaldará la convocatoria a elecciones regionales y municipales conjuntas, previstas para el 21 de noviembre.

“Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad, quiere armonía y lo que nos queda a nosotros es participar en el proceso electoral (…) Estará la Contraloría, como va a estar la Fiscalía, el TSJ, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acompañando al CNE para que haga lo mejor posible“, indicó.

“No creo que los venezolanos podamos claudicar en nuestro afán por construir el país. (…) No voy a colgar los guantes por mi país, no creo que sea lo lógico”.Así lo expresó el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, al referirse al tema de las inhabilitaciones políticas.

En entrevista a Unión Radio explicó que las inhabilitaciones de los partidos políticos, es un «tema grueso» que está en manos del Tribunal Supremo de Justicia.

Destacó que espera que el tema pueda ser discutido en las negociaciones de los actores políticos.

Al tiempo manifestó que como autoridad del nuevo CNE es importante no claudicar  «y no desmayar».

Advirtió que la credibilidad es uno de los principales obstáculos que enfrenta el Poder Electoral, en las próximas elecciones.

«El principal obstáculo es la credibilidad, aquí se trata de que cada quien haga lo que tiene que hacer”, recalcó.

Enfatizó que “si el árbitro aplica la norma la clase política tiene que ocuparse de convencer al pueblo de que vaya a votar”.

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En cuanto a la actualización y auditoría del Registro Electoral, destacó que este proceso es de suma importancia para dar confianza a los venezolanos.

En tal sentido, indicó que “se invitaría a los partidos, la sociedad civil y la comunidad internacional para que puedan ver el estatus del Registro y de esta manera generar confianza”.

Asimismo, informó que se está diseñando el protocolo de las 18 auditorías al sistema automatizado.

«La idea es abrir el CNE para que la comunidad pueda visualizar los detalles técnicos y generar confianza de que el sistema funciona».

Anunció que se está diseñando el reglamento para la veeduría internacional.

Esto “para que el proceso pueda ser acompañado por suficientes ojos”.

A juicio de Márquez hay que resolver el «déficit democrático» que se vio reflejado en la baja participación del último proceso electoral que se llevó a cabo en el país

«En la participación de todos está que esto salga bien, tiene que haber un pueblo interesado en fortalecer la democracia», insistió.

En torno al acuerdo de salvación nacional expresó: “El acuerdo político no puede ser solo para acceder el poder, sino que tiene que haber un entendimiento que incluya a los venezolanos y la calidad de vida de la gente”.

Está convencido de que si el acuerdo político se da «el país empieza a enrrumbarse».

Márquez ve las soluciones como un proceso que no es mágico ni rápido.

«No veo para Venezuela soluciones mágicas y rápidas, nos toca a todos transitar un camino que no es sencillo, esto es un proceso y la maduración como sociedad pasa por utilizar los elementos democráticos que tenemos».