A contracorriente de buena parte de Europa con su talante promigración, el gobierno de izquierdas español aprobó un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a 500.000 personas, en su mayor parte latinoamericanas.

La medida excepcional permitirá regularizar en torno a "medio millón de personas" que se encuentren en España desde al menos cinco meses, que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.

El plan, aprobado este martes en consejo de ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que estas personas puedan "trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", detalló la ministra.

"Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", afirmó Saiz posteriormente en rueda de prensa.

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la política de muchos países del bloque, bajo la presión de la extrema derecha.

"Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras", zanjó Pedro Sánchez recientemente.

Según Sánchez, "el 80% del crecimiento" económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.

El desempleo en España cayó por debajo de la barrera del 10% en el cuarto trimestre de 2025, y una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.

En noviembre de 2024, Sánchez ya anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año en el siguiente trienio, y paliar así el envejecimiento de la población en un país donde el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014, según datos oficiales.

España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones de extranjeros.

A 1 de enero de 2025 residían unos 840.000 inmigrantes irregulares, la gran mayoría de América Latina, según el centro de investigación económica y social Funcas.

Para facilitar su aplicación, el Gobierno aprobó el plan mediante un "real decreto", que no precisa de de ser sometido a votación en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.

Estas regularizaciones destinadas a apoyar la economía nacional se producen tras un pacto entre el Gobierno y el partido de extrema izquierda, Podemos, anterior socio de los socialistas pero últimamente muy crítico del Ejecutivo.

"El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotros damos papeles", afirmó la eurodiputada de Podemos Irene Montero, haciendo una crítica velada al gobierno estadounidense de Donald Trump.

Esta regularización se produce también luego de que se estancara en el Parlamento español una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas, y con el apoyo de unas 900 asociaciones, que reclamaba la regularización de todos los inmigrantes irregulares en el país.

La medida fue criticada por la derecha y la extrema derecha.

"En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria", criticó en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, al afirmar que el plan busca "desviar la atención" de la tragedia ferroviaria que dejó 45 fallecidos en el sur del país el 18 de enero.

"¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", escribió de su lado en X Santiago Abascal, de Vox.

La medida fue aplaudida por sectores que llevan años luchando por la regularización de migrantes, entre ellos la Iglesia católica, que la consideró "un acto de justicia social".

La última regularización masiva en España ocurrió en 2005, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Con información de AFP

El Congreso de Florida aprobó la ley SB-1718, considerada una de las más hostiles contra los inmigrantes en USA.

El proyecto de inmigración impulsado por el gobernador de Florida fue aprobado en una votación de línea partidaria con el apoyo de los republicanos y el día de hoy será firmada para que se convierta en ley del estado de la Florida.

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Esta ley exige a los hospitales públicos informar sobre el estatus migratorio de los pacientes.

Además, obligará a las empresas privadas con 25 o más empleados a verificar el estatus migratorio de sus empleados, es decir, usar e-very para contrataciones.

También busca invalidar las licencias de conducir de los inmigrantes irregulares que han sido emitidas en otros estados de USA.

Y quienes transporten inmigrantes tendrán una pena de cárcel de hasta 15 años de prisión.

La ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, ha sido catalogada por grupos pro inmigrantes como un atetado -sobre todo contra venezolanos y cubanos- que tanto aportan a la economía de la Florida y EE.UU.

El gobierno del presidente Joe Biden implementa un nuevo plan de asilo con entrevistas aceleradas, pero que pide a los inmigrantes demostrar “miedo creíble”.

El nuevo proceso de “asilo acelerado” permite a oficiales de la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) entrevistar a los solicitantes cuando aún están en custodia en la frontera.

La implementación del proceso de “asilo acelerado” hace parte de la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al fin del Título 42, una medida que permite expulsar de inmediato a migrantes por razones sanitarias y cuya vigencia termina en mayo próximo, explicó un portavoz de la agencia gubernamental.

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El plan agiliza las entrevistas de miedo creíble de los solicitantes de asilo con los agentes de USCIS, que bajo esta iniciativa se realizarán en los centros de detención de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP).

La “Administración Biden continuará analizando todas las herramientas disponibles para hacer que el procesamiento de asilo sea más eficiente, al tiempo que defiende el debido proceso y otras protecciones”.

El precio a pagar era muy alto, pero las expectativas también. Celso Pacheco, uno de los migrantes que intentó cruzar a Estados Unidos, tuvo que empeñar la escritura de su casa para conseguir el dinero.

Un reportaje de El País, detalló que el trato que había hecho con la “mafia de coyotes” era de 100.000 quetzales (unos 13.000 dólares) por el traslado desde Ciudad de Guatemala a Houston, en Texas.

Allí buscaría la forma de recuperar lo invertido y ayudar a su esposa, que esperaba en casa con sus tres hijos. La tragedia de Chiapas, en el sur de México, truncó esta semana su sueño y el de otros 150 migrantes que apostaron todo lo que tenían por la oportunidad de llegar a Estados Unidos.

Ahora lo perdió todo, hasta las ganas de llegar al país del norte. “Lo importante es estar vivo”, dice Pacheco, uno de los sobrevivientes del accidente que dejó el jueves 55 muertos y 107 heridos.

Pacheco era uno de los migrantes que salió en busca de sueños. Emprendió su camino el martes, en la tarde ya había cruzado México. Se adentró en uno de los pueblos asediados por el tráfico de persona; uno de los puntos más peligrosos de esa frontera.

Viajaba solo y en el camino se hizo amigo de otros tres migrantes. En grupo era más fácil sortear los escollos de una ruta muy hostil para los viajeros.

El País relató la travesía de Pacheco en su intención por pisar suelo americano y comenzar una nueva vida alejada de las penurias e incertidumbres.

“Compartíamos lo que comprábamos porque no cargábamos tanto dinero”, cuenta el guatemalteco desde los pasillos de una pequeña clínica de la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado de Chiapas; donde fue hospitalizado tras el accidente. “Íbamos riéndonos, bromeando en el camino”, recuerda.

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El grupo se fue ampliando. Algunos venían de las zonas más pobres de Guatemala, otros de República Dominicana, Honduras, Ecuador y hasta una persona mexicana.

Pasaron la noche del miércoles en varias casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas, a 150 kilómetros de la frontera. A las ocho de la mañana del jueves pasaron a buscarlos en pequeños camiones para trasladarlos a una parada a media hora de la ciudad; donde les dieron una comida para todo el día.

Sobre la una de la tarde, seis coyotes que manejaban todo el grupo los subieron en el camión de la tragedia. El Kenworth de doble remolque al que subió Pacheco con sus tres amigos no era el único. “Había dos tráileres y en cada uno había 150 personas. Con el nuestro pasó lo que tenía que pasar, y el otro ya debe haber llegado a Puebla”, dice. Sobre ese segundo las autoridades no han dicho nada.

Los viajes de migrantes en camiones han aumentado en respuesta a la militarización de la frontera y las carreteras en México.

La estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el año con más detenciones de migrantes de las últimas dos décadas ha sido desplegar cinturones militares para frenar las masivas corrientes hacia el norte.

Un grupo de migrantes explicaba a este periódico que a la persecución en las rutas, se le ha sumado una orden federal a las empresas de autobuses de no vender pasajes a aquellos en condición irregular.

Cada vez que se acercan a una ventanilla a comprar un ticket a otra ciudad, les piden la identificación, y con ella deciden si les venden o no.

“Te obligan a sobornar para avanzar, y eso si tienes dinero”, comentó Melvin Zúñiga, un hondureño de 27 años.

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU., dictaminó este martes que el gobierno federal puede detener indefinidamente a algunos inmigrantes que dicen que serán perseguidos o torturados si son deportados a sus países de origen.

Según el portal Telemundo, tres de los jueces liberales no estuvieron de acuerdo con la decisión.

El máximo tribunal votó 6-3 a favor de que estos inmigrantes no tengan el derecho a una audiencia para intentar quedar en libertad bajo fianza.

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Esto mientras las autoridades evalúan sus casos.

Esta sentencia es para las personas que habían sido previamente deportadas, y que al reingresar ilegalmente al país, afirmaron que serían perseguidos o torturados si los deportan.  

“Esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia de libertad bajo fianza”, dijo el juez Samuel Alito.

Un oficial de inmigración determinó que los inmigrantes tenían un “temor razonable” por su seguridad si regresaban a sus países.

Raón por la cual puso en marcha un proceso de evaluación que puede tomar meses o años.

La cuestión que debía decidir la Corte Suprema era si el gobierno federal puede mantener detenidos a los migrantes sin que lo decida un juez de inmigración.