La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, denunció una situación irregular que se presenta con las presas políticas recluidas en el Instituto de Orientación Femenina (INOF), donde al parecer una supuesta comisión de la AN que trabaja en las amnistías, las estaría presionando a cambio de aprobar su liberación.

“Algunas detenidas habrían sido confrontadas como si fuesen culpables de delitos y presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas”, alerta la ONG en el post en su cuenta en X.

🚨 ALERTA POR PRESIONES A PRESAS POLÍTICASLa ONG @JEPvzla denuncia que personas vinculadas a la Asamblea Nacional habrían presionado a mujeres privadas de libertad por razones políticas, obligándolas a admitir delitos o señalar a terceros. pic.twitter.com/QACvclzhlL

Resulta sumamente alarmante la información que en las últimas horas ha surgido desde el INOF. Nos han informado que personas que se presentaron como funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional habrían realizado una visita al centro penitenciario en gestiones de verificación de la aplicación de la ley de amnistía.

Lo que debía ser un procedimiento institucional orientado a revisar situaciones jurídicas y garantizar derechos habría derivado, según estos reportes, en un episodio profundamente perturbador para las mujeres privadas de libertad por razones políticas.

Según lo denunciado, durante estos encuentros algunas detenidas habrían sido confrontadas como si fuesen culpables de delitos y presionadas para admitir responsabilidades o señalar a terceros como supuestos responsables a cambio de una eventual liberación o, en su defecto, resignarse a cumplir las penas que les fueron impuestas. De confirmarse, este tipo de actuaciones no solo contradice el espíritu de cualquier proceso de amnistía o revisión judicial, sino que constituye una forma grave de revictimización, generando angustia, miedo y un daño emocional significativo en personas que ya se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad.

Recordamos que toda actuación institucional debe regirse por principios estrictos de respeto, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Los procesos vinculados a la amnistía deberían contribuir a aliviar tensiones, reconocer violaciones y abrir caminos hacia la reconciliación nacional. Cualquier práctica que implique intimidación, criminalización o chantaje moral no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además socava la confianza necesaria para avanzar hacia una verdadera superación del conflicto.

Una vez que se conoció que la activista por los DD. HH., Martha Lía Grajales, fue imputada por varios delitos, entre ellos “instigación al odio” su esposo, Antonio González, informó que ella ha sido recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

A través de un video difundido por redes sociales, González informó que este lunes   logró comunicarse con ella, vía telefónica, por primera vez, desde que la detuvieron, el 8 de agosto.

"Mandó fuerza para la lucha, está convencida de que la defensa de los derechos humanos en Venezuela es una causa justa y correcta”, señaló.

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📍 MARTHA LÍA GRAJALES SE ENCUENTRA EN EL INOFAntonio González, esposo de la activista Martha Lía Grajales, confirmó que logró comunicarse telefónicamente con ella y que se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina📹 @_TribunaPopular pic.twitter.com/Ry7fHVWivP

Dijo que también un mensaje de aliento a las integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, y las conminó a seguir luchando y exigieron la libertad de sus seres queridos.

"Sé que hay muchas personas preocupadas por su situación y esta comunicación es una buena noticia”.

Grajales es   abogada colombo-venezolana y en el pasado apoyó  al fallecido presidente Hugo Chávez.

Fue detenida  luego de acompañar una protesta de madres de presos políticos frente a la oficina de la ONU en Caracas.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que Grajales «se le ha dictado privativa de libertad por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación».

La directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Ahiza Maestre Betancourt, fue privada de libertad, por una medida tomada por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, con sede en Los Teques.

Según la ONG, Una Ventana a la Libertad, Maestre fue imputada por los delitos de retraso u omisión agravada de funciones e introducción ilícita de teléfonos celulares en este reclusorio.

La funcionaria fue detenida el pasado 18 de octubre, luego de una requisa de funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciario y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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En la inspección se encontraron 55 teléfonos celulares que estaban en poder de las privadas de libertad, con la presunta anuencia de la directora Maestre, quien ocupaba este cargo desde 2022.

Cabe recordar que la antecesora de Maestre fue, igualmente, destituida por corrupción y tratos crueles contra las reclusas.

Maestre Betancourt fue presentada ante el tribunal, el 20 de octubre, por la fiscalía 25 del Ministerio Público (MP) y se encuentra detenida en una sede de la PNB en Los Teques.

Luego de la requisa, 30 privadas de libertad fueron trasladadas a la cárcel de Tocorón, en Aragua.

Familiares de las detenidas denunciaron que los funcionarios les botaron comida y artículos de aseo personal durante la revisión.

Asimismo, según el portal El Pitazo, Maestre comenzó como vigilante y, tras ganarse la confianza de los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, la ascendieron a subdirectora, para terminar como directora del instituto. 

La directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda, Ahiza Guillermina Maestre Betancourt, quedó detenida por estar vinculada en presuntos hechos de corrupción.

Según informó el diario Avance, a eso de las 3:00 am del viernes 18 de octubre, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (GNB), al mando de un alto funcionario del Ministerio del Servicio Penitenciario, realizó una requisa que se extendió hasta las 12 y 30 pm de este mismo viernes.

En el procedimiento, que duró más de nueve horas, lograron incautar más de 50 celulares, que de acuerdo a información suministrada por las privadas de libertad habrían sido ingresados con el permiso y conocimiento de la máxima autoridad del penal.

También trascendió que a la propia directora le decomisaron tres teléfonos que tenía en los bolsillos de un suéter que llevaba puesto al momento de la requisa.

Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada hasta la sede de la División de Investigación Penal (DIP) de la PNB, frente al bloque uno de El Paso, urbanización Cecilio Acosta. En las próximas horas será puesta a la orden del Ministerio Público.

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Cabe destacar que este hecho ocurre 20 días después de la captura de José Gregorio Armas (28) y Víctor Andrés Guevara Castillo (28), ambos uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes cumplían labores de custodia en la cárcel de mujeres.

A ellos el Tribunal Segundo de Control les dictó privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de retraso u omisión intencional de funciones agravadas, introducción ilícita de equipos celulares a recintos penitenciarios y agavillamiento.

Los dos militares junto a un civil de nombre Elmer José Maldonado fueron sorprendidos con cigarrillos, chimó, ropa, medicinas, juguetes sexuales (vibradores) entre otros artículos, que ingresarían al centro con la finalidad de comercializarlos entre las internas.

La tarde de este jueves se presentó una situación irregular en  Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques, Miranda,  cuando las privadas de libertad denunciaron la toma del penal con bombas lacrimógenas incluidas.

La información fue dada a conocer por la periodista venezolana Thabata Molina a través de sus redes sociales en sus redes sociales.

La periodista detalló que en el penal había presencia de militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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En su cuenta de Instagram detalló que las “reclusas del INOF denuncian que están lanzando bombas lacrimógenas hacia los dormitorios y que están tomando la cárcel los colectivos, la PNB y miembros de la GNB vestidos de antimotín porque allí están presas muchas de las mujeres detenidas durante las protestas”.

Mientras que esta tarde, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que la toma se produjo luego que las internas, comenzaron a golpear las rejas al grito de «libertad, libertad».

#29Ago ?PROTESTAN EN EL INOFReportan que las reclusas del INOF protestan por presuntos tratos crueles y degradantes por parte de las autoridades del recintoLes habrían quitado sus pertenencias y no les permiten el ingreso de los insumos de sus familiares?@oveprisiones pic.twitter.com/ruecamSGEs

El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el mayor recinto carcelario de mujeres del país, tiene una población carcelaria de 650 reclusas, albergadas en un espacio con capacidad para 350 internas, lo que supone una ocupación del 185 %, según un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), donde se denuncia que este recinto es «un cementerio de mujeres vivas».

“Actualmente, en el INOF se encuentra 28% de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, con un total de 650 mujeres y un hacinamiento crítico”, señaló la ONG según la cual hay 2.322 reclusas en el país.

«Tras 62 años desde su fundación, el INOF surgió como un avance hacia la modernización del sistema penitenciario. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha experimentado un deterioro significativo y permanece en el olvido bajo la desidia del Estado venezolano», señala el documento en sus conclusiones.

«El actual informe revela que el INOF no es ajeno a la crisis penitenciaria que ha afectado al país en las últimas décadas, persisten problemas como la sobrepoblación, la insuficiencia y mala calidad de los servicios médicos, la deficiencia en la alimentación, la carencia de servicios básicos como agua potable y saneamiento, y, especialmente preocupante, la ausencia de políticas con perspectiva de género en la única prisión para mujeres de Venezuela», alerta.

Destaca que tras la construcción de esta cárcel, en 1962, no se edificaron en el país nuevos recintos para mujeres sentenciadas, sino que se ha “improvisado” con “anexos femeninos” a cárceles de hombres, “que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de reclusión y tampoco atienden las necesidades particulares” de esta población.

Hay “un total de 16 anexos femeninos que no son más que infraestructuras improvisadas (…) que, por su misma naturaleza, no cuentan con los parámetros necesarios para cumplir con la perspectiva de género”, subrayó el OVP.

El observatorio también denuncia que las privadas de libertad “son víctimas de violencia, corrupción, maltratos, discriminación, humillaciones e incluso torturas por parte de los funcionarios” que custodian estos sitios.

Advierte que 23 niños menores de 3 años viven en celdas junto a sus madres, como establece la normativa interna, pero la cárcel no cuenta con espacios “totalmente adecuados” para estos infantes.

Por otro lado, alerta que «la salud mental de las mujeres privadas de libertad en el INOF se ve perjudicada por las restricciones impuestas por la dirección de la institución, que dificultan el derecho de las madres a recibir visitas de sus hijos e hijas, causando un sufrimiento constante al no poder verlos de manera regular».

Denuncia que «persiste la negativa a permitir las visitas conyugales, a pesar de los compromisos internacionales que obligan al Estado venezolano a garantizar a las mujeres encarceladas el acceso a la atención sexual y reproductiva, sin discriminación alguna».

Por ello, destaca que «la Corte IDH ha señalado que es esencial que se tomen medidas concretas para eliminar los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho y promover el bienestar emocional de las mujeres en reclusión».

Un nuevo suceso agobia la vida de los familiares de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, Miranda, quienes no cuentan con un sistema de salud óptimo como el resto del país.

Estos familiares denunciaron que en este reclusorio existe alerta por brote de tuberculosis y hepatitis. Aunque las obligan a utilizar tapabocas, en el INOF no se los dan y deben ellas buscar cómo protegerse.

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655 presas del INOF en #Miranda son obligadas a usar tapabocas por un incremento en los casos de tuberculosis y hepatitis. Las autoridades prevén evitar los contagios, pero no toman otras acciones urgentes como mejorar las medidas la higiene y la atención médica preventiva. pic.twitter.com/agYt6D8pzw

La denuncia se la relataron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al tiempo que expresaron su preocupación por la salud de las reclusas, ya que este centro no cuenta con la asistencia médica adecuada.  

Cabe recordar que el INOF alberga a 655 privadas de libertad, aunque la capacidad instalada es para 400 mujeres. Es decir, este centro de reclusión tiene un hacinamiento crítico de 173,75%. 

Por su parte, a las reclusas que han sido diagnosticadas con cualquiera de estas enfermedades se les debe suministrar el respectivo tratamiento y debido seguimiento médico. 

Asimismo, es importante que las mujeres privadas de libertad tengan acceso a mejores condiciones de higiene y a un menú saludable, considerando que estas también inciden en su estado de salud general, afirmó el OVP.

Por los delitos de homicidio calificado, con alevosía por motivos fútiles e innobles y agavillamiento fueron imputados a la pareja señalada de asesinar a golpes a la niña Aranza Sofía Omaña (6) en Ocumare del Tuy.

La fiscalía 22 presentó a Newman Rafael Zambrano Castro y a María Isabel Alfaro Alcalá, ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy.

Se pudo conocer de manera extraoficial que a la mujer la enviarán al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques. Mientras que el hombre le corresponde ir al Centro Penitenciario Región Capital Yare III.

Durante la presentación ante el juez, la pareja se culpó entre sí del homicidio, al igual que lo hicieron cuando declararon ante los funcionarios del Cicpc, reseñó El Pitazo.

Otro dato que trascendió fue que Zambrano lloró en medio de la audiencia.

Aranza Sofía fue asesinada a golpes el seis de noviembre, entre las 6:00 y 7:00 pm, en un apartamento de la urbanización Ciudad Betania I de Ocumare del Tuy.

De acuerdo a los vecinos sus homicidas la envolvieron en una sábana y simularon ante la vistas de todos  que la pequeña tenía fiebre y la llevaban al hospital.

Sin embargo, la triste realidad es que la pareja caminó un kilómetro hasta un terreno baldío dónde dejó el cadáver, en medio de basura y monte. Se regresaron solo con la sabana.

Pasaron los días, y fue cuando un trabajador municipal encontró el cuerpo en estado de descomposición y avisó a las autoridades.

Zambrano y Alfaro tenían dos semanas al cuidado de Aranza Sofía, luego que la madre biológica de la pequeña se las entregara.

Esta mujer, según la pareja, está en situación de calle en Caracas. El Cicpc la busca.

Los cuidadores de la niña la mataron porque no controlaba los esfínteres. Según Zambrano, Alfaro Alcalá tenía 15 días maltratando a la menor de edad.

Versión que guarda relación con los resultados de la autopsia según la cual el cadáver de la pequeña  reveló politraumatismo, fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo, hemorragia interna y estallido hepático.

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En la tarde de este jueves, las mujeres recluidas en el Instituto Nacional de Orientación femenina (INOF), comenzaron una huelga de hambre tras sufrir calamidades dentro del penal.

La ONG, Una Ventana por la Libertad, informó que pasadas las 11 de la mañana, las reclusas dieron inicio de una protesta y posteriormente una huelga.

Exigen celeridad procesas, así como la destitución de la directiva, que aseguran las tiene “pasando hambre y en castigo”.

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La visita del jueves fue suspendida por lo que los familiares se quedaron sin poder llevarle comida a las internas.

En un comunicado enviado vía audio de mensajería instantánea, las internas hicieron llamado a todos los presos del país a unirse al conflicto carcelario.

“Pedimos ayudas a gritos desesperadamente, porque las autoridades no se abocan a darnos solución”, expresaron.

“Nuestros contactos periodistas son la voz de lo que adentro estamos viviendo”, señalaron en el audio.

Todas las presas subieron al techo de penal y sacaron pancartas donde señalan su grito de huelga.

“Elevemos nuestra voz de protesta para que el mundo sepa que es verdad todo lo que aquí está pasando”, alertaron.

Destacaron a sus compañeros que “en la unión está la fuerza y sé que todos los penales unidos seremos escuchados y lograremos una gran Victoria en paz. ¡Sigamos juntos adelante!”.

Adelantaron que la protesta culminará “en cuanto tengamos las respuestas que tanto deseamos nuestras libertades”.

Aseguraron que de lo contrario seguirán gritando “hambre y libertad”.

“¡Descansaremos unas horas y las noches para reponer energías, pero no descansaremos hasta que sea sobre toda nuestra tan anhelada libertad!”.

Expusieron que viven una crítica situación, además resaltaron que es una protesta pacífica, sin agresiones verbales y mucho menos física.

“Es decir, sin violencia, donde reiteramos la importancia de que esta situación sea expuesta por todos los medios de comunicación nacionales e internacionales”.

A las puertas del recinto carcelario se encontraban las madres, hermanas y demás familiares de las internas.

Estos no pudieron ingresar, nuevamente, a la visita por orden de la directora del penal.

“Solo les dan un tobo de agua una vez a la semana para su aseo y para tomar”, dijo la madre de una de las mujeres que aseguró que la protesta es por la vía pacífica.

Agregó que más de la mitad de las internas ya han cumplido parte de su pena y aún no les dan la libertad.

Los familiares solo han podido entrar una sola vez a visita desde el mes de marzo de 2020 cuando se inició la pandemia por el COVID-19.

Esto obligó a la cuarentena radical y a la suspensión del ingreso de familiares a los penales.

“Hay presas que pesaba hasta 80 kilos y han bajado más de 20”, expresaron

“¡Están pasando hambre!”, reseñaron al destacar que se mantendrán a diario a las puertas del penal.