Mediante un comunicado publicado en su redes sociales, Tamara Suju, presidenta del Instituto CASLA, pidió la intervención urgente de la ONU y la Cruz Roja en la verificación del estado en que se encuentran los militares presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.

 La organización advierte que los detenidos se encuentran sometidos a condiciones inhumanas, incomunicación prolongada y prácticas que constituyen tortura física y psicológica.

El llamado se hace luego de que los familiares de los detenidos pudieron verlos tras seis meses sin contacto y constataron la situación inhumana en la que se encuentran los reos.

Según el documento del Instituto Casla,  los presos permanecen aislados desde julio, agosto y noviembre de 2025, dependiendo del grupo, lo que constituye por sí mismo un trato cruel contrario a los estándares internacionales.

Patrón sistemático de abusos

El Instituto CASLA afirma que ha recibido información que describe un patrón sistemático de abusos, incluyendo golpizas, suspensión corporal, enterramientos parciales bajo el sol, privación de agua y alimentos adecuados, así como suministro de comida en mal estado que ha provocado graves afecciones de salud.

También se reportan métodos de tortura psicológica como exposición permanente a luz intensa, interrupción del sueño con ruidos y música a alto volumen, amenazas, humillaciones y condiciones degradantes durante la alimentación.

Familiares que lograron ver brevemente a algunos detenidos describieron un deterioro alarmante, con signos de deshidratación, desnutrición, temblores, desorientación y cambios visibles en la coloración de la piel y los ojos.

Consecuencias irreparables

El Instituto CASLA advierte que la situación podría derivar en consecuencias irreparables si no se actúa de inmediato.

este escenario, la organización pidió la presencia urgente del Comité Internacional de la Cruz Roja, la intervención de la Cruz Roja Venezolana, una visita inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la actuación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

También exigió la liberación inmediata de todos los detenidos y su traslado a centros hospitalarios donde puedan recibir atención médica independiente y especializada.

El comunicado concluye con un llamado directo a la comunidad internacional, advirtiendo que el silencio y la inacción  frente a estas denuncias podrían facilitar una tragedia mayor. 

CASLA reiteró que la responsabilidad de proteger la vida e integridad de los detenidos recae en el Estado venezolano y en los organismos multilaterales que supervisan el cumplimiento de los derechos humanos en la región.

Tamara Suju, acompañada del expresidente del gobierno español, Felipe González, presentó el informe anual del Instituto Casla de torturas sistemáticas en Venezuela 2021, titulado Licencia para matar y torturar.

El acto tuvo lugar en Espacio Ronda el 18 de mayo del 2022, en la ciudad de Madrid, España.

Suju, directora ejecutiva del instituto, dijo que este informe tiene como objetivos el recoger nuevos testimonios de víctimas de la represión y el demostrar que es una política del Estado venezolano, donde participan los poderes públicos e instituciones.

Según se detalla en el informe del Instituto Casla, entre los métodos de tortura más frecuentes en los testimonios recibidos en el 2021, fueron los colgamientos, las asfixias, en algunos casos con gases tóxicos o amoniaco, las descargadas eléctricas, incluso las zonas genitales; la privación de medios de vida como agua, comida o medicamentos; el ahogamiento; algunas víctimas cometieron intento de suicidio para evitar seguir siendo torturados.

Entre los nuevos cuartos de tortura se mostraron La Nevera y La Celdita, ubicados en la oficina del DAES a cargo del teniente coronel Alexander Gramko Arteaga; La Caja de Muñecas, especie de ducto donde no hay espacio para sentarse, no tiene ventilación o luz; y La Mariposa, finca con varias estaciones para torturar, centro de entrenamiento de la Dgcim. Allí fue torturado Rafael Acosta Arévalo y decenas de víctimas.

En este informe, se demuestra que estos crímenes son planificados por la cúpula de poder civil y militar de Venezuela. 

Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Hernández Dala son conocedores de la formación de oficiales para torturar, la construcción o adaptación de centros de tortura oficiales y clandestinos, y la inducción y comisión de los crímenes de lesa humanidad; afirma el Instituto Casla.

El Instituto Casla pudo conocer que, al menos una vez al mes durante el 2014 y el 2020, se reunieron en las oficinas de la Dgcim en su sede de Boleíta, en Caracas, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general de la República, el director del FAES, el director del Sebin y otros invitados que conforman los altos cargos en la cadena de mando, dependiendo del momento.

En estas reuniones se conocían las novedades sobre la labor de contrainteligencia, se exponían los nombres de quienes estaban siendo objeto de seguimiento como posibles conspiradores; también las posibles elaboraciones y forjamientos de expedientes para implicar o neutralizar acciones de la oposición, la situación país de los presos políticos. 

Según Suju, no hay forma de que se lleven preso o torturen a generales, coroneles y oficiales de alto rango sin que todos ellos no lo sepan.

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El expresidente Felipe González, quien acompañó en la presentación, apoyó el compromiso por la verdad y por denunciar las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que denunció Tamara Suju, la directora del Instituto Casla.

“Ella tienen todo mi apoyo, es una mujer no solo comprometida, es imposible que ella se aparte de su objetivo de demostrar como en Venezuela durante tantos años se han estado violando sistemáticamente derechos humanos fundamentales, se han cometido crímenes de lesa humanidad y que ha sido una estrategia del régimen. Hoy el homenaje no debería ser solo para Tamara y el Instituto Casla, sino también a su inspirador Václav Havel”, dijo Felipe Gónzalez.

El Instituto Casla presentó este jueves el informe: Venezuela, crímenes de lesa humanidad, represión sistemática y tortura. El escrito, elaborado por esta institución, corresponde al 2020 y habla de las «nuevas formas» de tortura y tratos crueles que se usan en los centros de reclusión de Nicolás Maduro.

«En las nuevas incidencias, pudimos detectar nuevos patrones de torturas o modificaciones a algunos de los métodos ya denunciados», señala el documento.

Afirma que en esas cárceles «causaron daño físico y psicológico permanente a las víctimas. La violencia en su aplicación, laintención de dejar marcas, la prolongación del dolor en largas e intensas sesiones donde diferentes métodos se aplican una y otra vez».

Agrega que usan «objetos extraños para intensificar o facilitar el daño y dolor que se quiere causar».

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El informe destaca que «en enero (de 2020), estrenaron las nuevas celdas de tortura a la que llaman “La Casa de losSueños I”. Está ubicada en la sede del DGCIM en Boleíta Norte, Caracas. Las celdas están «ubicadas en el sótano 3, lugar donde anteriormente funcionaban los dormitorios de los funcionarios. Fue totalmente remodelado para albergar 16 celdas de 2 x 2 metros cuadrados».

Las colocaron «en dos hileras, una frente a la otra, sin luz ni ventilación natural ni aire acondicionado. Cada celda tiene una puerta de acero a la que llaman puertas Bachelet».

Solo tienen «una ventanilla en el medio por la que los funcionarios pasan el plato de comida a los detenidos. También tienen unaletrina. Los presos políticos en este lugar han pasado largos periodos de confinamiento, donde hasta 5 personas han estado en la misma celda, hacinados, sin ventilación e incluso, sin poder asearse».

El Instituto CASLA documentó y envió a la Corte Penal Internacional «25 nuevas incidencias o momentos históricos, donde al menos 141 personas fueron víctimas de Detención Arbitraria, Tortura, Desaparición Forzada Temporal y Violación o alguna forma de violencia sexual».

Varias incidencias contenían «detenciones masivas de manifestantes donde por lo menos una víctima describió lo sucedido.

Señala el informe que «en los casos presentados e individualizados, 57 eran hombres y 15 eran mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de las 25 incidencias presentadas hubo el crimen de violación y otras formas de violencia sexual».

A 38 víctimas directas las desnudaron, 4 sufrieron actos lascivos, 2 sufrieron intento de violación y a 3 las violaron».

Se documentaron «casos de torturas donde las víctimas perdieron uñas de las manos y de los pies a golpes. Por lo menos 25 personas fueron colgadas de una polea o columna horizontal esposados, para asfixiarlos y darles descargaseléctricas».

Asimismo, «varias víctimas fueron objeto de ahogamientos como el método de “Waterboarding”, otras fueron torturadas con el método de la “Falanga” cuyas consecuencias posteriores son terriblemente dolorosas. Conocimos nuevos casos donde las víctimas son obligadas a manipular sus propios excrementos sobre su cuerpo o son asfixiados con ellos. Otra recibió alimentos con vidrios molidos, y a varias les metieron agujas entre las uñas de las manos, aplicando lo que los torturadores llaman “Manicure”.

Presentado hoy en la OEA nuevo informe Casla sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el evento participó el SG de la OEA, Luis Almagro, la VP del Parlamento Europeo, Dita Charanzova y la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju. Ver: https://t.co/3Gq8ONehoR

http://caslainstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Instituto-Casla-2020.pdf