Las invasiones de locales y viviendas, por lo menos, en la ciudad capital son un mal que vienen afectado los propietarios especialmente a las personas de la tercera edad y que ha experimentado un repunten en los últimos cuatro años.

 Nuestro compañero Santiago Gutiérrez, contacto a algunos de los afectados para conocer de primera mano la situación de las invasiones.

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Carlos Julio Rojas del Frente Norte de Caracas, organización que se ha encargado de estudiar el fenómeno, estima que podría tratarse de una política de Estado.

Denuncian que ha prevalecido la impunidad, en perjuicio de personas de la tercera edad, que constituyen más del 70 por ciento de los afectados.

Carlos Julio Rojas asegura que los casos más graves de invasiones son perpetrados por personas cercanas a la administración de Maduro.

Por su parte, Orenso Mariñas de 82 años de edad, fue víctima de una invasión en su fábrica ubicada en Las Acacias, denuncia que ha elevado a todas las instancias sin recibir respuestas.

La invasión a la fábrica ocurrió el 6 de mayo del 2020 y desde entonces Mariñas, perdió su empleo, al igual que los 135 que generaba.

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Los adultos mayores son víctimas de lesiones, estafas, violencia psicológica, invasiones, apropiación indebida y las amenazas, según los datos recabados por el Ministerio Público en los últimos 11 meses.

Así lo indicó el fiscal Taek William Saab, quien detalló que “han atendido 3.136 adultos mayores” y han recibido “1073 denuncias de delito”.

El delito más grave que afecta a los abuelitos en Venezuela son las invasiones a la propiedad, para sumar un total de 138 casos y 55 casos de lesiones personales.

Explicó que “de los casos recibidos, ya hemos resuelto en poco tiempo 122,de los cuales consisten en la restitución de la propiedad de las personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de sus propiedades”.

También se atendieron 172 casos por perturbación a la posesión pacífica y 159 por apropiación indebida.

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#EnVideo?| Fiscal General, @TarekWiliamSaab destacó que desde la plaza Parque Carabobo, hay 50 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 7 directores generales, la fiscal superior del AMC y abogados recibiendo denuncias y brindando asesoría.#VenezuelaEsUnionYCooperación pic.twitter.com/LePSjZj2ia

Los adultos mayores víctimas de estos hechos eran afectados por los familiares y vecinos, quienes les robaban sus propiedades, reveló el fiscal.

“Los sacaban de sus casas, y nosotros no vamos a permitir que acciones como estas ocurran”, agregó.

Explicó que el programa Protege al Adulto Mayor, surgió en vista del creciente abuso contra los adultos mayores.

Para brindar protección  a los abuelos  activaron una línea telefónica el 0-800-3RA-EDAD (0800-372-3323) para recibir denuncias específicas que involucren a adultos mayores.

Otras de las medidas adoptadas es que los fiscales y abogados, de las unidades de Atención a la Víctima de todos los estados, deben atender denuncias de los adultos mayores.

Vecinos de Parque Central revelaron como en los últimos meses sufren una oleada de invasiones a inmuebles comerciales en varias partes del conjunto urbanístico. Resalta sobre todo la invasión del nivel dos del Hotel Anauco Suites donde al menos 20 oficinas fueron tomadas por la fuerza y convertidas en viviendas improvisadas por parte de colectivos.

La información se conoció a través de la ONG Frente Norte Caracas que aprovechó para denunciar la continua extorsión hacia propietarios por parte de invasores en Caracas, quienes llegan a a exigir hasta 7 mil dólares para desalojar un apartamento.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la ONG explicó que «los invasores han tomado cientos de espacios del complejo urbanístico Parque Central, todo bajo la mirada cómplice de Corpocapital».

“Por ejemplo, en el conocido Hotel Anauco Suites colectivos tomaron a la fuerza durante los últimos meses unas 20 oficinas, convirtiéndolas posteriormente en vivienda. Ante las exigencias de desalojo por parte de los dueños ellos se niegan, amparándose en un supuesto consejo comunal y que cuentan con el respaldo del Psuv», indicó.

Rojas recalcó que estas invasiones no son casos aislados sino un modus operandi común en los espacios de Parque Central.

«Se aprovecharon de la pandemia, porque muchas de las oficinas se encontraban vacías los y los invasores forzaron las cerraduras, se instalaron a vivir allí trayendo consigo mujeres y niños como escudos», agregó.

“En muchas ocasiones la presión de propietarios y vecinos ha logrado algunos desalojos. Pero esta situación se ha convertido en un virus dentro de todo el complejo urbanístico, generando destrucción de las instalaciones y más aún focos de inseguridad”, lamentó.

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Por otro lado, Rojas denuncia que ante esta oleada de invasiones «las autoridades como Corpocapital que administra Parque Central o el mismo Ministerio Público, que tiene dependencias allí no se han pronunciado al respecto.

«Se ha desatado un clima de anarquía e impunidad donde los dueños de locales se encuentran totalmente desasistidos», insistió.

“Nahúm Fernández como jefe de Gobierno de Distrito Capital es cómplice por omisión de este delito. Muchos de los invasores dicen contar con su apoyo y este no lo desmiente», indicó.

«No hay que dejar de lado al fiscal Tarek William Saab, quien teniendo varios despachos en el complejo aún no ha imputado a ninguno de los invasores. Incluso varios de sus trabajadores terminan siendo robados por los tomistas. Hay una completa impunidad a pesar de las protestas constantes de propietarios y vecinos”, indicó.

Asimismo, dijo que no solo es Parque Central, sino que el fenómeno de las invasiones ha tomado otros espacios en Caracas, «donde tomistas por la fuerza o inquilinos en condición de invasión han decidido quedarse con propiedades dejando a caraqueños con todo su patrimonio perdido».

“Vemos un caso donde la propietaria de un apartamento en las residencias Larsi esquina Desamparados La Candelaria, tiene su apartamento invadido desde 2019 y la persona que lo tomó le pide $7000 para devolvérselo, ha denunciado en todos lados y nadie la escucha”, denunció.

Por su parte Coromoto Jiménez, propietaria de una oficina invadida en el Hotel Anauco Suites de Parque Central, relató que un inquilino aprovechando la pandemia, dejó de pagar durante meses.

Luego decidió aliarse con otros invasores y tomar por la fuerza todo el nivel dos de oficina del hotel, colocando una reja y convirtiendo los locales en viviendas.

“Ya los dueños ni siquiera tenemos acceso al pasillo donde están nuestros inmuebles porque colocaron una reja, ese es un sitio comercial no residencial. Pero igual los invasores tienen mujeres y niños en condiciones inhumanas allí. He reclamado a Corpocapital y no hay ningún tipo de respuesta”, afirmó.

Yajaira Acosta, dueña del apartamento en las Residencias Larsi, confesó entre lágrimas como por un gesto de buena fe dos hombres decidieron quedarse con su casa luego que en 2018 se le muriera un familiar.

Estos vecinos le dijeran para cuidarle su casa un tiempo, pero aprovecharon para tomarla a la fuerza subarrendado los cuarto en dólares.

“Yo he denunciado en todas partes y no he recibido una respuesta contundente para la restitución de mi derecho a la propiedad. El invasor llegó a decirme que si le doy 7 mil dólares me devuelve mi casa. Esto es una extorsión y tiene pena de cárcel”, relató.

Para cerrar Asley Meyer, dueña de dos edificaciones en el callejón La Brisas parroquia San José, contó cómo la propiedad de su familia desde 2012 se encuentra invadida por unas 15 familias, las cuales sin ningún tipo de contrato tomaron a la fuerza las edificaciones.

“Mis hermanos y yo estamos desesperados, vemos la casa donde nos criamos desmoronarse al ser tomada por más de 60 personas. En ningún momento ellos tuvieron contrato con nosotros, se fueron metiendo aprovechando que el inmueble se encontraba desocupado” sentenció

Para la abogada constitucionalista, Vestalia Tovar, es ilícito justificar las invasiones urbanas, tal como lo hace el chavismo.

Considera que la actuación del alcalde del Municipio Zamora (Guatire), Raziel Rodríguez, está apegada a la ley que expresa claramente la prohibición de invadir terrenos municipales.

En entrevista al programa de Impacto Venezuela, Cara a Cara, indica que las tres familias desalojadas califican como “invasores”.

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“Se están apropiando de un terreno municipal y eso está regulado por el Código Civil y no por el Instituto Nacional de Tierras”, destacó.

“El Estado ha sido precursor de estas invasiones”, enfatizó la abogada constitucionalista.

Tovar advierte que las estadísticas de invasiones sólo en Caracas son alarmantes, “hay 84 entre edificios y casas que han sido invadidos por personas ajenas”.

“Lamentablemente desde los municipios y dependiendo de la posición a la que pertenezca y sobre todo en el Distrito Capital, amparan a estos grupos delictivos que realmente buscan perturbar, invadiendo un bien inmueble y amenazando con seguir cometiendo estos hechos delictivos”.

La semana pasada, la Asamblea Nacional ordenó investigar al alcalde de Guatire y nombró una comisión para atender el caso.

Esto, tras la petición del diputado Diosdado Cabello de que «le caiga todo el peso de la ley» al alcalde por desalojar a estas tres familias de terrenos municipales.

Dijo en su exposición que las familias desalojadas por un grupo de policías municipales, siguiendo órdenes del alcalde, han sido «víctimas del fascismo».

Cabello considera que este caso tiene que investigarse, para evitar que «el fascismo» se salga con las suyas.

Entre vítores y gritos pidiendo pena máxima y un castigo en contra del alcalde Rodríguez, quien es militante del partido opositor Fuerza Vecinal, se sometió a votación la propuesta, y la aceptaron.

Incluso con votos de caras conocidas en la derecha venezolana como Bernabé Gutiérrez y Timoteo Zambrano.

Por lo riesgosa de las condiciones de vida, que implica el asentamiento de unas 10 familias venezolanas que instalaron carpas en un terreno; la Municipalidad de Maipú en Chile, solicitó apoyo para el desalojo del grupo de migrantes

Diez familias de migrantes venezolanos fueron desalojados de un «trébol» a petición de esto por el riesgo que suponía la ubicación, un terreno fiscal junto al canal Santa Marta.

Es por ello que este lunes Carabineros  procedieron  al desalojo de aproximadamente 10 familias migrantes venezolanos que instalaron carpas para vivir en un terreno fiscal de Maipú.

Reseña la prensa local que “precisamente, las familias -todas de nacionalidad venezolana- se ubicaron en el “trébol” que se genera en la conexión entre Camino a Melipilla con Pajaritos”.

Detalla el portal Bio Bio que  las familias instalaron carpas para vivir, luego de ser sacados del bandejón central de la Alameda, zona donde aumentó la presencia de personas sin hogar.

Las autoridades advierten que la presencia de los migrantes podía ser un riesgo para ellos mismos, específicamente sus niños, ya que estaban junto al canal Santa Marta.

Ratifican que “esto podía ser un peligro para su seguridad”.

Por su parte, los migrantes que se instalaron en el sector dijeron que eligieron esa posición ya que era un terreno fiscal.

Mientras que el alcalde Tomás Vodanovic culpó de esta situación “bandas inescrupulosas que lucran con la toma ilegal de terrenos para la posterior venta de viviendas a personas que no tienen acceso a éstas”.

Ante esta nueva modalidad de invasiones,  indicó que continuarán monitoreando los terrenos de la comuna.

“No vamos a permitir que unos pocos se tomen espacios que le pertenecen a todos, para lucrar con las necesidades de otros”, dijo para finalizar.

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Según las cifras del gobierno de Chile y el Departamento de Extranjería y Migración al 2021 residen aproximadamente 500.000 venezolanos en Chile.

Cabe destacar que desde la mitad de la década de 2010 registra un importante incremento del flujo de venezolanos a Chile.

A comienzo del mes de febrero se desató una crisis migratoria en la región fronteriza de Chile con Bolivia; por el flujo de migrantes en su mayoría venezolanos.

Recientemente la Organización de Naciones Unidas (ONU)  anunció la construcción de  albergues temporales para migrantes venezolanos en la frontera entre Chile y Bolivia.

Albergues que se instalaran en las localidades de Colchane e Iquique (Chile), para aquellos que se trasladan por la frontera de Chile con Bolivia.

Por el delito de invasión está imputado Alfredo Carrillo, el único detenido hasta por la ocupación ilegal de 15 apartamentos en el conjunto residencial Doral Beach, ubicado en el municipio Sotillo de Anzoátegui.

#30Sep ATENCIÓN ⬇️Un detenido y tres solicitados por el ministerio público es el balance de los intentos de ocupación ilegal de apartamentos en el Doral Beach de Puerto La CruzReporta @jesusalbino ?@ImpactoVE ? pic.twitter.com/WweI9JifHy

La información la suministró en Twitter el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien indicó que los cómplices de Carrillo se encuentran prófugos.

Dos de los invasores están identificados como Cosmelina Arzolay Rodríguez y Guillermo Borges, de los cuales informó presentan antecedentes por tráfico de drogas.

El reportero de Impacto Venezuela, Jesús Albino, se trasladó hasta el complejo residencial y habló con varios propietarios de apartamentos, quienes exigieron se impongan sanciones legales a estos invasores.

Varios propietarios grabaron a las personas que abrieron las puertas de varios apartamentos en el Doral Beach el pasado martes 28 de septiembre  y lo publicaron en redes sociales.

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En uno de los videos se observa a los miembros del consejo comunal violentar la cerradura de un apartamento.

Lograron entrar, pero al llegar sus propietarios se vieron en la necesidad de abandonarlo.

Razón  por la cual, los vecinos exigieron la presencia de las autoridades, especialmente en las noches para evitar que este tipo de situaciones vuelva a suceder.

#BUSCADOS.. Cosmelina Arzolay Rodríguez y Guillermo Borges ( con antecedentes por tráfico de drogas ): al ser señalados por los residentes del Conjunto Residencial Doral Beach ( Sotillo-Anzoátegui) como los presuntos cabecillas de las invasiones a dicho condominio pic.twitter.com/r4lo5PUSZc

#INVESTIGACIÓN designada la Fiscalia 6 (Anzoátegui) para #Imputar a sujetos que forzando cerraduras invadieron casas en el Conjunto Residencial Doral Beach (Sotillo):por estos hechos está #Detenido Alfredo Carrillo por el delito de #Invasión y se encuentran prófugos sus cómplices pic.twitter.com/uIO4yPx8gI

Las expropiaciones de edificios, empresas y construcciones a medio terminar forman parte de las políticas que inició el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que desató una ola de invasiones que hasta hoy siguen en apogeo.

Decenas de familias en Caracas ocupan viejas construcciones para tener un “techo digno” donde vivir, porque la crisis económica, política y social impide el sueño de cualquier venezolano, el tener vivienda propia.

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El reportero Manuel Alvarado para Testigo Directo,  logró el acceso exclusivo a una vieja construcción, invadida por decenas de familias.

Allí convivió con ellos, escuchó los testimonios y constató las razones que los llevaron a tomar la drástica medida de invadir.

Esto amparados en el legado de expropiaciones que dejó Hugo Chávez.  

La Cámara Inmobiliaria del estado Lara alertó sobre las presuntas invasiones u ocupaciones ilegales de residencias, en las últimas semanas. La preocupación del gremio obedece a las invasiones registradas sobre todo en Caracas. Esto, luego que la diputada chavista Iris Varela propuso confiscar los bienes de los venezolanos que viven en el extranjero.

«Las autoridades deben evitar que se produzcan estas irregularidades. El Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la propiedad». La afirmación la hizo Marco Azuaje, presidente del gremio en la entidad.

“En Caracas y en otras partes del país se han venido produciendo intentos de ocupación ilegal. Los propios vecinos han impedido que se cometa ese tipo de delito”, dijo a El Impulso.

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La publicación recuerda lo que dijo Varela en diciembre. “Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país. Pero que eso se publique (…) Aquí hay mansiones de esas personas que ahorita están viviendo en los barrios ricos de España, esas mansiones podían ser perfectamente clínicas populares”, expresó para el diario Últimas Noticias.

Por ello, Azuaje advirtió que ningún parlamentario debería amenazar con quitarle los bienes a los ciudadanos que se han ido del país. Afirmó que para que eso suceda debe haber un proceso judicial.

“Se atenta contra la propia Constitución. Incurren en alegres declaraciones para avivar tensiones y agravar mucho más la crisis”, aseveró.

#18Ene #Caracas #Invasiones@rociosanmiguel:Con solidaridad y sin miedo podemos defender nuestros derechos. Esta madrugada unos 15 invasores intentaron entrar a la Quinta Yolanda de la calle Cristóbal Mendoza de San Bernardino. Los vecinos organizados impidieron el hecho pic.twitter.com/oZBJ5BnvlF